Vehiculos electorales

A nadie debería extrañar el efecto que produce la legislación absurda.

Muchas personas critican el que en Guatemala los partidos políticos no sean más que “vehículos electorales” que quienes están interesados en pasar a “mejor vida” utilizan para poder echar mano a los fondos de los tributarios. Si bien es cierto, esta es la triste y cruda realidad, lo importante es buscar cuáles son las causas y combatirlas, y no los efectos. En este caso particular no hay mucho pierde, el sistema está diseñado, quien sabe si por ignorancia, casualidad o mala fe, para funcionar así. Si queremos que sea diferente, lo que hay que cambiar es el sistema.

Puede haber muchos detalles dentro de la legislación que fomenten los vehículos electorales, pero el principal es la prohibición para que los partidos políticos hagan cualquier clase de propaganda en épocas no electorales. En un mundo ideal, esta norma evitaría que los políticos estén todo el tiempo en campaña, que quienes ya se encuentran en el poder se puedan dedicar a “hacer su trabajo” y que los demás nos podamos dedicar a nuestros quehaceres tranquilamente.

Pero estamos muy lejos de vivir en un mundo ideal. Los políticos de todos modos están todo el tiempo en campaña, aunque bajo de agua para que no los regañen los del TSE. Los políticos que ejercen el poder utilizan el aparato estatal —y los fondos de los tributarios— para mantenerse en campaña durante cuatro años con la esperanza de lograr la reelección. Y los ciudadanos obtenemos lo peor de los dos mundos: políticos “en la llanura” que todo el tiempo están tratando de contrarrestar la propaganda de los que están en el poder, y para ajuste de penas, tenemos que pagar con nuestros tributos la factura de la propaganda de estos últimos.

Creo que esta prohibición es la principal responsable del efecto “vehículo electoral”. ¿Y qué otra cosa podemos esperar si los incentivos así están puestos? Ejemplos recientes son el partido Viva, que intentó hacer una campaña de afiliación de nuevos miembros, y el TSE los mandó callar; y Victoria, que el TSE de una vez canceló. ¿Qué les queda a los demás políticos? Pues hacer lo que pueden “bajo el radar del TSE” o quedarse de brazos cruzados tres años y el año electoral hacer cuanto puedan para ser el vehículo de turno.

Esta limitación tiene muchos efectos secundarios. Uno de estos, creo yo, es el que muchos que tienen aspiraciones políticas se metan a periodistas para darse a conocer mientras llegan las elecciones y saltarse así las trancas políticas. Complementariamente, cada cuatro años los políticos tratan de convencer a quienes se dedican al periodismo de que se unan a sus proyectos electorales con la idea, precisamente, de aprovecharse de esa exposición pública que ya han tenido. Con 18 años de trabajo periodístico e innumerables ofertas de ese tipo rechazadas, puedo dar fe.

No me extrañaría que la famosa limitación haya iniciado con algunos políticos en el ejercicio del poder, a quienes se les ocurrió que de esa forma anularían a la oposición mientras que ellos tendrían la oportunidad de utilizar la propaganda gubernamental para su provecho político durante cuatro años.

O quizá fue por simple ignorancia o haraganería de los diputados de turno de no pensar en todas las consecuencias de largo plazo que tienen sus decisiones.

Lo importante es que esa limitación está y, mientras no se elimine y se permita que los partidos políticos puedan dedicarse a “hacer política” libremente todo el tiempo, lo único que tendremos siempre serán “vehículos electorales” pasajeros.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 18 de marzo de 2,010.

Foto: Red de Partidos Políticos.

Castravelo

En Guatemala, la realidad siempre supera con creces a la ficción.

La denuncia de un plan para asesinar a la diputada Nineth Montenegro, particularmente con la poca información que se dio al respecto, deja pie para que se elucubren muchas hipótesis y algunas conclusiones que reafirman categóricamente lo mal que estamos en Guatemala.

La información conocida es que la CICIG y el Ministerio de Gobernación se enteraron de un plan para eliminar a la diputada con el supuesto propósito de ocasionarle problemas al gobierno.

Partiendo de esa premisa, y dándole credibilidad, hay que buscar a los probables beneficiarios de esos problemas del gobierno. El Presidente se adelantó a decir que el problema viene de "mafias que están siendo golpeadas por investigaciones". Ante esas declaraciones, podríamos descartar a otros que se pudieran beneficiar, como por ejemplo la oposición política, y concluir que esta amenaza viene de algún grupo del "crimen organizado" o del narcotráfico, y allí se acabó la cosa y lo que hay que hacer es proteger bien a la diputada.

Sin embargo, cualquier investigador sabría que hay que revisar todas las posibilidades y todos los posibles beneficiarios. Y si seguimos esa línea, a mí me surgen muchas dudas, las que quiero plantear.

Esta situación me parece en extremo conveniente para el gobierno ya que le quita de encima varios pesos de un solo manotazo. Primero, se desvía la atención de la opinión pública sobre los más recientes escándalos, como los cambios de los ministros, empecinamiento al no revelar información sobre sus programas, las capturas de altos exfuncionarios de seguridad y las graves denuncias de exfuncionarios contra el Presidente y otros funcionarios.

Segundo, de ser exitosa la advertencia y lograr que la diputada Montenegro se fuera del país, se quitarían esa piedra en el zapato que tantos disgustos les ha ocasionado.

Y tercero, si no se va la diputada (que no se fue), continúa su labor fiscalizadora (que de hecho ya anunció que no sólo continuará, sino que agudizará), y le llega a suceder algo (Dios no lo permita), ellos tendrían la coartada perfecta.

¿Muy maquiavélico? Probablemente, pero recordemos que ellos mismos apoyaron la "verdad interina" de que alguien en Guatemala podía planear y ejecutar casi a la perfección un plan a lo "Gran Torino" para "desestabilizar" al gobierno.

El Presidente también afirmó que la amenaza "no tiene nada que ver" con la fiscalización que la diputada Montenegro hace de Mi Familia Progresa. Este argumento es falaz, ya que, indistintamente de si la amenaza viene de las "mafias" o del gobierno, la causa es el protagonismo que ha tomado la diputada en la fiscalización. Esa es la única razón por la cual podrían "ocasionarle" problemas al gobierno.

Lo que me lleva a las conclusiones. Recomendarle que se vaya del país es un gran reconocimiento de la incapacidad de las autoridades para velar porque en el país haya seguridad y se imparta justicia, que son sus responsabilidades principales. La situación actual es un corolario del discurso de lucha de clases que han sostenido las autoridades. Oponerse a la fiscalización hace responsables a los gobernantes de lo que le pueda suceder a la diputada, venga de donde venga. Y para poner en contexto la situación actual, debemos recordar que hace unos meses el presidente indicó que si queríamos seguridad, había que pagar más impuestos, porque lo que ya pagamos lo iban a usar en sus proyectos sociales. ¿Sobre quién recae entonces la responsabilidad?

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 11 de marzo de 2,010.

Terremoto

Todavía le quedan casi 2 años y la actual administración echa agua por todos lados...

La noticia del terremoto en Chile, durante el fin de semana, quedó en segundo plano en Guatemala a la vista del terremoto que se está dando en la administración pública: El cambio de tres ministros, la captura del ex jefe de la Policía y la ex jefa de la SAIA, los dimes y diretes sobre el sicariato dentro de la Policía, las acusaciones contra los funcionarios recién separados de su cargo y los señalamientos de estos contra los gobernantes; todo envuelto en una maraña de corrupción. El terremoto en la administración pública, de seguro, ya pasó de los nueve grados y quién sabe si tendrá muchas “réplicas”.

El mandatario ha salido al paso de la crisis utilizando el argumento de Espada: Los ciudadanos debemos estarles eternamente agradecidos porque ellos son quienes están tomando la iniciativa en contra de la corrupción y se han convertido en un ejemplo de transparencia. Este es un argumento falaz.

Para principiar, el Ministro de Educación fue removido del cargo por la Corte de Constitucionalidad, precisamente por negarse a entregar información del programa Mi Familia Progresa. En este caso, la oposición a “transparentar” la información ha venido directamente desde la Presidencia y han recurrido a cuanto ardid y subterfugio legal han podido con tal de que no se conozca. De hecho, llegaron hasta el colmo de que el Superintendente de Bancos —y ¿a cuenta de qué él?, nos preguntamos— anunció la semana recién pasada que para evitar que se conozca esa información recurrirían a utilizar cuentas bancarias en el cuestionado Banrural para así poder aprovecharse del secreto bancario. Lo más ridículo de la situación es que ese mismo día, el Superintendente de Bancos dijo que presentaría una iniciativa al Congreso para eliminar el secreto bancario para temas fiscales. ¡Al grado de incongruencia que caen con tal de tapar el Sol con un dedo!

Luego dijeron que al Ministro de Gobernación se le pidió la renuncia por sospechas de corrupción en el caso de la gasolina para las autopatrullas. Sin embargo, este hecho se conoció en los medios desde hace varias semanas y, cuando se supo públicamente, el presidente argumentó que no había nada de malo en esa compra. Luego de la destitución vinieron las denuncias de parte de los destituidos sobre el sicariato dentro de la Policía, e incluso que tuvieron que llevar la denuncia a la Cicig porque no les hicieron caso dentro del gobierno. La Cicig ya confirmó que sí recibió esa denuncia y que la está investigando. ¿Qué réplicas irá a tener todo este affaire?

El Ministro de Agricultura también fue destituido supuestamente por dudas de malos manejos en el programa de fertilizantes, caso que también ya se conocía desde hace tiempo y sobre el cual la destitución del ministro deja más dudas que respuestas.

Por si fuera poco, ahora los productores e importadores de medicinas genéricas le están pidiendo al presidente que ya que anda en su mood de transparencia, ¿por qué no les hace caso en la denuncia que han hecho desde hace meses de sobrefacturación en los contratos abiertos de compra de medicina por más de Q400 millones que ellos han denunciado desde hace tiempo? ¿Será que también van a resolver el asunto destituyendo al Ministro de Salud?

Quedan muchas preguntas en el aire: ¿Será que la corrupción se elimina con solo cambiar a los ministros? ¿Será que los gobernantes no estaban ni enterados de lo que pasaba? ¿A cuántos funcionarios y ex funcionarios veremos en la cárcel a raíz de todos estos escándalos?

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 4 de marzo de 2,010.