Ahora que empezamos a conocer dudosas transacciones en la administración del PP, es importante que los funcionarios —si realmente están interesados en la transparencia— entiendan cuál es el fondo del asunto y que el problema es, precisamente, el tráfico de influencias.
En algunos casos, como el de un diputado oficialista, el del secretario privado de la Vicepresidencia y el del subsecretario de la SAAS, los funcionarios habían estado vinculados a las empresas, siendo incluso sus representantes. Previendo la cercanía de llegar al poder, “cumplieron con el formalismo” —según las mismas palabras del presidente— de desvincularse legalmente de ellas, aunque siguen “vinculadas” a sus familiares o amigos. Y apenas llegaron al poder, lo aprovecharon para que las empresas —ahora supuestamente de sus familiares o amigos— se vieran favorecidas con contratos millonarios.
En una entrevista al presidente, publicada el martes en un matutino, cuando se le dice que amigos o familiares de los funcionarios continúan al frente de esas empresas, responde:
“Correcto, pero de ellos hay una desvinculación legal, eso fue lo que reportaron. Lo que hicieron fue cumplir un formalismo. ¿Qué es lo que tendríamos que cuidar ahora? ¿Qué es lo que tendría que cuidar la Secretaría de Transparencia? ¿Qué tendría que cuidar la misma Contraloría General? ¿Qué tendría que cuidar la Fiscalía contra la Corrupción? Lo que se tiene que cuidar es que no vaya a haber tráfico de influencias”.
El mismo presidente reconoce que esta “desvinculación” legal no es más que un formalismo para acceder al poder. Lo que parece no colegir es que la falsedad de ese “formalismo” es la que prepara el escenario para el tráfico de influencias.
Hablando con unas personas hace unos días, me hacían énfasis que en la legislación no existe una prohibición expresa para contratar empresas de familiares y amigos, y que, por tanto, se puede hacer. —No estoy de acuerdo en ese positivismo jurídico, pero eso es tema de otra discusión—. Pues aunque no se cometa un “delito” —y pareciera ser que esa es la postura del presidente—, sí considero que existen muchos conflictos de interés que abonan a la corrupción.
Y es precisamente por estos conflictos de interés que se ha buscado mecanismos que intenten minimizarlos, como, por ejemplo, las restricciones de la Ley de Compras y Contrataciones para que se hagan procesos abiertos en los cuales cualquiera pueda participar y sea más difícil que los funcionarios discrecionalmente decidan cómo gastarse los fondos de los tributarios.
Lamentablemente en el actual gobierno, al igual que en los anteriores, le han jugado la vuelta a estas restricciones a través de las compras directas y las compras por excepción, al grado que, según una investigación de la bancada de Encuentro por Guatemala, más del 90% de las compras en esta administración se han hecho a la sombra de esos procedimientos.
¿Quieren que les creamos que su “discurso de la transparencia no es del diente al labio”? Demuéstrenlo haciendo correctamente las cosas, y no saltándose las trancas.
Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 17 de mayo de 2,012.
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