jueves, 26 de agosto de 2010

Operación Mordaza

La libertad no se pierde de repente, se va perdiendo poco a poco...

Los casos más representativos de la represión a la libertad de expresión en América Latina comenzaron como una leve brisa de tiranía de parte de los gobernantes de turno, que hoy se han convertido en piezas fundamentales para la perpetuación de dictaduras e ícono de quienes desearían seguir esos mismos pasos para eternizarse en el poder.

Estos procesos de toma del poder siempre han incluido la anulación, parcial o total, de la libertad de expresión. Pues es solamente cuando se logra acallar a quienes critican a los gobernantes y sus abusos de poder que estos personajes y sus maquinarias logran por fin establecerse con total impunidad.

La libre emisión del pensamiento es esa herramienta ciudadana que permite emitir opiniones sobre las acciones y conductas de los gobernantes, y es una de las herramientas fundamentales para preservar la libertad de todos los habitantes de un país, ya que donde los gobernantes pueden actuar impunemente sin que nadie se atreva a cuestionar esas actuaciones se acaba la libertad y reina la tiranía. Y es muy importante entender que este no es un derecho exclusivo de los periodistas, como algunos pretenden hacer creer, sino que es un derecho fundamental de todos los habitantes de un país. El que cualquier habitante sea libre de expresar su opinión ha permitido, a través de la historia, un balance sano en los sistemas políticos.

Son incontables en la era moderna los casos de políticos sacudidos por escándalos de corrupción, de compadrazgos e incluso sexuales, que han debido dejar sus cargos, y en algunos casos hasta enfrentar juicios, gracias a que sus abusos de poder han sido evidenciados a través de esa libertad de expresión. Sin ir muy lejos, en Guatemala nos enteramos casi todos los días de nuevos escándalos en la administración pública, gracias a la labor de periodistas que se dedican a investigar las actuaciones de los funcionarios. Pero eso podría pronto cambiar.

La libertad de expresión está bajo acecho de quienes desearían actuar impunemente sin que nadie se atreva a revelarlo. Está bajo acecho de quienes quisieran perpetuarse en el poder y echar mano de todos los recursos de los habitantes del país. No nos debe extrañar, ya que así ha sucedido en otros países de nuestro continente.

Por eso es tan importante que el artículo 35 de la Constitución Política, y la libertad de expresión que defiende, sean comprendidos a profundidad como un derecho inalienable de todos los habitantes del país. Y más importante aún, que a partir de este conocimiento se comprenda que es parte importante del ejercicio ciudadano ante cualquier amenaza por parte de los gobernantes.

Por eso es preocupante que ante una amenaza real contra la libertad de expresión en nuestro país, materializada en un dictamen de la CC que deniega un amparo a la periodista Marta Yolanda Díaz-Durán contra el vicepresidente Rafael Espada, quien la persigue penalmente como funcionario público por ejercer su derecho a la libre expresión, sean pocos quienes hayan medido la dimensión de tal aberración constitucional, que abre las puertas para que las brisas de la tiranía y el autoritarismo comiencen a soplar en nuestra tierra.

Ya no será necesario irnos hasta Sudamérica o el Caribe para contemplar la pérdida de la libertad, sino será en nuestra propia casa, con una mordaza intelectual ajustada, donde sentiremos los embates de aquello que tanto temimos que pasara. ¿Nos quedaremos callados desde ya?
Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 26 de agosto de 2,010.

CC limita expresión

Con salidas políticas, la CC está acabando con las pocas esperanzas que quedan en Guatemala.

La semana pasada la Corte de Constitucionalidad (CC) denegó a la periodista Marta Yolanda Díaz-Durán un amparo que interpuso en septiembre del 2009 contra el vicepresidente Rafael Espada. Esto establece un grave precedente en contra de la libertad de emisión del pensamiento. Así es como se pierden la libertad y derechos en una sociedad que, si no reacciona, cuando sienta ya no tendrá ningunos.

El caso inició con la publicación de un artículo denominado “El beso de Espada”, argumentando que Espada se reunió con Rodrigo Rosenberg, conocía las acusaciones que él hizo sobre el asesinato de los Musa y que no había hecho nada. Espada argumentó que eso no era cierto y entabló una demanda penal contra ella por calumnia, injuria y difamación.

Ante la amenaza de una persecución penal por ejercer el derecho a la libertad de expresión, protegido por la Constitución en el artículo 35, Marta Yolanda planteó un amparo en la CC. El punto medular aquí es el que reza: “No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos. Los funcionarios y empleados públicos podrán exigir que un tribunal de honor, integrado en la forma que determine la ley, declare que la publicación que los afecta se basa en hechos inexactos o que los cargos que se les hacen son infundados. El fallo que reivindique al ofendido deberá publicarse en el mismo medio de comunicación social donde apareció la imputación”.

Según la querella presentada por el vicepresidente, las acusaciones que hace Marta Yolanda lo afectan en su “dignidad de persona humana”, y por tanto procede perseguirla penalmente, indistintamente de lo que dice el Art. 35. Lo interesante del caso es que él mismo, en la querella, dice: “Actúo como funcionario público, en mi calidad de Vicepresidente de la República...”.

No puedo entrar aquí al origen del asunto, ya que los únicos que podrían validarlo son Rodrigo y Espada, pero llama la atención que en el juicio contra los sicarios que mataron a Rosenberg, Mario Fuentes Destarac declaró bajo juramento que él mismo se lo había dicho a Espada, y el hijo de Rosenberg dijo que sabía que su papá se había reunido con Espada. Pero ese no es el punto que debía decidir la CC. Debía decidir si un funcionario puede demandar penalmente a una periodista por imputaciones realizadas en su contra.

Y allí considero que los magistrados cometieron un grave error que sentará un pésimo precedente. Dicen que el vice no ejerció poder público alguno y que está en su derecho al considerar que no era en el “ejercicio de sus funciones”. Y yo me pregunto, ¿buscaría Rosenberg el apoyo de Espada por ser cardiólogo o por ser vicepresidente? ¿Por qué entonces se presenta en la acusación como vicepresidente? ¿Por qué la misma CC después dice que no carga las costas al amparante, ya que no ha “reconocido legitimación para su cobro a entidad estatal, descentralizada o autónoma alguna...”? Entonces, ¿en qué quedamos, era el “vicepresidente” o un ciudadano cualquiera?

Lo peor del caso es que los mismos magistrados dicen en la sentencia que ya un “órgano jurisdiccional competente” se negó a acceder a lo solicitado por el vicepresidente, porque debe sujetarse a lo establecido en la “Ley de Emisión del Pensamiento”, y utiliza esto para justificar que la demanda penal no era una amenaza (hago la salvedad que todavía hay dos demandas vigentes).

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 19 de agosto de 2,010.

Extinción de Propiedad

Le llamen como le llamen, es el principio del fin de la propiedad privada.

La escena fue patética, pero un gran presagio de lo que a todos nos puede suceder: Hugo Chávez caminando por una plaza rodeado de sus achichincles. Pregunta sobre un edificio, le dicen qué es, y él grita “exprópienlo”. Así de fácil, un dictador “democrático” mostrando su completo irrespeto por uno de los derechos fundamentales de las personas, el de la propiedad.

Para su referencia, justo ahora se discute en el Congreso una ley que abre las puertas para que en un futuro no lejano, esa misma escena se repita en la Plaza de la Constitución, en la colonia Utatlán, en el Mezquital, en la Zona Viva, en la Cañada o en la costa sur de Guatemala: la ley de “extinción de dominio”.

Esta aberración jurídica es un claro ejemplo del porqué Henry Hazlitt decía que antes de aprobar una política pública hay que analizar sus efectos no solo sobre un grupo determinado de personas, sino sobre todas las personas, y no solo en el corto plazo, sino en el largo plazo.

Quienes la promueven argumentan que será una maravilla para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, razón por la cual la “Embajada” está tan interesada en que se apruebe lo más pronto posible y por la que hasta la bautizaron eufemísticamente “ley antinarco”. Dicen que no es confiscación y que solo se utilizará en contra de los narcos y los políticos corruptos.

Pero lo que digan sus impulsores son solo ingenuas (o quizá malévolas) declaraciones de buenas intenciones. Lo que vale y lo que podrá utilizar algún futuro Chávez guatemalteco es lo que queda escrito en la legislación. Y esta es muy clara en las violaciones al debido proceso, a la presunción de inocencia y al derecho de propiedad.

Lo de que no es confiscación es una gran mentira. Según sus propias definiciones, la diferencia entre “confiscación” y la “extinción de dominio” es que la propiedad se haya obtenido lícita o ilícitamente. Sin embargo, después se establece que toda propiedad se presume obtenida ilícitamente y que el propietario inconstitucionalmente lleva la carga de la prueba, es decir, el “Estado” no tiene que probar que usted haya obtenido ilícitamente algo, sino que si usted no logra comprobar cómo obtuvo algo, se lo puede quitar sin mayores miramientos.

Si no me cree, le invito a revisar la propuesta de legislación. Le doy sólo un ejemplo: artículo 2, inciso a: “Actividades ilícitas o delictivas: Son todos aquellos hechos punibles contemplados en el Código Penal y leyes penales especiales, así como toda actividad que no siendo delito o falta, produzca un incremento patrimonial injustificado de cualquier persona individual o jurídica”.

Repito la gigantesca violación constitucional: “toda actividad que no siendo delito o falta, produzca un incremento patrimonial injustificado de cualquier persona individual o jurídica”. ¿Y quién define qué justifica o no un incremento patrimonial? ¿Y cómo es eso que aunque no sea delito o falta?

Y este es solo un ejemplo de las aberraciones y abusos contra los derechos fundamentales de todos los guatemaltecos que contiene esta legislación. Y algunos, ingenuamente, todavía lo justifican diciendo que “quien nada debe, nada teme”. Como que Guatemala no fuera el lugar donde los ciudadanos le tenemos casi tanto o más temor a los policías que a los criminales. Y con definiciones como las que establece ese mamarracho jurídico, todos debemos y todos somos culpables (menos los pícaros políticos que por el momento detenten el poder).

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 12 de agosto de 2,010.

jueves, 5 de agosto de 2010

Muso












Fue la persona más influyente en Guatemala durante la segunda mitad del siglo veinte.


Lo conocí en 1993, durante un seminario sobre energía eléctrica. Yo ya tenía casi un año de escribir columnas en medios de comunicación y, aunque me identificaba por completo con las ideas de la libertad, nunca antes había tenido contacto directo con Manuel Ayau, con la Universidad Francisco Marroquín ni con el CEES. Ese día almorzamos juntos con su hijo Manuel. Fue el inicio de una amistad muy enriquecedora que duró 17 años.

Aunque nos separaban 40 años de edad y yo lo conocí ya avanzado en su vida, desde el principio nos identificamos mucho. A pesar de que todo el mundo lo llamaba Muso, yo en muy raras ocasiones pude llamarlo así. Para mí siempre fue el “doctor”. Aprendí mucho con él. Nos veíamos casi siempre, por lo menos una vez a la semana, en el almuerzo del CEES, los lunes. Si estaba en Guatemala, nunca faltaba. En esos inolvidables almuerzos en el CEES, primero en la casa de la zona 4 y luego en la UFM, fue donde yo me empapé de las ideas de la libertad. El doctor siempre tenía alguna anécdota que contar sobre sus experiencias, de la vida, de la empresarialidad, de sus conversaciones con Hayek, Mises, Friedman y otros grandes defensores de la libertad, así como de su participación en la vida política guatemalteca.

Fueron muchas las conversaciones que sostuvimos también en su oficina. Sus intereses eran tan variados que hasta tenía registradas patentes de inventos propios. Su mentalidad de ingeniero siempre lo llevaba a pensar nuevas y mejores formas en que se podían hacer las cosas.

Cuando lo conocí ya no daba clases en la universidad, por lo que realmente nunca tomé clases formales con él. Sin embargo, aprendí muchísimo tan solo escuchándolo en esas muchas ocasiones. Poseía muchos conocimientos y siempre estaba leyendo y tratando de aprender más. Pero no se quedaba sólo con el conocimiento, reflexionaba mucho sobre lo que leía, tratando de entender y comprender más. Lo que más llegué a apreciar de él era su capacidad para explicar, de manera tan fácil y didáctica, conceptos complejos y difíciles de entender.

También admiré mucho su humildad. A pesar de que considero que fue la persona más influyente en nuestro país en la segunda mitad del siglo XX y que su influencia no se circunscribió a nuestro país, sino que llegó a muchísimos lugares, en donde, por cierto, fue más apreciado que localmente. Siempre fue un hombre sencillo y modesto, dispuesto a hablar con cualquier persona, incluso con quienes denostaban contra las ideas de la libertad.

Su sentido del humor y esa chispa con la que siempre tenía en la punta de la lengua la respuesta adecuada a cualquier pregunta o cuestionamiento eran siempre admirables. Que no quita que no fuera capaz de enojarse, aunque no era la norma. En el tiempo que compartí con él, sólo recuerdo haberlo visto enojado en dos ocasiones, y creo que eran justificadas.

Siempre su interés fue cómo lograr que los guatemaltecos tuviéramos un mejor nivel de vida. En esa búsqueda fue que llegó a las ideas de la libertad y a ese propósito le dedicó su vida. El CEES, la Universidad Francisco Marroquín y Proreforma forman parte de ese legado que deja como testimonio vivo de su deseo porque en Guatemala vivamos mejor.

Ahora que me toca despedirme de mi mentor y amigo, le puedo decir que se puede ir con toda tranquilidad. Hizo muchísimo más de lo que cualquiera podría pedirle y deja un mundo mucho mejor que el que encontró. Descanse en paz, doctor, su legado permanecerá...

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 5 de agosto de 2,010.

Foto: Convivio del CEES, diciembre 2,008.

Indocumentados












Lo ridículo es que ahora muchos guatemaltecos están indocumentados en la propia Guatemala.


Carlos, un guatemalteco muy emprendedor, vivía desde hace varios años de “mojado” en Estados Unidos. Específicamente en Phoenix, Arizona, donde había logrado sentar cabeza trabajando como jardinero, plomero y carpintero. Se casó con una salvadoreña y procrearon dos hijos “americanos”. Cuando empezó a ver las sombras de las consecuencias de la aplicación de la norma SB1070 en la que ya casi consideraba su ciudad, meditó mucho sobre lo que debería de hacer, y llegó a la conclusión de que lo mejor era regresarse a Guatemala. No sabía el calvario que le esperaba.

Durante el tiempo que trabajó en Arizona había logrado acumular buenos ahorros y estaba convencido de que con todo lo que había aprendido de empresarialidad se las podría arreglar en su terruño. La amenaza de que lo llegasen a separar de sus hijos fue, quizá, el factor que más pesó en la decisión. Antes de que entrara en vigencia la atemorizadora norma, partió con su familia para Guatemala.

Llegaron llenos de ilusiones. Visitaron a todos los familiares que tenía años de no ver, a quienes les presentó a su nueva familia. En las pláticas con sus familiares y amigos, ellos le comentaban lo difícil que estaba la situación debido a la violencia. Algunos de ellos habían tenido que abandonar sus casas, por las amenazas y extorsiones de los mareros. Pero todo ello no los desilusionó. Venían dispuestos a dar lo que fuera necesario.

Carlos quería hacerlo todo en regla. Poner un negocio formal. Pero pronto se encontró con muchas trabas. La primera fue que durante el viaje a Estados Unidos había perdido su cédula, así que tenía que obtener una nueva para iniciar los trámites. No podía ni abrir una cuenta en el banco, no digamos inscribir su empresa en la SAT, así que empezó a hacer los trámites. Fue allí donde se enteró del nuevo DPI. En la municipalidad no le pudieron emitir una reposición de la cédula, ya que ahora tenía que hacer el trámite en el Renap. Allí le dijeron que tampoco le podían emitir una cédula, sino que debía tramitar de una vez su DPI. Primero tenía que sacar su certificación de nacimiento. Luego de la espera para que se la emitieran, resultó que habían ingresado mal sus datos y sus apellidos no estaban correctos. Esa corrección le llevó varias colas y varias semanas.

Mientras tanto, empezó a ver qué hacía. Puso una distribuidora “informal” de productos que traía estilo “paca”, a través de contactos que había hecho durante su estadía en Estados Unidos. El negocio empezó a caminar, pero también los problemas. Mareros lo extorsionaron, le robaron un par de veces la mercadería. Y no podía presentar ninguna queja porque era “informal”.

Cuando finalmente le entregaron su certificación corregida, hizo el trámite para sacar el DPI. Le dijeron que en un mes estaría el ansiado documento. Pasó el mes. Se presentó nuevamente al Renap, donde le informaron que habían revisado la información y el sistema les decía que él había muerto en 1921, por lo que no podían emitirle el DPI. Le dijeron que debía iniciar nuevamente los trámites. No valieron ni sus ruegos ni sus quejas.

En eso se enteró de que una jueza había detenido temporalmente la SB1070. No le costó mucho tomar una decisión. Para estar indocumentado en su propio país, prefería estar indocumentado en Estados Unidos, donde por lo menos tendría el consuelo de que no lo extorsionarían por ser exitoso. Regresó a su casa, tomó a su familia y emprendió el viaje de regreso al norte.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 29 de julio de 2,010.

Foto: Prensa Libre.