La encuesta

Contrario a lo que nos quieren hacer creer, no toda la gente les ve con buenos ojos.

Durante mucho tiempo nos dijeron que toda la gente estaba de acuerdo con su labor. Que sólo quienes tenían intereses ocultos que se veían afectados por su presencia tendrían por qué tener algún reparo. Que quienes hablaban mal de ella era porque algún pecado tenían y temían que éstos salieran a luz debido al excelente trabajo que iban a realizar. Luego se dedicaron a amenazar y acusar sin pruebas ni fundamento a quien osara ponerse en su camino, mientras que por el otro lado excusaban a los gobernantes de acusaciones que ni siquiera se ocuparon en investigar.

Se creían que podían hacer lo que les viniera en gana porque estaban protegidos por un completo manto de impunidad. Pero se olvidaron que todo acción en esta vida tiene consecuencias. Algunas las vemos inmediatamente, otras las vemos más adelante en el camino; algunas nunca las llegamos a ver, otras tratamos deliberadamente de ocultarlas de nuestra vista, pero eso no implica que no estén allí. Lo que sí es cierto es que, tarde o temprano, tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestras acciones, y en su caso, parece ser que el tiempo está llegando.

Por si no ha dado todavía, me refiero a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, más conocida como CICIG. Y a las consecuencias que me refiero se ven reflejadas en la encuesta publicada ayer en el diario elPeriódico sobre la percepción que tienen los guatemaltecos de la justicia en Guatemala.

Es interesante que sólo el 3.2% de los entrevistados considera que la CICIG está haciendo muy bien su trabajo, mientras que el 8.7% considera que lo está haciendo muy mal. En pocas palabras, genera muchos más anticuerpos que seguidores.

Más importante aún es la respuesta a la pregunta: “¿Considera usted que el trabajo de la CICIG ha contribuido a recuperar la confianza de la gente en los Tribunales de Justicia de Guatemala?”. El 38.2% de los encuestados respondió que no; el 30.9% respondió que sí.

Estos son datos de una encuesta realizada a nivel nacional. Y que, si bien es cierto puede tener y tiene cierto margen de error, como toda encuesta, nos da un aproximado de las tendencias de todas las personas. Y lo cierto es que la percepción que se tiene de la CICIG no es así como nos la han pintado de que somos un puñado los que nos oponemos a tan loable labor.

Por supuesto que sus defensores podrán decir que este resultado se debe a la famosa campaña de desprestigio de la que siempre se han quejado, pero que no han podido probar. En todo caso, si eso fuera cierto, los candidatos actuales deberían tratar por todos los medios de contratar a quien logró armar una campaña de desprestigio tan exitosa como para lograr los resultados que la encuesta arroja.

Lo cierto es que ese resultado no se debe a ninguna campaña orquestada. Yo más bien creo que se debe a que las personas no son tan tontas como algunos manipuladores quisieran que fueran y no se dejan llevar por todo lo que se les dice, sino que sacan sus propias conclusiones de lo que ven. En este caso, han visto muchas de las acusaciones falsas o sin fundamento que tarde o temprano han caído por su propio peso.

Así que si quieren los candidatos contratar a los orquestadores de este resultado, deberán buscarlos en España y Colombia y tratar de que los contrate su competencia. El que tiene oídos para oír, que oiga.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 31 de marzo de 2,011.

El fin justifica los medios

El divorcio confirma la farsa negada y los muestra tal como el propio presidente lo calificó: inmorales.

El descubrimiento de la solicitud de divorcio planteada bajo el secreto de la noche por la “pareja presidencial” confirma la farsa preparada por los Colom y sus cercanos para entronizarse en el poder y establecer una dictadura a lo Chávez en Guatemala. No sólo el fondo sino hasta la forma de hacerlo los pintan de cuerpo entero como personas inmorales, dispuestas a cualquier cosa con tal de aferrarse al poder, pero especialmente al chorro de Q50 mil millones anuales de los tributarios.

Esta trama de seguro les valdrá pasar a los libros de texto como un perfecto ejemplo de los politiqueros que consideran que el fin justifica los medios.

Y no lo digo yo, lo dijo uno de sus principales colaboradores, Orlando Blanco, al justificar el divorcio, cuando dijo que “la moral en la política hay que apartarla”. El cinismo de tal declaración demuestra el desprecio que los uneístas tienen hacia la verdad, al respeto de la ley, a la Constitución, pero especialmente a la población, a quien ven simplemente como un medio para alcanzar sus nefastos fines.

Tan poco les importa lo que diga la ley y la Constitución que realizan un fraude de ley y luego lo cacarean descaradamente a los cuatro vientos. El divorcio es un fraude de ley porque, a través de él, pretenden pasar sobre la expresa prohibición constitucional a los parientes cercanos del presidente. En el campo pagado que publicó la UNE dicen que el divorcio es un “sacrificio por servir al país”. Luego la misma candidata expresó en un campo pagado que “nuestro amor es más sólido que nunca”, pero que aún así se divorcia “por los más necesitados”. En pocas palabras, confiesan que le juegan fraudulentamente la vuelta a la Constitución con tal de seguir aferrados al Guacamolón.

Pero si el fondo no fuese suficientemente malo, la forma fue peor. Por ejemplo, una periodista de CNN le preguntó cinco veces si consideraría divorciarse como opción para optar a la Presidencia, y ella la evadió. Como no le respondió directamente, la astuta entrevistadora le preguntó sobre su relación matrimonial, a lo que contestó que “... estamos en una excelente relación, ... muy bien”. Eso a pesar de que apenas unas pocas horas después (a las 3 de la mañana) presentaron su solicitud de divorcio. Se añaden las declaraciones del presidente Colom de que “divorciarse con fines políticos sería totalmente inmoral”.

Considero que este es un punto de no retorno para las aspiraciones de Sandra de Colom. Aparte de molestar considerablemente a muchísimas personas por el engaño y la desfachatez, creo que sus asesores no le previnieron sobre las consecuencias de una a todas luces frívola decisión de divorcio por la pura ambición del poder y del dinero. Esto no creo que haya caído muy bien en la mayoría de guatemaltecos que todavía valoran la importancia de la familia.

Por si eso no fuera suficiente, tampoco previeron que la figura de “fraude de ley” en Guatemala está muy vinculada precisamente con casos de divorcio en los que el marido, antes de que lo demanden, pasa sus propiedades e ingresos a otras personas para que la mujer no le pueda “quitar” nada. Por lo que este tema es todavía más sensible entre la mayoría de mujeres. Y adivine de qué lado se puso Sandra de Colom: del lado del marido que deja en la calle a la mujer y a los hijos. Su mensaje es claro: no importa hacer fraude de ley, con tal de que uno alcance sus objetivos.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 24 de marzo de 2,011.

Su pasado los alcanzó

Uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras.

“Ellos cuentan con la complicidad del Ejecutivo, y con los atropellos vividos la semana pasada, un fraude es evidente”, fueron las palabras del candidato Álvaro Colom el 31 de julio del 2003, cuando se oponía a la inscripción de Efraín Ríos Montt como candidato presidencial, argumentando que era una “flagrante violación de la Constitución” y que por lo tanto harían todo lo posible para impedirla.

Pero no fue solo el candidato Colom quien se opuso fervientemente a dicha candidatura; también lo hizo su esposa, Sandra Torres de Colom. Ella participó en la Alianza contra la Impunidad (ACI), haciendo campaña en contra de la inscripción del susodicho general.

Las declaraciones de los integrantes de esta organización fueron categóricas: “Lamentamos profundamente la existencia de magistrados, sin mayúscula y sin honorabilidad, que han acertado un duro golpe al estado de Derecho y se han convertido en la vergüenza del pueblo, haciendo de su profesión un sucio negocio político y transformando a una institución como la Corte de Constitucionalidad en un circo”.

Continúa la nota: “La ACI dice que fomentar la impunidad debe ser penalizado, máxime cuando se trata de ‘profesionales’ que fueron comprados para emitir un voto inconstitucional y quienes debieran ser ejemplo de defensa del orden constitucional”.

De seguro a los Colom nunca les pasó por la mente que, ocho años después, iban a estar del otro lado de la cerca, siendo ahora ellos los acusados de “violar la Constitución”.

Eso le suele suceder a la gente que es categórica e implacable para criticar a otros sin siquiera percatarse de su propio techo de vidrio ni mucho menos reflexionar que las acusaciones emitidas pueden regresar a perseguirles con el andar del tiempo.

Por eso la sabiduría popular dice que uno es dueño de su silencio, pero esclavo de sus palabras. Especialmente si las palabras que uno emite quedan registradas, como suele ser en el caso de los personajes públicos (y de quienes escribimos).

Y eso es exactamente lo que le sucede ahora a la pareja presidencial. Sus palabras han vuelto para perseguirles. Y aunque el artículo que se les aplica a ellos es uno distinto al del general, la controversia es la misma, lo más probable es que se deba dirimir de la misma manera y, por si eso no fuera suficiente coincidencia, deberá también ser solucionado por magistrados de la Corte de Constitucionalidad sobre los cuales podrían recaer exactamente las mismas acusaciones que ellos hicieran en su momento, es decir que su nombramiento se debió a su disposición para violar la Constitución con tal de agradar a sus “jefes”. Irónica la vida, ¿no?

Pero no cante usted victoria, porque la sabiduría popular tiene sus excepciones, entre las que destacan los politiqueros (algunos dirán que también los abogados). Para este grupo no importa lo que hayan dicho sus anteriores palabras, estas siempre se pueden cambiar, ampliar, explicar, justificar y, en última instancia, negar y atribuirlo todo a una conspiración de mala fe en su contra.

Dentro de poco veremos un ejemplo de esta incongruencia y desfachatez en vivo y a todo color.

El candidato Colom decía en aquel entonces: “Pareciera que ahora los zanates les disparan a las escopetas”. En efecto, presidente Colom, “pareciera que ahora los zanates les disparan a las escopetas”.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 17 de marzo de 2,011.
Foto: La Hora.

¿El destape?

No es ninguna sorpresa: ya se viene cocinando desde hace por lo menos tres años.

El martes, Sandra Torres de Colom finalmente hizo pública su candidatura a la Presidencia de Guatemala. Durante tres años lo han negado con todas sus fuerzas, pero era más que obvio desde el inicio de la actual administración que su objetivo principal era continuar usufructuando el poder la mayor cantidad de tiempo posible a través de la reelección, siguiendo el ejemplo de sus amigos del sur.

Creo que hay que analizar la candidatura de Torres de Colom desde varios puntos de vista. Primero, el constitucional. A mi mejor entender su candidatura es inconstitucional, debido a la prohibición existente en el artículo 186. Entiendo que el debate actual se centra en que los constituyentes no fueron lo suficientemente categóricos en la redacción del mismo y debieran haber incluido expresamente el término “cónyuge”, pero como no lo incluyeron, entonces los uneistas dicen que la prohibición “rodea” a la primera dama, pero no la incluye a ella, y se respaldan en toda una argumentación en relación con la “formación de grado”.

Esa argumentación desprecia completamente el principio sobre el cual se basa dicha prohibición y el “espíritu” por el cual se incluyó en la Constitución, como es el hecho de que los parientes cercanos a los mandatarios tienen la posibilidad, mucho más que cualquier otro candidato, de aprovechar los recursos de los tributarios para hacerse imagen y campaña. Y para comprobar la razón que tenían los constituyentes, solo hay que ver la cantidad de recursos de los tributarios que se utilizaron los últimos tres años en promocionar la imagen de la primera dama.

En resumen, yo considero que la candidatura de Sandra Torres es inconstitucional; sin embargo, soy consciente de que han estado haciendo todo lo posible para que la nueva Corte de Constitucionalidad esté conformada por personas afines a la actual administración, con el objetivo principal de aplanar el camino hacia su inscripción. Por lo que considero que lo que diga la Constitución será irrelevante, ya que la inscribirán contra viento y marea.

Luego está el punto de negar la campaña de Sandra Torres hasta esta semana, estrategia utilizada para debilitar el argumento contra los tres años de campaña ilegal financiada con los recursos de los tributarios.

Lo negaron por mucho tiempo, pero ahora queda claro que todo era una mentira. El pez por su boca muere y en este caso han sido los mismos dirigentes de la UNE quienes lo han confesado. Por ejemplo, la semana antes de que empezaran las “manifestaciones espontáneas”, uno de los miembros del comité ejecutivo de la UNE indicó en declaraciones a Prensalibre.com que Sandra Torres había estado “trabajando por tres años” para su candidatura. También dijo que antes de anunciar la candidatura se haría una campaña masiva para dar la impresión de que era “la gente” la que le pedía que fuera candidata. A esto se añaden denuncias investigadas en medios de comunicación sobre que forzaron a muchas personas a firmar dicha “petición”, bajo la amenaza de ya no darles la bolsa solidaria si no lo hacían.

Por si eso no fuera suficiente, otros dirigentes de la UNE explicaron en una entrevista radial la semana recién pasada que su partido no tenía Plan B; era Sandra o Sandra.

De que va a participar en las elecciones, me quedan pocas dudas, por lo arriba expuesto. De lo que no me queda duda es que falsearon la realidad y utilizaron fraudulentamente muchísimos millones de quetzales de los tributarios para impulsar la imagen de su candidata. Lástima tantas oportunidades perdidas.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 10 de marzo de 2,011.

Foto: Prensa Libre.

¿A qué le temen?

No quieren que se sepan todas las tranzas que hacen bajo la mesa.

Ellos no quieren que se sepa. No quieren que los ingenuos votantes se enteren de lo que ellos hacen bajo el velo del poder y la impunidad. No quieren que cambie el sistema. Les sienta muy bien. La democracia, para ellos, es un sistema perfecto: babosean a los votantes una vez cada cuatro años y luego pueden hacer y deshacer a sus anchas, lejos del escrutinio del público, enriqueciéndose a costa de los fondos que les quitan a los tributarios.

Y lo mejor de todo es que, ocultos bajo el “pleno”, ni siquiera deben rendir cuentas a aquellos que votaron por ellos. Solo se preocupan por lograr que algunas “obras” se hagan en su departamento —de las cuales también obtienen su tajada— y cacarear a los cuatro vientos su gran labor en beneficio de los sufridos, para asegurar otros cuatro años de latrocinio. Sí, está usted en lo correcto, me refiero a los diputados.

La mejor prueba es la decidida oposición de muchos de los diputados a que se haga algo tan aparentemente sencillo —y poco tecnológico, a estas alturas del partido— como votar utilizando un sistema electrónico que permitiría, por un lado, que las votaciones sean más exactas y rápidas, pero por el otro, que se lleve un registro de la decisión que cada uno ha tomado en las votaciones en las que ha participado.

Es absurdo que a estas alturas de la tecnología se siga utilizando el anticuado método de levantar la mano y que algún habilidoso “secretario” cuente mentalmente los votos. Este método, además de arcaico, cuenta con muchas deficiencias, siendo la más importante, creo yo, el que en los casos reñidos sea el dichoso secretario el que pare tomando la decisión. Por supuesto que me pueden decir que no es una persona la que cuenta, sino dos o tres. No importa, podrían ser cinco o 10. Esto solo abonaría al absurdo. Lo importante es que es mucho más eficiente el uso de la tecnología para este menester, especialmente si ya se cuenta con el equipo para hacerlo, instalado en el hemiciclo.

Pero no creo que sea esto lo que inquieta a los diputados. Lo que les ha de preocupar es que el registro de sus decisiones sea público y que la ciudadanía pueda revisar en qué sentido votó en algún caso determinado. Eso, por lo visto, sí le causa pánico a muchos de los diputados. No encuentro otra razón para oponerse al dichoso tablero electrónico.

Puede aducir cualquier excusa, pero yo no encuentro ninguna válida para que las decisiones de los diputados sean secretas. Dirán que no es secreto porque levantan la mano, pero el punto es que no queda registrado en ningún lado cómo votó cada quien.

Lo más importante es que con la existencia de dicho registro será más difícil que los diputados puedan esconder las negociaciones bajo la mesa y las transas que se realizan en el Congreso para aprobar decretos y leyes a conveniencia de algunos.

Por ello creo que es importante que presionemos a los diputados a que se apruebe la iniciativa 4323, que hace obligatorio el voto electrónico. Creo que tienen la harta obligación de hacerlo, ya que la ciudadanía tiene derecho a conocer las actuaciones de sus supuestos “representantes”. Este es por lo menos un pequeño paso para devolverle a la ciudadanía sus derechos y empezar a cambiar el sistema, que es lo que realmente se necesita. No es solo un cambio de personas, sino un cambio en el sistema que reduzca la posibilidad de que los políticos que por el momento detentan el poder abusen de él.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 3 de marzo de 2,011.

Foto: Prensa Libre.

Foto inspiradora

No pude resistir postear esta foto. Me parece muy inspiradora. Recordemos que esta gente se está jugando la vida por un cambio hacia mayor libertad. Puede ser que no todo salga como esperan, pero lo están intentando.

Foto: Al-Jazeera