Dictamen ideológico

Un nuevo embate contra la libertad de expresión.

La trama iniciada con el asesinato de los Musa continúa y sigue siendo usada como una excusa para acallar la libertad de expresión y que todos dobleguemos la cerviz ante los gobernantes y ante aquellos que, cobijados bajo un manto de inmunidad, creen tener la verdad absoluta y no aceptan que alguien ose cuestionar sus acciones. Afortunadamente, todavía habemos muchos que no nos amedrentamos.

¿A qué viene esto? Pues resulta que los fiscales del MP y la Cicig quieren a como dé lugar “probar” que existió una campaña orquestada por los asesores de los hermanos Valdez Paiz para desprestigiar a Carlos Castresana, a la Cicig, a una jueza y a un “colaborador eficaz”, utilizando a medios de comunicación y columnistas de opinión.

Para ello consiguieron un par de “dictámenes periciales” elaborados por el director de la TGW (y hasta presentado en papel membretado del “Gobierno de Álvaro Colom”) y del director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos. A ambos se les pidió que dictaminaran si una entrevista realizada por Haroldo Sánchez, de Guatevisión; varias columnas de prensa y un par de reportajes de otros medios de comunicación constituían una campaña de desprestigio contra los arriba mencionados.

El primero no lo afirma categóricamente, pero dice: “Creo encontrar suficientes indicios para pensar que existen fundamentos para suponer que se trata de desprestigiar a estas instituciones y personas”. Más adelante también afirma: “Aunque no hay datos probatorios para hablar de un complot (confabulación de dos o más personas contra otra u otras, según la Real Academia de la Lengua Española), sí hay elementos que podrían hacer pensar que existe la posibilidad de que haya existido”. Juzgue usted si se le puede dar crédito a ese dictamen.

El segundo no puede ocultar su sesgo ideológico a través de todo el dictamen. De hecho, ese sesgo lo traiciona y para contradiciendo sus mismas conclusiones. Dice, por ejemplo: “De hecho no solo en ese caso, sino que desde que se fundó la institución varios se opusieron y siguieron oponiéndose a la misma Cicig; lo podemos leer en las columnas constantemente y obviamente también afectaba porque no era solo contra la persona de Castresana, sino contra la institución, y no les convenía a ellos que la institución siguiera, entonces como hacer que fuera diezmada pues desprestigiándola.” (sic)

Más adelante, los fiscales le preguntan: “Es factible que cierto bloque de columnistas en forma acordada escriban en cierto sentido”. Y él responde: “Es factible por estar encadenados ideológicamente, si es posible sobre todo por el punto de vista ideológico, esto existe en varios medios con algunas excepciones, se denominan los libertarios, no lo sé. Otra forma sería que les pudieran pagar también, a veces coinciden en lo mismo y pareciera que corrió dinero”. Y eso que él mismo había dicho antes: “En realidad la libre emisión del pensamiento se circunscribe a mis ideas ideologías, pero no me da el derecho de ofender a otras personas ni denigrarla” (sic).

En pocas palabras, reconoce que si ha habido oposición a la Cicig, esta viene desde mucho antes y no solo a raíz del caso Valdez Paiz, lo que desbarata la hipótesis de los fiscales. Por si no fuera poco, aunque él mismo indica que la libertad de expresión es para expresar las ideas e ideologías, después ataca a los “libertarios” por estar “encadenados ideológicamente”. ¿Quién lo entiende?

Si quiere usted mismo leer los dictámenes, los encuentra en: www.libertopolis.com/libertopolis/dictamen

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 20 de enero de 2,011.