jueves, 29 de marzo de 2012

Plata sin resultados

Dinero para resolver el problema agrario ha habido, el problema es quiénes se quedaron con él.

La marcha que llegó esta semana a la capital pretende elevar el perfil del “problema agrario” con el supuesto fin de resolverlo. Con solo revisar un poco los números, lo único que puede uno concluir es que el dichoso problema no se ha resuelto no por falta de dinero para hacerlo, sino porque quienes se han vendido como los “salvadores” de los campesinos han utilizado y despilfarrado la plata para avanzar sus fines y no para lo que dicen que lo utilizarían.

De entrada manifiesto que no considero que el uso de recursos de los tributarios para el “desarrollo rural” sea la ruta correcta para sacar de la pobreza a la gente. Lo que es más, lo que ha sucedido en Guatemala es la mejor prueba que confirma esta aseveración.

En el caso de los tributarios de Guatemala, desde la firma de la paz hasta el año pasado hemos puesto más de Q2 mil 450 millones solo en las instituciones directamente involucradas en el tema —Contierra, Secretaría de Asuntos Agrarios y Fondo de Tierras—. Eso sin contar los otros miles de millones de quetzales que se han destinado a programas de fertilizantes, ayuda y capacitación. A juzgar por lo que argumentan los “líderes” campesinos, este dinero se desvaneció en el aire porque la situación está igual que siempre. En pocas palabras, pasó lo mismo que con las carreteras: solo en el gobierno anterior se gastaron casi Q30 mil millones, pero dejaron las carreteras peor que nunca.

En el campo parece haber pasado lo mismo. Se han gastado miles de millones de quetzales, y la situación parece no haber cambiado. La pregunta principal que surge es: ¿qué se hicieron todos esos miles de millones de quetzales? Pues hay que preguntarles a los mismos “líderes” campesinos, ya que muchos de ellos han participado en algunos de estos programas.

Pero no solo se han utilizado —y desvanecido— fondos de los tributarios guatemaltecos. También fondos de los tributarios europeos se han destinado para resolver el “problema agrario”. Según la guía de la Unión Europea en Guatemala, en su versión del 2011, se les han otorgado en los últimos años al menos Q35 millones en “cooperación” a algunas de las instituciones que “defienden” los derechos de los campesinos, entre ellas el Comité de Unidad Campesina (CUC), la Fundación Guillermo Toriello y la Plataforma Agraria.

Aunque la cooperación tiene el supuesto fin de ayudar a resolver la “conflictividad agraria”, de acuerdo con lo que hemos visto que hacen estas organizaciones, más parece ser que lo que pretenden es azuzarla.

De todo esto concluyo que dinero no es lo que ha faltado. Lo que ha faltado es, por un lado, saber qué es lo que hay que hacer para que las personas salgan de la pobreza, lo que a todas luces ha escapado al conocimiento de todos los funcionarios públicos y los “líderes” defensores de los campesinos, pero todavía más importante, realmente querer sacarlos de la pobreza y no, como parece ser por los resultados, perpetuarla para mantener el modus vivendi de todos los involucrados en “acabar con la pobreza”.

La solución no es tirar a la basura —o a los bolsillos de algunos funcionarios y líderes— más dinero de los tributarios. Esa no es la ruta para salir de la pobreza.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 29 de marzo de 2,012.

Foto: Alvaro Interiano, Prensa Libre.

jueves, 22 de marzo de 2012

Completo fracaso

"La guerra contra las drogas es un completo fracaso", Barack Obama (cuando era Senador)

Este sábado se llevará a cabo en Antigua Guatemala una reunión de presidentes centroamericanos en la que se discutirán otras opciones para combatir los efectos del narcotráfico, siendo la principal la “despenalización” de las drogas. Congruente con mi posición pública de muchos años atrás, considero que la “guerra contra las drogas” es una guerra perdida que solo se puede ganar legalizando las drogas.

No hay otra solución. La solución de penalizar el consumo, producción, distribución y venta de las drogas ya fue probada hasta la saciedad durante los últimos cien años, dándole una importancia mucho mayor en los últimos 40 años. ¿Cuál ha sido el resultado? El consumo de drogas se ha mantenido estable, en términos porcentuales, lo que significa que en términos absolutos ha ido creciendo al mismo ritmo que la población mundial.

¿No me cree? Vea los datos de las mismas instituciones que se empeñan en mantener viva la absurda guerra contra las drogas. En su más reciente reporte la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC, en inglés), el Informe Mundial sobre las Drogas 2011, por ejemplo, reconoce que desde finales de los 1990 hasta el 2010 la cantidad de personas que utilizan drogas ilegales ha ido creciendo paulatinamente y que el porcentaje de la población que las consume se ha mantenido estable en alrededor del 4.8% de la población de entre 15 y 64 años. Y eso en un período que se ha caracterizado por un incremento en las acciones gubernamentales en contra del narcotráfico, como bien lo presenta el mismo reporte al dar cifras de confiscación de drogas en ese mismo período.



Estas instituciones no hacen estudios sobre los costos que para la sociedad tiene la absurda guerra contra las drogas. No les conviene. Obviamente. Se quedarían sin chance.

Afortunadamente, sí hay instituciones que intentan hacerlo y, de lo que pude encontrar, estiman que solo en costos directos en Estados Unidos, los tributarios estadounidenses se ahorrarían por lo menos US$100 mil millones anualmente. A eso hay que añadir al menos otro tanto igual en la pérdida de productividad que tienen los habitantes de ese país debido a la guerra contra las drogas.

Y eso en el caso de Estados Unidos, que se pueden conseguir cifras. En los países latinoamericanos, en general, y en los centroamericanos, en particular, quizás las cifras no sean tan impactantes en términos absolutos, pero en términos relativos tienen un gran peso sobre el desarrollo de nuestros países. Y eso sin contar que aquí tenemos el agravante adicional de la violencia, las muertes, la ingobernabilidad, la corrupción y, en general, el desgobierno que esta absurda guerra genera.

Les pido encarecidamente a los presidentes reunidos en Antigua que no se dejen engañar por la vara del castigo —amenazas de descertificación, etcétera— ni por la zanahoria —ofrecimientos de $—. Los habitantes de la región ya no podemos seguir poniendo los muertos en esta inútil, irracional e insensata guerra que hasta el senador Obama, en su tiempo, calificó de un total fracaso.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 22 de marzo de 2,012.


Fuentes y lecturas interesantes:

- World Drug Report 2,011, United Nations Office on Drug and Crime

- International Drug Control Policy, Congressional Research Service, Liana Sun Wyler.
Este informe es muy revelador.

- National Drug Threat Assessment 2011, U.S. Department of Justice, National Drug Intelligence Center

- Global Commission on Drugs Report, Global Commission on Drugs


- Prohibition II, excelente artículo que revisa el caso de la prohibición del licor en la década de 1920 y la compara con la prohibición de las drogas en el último cuarto del siglo pasado.

- Drug Decriminalization in Portugal: Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies, by Glenn Greenwal, Cato Institute

- Mexico's Failed Drug War, by Jorge Castañeda, Cato Institute

- The Budgetary Impact of Ending Drug Prohibition, by Jeffrey A. Miron and Katherine Waldock, Cato Institute


jueves, 15 de marzo de 2012

La dictadura rajatabla

Se deben analizar bien, para que no nos den gato por liebre.

Es inaudito que los del partido oficial quieran pasar de “emergencia nacional” las leyes que denominan de transparencia. Envalentonados con el dudoso “éxito” que tuvieron para pasar a rajatabla la ley Pro extorsión II y el paquetazo fiscal, quieren seguir imponiéndose intempestivamente para no dar tiempo a que nadie se fije en los graves horrores que llevan sus propuestas. No podemos permitir que nuevamente se rían de los guatemaltecos en nuestra cara. Estas leyes se deben analizar y discutir.

Me indigna sobremanera que el presidente, ministros, diputados y hasta el exministro de Finanzas ahora en el exilio dorado de los burócratas se congratulen del gran “éxito” que fue, según ellos, pasar de urgencia nacional ese par de decretos. Pasarlos sin que nadie tuviera tiempo de revisarlos, no digamos manifestarse al respecto. Pasarlos ante el total desconocimiento, no solo de la ciudadanía sino hasta de los mismos diputados. Pasarlos con graves errores e inconstitucionalidades. Pasarlos a espaldas de la ciudadanía. El que eso sea algo de lo que se enorgullecen dice mucho de sus principios —o la falta de—. Tanto los enorgullece que ahora esperan que el paquete de “leyes de transparencia” pase igual: sin discusión.

Es algo que no debemos ni podemos permitir. Suficiente tenemos con los horrores garrafales que ya aprobaron los diputíteres. En la ley Pro extorsión II, por ejemplo, ni les pasó por la mente dejar alguna excepción para las retenciones en transacciones de montos pequeños, con el efecto práctico que todas estas se convertirán en no deducibles, incrementando artificialmente las utilidades de las empresas. ¿Error o lo hicieron a propósito para, de manera escondida, incrementar los impuestos que las empresas deberán pagar? Yo me inclino por lo segundo. Aunque a ellos mismos no se les ocurrió que un efecto colateral será que esas transacciones menores se dejarán de facturar.

En el paquetazo fiscal también hay horrores similares. Por ejemplo, el ISR que uno debería pagar es del 5% en las ventas mensuales menores a Q30 mil; sin embargo, en la ley dice que quien le retiene a uno debe retenerle el 7%, no el 5%. El efecto práctico es que, aunque se hallan llenado la boca en decir que no subieron un 40% la tasa del impuesto, en la práctica sí lo hicieron. Por supuesto que ahora dirán que lo único que tiene que hacer uno es ir todos los meses a la SAT a pedir que le devuelvan lo que le cobraron de más. Sí, como no.

Y así vienen también estas leyes. Aparte de incluir cosas que no tienen nada que ver con la “transparencia”, hacen cambios que más bien abonan a la posibilidad de corrupción. Aún sin entrar en mucho detalle, encontramos cosas como que reducen la multa que se le puede poner a funcionarios del máximo actual de Q80 mil a un ridículo Q3 mil. Se incrementan los techos de las compras directas y por cotización y hasta se deja abierta explícitamente la puerta para que las compras por contrato abierto se puedan hacer a precios mayores que los de mercado. ¿Le parece a usted correcto que estas reformas se pasen de “urgencia nacional” sin que se discuta su contenido?

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 15 de marzo de 2,012.

jueves, 8 de marzo de 2012

No funcionó el registro

En México el registro de celulares fue un total fracaso.

En Guatemala se está haciendo una campaña muy fuerte para instaurar un registro de celulares bajo el argumento de que este servirá para reducir la criminalidad y las extorsiones. Casualmente, la semana pasada derogaron un experimento similar en México —el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut)—, por su total fracaso en lograr esos mismos propósitos, con el agregado de que ahora todos están preocupados por lo que pueda pasar con los datos personales en el registro. ¿Por qué seguir insistiendo en algo que no funciona?

Desde que se planteó aquí la posibilidad de establecer el famoso registro, yo me opuse a la idea. Mi oposición se basa en varios principios, siendo el más importante la defensa del derecho que todos tenemos a la privacidad. Existen muchas razones por las cuales cualquiera de nosotros quisiera salvaguardar su privacidad, siendo la principal, en una sociedad como la guatemalteca, irónicamente, la seguridad.

Digo irónicamente porque quienes promueven el registro aducen razones de seguridad, pero si este se instala las posibilidades de que se use en nuestra contra son mucho mayores que las de los riesgos de los que supuestamente nos libraría. Además de la seguridad, hay más razones, como el temor a persecuciones por diversas causas: políticas, ideológicas y, ahora, hasta fiscales, así como el simple, natural y muy legal deseo de la mayoría de las personas de mantenerse en el anonimato.

Si no me cree a este respecto, solo hay que ver el debate actual en México sobre los datos de más de 60 millones de mexicanos recopilados a la fuerza por el Renaut, que ahora no saben cuál va a ser su destino. Ya hay hasta rumores de una parte de la base de datos circulando por internet y que podría ser utilizada por el “crimen organizado” para extorsionar a muchos mexicanos. ¿Por qué no me extraña que suceda esto?

La otra razón es porque soy fiel creyente de que los problemas hay que atacarlos de raíz y no por las ramas. El problema de los robos de celulares y las extorsiones no es el “anonimato” de los usuarios de los celulares. La raíz del problema es la falta de certeza del castigo. Los criminales saben muy bien que las posibilidades de ser atrapados, enjuiciados y condenados por sus delitos son tan bajas que no hay mucho riesgo en cometerlos. Esto no se soluciona registrando los celulares. Aún si este registro desincentivara a los criminales —que no lo hace, como mal lo comprobaron en México—, lo único que lograrían es cambiarles el objeto del delito.

Si realmente queremos reducir la criminalidad, a lo que hay que entrarle es a incrementar la certeza del castigo, y eso solo se resuelve a través de que funcionen mejor las instituciones de seguridad y justicia. No hay de otra.

La excusa de que por lo menos algo se logra mientras se resuelve el problema mayor no es válida. ¿Por qué se va a sacrificar al 99.9% de usuarios honestos de los celulares, poniéndolos en mayor riesgo —como también lo están comprobando ahora en México— porque las autoridades son incapaces de realizar sus funciones primordiales? Definitivamente el registro no es ni siquiera paliativo, no digamos solución.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 8 de marzo de 2,012.

jueves, 1 de marzo de 2012

Por los colaterales

Despenalizar el uso de las drogas será su batalla más importante

Otto Pérez se ha embarcado en la que podría ser la principal batalla de su vida, tanto a nivel local como internacional: la despenalización de las drogas. Esta hace palidecer todas las demás en las que pueda haber participado con anterioridad. Y desde mi punto de vista, con la que más pueda contribuir, durante su gestión al frente del Ejecutivo, por el bienestar, en primera instancia, de los guatemaltecos, pero también del resto de los habitantes del planeta.

Debo reconocer que al principio tuve mis muy serias dudas sobre sus motivaciones, principalmente por el momento utilizado para anunciar su interés en el tema, al coincidir este con la aprobación del paquetazo fiscal, lo que permitió que el “interés público” se moviera hacia este tema y el paquetazo pasara sin mayor oposición. Sigo creyendo que el “timing” utilizado fue a propósito para desviar la atención del paquetazo fiscal, sin embargo, creo que el interés en el tema de la despenalización de las drogas es mayor que solo el paquetazo fiscal.

Como eterno escéptico, especialmente de los políticos, siempre albergaré dudas sobre sus verdaderas intenciones. Podrían entre estas estar el negociar el TPS para los guatemaltecos en Estados Unidos; lograr la eliminación del embargo de armas estadounidenses al Ejército guatemalteco; obtener más plata de los gringos para el combate del narcotráfico o algo tan sencillo como darse a conocer a nivel internacional. La verdad es que a estas alturas, cuáles eran sus verdaderas intenciones ya no es lo importante.

Lo importante es que logró poner en el centro de la discusión internacional, como ningún político en activo lo había logrado antes, el tema de la despenalización de las drogas. Sin quizá proponérselo, logró que el Gobierno de Estados Unidos se preocupara tanto del asunto que enviara a la Secretaria de Seguridad Interna a tratar de contener el motín a bordo de su “patio trasero”.

Por supuesto, casi toda la burocracia internacional que vive, y muy bien, de la “guerra contra las drogas” también ha pegado el grito en el cielo ante lo que podría ser el inicio del fin de su buen vivir a expensas del dinero, la sangre, el sufrimiento y la muerte de miles y miles de ciudadanos del mundo que sufren el “daño colateral” de esa guerra perdida y sin sentido.

Y es que, aunque no lo quieran reconocer, la ola de la opinión pública internacional cada vez tiende más hacia el debate de otras opciones distintas a la fracasada guerra. La razón es sencilla. Si algo se ha probado hasta la saciedad en los últimos 40 años es que esta guerra es totalmente inútil, sin ningún resultado: la tasa de consumo de drogas en Estados Unidos se ha mantenido básicamente estable durante toda la “guerra”.

Felicito a Otto Pérez por la iniciativa y lo exhorto a que continúe con ella, a pesar de la mucha oposición que de seguro tendrá, de propios y extraños.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 1 de marzo de 2,012.

Foto AP, Moisés Castillo.