Diputados mal medidos

Es un error medir a los diputados por cuántas leyes aprueban.


Con el fin de año se suele encontraren los medios de comunicación evaluaciones de la labor de los diputados en el Legislativo. Yo considero que esas evaluaciones en general son erróneas ya que miden al Congreso por la cantidad de “leyes” aprobadas y a los diputados por la cantidad de iniciativas propuestas. Esa es una malísima medición e incentiva a los diputados a presentar cualquier mamarrachada que se les ocurra con tal de no aparecer mal calificados.

Por ello no nos debe extrañar que la mayoría de las “leyes” aprobadas tengan serios defectos —por decir lo menos— cuando no ocasionan graves perjuicios a los derechos de los ciudadanos.

Y alguien dirá que “esa” es la labor del Congreso y los diputados: aprobar leyes. Lo cual también es erróneo, ya que esa es una parte de las atribuciones de los diputados, pero no toda. Otro deber que tienen, el cual considero mucho más importante ante la triste realidad de Guatemala, es el de fiscalizar el uso que los funcionarios públicos hacen del dinero de los tributarios. Esa parte la mayoría de la gente parece ignorarla.

En el caso de los diputados, no nos debe extrañar que se hagan los completos locos ante la obligación de fiscalizar, ya que muchos tienen la cola machucada, y si empiezan a hurgar, de seguro se encontrarán con colas de otros sus colegas. En la legislatura que está terminando quedó más que claro que una buena parte del interés —y la inversión— por llegar al Congreso se centra en poder echar mano a muchos millones del presupuesto a través de la ejecución de obras por parte de empresas y ONG vinculadas con los diputados, sus familiares o amigos.

En esta misma legislatura, solo tuvimos unos cuantos ejemplos dignos de admirar de diputadas que intentaron fiscalizar algo de los desmadres que cometió la administración de los Colom. El resto de diputados, bien gracias, prefirieron pasar lo más desapercibido posible, no fuese a ser que se supieran las tranzas en las que estaban metidos.

Ante esa triste realidad, hago un llamado a los medios de comunicación para que se olviden de esa absurda manera de medir a los diputados y les propongo una nueva: que se les juzgue por la cantidad de dinero que encuentren que los funcionarios públicos están robando o malgastando.

Esta creo que es la única forma de alinear los incentivos de la labor de los diputados con algún beneficio real que podamos tener los ciudadanos. De nada nos sirve que aprueben cientos o miles de leyes, si la mayoría solo sirve para fregarnos más. Pero de mucho servirá si encuentran algo de los cientos de millones de quetzales que se pierden anualmente en la gestión poco transparente de los gobernantes.

Y si le quieren dar el “beneficio” de la duda al gobierno que empieza este año, antes de contarle las costillas que se las cuenten al que se va. En los próximos meses tienen que aprobar la ejecución del presupuesto del año pasado, donde de seguro encontrarán muchas cosas anómalas que pueden fiscalizar. Y nosotros los ciudadanos debemos presionarlos para que lo hagan. Y los nuevos gobernantes, que tanto se precian de la transparencia, también debieran presionarlos para que cumplan su trabajo.

Artículo publicado en Prensa Libre el  jueves 5 de enero de 2,012.

Las primeras tranzas

Hay que entender de dónde vienen las cosas.


El gobierno del Partido Patriota (PP) no ha ni empezado y ya comienzan a flirtear con las “tranzas” con tal de lograr sus objetivos. La verdad es que deja mal sabor el arranque del gobierno como lo han venido planteando en el Congreso.

Sin descansar prácticamente nada —lo cual es encomiable—, la nueva administración empezó desde el día después de la elección a mover a sus elementos en el Congreso para comenzar, según ellos, con el pie derecho en el gobierno. Para ello se dedicaron a aprobar a como diera lugar el presupuesto
para el año entrante, subiéndolo un poco de como lo presentó la administración de Colom, y haciendo algunos cambios en las asignaciones.

Luego, quieren aprobar también, a como dé lugar, varios préstamos, la “Ley Antievasión II”, el impuesto al Tabaco y la Ley de Eliminación del Secreto Bancario. Para ello, han tenido que lidiar con la oposición inicial de la UNE y del partido Líder, ambos con pretensiones de utilizar el mismo mecanismo utilizado durante los últimos tiempos por el PP para evitar que las cosas caminen en el Congreso, a saber, la interpelación de ministros. La UNE ya desistió de tal interpelación, y los de Líder están en ese proceso, aunque para ello han planteado una negociación.

La negociación pareciera fuera de lugar, ya que lo que están pidiendo es que se autorice un préstamo, denominado C4i, por medio del cual se pretende comprar radares y aviones brasileños con el supuesto fin de combatir el narcotráfico y el “cambio climático”. Y digo que pareciera fuera de lugar porque no haría mucho sentido la insistencia de Líder por ese préstamo, de no ser por un pequeño detalle: el préstamo es un robo en descampado en el que, según las malas lenguas, los principales beneficiarios son algunos de los financistas de su campaña.

Esta compra la vienen negociando desde hace dos años, inicialmente por US$100 millones y ahora la subieron a casi US$170 millones. Desde hace dos años yo describí en esta columna por qué no se debería autorizar esa compra y los argumentos son aún más válidos ahora con casi el doble de sobreprecio.

Sin embargo, el diputado Villate tuvo el descaro de decir que “los que se opongan son narcos” (S21, 29/11/11, p.3). Pues de una vez le contesto al diputado Villate: ni los radares ni los aviones van a servir contra el narcotráfico. Esta compra solo va a servir para que se roben buena parte de ese dinero de los tributarios.

Y les digo a los del PP, las malas lenguas cuentan también que los mismos financistas participaron en su campaña, por lo que no extrañaría que ustedes también aprueben este funesto robo. Si no quieren que su imagen se siga deteriorando, sepan bien en qué se están metiendo porque el lodo también les podría salpicar.

En cuanto a las otras leyes, también sepan bien en lo que se están metiendo, porque los intereses detrás son mucho más grandes que el suyo de recaudar más impuestos.

Adicionalmente, ¿por qué tanto énfasis en el tema de los ingresos, cuando ni siquiera han dimensionado el efecto de la corrupción que dicen querer combatir? ¿Por qué no poner por lo menos el mismo énfasis en aprobar, por ejemplo, la iniciativa 4410?

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 1 de diciembre de 2,011.

La hora de la verdad

Todos los plazos se cumplen, y este no es la excepción.

Llegó la hora de la verdad. La hora en que todos tenemos la oportunidad de escoger a nuestros “mandatarios” —léase bien; eso significa mandaderos, quienes ejecutan las órdenes, no quienes las dan; estos, por lo menos en teoría, somos los ciudadanos—. Para muchos es un momento de esperanza, de cambio, de mejoras; pero para otros es más de lo mismo: solo cambiar de ladrones, y para otro gran grupo, es una pérdida de tiempo y de recursos, o le es simplemente indiferente. Yo sí creo que las elecciones son importantes, por diversas razones.

La razón más importante es que creo que esta elección permitirá que empiece un cambio en el Congreso. Si bien es cierto, el 80 por ciento de los actuales diputados busca la reelección; no creo que todos lo logren. Y entre los nuevos que lleguen, tengo la esperanza —espero que no ingenua— de que se abra la puerta para comenzar un cambio en el sistema. Lo que realmente necesitamos es una transición hacia una verdadera República, en la cual los mandatarios estén sujetos a la ley y que ni ellos ni la “mayoría” pueda pasar por encima de los derechos individuales de cualquier habitante. Este cambio es necesario para no estar como estamos en estas elecciones, esperando que llegue alguien “no tan malo” o “el menos peor”, ya que de ello dependerán muchas de las decisiones que tomaremos nosotros y, en especial, las que tomarán los inversionistas.

Otro nuevo aspecto que cabe resaltar en estas elecciones es la participación ciudadana por medio de las redes sociales, en particular Facebook y Twitter. Estas elecciones serán las más observadas, y no lo digo por el ejército de observadores nacionales e internacionales, ni por la cobertura de la Prensa, sino por toda la información que estará generando la ciudadanía misma a través de las redes sociales. Esta nueva forma de participación ciudadana, la cual ya rindió sus frutos en la anulación de la inscripción de Sandra Torres, permitirá que los hechos aislados y que antes se conocían pasado mucho tiempo, si es que se llegaban a saber, ahora se conozcan casi en tiempo real, lo cual de alguna manera frenaría el mal accionar de aquellos que quieran entorpecer el proceso electoral.

Este es un perfecto ejemplo de cómo la tecnología ha liberado a las personas y les ha abierto horizontes antes insospechados. Yo estoy convencido de que este es un gran paso, ya que no solo masifica el consumo, sino también la generación de información. Por supuesto, eso presenta otro problema y ahora se hace más importante aún la capacidad de analizar y sintetizar ese océano de información.

Así que este próximo domingo viva la fiesta ciudadana, participe, vote según los dictámenes de su razón y recuerde que lo mejor que podría hacer con su voto es cruzarlo. Sea parte del cambio, utilice las redes sociales para informar lo que sucede a su alrededor. Y si quiere conocer un buen análisis y síntesis de lo que suceda, escúchenos el domingo desde las 6 horas.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 8 de septiembre de 2,011.

¿A qué le temen?

No quieren que se sepan todas las tranzas que hacen bajo la mesa.

Ellos no quieren que se sepa. No quieren que los ingenuos votantes se enteren de lo que ellos hacen bajo el velo del poder y la impunidad. No quieren que cambie el sistema. Les sienta muy bien. La democracia, para ellos, es un sistema perfecto: babosean a los votantes una vez cada cuatro años y luego pueden hacer y deshacer a sus anchas, lejos del escrutinio del público, enriqueciéndose a costa de los fondos que les quitan a los tributarios.

Y lo mejor de todo es que, ocultos bajo el “pleno”, ni siquiera deben rendir cuentas a aquellos que votaron por ellos. Solo se preocupan por lograr que algunas “obras” se hagan en su departamento —de las cuales también obtienen su tajada— y cacarear a los cuatro vientos su gran labor en beneficio de los sufridos, para asegurar otros cuatro años de latrocinio. Sí, está usted en lo correcto, me refiero a los diputados.

La mejor prueba es la decidida oposición de muchos de los diputados a que se haga algo tan aparentemente sencillo —y poco tecnológico, a estas alturas del partido— como votar utilizando un sistema electrónico que permitiría, por un lado, que las votaciones sean más exactas y rápidas, pero por el otro, que se lleve un registro de la decisión que cada uno ha tomado en las votaciones en las que ha participado.

Es absurdo que a estas alturas de la tecnología se siga utilizando el anticuado método de levantar la mano y que algún habilidoso “secretario” cuente mentalmente los votos. Este método, además de arcaico, cuenta con muchas deficiencias, siendo la más importante, creo yo, el que en los casos reñidos sea el dichoso secretario el que pare tomando la decisión. Por supuesto que me pueden decir que no es una persona la que cuenta, sino dos o tres. No importa, podrían ser cinco o 10. Esto solo abonaría al absurdo. Lo importante es que es mucho más eficiente el uso de la tecnología para este menester, especialmente si ya se cuenta con el equipo para hacerlo, instalado en el hemiciclo.

Pero no creo que sea esto lo que inquieta a los diputados. Lo que les ha de preocupar es que el registro de sus decisiones sea público y que la ciudadanía pueda revisar en qué sentido votó en algún caso determinado. Eso, por lo visto, sí le causa pánico a muchos de los diputados. No encuentro otra razón para oponerse al dichoso tablero electrónico.

Puede aducir cualquier excusa, pero yo no encuentro ninguna válida para que las decisiones de los diputados sean secretas. Dirán que no es secreto porque levantan la mano, pero el punto es que no queda registrado en ningún lado cómo votó cada quien.

Lo más importante es que con la existencia de dicho registro será más difícil que los diputados puedan esconder las negociaciones bajo la mesa y las transas que se realizan en el Congreso para aprobar decretos y leyes a conveniencia de algunos.

Por ello creo que es importante que presionemos a los diputados a que se apruebe la iniciativa 4323, que hace obligatorio el voto electrónico. Creo que tienen la harta obligación de hacerlo, ya que la ciudadanía tiene derecho a conocer las actuaciones de sus supuestos “representantes”. Este es por lo menos un pequeño paso para devolverle a la ciudadanía sus derechos y empezar a cambiar el sistema, que es lo que realmente se necesita. No es solo un cambio de personas, sino un cambio en el sistema que reduzca la posibilidad de que los políticos que por el momento detentan el poder abusen de él.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 3 de marzo de 2,011.

Foto: Prensa Libre.

Petición al Congreso - Antejuicio a Colom

Esta es una petición al Congreso para que exija al Ministerio Público el antejuicio contra el presidente Colom y que mientras se resuelve el caso se ponga a Espada de Presidente interino. Les invito a que la hagan circular, que consigan firmas y que las lleven hoy a la manifestación en el Parque Central.

Puede bajar el archivo aquí.

ProReforma al Congreso

La reforma a la Constitución de la República de Guatemala, que promueve la Asociación ProReforma, fue presentada al Congreso el viernes pasado, con el respaldo de más de 73 mil firmas de ciudadanos debidamente empadronados. Ahora empieza el proceso de aprobación.

Según lo establece nuestra Constitución en el artículo 277: “Tiene iniciativa para proponer reformas a la Constitución: ... El pueblo, mediante petición dirigida al Congreso de la República, por no menos de cinco mil ciudadanos debidamente empadronados por el Registro de Ciudadanos”.

Llegar a este primer paso que establece la Constitución ha sido un proceso largo, que ha llevado mucho trabajo de un grupo de profesionales muy calificados, que durante varios años discutieron y elaboraron la propuesta de reformas a la Constitución, que permitieran modificar el sistema lo suficiente para empezar a encaminarnos hacia un verdadero estado de Derecho.

Ya con la propuesta lista, un grupo de ciudadanos preocupados por el futuro de Guatemala fundamos hace casi cuatro años la Asociación Cívica ProReforma. Los siguientes años se dedicaron a dar a conocer la propuesta y recaudar firmas de ciudadanos que entendieran la propuesta y la apoyaran. Fue así como, gracias al trabajo de muchos voluntarios, se logró conseguir las firmas de más de 73 mil personas, debidamente empadronadas, que respaldan esta solicitud de cambios a la Constitución.

El artículo 277 termina así: “…el Congreso de la República debe ocuparse sin demora alguna del asunto planteado”. Así que ahora toca a los diputados cumplir con su obligación y tratar la solicitud de los más de 73 mil ciudadanos.

El proceso siguiente es que la reforma debe ser aprobada por las dos terceras partes del total de diputados (según yo, 106 diputados) y luego debe ser enviada al Tribunal Supremo Electoral para que éste convoque a una Consulta, en la que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de decidir si ratifican o no las reformas.

La etapa que toca ahora, entonces, es la aprobación de la reforma por parte de los diputados. Alguien podría creer que esto es lo más difícil porque podrían creer que toca sus intereses, pero yo creo que no será tan así.

Los diputados deben entender que ya suficientes problemas, acusaciones y desprestigios tienen en el Congreso como para echarse un peso más sobre sus espaldas y que lo más sano para ellos en este momento es lavarse las manos y dejar que sea la ciudadanía quien decida.

Por otra parte, tampoco creo que los diputados quieran echarse en contra a más de 73 mil votantes (más de los afiliados que tiene cualquier partido político actual), con la suficiente iniciativa como para firmar una petición de reforma a la Constitución.

Y esos son solo los que tuvieron esa iniciativa de firmar la solicitud, pero de seguro hay muchos más que apoyan esos cambios y que todavía no han tenido la oportunidad de firmar la solicitud.

La situación actual en Guatemala también abona a la necesidad de cambios en el sistema, y así lo percibe una buena parte de la población, que vive constantemente ante la desesperación de que el sistema no funciona.

¿Se irán a echar encima los diputados la responsabilidad de rechazar la propuesta, o preferirán que sea la ciudadanía quien decida?

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 2 de abril de 2,009.

Sí a la reforma

Ya está probado hasta la saciedad que el sistema político que actualmente tenemos no funciona. La prueba más palpable la encontramos en nuestro diario vivir: no hay seguridad, no hay justicia, no hay “desarrollo”.

Le pueden atribuir las causas que sean. Unos dicen que es por falta de recursos, pero no importa de qué tamaño sea el presupuesto de malgasto de los gobernantes, ni que todos los años crezca considerablemente, la situación sigue de mal en peor. Lo cierto es que todos los gobernantes utilizan la “falta de fondos” como excusa conveniente para los escasos o nulos avances durante su administración, pero lo interesante es que para la corrupción siempre alcanzan los fondos. Irónico, ¿no lo cree?

Otros lo atribuyen a las personas. Dicen que el problema es que no ha llegado la persona “ideal” a la Presidencia. Creen que cuando llegue “esa” persona, la situación se compondrá. Que por el momento tenemos que aguantar a la partida de mediocres que con cada elección llegan a ocupar los altos cargos públicos, pero que si tenemos la suficiente paciencia, algún día vendrá el redentor de los políticos, aquella persona que nos demostrará que si se tiene la honradez, la capacidad y la entrega suficientes, se puede cambiar el rumbo del barco, y nos llevará a una Guatemala de ensueño. Pero ésta no es más que la esperanza de los ilusos. No importa quién llegue a la Presidencia. No importa quiénes lleguen al Congreso. Las pocas diferencias palpables son que unos son más o menos corruptos que los otros, más o menos abusivos que los anteriores, más o menos descarados que los precedentes, pero el resto de ciudadanos nunca ve que su situación de vida mejore.

Estoy convencido de que el problema no son los recursos ni las personas. Estoy plenamente convencido que el problema es el sistema que tenemos actualmente. Y, por lo mismo, estoy convencido de que mientras no cambiemos el sistema, podrán los políticos tener cientos de miles de millones de quetzales a su disposición, podrán llegar las “mejores” personas al ejercicio del poder, pero la situación no cambiará. La única manera de cambiar el rumbo del barco es por medio de un verdadero cambio en el sistema.

Por eso es que desde hace unos años apoyo la propuesta de ProReforma. Este proyecto propone hacer un cambio parcial de la Constitución, sin meterse en la parte “pétrea” de la misma, por lo que es una modificación que solo necesita ser aprobada por las dos terceras partes del Congreso, y luego por la ciudadanía, en una Consulta Popular, sin tener que convocar a una Asamblea Nacional Constituyente ni nada por el estilo.

Los cambios que plantea son pocos y sencillos, pero que pueden llegar a tener una trascendencia increíble en el futuro de todos los guatemaltecos. Su premisa básica es el respeto a los derechos individuales de todos los habitantes de Guatemala y que sea del interés general el que estos derechos individuales se respeten. Proteger la vida, la propiedad y los contratos. Establecer un régimen de verdadero estado de Derecho, en donde las personas vivan por derecho y no por permiso de los gobernantes. La promesa es que un estado de Derecho tiende a reducir la pobreza y la violencia.

A mi manera de ver las cosas, la única solución es un cambio en el sistema, por eso creo que la propuesta de ProReforma es vital para el futuro de nuestro país. Lo invito a que usted mismo revise la propuesta y las premisas que la impulsan en: www.proreforma.org.gt.

Artículo publicado en Prensa Libre el 11 de Diciembre de 2,008.

¿Más corrupción?

El escándalo más reciente en el Congrueso, el de los Q82 millones, no ha hecho más que apuntar los reflectores hacia algo que ya todos percibíamos pero que es muy difícil señalar y más aún probar: la corrupción campea en las instituciones públicas. Y, ¿para eso es que quieren más recursos?

El Congrueso solo es el más reciente de la larga fila de escándalos que en lo que va del año se han hecho patentes en la administración pública, como por ejemplo las acusaciones que existen en el Renap.

Lo que tienen en común estos escándalos es que todos han sido sacados a luz, no por las autoridades encargadas de vigilar que no sucedan (el mismo Congrueso, la Contraloría), sino por investigaciones realizadas por periodistas, publicadas en los medios de comunicación. Según sé, están tras otras pistas, pero estas investigaciones son complicadas y tardadas, ya que no es fácil obtener la información desde afuera.

El punto, al final, es que, así como esto del Congrueso y lo del Renap y cuanto otro escándalo logremos llegar a conocer a través de los investigadores periodísticos, les puedo garantizar que de igual manera se pueden encontrar casos similares a todo lo largo y ancho de la administración pública, incluyendo, por supuesto, el Ejecutivo y las municipalidades. Lo que pasa es que no nos enteramos de ello porque quienes debieran vigilar que no suceda, o por lo menos que suceda lo menos posible, no lo están haciendo.

Y la pregunta del millón es ¿para eso es que quieren más recursos? ¿Por qué en las propuestas de reforma fiscal nunca se habla del gasto, sino solo del ingreso? ¿Por qué siempre se habla de perseguir a los desgraciados que no pagan impuestos, y nunca de perseguir a los desgraciados que se los roban ya en el Gobierno? ¿Por qué?

Ahorita dijeron que van a esperar que se calmen las aguas en el Congrueso para presentar la propuesta fiscal, lo cual la deja ver más todavía como una propuesta oportunista, ya que solo les preocupa que, debido al actual escándalo, la población se enardezca porque presenten su propuesta para incrementar los impuestos.

Pero solo quieren esperar a que se olvide el asunto del Congrueso, como suele suceder en Guatemala, ya que casi no hay día que no surja un nuevo escándalo, y entonces es muy difícil llevarle la cuenta a todos los escándalos. Y así, cuando ya estemos pensando en algún otro problema, la violencia, el transporte, la gasolina, entonces van a aprovechar para presentarlo en el Congrueso y que nadie, o por lo menos no la mayoría, se oponga.

Esa es la triste historia de los políticos oportunistas, y que en esta ocasión no serán la excepción. Lo único que les interesa es cómo le sacan más dinero a los tributarios, para tener más dinero al cual ponerle las manos encima. Por supuesto que siempre saldrán con la excusa de que es por los pobres, para poder hacer más obra, para sacar de la extrema pobreza a algunos guatemaltecos, y cuanta otra excusa bonita y solidaria se les ocurra, pero la triste realidad es que los ingresos que más han subido en la última década son los de los gobernantes, y por ningún lado se ven esos resultados que ellos siempre prometen.

Definitivamente, no debemos aceptar que nos vengan nuevamente con el cuento de los pobres, porque es solo eso, un cuento. La realidad es lo que estamos viendo ahorita en el Congrueso, en Renap y en algunas otras partes de la administración pública. ¿Para eso quieren más impuestos?

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 19 de junio de 2,008.

Sin pena de la muerte

El martes aprobaron en el Congreso la Ley Reguladora de la Conmutación de la Pena para los Condenados a Muerte, con la que se restablece el procedimiento de conmutación de la pena de muerte y se elimina el vacío legal que dejaron Alfonso Portillo y el FRG cuando lo eliminaron. Lo importante de esta aprobación es que se deja libre el camino para que se aplique la condena a los criminales que están en la lista de espera.

La nueva legislación, como lo decía la anteriormente derogada, establece que corresponde al presidente decidir si confirma que se aplique la pena de muerte dictada por los jueces o si, en lugar de que se le aplique esa pena, le concede al reo que se le aplique la pena anterior a ésta, que en otros países sería la cárcel de por vida, pero en Guatemala es la de prisión por 50 años. El presidente no tiene que decidir si el reo es culpable o inocente, eso ya lo determinaron los jueces; lo único que le compete es la severidad de la pena.

Yo creo que esto de la conmutación de la pena es un procedimiento retrógrado, que nos queda como recuerdo de las épocas monárquicas; sin embargo, resulta que nos es impuesta no por algún rey trasnochado sino por los tratados de derechos humanos. En efecto, esto de la conmutación de la pena no está establecido en nuestra Constitución ni como un requisito de nuestra legislación penal, sino que es impuesto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (mejor conocida como Pacto de San José), la que en su artículo 6 dice: “Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente”.

Como aquí no dice exactamente quién es el responsable de tomar dicha decisión, probablemente podría haber sido alguien más, no el presidente, pero la cosa es que alguien tiene que tomar esa decisión.

Como bien lo dice el artículo referido, mientras no se tome una decisión al respecto, no se puede aplicar la pena de muerte, y por eso creo que es un paso importantísimo el que dieron el martes los diputados.

Como no podían hacer algo bueno sin meter la mano peluda, los diputados incluyeron una cláusula de silencio administrativo (según lo reportado ayer en los medios), que de seguro se considerará inconstitucional y que ojalá, de una vez, la corrijan para no entrampar nuevamente las ejecuciones.

Por aquello de las dudas, finalmente, por una vez le atinaron los diputados al sentir de la población, ya que según algunas encuestas, más del 90 por ciento de los guatemaltecos está a favor de que se aplique la pena de muerte. ¿Será eso un indicativo del grado de fracaso que ha tenido el gobierno (me refiero, por el momento, a todos los anteriores) en cumplir esa su función tan primordial de proporcionar seguridad y justicia a los habitantes del país?

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 14 de febrero de 2008.

¿Cambiará algo?

¿Cambiará algo con cambiar a las personas?

A las puertas del cambio de gobierno, la principal incógnita a resolver es si cambiara la situación con la llegada de una nueva administración y un casi-nuevo Congreso. Con todo y las buenas intenciones que algunos o la mayoría de los nuevos funcionarios puedan tener, la triste realidad es que difícilmente cambiará la situación del país.

Cambiarán los rostros, muy probablemente cambiará el "estilo" de administrar la "cosa pública", seguramente cambiarán de "status" económico los nuevos allegados a la silla de los 44 mil millones de quetzales anuales, pero la situación del resto, con la sola excepción de algunas pinceladas, continuará igual.

Y me atrevo a decir que continuará igual porque si realmente queremos cambiar las cosas, se necesita cambiar el sistema. Sólo cambiar a las personas no es suficiente. Cambian los matices pero el sistema sigue igual.

No importa que los nuevos gobernantes vengan con el discurso de que habrán cambios porque ellos son "social-demócratas" ya que, al final de cuentas, el sistema que hemos tenido durante por lo menos los últimos 60 años en Guatemala, indistintamente de que hayan sido gobernantes de "izquierda" o de "derecha", civiles o militares, ha sido un sistema benefactor, mercantilista, basado en principios socialistas.

Durante todo ese tiempo lo único que ha cambiado, y no mucho, es el grado de involucramiento de los gobernantes en la esfera privada de las personas, y cada nueva administración simplemente llega a darle su "sello personal" al mismo sistema. La novedad ahora supuestamente es la "social-democracia", sin embargo, lamento informarle que no es tal la novedad, esta simplemente es una variante más del sistema en el que llevamos inmersos ya bastante tiempo.

Lo que realmente necesitamos es un cambio de sistema. Alejarnos de ese sistema seudo-benefactor mercantilista que sólo ha beneficiado a los gobernantes y a sus amigos pero que en poco ha contribuido a mejorar el nivel de vida de los habitantes del país. Si no me cree, la mejor prueba del rotundo fracaso del sistema son los casi dos millones de guatemaltecos que voluntariamente han votado con sus pies y se han ido a buscar un mejor futuro a otras latitudes, aún a riesgo de perder la vida en el intento.

Lamentablemente, la nueva administración ha dicho claramente que lo que pretende es incrementar el sistema seudo-benefactor mercantilista y no alejarse de él. Si logran su cometido, lo más seguro es que, a pesar de las cada día más estrictas prohibiciones, muchos guatemaltecos sigan emprendiendo la aventura del norte, en la búsqueda de un mejor futuro para ellos y sus familiares.

Así que, no se haga muchas ilusiones; y si usted realmente se interesa por ese cambio del sistema, le invito a que se informe sobre la propuesta de ProReforma en www.proreforma.org.gt .

Publicado en Prensa Libre el jueves 10 de enero de 2008.
Fotografía, Prensa Libre.

Baboseados de nuevo

Nuevamente asustaron a los candidatos con el petate del muerto.

La aprobación, ayer, de la Ley de Adopciones en tercera lectura es un nuevo y triste caso de cómo los presidenciables cayeron de babosos en la trampa que les tendieron los grupos interesados en acabar con la institución de la adopción, al igual que otros (o los mismos) se los babosearon antes de la primera vuelta con la Cicig.

Con la Cicig, les dijeron que, si no la aprobaban, perderían las elecciones porque era un “clamor popular” y la gente se los cobraría en las urnas. Sí, dijeron todos, y se fueron rapidito al Congreso a presionar a sus diputados para que aprobaran la Cicig, no fuera a ser que “el pueblo” en realidad se lo cobrara en las urnas.

Llegaron al colmo de que uno de ellos hasta echó del partido a un diputado que no cayó en la estratagema de los grupos de presión, con la excusa de que no se “alineó” con la política del partido. ¡Pamplinas!, simplemente no tuvieron la entereza para oponerse a la presión.

Cuál no ha de haber sido su sorpresa (si es que se dieron por enterados) de que, apenas unos días después del “trascendental logro” de aprobar la Cicig, un medio de comunicación publicó una encuesta que decía que el 85 por ciento de la población guatemalteca no tenía ni la más remota idea de qué era la dichosa comisión. ¿Se los babosearon? Usted contéstese.

Ahora volvió a sucederles. Solo bastó con que algunos interesados les dieran unos cuantos periodicazos para que a los candidatos nuevamente les temblaran las piernas y ordenaran a sus diputados que aprobaran a marchas forzadas una ley de adopciones, dejándose llevar solamente por los mitos que se han levantado alrededor de éstas.

Cayeron ante el mito de que secuestran niños para “exportarlos” a través de la adopción. Cayeron ante el mito de que la adopción se utiliza para tráfico de niños. Cayeron en el argumento de que la adopción “es un negocio” y nada más.

Lo peor de todo es que cayeron en el cuento de que, con la nueva ley, todo eso se va a arreglar, que ya no va a haber abogados que se enriquezcan con las adopciones, que ya los pobres niños no tendrán que irse de su país sino que serán adoptados por las miles de familias guatemaltecas que están haciendo cola para adoptarlos; que ya no se dependerá de unos avarientos mercaderes de niños, sino que ahora todos serán tiernamente cuidados y protegidos por la burocracia guatemalteca, siempre tan atenta, eficiente y abnegada.

Pues para la información de los candidatos, todo eso es mentira. Les vieron la cara. Lo que va a pasar simplemente es que las adopciones se van a acabar. Los niños que de esa manera tendrían alguna oportunidad de mejorar en la vida estarán condenados a sobrevivir en Guatemala, si bien les va, como niños de la calle, si es que no van a terminar violados y maltratados en algún orfanato gubernamental.

Que les quede en su conciencia. Para la próxima, infórmense bien antes de ponerse a lloriquear ante los periodicazos.

Publicado en Prensa Libre el 4 de octubre de 2007.

Votando Cruzado

El voto cruzado nos “salvó” la vez pasada. ¿Lo hará nuevamente?

Se acerca la fecha de las elecciones generales y creo que desde ya debemos empezar a reflexionar sobre la forma en que votaremos (los que lo haremos, ya que una de las principales tendencias en esta ocasión es la apatía).

Mientras no cambiemos el sistema que tenemos actualmente, creo que la única manera que tenemos los ciudadanos de intentar reducir las posibilidades de que los políticos abusen del poder absoluto es cruzando el voto.

¿Qué quiere decir eso de cruzar el voto? Que no le demos una aplanadora en el Congreso al partido que finalmente obtenga el control del Organismo Ejecutivo. ¿Por qué? Simplemente porque esto equivale a dar a los políticos de ese partido el poder absoluto. Y como lo dijo Lord Acton: “El poder tiende a corromper, el poder absoluto corrompe absolutamente”.

Cuando un mismo partido tiene el control del Organismo Ejecutivo y del Legislativo, el presidente y los líderes del partido pueden hacer lo que les da la gana y solamente utilizar el Congreso como una oficina burocrática de trámite de leyes. El resultado principal es que se pierde lo poco que queda en nuestro sistema del equilibrio del poder y de los chequeos y balances entre los distintos organismos.

Digo lo poco que queda porque tampoco es que nuestro sistema funcione a las mil maravillas y que el Congreso sirva para efectivamente vigilar las actuaciones del Ejecutivo. Pero lo que sí le puedo garantizar es que la situación sería mucho peor si la administración actual hubiese tenido el poder absoluto para controlar el Ejecutivo y el Legislativo.

¿Y cómo hacemos para votar cruzado? Sencillo, vote por quien quiera para el Ejecutivo, pero no vote por los candidatos a diputados del mismo partido. Creo que lo mejor es que no haya ninguna aplanadora en el Congreso, por lo que no sólo piense en los partidos grandes, sino también considere a los candidatos de los partidos pequeños.

Quizá no todo está perdido en Guatemala y encuentre algunos candidatos a diputados que, aunque no sean de los principales partidos, tengan la posibilidad de hacer una buena actuación en el Congreso y quizás, por qué no, hasta encaminarnos en el cambio del sistema al que debemos llegar.

Hago la salvedad de que, incluso con esta opción del voto cruzado, no tenemos garantizado que los diputados vayan a continuar en el partido por el que se postularon para la diputación, o que se tenga certeza de la calidad de las leyes que pudieran generar o derogar, pero de esta opción a que tengamos de entrada cuatro años de partido con una aplanadora, es preferible tomar el menor de los males. Y sigo insistiendo, mientras no cambiemos el sistema que tenemos actualmente, el voto cruzado será la mejor forma de protegernos contra los abusos de poder de los gobernantes.

Publicado en Prensa Libre el 21 de junio de 2007.

La Guerra del Gas

No es función del gobierno interferir en las decisiones voluntarias de los ciudadanos.

Me ha llamado la atención la guerra de campos pagados por medio de los cuales diversas empresas de gas se han estado tirando los platos a raíz del intento en el Congrueso de aprobar una absurda y estúpida legislación sobre la comercialización del gas propano.
La iniciativa en mención, presentada por el diputado José Luis Ortega Torres, denominada oficialmente "Ley de Comercialización del Gas Licuado del Petróleo-GLP", es un mamarracho más del Congrueso en su afán de sobreregular todo.

Argumentan que no existe una legislación "específica" para regular la comercialización del propano. Bajo este argumento, debería existir también una ley "específica" para la comercialización de los bananos, del papel, de las telas, de los trajes, de las camisas o de la carne. Por supuesto, otro diputado podría argumentar que éstas tampoco son lo suficientemente "específicas" y proponer una ley de comercialización de la carne de res, otra para la carne de cerdo, otra para la carne de pollo, otra para la carne de pescado y todavía una más para la comercialización de "otras" carnes. Estúpido, ¿no?

Lo cierto es que ya existe una legislación para la comercialización del petróleo y sus derivados (entre los que se incluye el GLP) que a pesar de sus defectos ha funcionado aceptablemente bien y no sería necesario complicar más la vida de los usuarios del gas propano con nuevas regulaciones.

La ley propuesta es tan absurda que pretende que el Ministerio de Energía y Minas, MEM, establezca un "Inventario Nacional de Cilindros" donde lleve "control" de los más de 5 millones de cilindros que se estima hay en el mercado, de los cuales, muy probablemente cambian de manos unos 3 o 4 millones mensualmente. ¡Se imagina usted notificando al MEM cada vez que vaya a comprar gas!

Luego establece prohibiciones sobre tamaños de los cilindros, se transfiere la propiedad de los mismos a las empresas y se prohíbe que una empresa llene tambos de otras empresas. Todo esto sólo sirve para poner trabas a un mercado que, mal que bien, ha funcionado bastante competitivamente a pesar de no tener todas las "regulaciones" que los diputados quisieran. Una muestra de esa competencia es precisamente esa "guerra del gas" en la que andamos metidos.

No hace falta extenderse más en los contenidos del mamarracho pues las inconsistencias saltan a la vista y demuestran nuevamente que la legislorrea de los diputados no hace más que entorpecer el libre intercambio de bienes y servicios de los ciudadanos. No se asuste si luego los diputados tratan de regular el tamaño de las hornillas de su estufa eléctrica.

Nota: Si quiere conocer más a fondo esta ley, es la iniciativa 3599 y la encuentra en la sección de la Comisión de Energía y Minas del sitio del Congreso: www.congreso.gob.gt/gt/comision_1.asp?id=15

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 10 de mayo de 2,007. Foto Prensa Libre: Mynor De León.

Technorati Tags: Gas, Cilindro, José Luis Ortega Torres, Congreso, Gas Licuado del Petróleo, GLP, Ministerio de Energía y MInas, MEM