Es inaudito que los del partido oficial quieran pasar de “emergencia nacional” las leyes que denominan de transparencia. Envalentonados con el dudoso “éxito” que tuvieron para pasar a rajatabla la ley Pro extorsión II y el paquetazo fiscal, quieren seguir imponiéndose intempestivamente para no dar tiempo a que nadie se fije en los graves horrores que llevan sus propuestas. No podemos permitir que nuevamente se rían de los guatemaltecos en nuestra cara. Estas leyes se deben analizar y discutir.
Me indigna sobremanera que el presidente, ministros, diputados y hasta el exministro de Finanzas ahora en el exilio dorado de los burócratas se congratulen del gran “éxito” que fue, según ellos, pasar de urgencia nacional ese par de decretos. Pasarlos sin que nadie tuviera tiempo de revisarlos, no digamos manifestarse al respecto. Pasarlos ante el total desconocimiento, no solo de la ciudadanía sino hasta de los mismos diputados. Pasarlos con graves errores e inconstitucionalidades. Pasarlos a espaldas de la ciudadanía. El que eso sea algo de lo que se enorgullecen dice mucho de sus principios —o la falta de—. Tanto los enorgullece que ahora esperan que el paquete de “leyes de transparencia” pase igual: sin discusión.
Es algo que no debemos ni podemos permitir. Suficiente tenemos con los horrores garrafales que ya aprobaron los diputíteres. En la ley Pro extorsión II, por ejemplo, ni les pasó por la mente dejar alguna excepción para las retenciones en transacciones de montos pequeños, con el efecto práctico que todas estas se convertirán en no deducibles, incrementando artificialmente las utilidades de las empresas. ¿Error o lo hicieron a propósito para, de manera escondida, incrementar los impuestos que las empresas deberán pagar? Yo me inclino por lo segundo. Aunque a ellos mismos no se les ocurrió que un efecto colateral será que esas transacciones menores se dejarán de facturar.
En el paquetazo fiscal también hay horrores similares. Por ejemplo, el ISR que uno debería pagar es del 5% en las ventas mensuales menores a Q30 mil; sin embargo, en la ley dice que quien le retiene a uno debe retenerle el 7%, no el 5%. El efecto práctico es que, aunque se hallan llenado la boca en decir que no subieron un 40% la tasa del impuesto, en la práctica sí lo hicieron. Por supuesto que ahora dirán que lo único que tiene que hacer uno es ir todos los meses a la SAT a pedir que le devuelvan lo que le cobraron de más. Sí, como no.
Y así vienen también estas leyes. Aparte de incluir cosas que no tienen nada que ver con la “transparencia”, hacen cambios que más bien abonan a la posibilidad de corrupción. Aún sin entrar en mucho detalle, encontramos cosas como que reducen la multa que se le puede poner a funcionarios del máximo actual de Q80 mil a un ridículo Q3 mil. Se incrementan los techos de las compras directas y por cotización y hasta se deja abierta explícitamente la puerta para que las compras por contrato abierto se puedan hacer a precios mayores que los de mercado. ¿Le parece a usted correcto que estas reformas se pasen de “urgencia nacional” sin que se discuta su contenido?
Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 15 de marzo de 2,012.
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