En Guatemala, la realidad siempre supera con creces a la ficción.
La denuncia de un plan para asesinar a la diputada Nineth Montenegro, particularmente con la poca información que se dio al respecto, deja pie para que se elucubren muchas hipótesis y algunas conclusiones que reafirman categóricamente lo mal que estamos en Guatemala.
La información conocida es que la CICIG y el Ministerio de Gobernación se enteraron de un plan para eliminar a la diputada con el supuesto propósito de ocasionarle problemas al gobierno.
Partiendo de esa premisa, y dándole credibilidad, hay que buscar a los probables beneficiarios de esos problemas del gobierno. El Presidente se adelantó a decir que el problema viene de "mafias que están siendo golpeadas por investigaciones". Ante esas declaraciones, podríamos descartar a otros que se pudieran beneficiar, como por ejemplo la oposición política, y concluir que esta amenaza viene de algún grupo del "crimen organizado" o del narcotráfico, y allí se acabó la cosa y lo que hay que hacer es proteger bien a la diputada.
Sin embargo, cualquier investigador sabría que hay que revisar todas las posibilidades y todos los posibles beneficiarios. Y si seguimos esa línea, a mí me surgen muchas dudas, las que quiero plantear.
Esta situación me parece en extremo conveniente para el gobierno ya que le quita de encima varios pesos de un solo manotazo. Primero, se desvía la atención de la opinión pública sobre los más recientes escándalos, como los cambios de los ministros, empecinamiento al no revelar información sobre sus programas, las capturas de altos exfuncionarios de seguridad y las graves denuncias de exfuncionarios contra el Presidente y otros funcionarios.
Segundo, de ser exitosa la advertencia y lograr que la diputada Montenegro se fuera del país, se quitarían esa piedra en el zapato que tantos disgustos les ha ocasionado.
Y tercero, si no se va la diputada (que no se fue), continúa su labor fiscalizadora (que de hecho ya anunció que no sólo continuará, sino que agudizará), y le llega a suceder algo (Dios no lo permita), ellos tendrían la coartada perfecta.
¿Muy maquiavélico? Probablemente, pero recordemos que ellos mismos apoyaron la "verdad interina" de que alguien en Guatemala podía planear y ejecutar casi a la perfección un plan a lo "Gran Torino" para "desestabilizar" al gobierno.
El Presidente también afirmó que la amenaza "no tiene nada que ver" con la fiscalización que la diputada Montenegro hace de Mi Familia Progresa. Este argumento es falaz, ya que, indistintamente de si la amenaza viene de las "mafias" o del gobierno, la causa es el protagonismo que ha tomado la diputada en la fiscalización. Esa es la única razón por la cual podrían "ocasionarle" problemas al gobierno.
Lo que me lleva a las conclusiones. Recomendarle que se vaya del país es un gran reconocimiento de la incapacidad de las autoridades para velar porque en el país haya seguridad y se imparta justicia, que son sus responsabilidades principales. La situación actual es un corolario del discurso de lucha de clases que han sostenido las autoridades. Oponerse a la fiscalización hace responsables a los gobernantes de lo que le pueda suceder a la diputada, venga de donde venga. Y para poner en contexto la situación actual, debemos recordar que hace unos meses el presidente indicó que si queríamos seguridad, había que pagar más impuestos, porque lo que ya pagamos lo iban a usar en sus proyectos sociales. ¿Sobre quién recae entonces la responsabilidad?
Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 11 de marzo de 2,010.
