Fiscalizados

Los cambios al sistema son urgentes...



El proceso de elección del fiscal general en el que hemos estado inmersos las semanas recientes y que ahora está a la espera de que el presidente decida quién de los seis candidatos seleccionados por la comisión de postulación será el ungido, nos deja muchas lecciones, siendo la principal, desde mi punto de vista, la importancia y urgencia de cambiar el sistema. Si no se hacen cambios, seguiremos siempre viendo con impotencia cómo nuestro país se va al despeñadero.

Creo que algo se ha avanzado con la ley de comisiones postuladoras, especialmente en que los procesos de selección sean más conocidos y más escrutados por un grupo cada vez más grande de la población; y esa mayor exposición y participación resultaron, por ejemplo, en que no se nominó a alguien que ya demostró su falta de independencia, como el actual fiscal general. Sin embargo, como lo demuestran los resultados, estos cambios no son suficientes para salir del atolladero en que está la seguridad y la justicia en Guatemala. Se necesitan todavía más cambios, y para ello es imprescindible cambiar el sistema.

El puesto de fiscal general es de importancia capital para lograr que se imparta justicia y, como consecuencia, que gocemos de más seguridad, ya que según nuestra legislación, el Ministerio Público (MP) es que tiene bajo su cargo la acusación en los casos penales. Es cierto que las víctimas o sus cercanos pueden constituirse en querellantes adhesivos; sin embargo, el peso principal de la acusación recae sobre los hombros de los fiscales del MP. Si ellos realizan deficientemente su trabajo, lo más probable es que los criminales se queden sin castigo y puedan continuar tranquilamente sus labores delictivas. Como hemos visto en muchos casos, hasta los jueces se han quejado de que no pueden condenar a alguien a todas luces culpable, porque el MP no ha presentado pruebas para demostrar esa culpabilidad.

El MP adicionalmente tiene la responsabilidad de la acusación en los casos de corrupción; sin embargo, en esta función tiene conflictos de interés, ya que quien lo designa y adicionalmente lo puede destituir sin mayores problemas es el presidente del Organismo Ejecutivo —como ya lo hemos visto en repetidas ocasiones, incluida la administración actual—. Los incentivos están puestos para sino garantizar, por lo menos promover la impunidad.

Si queremos que esto cambie, no es solo cuestión de cambiar a las personas, como el actual proceso lo demuestra, sino que hay que cambiar también las instituciones y los incentivos bajo los cuales operan. En este sentido, la única propuesta de cambio del sistema que se ha presentado es la de ProReforma.

En el caso particular del fiscal general, ProReforma propone que la elección sea realizada por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, mediante un sorteo entre los candidatos seleccionados por la Comisión de Postulación. Adicionalmente, propone que el fiscal general electo de esta manera tenga un cargo vitalicio. ¿Por qué esos cambios?

El propósito principal es darle independencia: que no le “deba” su elección a nadie en particular, que la continuidad en el puesto no dependa de que quede bien con el presidente del Ejecutivo ni con nadie más, y que no tenga que preocuparse de su futuro después de dos o tres años frente al MP.

¿Es esto perfecto? Probablemente no. Pero lo que sí puedo prever es que será mejor que lo que tenemos actualmente. ¿Tiene alguien una idea mejor? Pues que la presente, como nosotros lo hemos hecho con ProReforma.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 22 de abril de 2,010.