En estos últimos días y con más fuerza durante esta semana se ha estado regando por la red una iniciativa en contra de SOPA y PIPA. Para quienes desconocen qué significan estos términos, la primera no es la deliciosa preparación contra las gripes que nuestra abuelita nos hacía cuando enfermábamos, y la segunda no es la pipa de Popeye, el Marino.
SOPA, que traducido sería Ley del Cese a la Piratería en Línea, y PIPA, Ley de Protección a la Propiedad Intelectual, son leyes impulsadas por algunos congresistas gringos, con el supuesto fin de combatir la piratería y defender la “propiedad intelectual”. Son apoyado$ principalmente por las industrias del cine y las casas disqueras, quienes aducen estar perdiendo su negocio por causa de la piratería.
Sin embargo, el efecto de esta ley es establecer mecanismos de censura e intromisión en internet, muy parecidos a los que el Gobierno de Estados Unidos ha criticado en China, Irán, Siria y durante la Primavera Árabe.
Pero si eso pasa en Estados Unidos, ¿por qué me afectaría a mí en Guatemala?, podría usted preguntarse. La respuesta es que no solo le afectará a usted, sino también a millones de personas alrededor del mundo, tal como la prohibición de la producción, venta y consumo de drogas. Sucede que en EE. UU. se encuentra concentrada la mayor parte de la infraestructura de internet, así como casi todos los servicios y sitios que utilizamos diariamente, los cuales se verán afectados por esta censura. Allá también se alojan los registros de los dominios genéricos —.com, .org, .net, etc.—, que si bien son utilizados en todas partes, debido a estas leyes podrán ser inhabilitados en caso de ser denunciados o tener relación con un sitio que “infrinja” las famosas leyes.
Y ¿qué es lo que penalizan estas leyes? El proyecto de ley originalmente propuesto permite que tanto el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como los propietarios de derechos intelectuales, puedan denunciar aquellos sitios de internet que permitan o faciliten la violación de los derechos de autor. Hasta allí todo parecería inocuo y “legítimo”. El problema es que a partir de allí establecen requerimientos para que todos los sitios en internet bloqueen el acceso y los vínculos a esos servidores, so pena de volverse cómplices y corresponsables de la violación.
De tal suerte que muchos servicios y servidores se verían obligados constantemente a estar bloqueando vínculos, servicios de pago, servicios de anuncios, etcétera, a cualquier servidor al que se le califique de sospechoso, aun sin orden judicial, y en cualquier parte del mundo, no solo dentro de la jurisdicción de la “ley” —Estados Unidos—.
El efecto práctico, como bien lo han previsto muchos, es que las empresas empezarán a autocensurarse y a revisar todo el material que los usuarios suban, no vaya a ser que los acusen de “violadores”. Esa libertad que ha permitido no solo el desarrollo de muchas nuevas tecnologías sino también una interacción y participación mayores de la población se perderá. En pocas palabras, es la nueva manifestación del big brother que se resiste a morir.
Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 19 de enero de 2,012.
Imágen original de www.derechoaleer.org
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