jueves, 14 de julio de 2011

Al ojo del ciudadano


Los magistrados deben saber que están jugándose su reputación.

El proceso de inscripción de Sandra Torres como candidata presidencial de la alianza UNE-Gana ha tomado nuevos giros. No pasó en el TSE; ahora le falta salvar los obstáculos en la Corte Suprema de Justicia y en la Corte de Constitucionalidad. La diferencia principal, creo yo, entre este proceso y el de la inscripción de Ríos Montt, hace ocho años, es que cada vez más personas están dispuestas a participar, velar y emitir su opinión en los temas que nos afectan a todos en Guatemala. En otras palabras, los funcionarios públicos ya no pueden tan fácilmente como antes tomar cualquier decisión sin tener que cargar con la responsabilidad y las consecuencias de la misma ante la ciudadanía.

De hecho, creería que esa fue una de las principales razones por las cuales la candidatura fue rechazada por el pleno del TSE. Mucho se es-peculó sobre la cantidad de magistrados que la UNE tenía “colocados” en ese organismo con el propósito ex profeso de avalar su candidatura, pero lo cierto es que, a la hora de la hora, las magistradas María Eugenia Villagrán, Patricia Cervantes y Mirtala Góngora no se doblegaron ante las presiones y votaron en contra de la inscripción. No así los magistrados Ulises Gómez y Marco Tulio Mellini, quienes votaron a favor de la inscripción y cuyos nombres quedarán en la “mente colectiva” de las redes sociales precisamente por esa decisión.

Para que no queden dudas, debo hacer la aclaración aquí, como ya lo he hecho en ocasiones anteriores, que yo estoy plenamente convencido de que la candidatura presidencial de Sandra Torres, en este período, viola flagrantemente la Constitución. Y también considero que su intento de candidatura convalida con mucho las razones por las cuales los constituyentes dejaron esa prohibición: evitar el uso y abuso de los recursos de los tributarios para mantener artificialmente el continuismo. ¿De qué otra manera podemos denominar al despilfarro de miles de millones de quetzales con el único propósito de hacerle imagen a la primera dama, para que luego fuese candidata presidencial?

Ahora el balón está en la cancha de los magistrados de la CSJ, y luego pasará a los de la CC. Todos ellos deben saber que los ojos de la ciudadanía están puestos en su decisión y que cargarán con la misma por mucho tiempo. No me malinterpreten. Esto no es amenaza ni coacción. Si algún magistrado sinceramente está convencido de que la candidatura de Sandra Torres no viola la Constitución está en todo su derecho de votar a favor de la misma. Lo que le recomiendo es que sustente muy bien su decisión para que no queden sospechas sobre los motivos de su actuar.

Pero lo importante de todo esto es rescatar ese concepto fundamental de que la autoridad reside en la ciudadanía. Que los funcionarios públicos no son los amos y señores de los habitantes de un país, sino son sus empleados, sus mandatarios, pero nada más que eso; los mandantes, es decir, quienes emiten el mandato, son los ciudadanos, no los funcionarios públicos. Y por lo mismo, a quienes se deben es a los ciudadanos y no a nadie que por ahora detente algún “poder” y que, quizá, haya abusado del mismo para nombrarlo en algún cargo.

Y a los ciudadanos nos queda la responsabilidad de velar porque los funcionarios no abusen del poder. Si se les dejan las arcas abiertas, hasta los justos pecarán. Parafraseando el dicho: al ojo del ciudadano, se limita el poder.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 7 de julio de 2,011.

Foto: Congreso de la República de Guatemala.

5 comentarios:

Anónimo dijo...

Lo más importante a mi consentimiento es respetar la decisión que otorguen los señores magistrados de la CC, ellos están sabidos que desde un inicio se le violo el derecho ha la candidata de elegir y ser electa, por lo que creo que el fallo del TSE debe de ser revertido y darle paso libre ha la inscripción.

Diego Morales dijo...

Los medios de comunicación son los que se han encargado de tergiversar la realidad del tema de que no hay ninguna prohibición a la candidatura ya no tiene obstáculos según la Constitución también lo que veo es que se ha marcado una polarización sistematizada de la opinión pública.

Pepe Lopez dijo...

La ciudadanía tiene todo el derecho de participar en la opinión hacía las decisiones de las diferentes Cortes pero también el de respetar las mismas, si después de todo esto la Corte de Constitucionalidad le da el sí a la candidatura de Sandra Torres también hay que respetar esa decisión.

Anónimo dijo...

No esta de más mencionar que la prensa ha generado mucha polémica con esta situación para beneficiarse en particular, porque la gran mayoría de guatemaltecos con criterio sabemos que la candidatura de Torres es completamente legitima.

Paps dijo...

Mucha tela que cortar, pero: 1) Tenemos un sistema judicial "fallido" ampliamente demostrado, como consecuencia ningun guatemalteco cree en la justicia guatemalteca. 2) esto nos ha llevado a una impunidad rampante, que parece que "a ninguno le conviene" combatir abiertamente porque es destapar la caja de pandora. 3) si es evidente que la inscripcion de la señora Torres atenta contra la constitucion (al igual que lo han hecho varios otros candidatos) porque nadie puede acusarla de "sedicion"?; puesto que esta inscitando a la violencia con su discurso popilista. Total, ya no tiene la "impunidad", perdon la "immunidad" que le otorgaba ser primera dama.