La reforma a la Constitución de la República de Guatemala, que promueve la Asociación ProReforma, fue presentada al Congreso el viernes pasado, con el respaldo de más de 73 mil firmas de ciudadanos debidamente empadronados. Ahora empieza el proceso de aprobación.
Según lo establece nuestra Constitución en el artículo 277: “Tiene iniciativa para proponer reformas a la Constitución: ... El pueblo, mediante petición dirigida al Congreso de la República, por no menos de cinco mil ciudadanos debidamente empadronados por el Registro de Ciudadanos”.
Llegar a este primer paso que establece la Constitución ha sido un proceso largo, que ha llevado mucho trabajo de un grupo de profesionales muy calificados, que durante varios años discutieron y elaboraron la propuesta de reformas a la Constitución, que permitieran modificar el sistema lo suficiente para empezar a encaminarnos hacia un verdadero estado de Derecho.
Ya con la propuesta lista, un grupo de ciudadanos preocupados por el futuro de Guatemala fundamos hace casi cuatro años la Asociación Cívica ProReforma. Los siguientes años se dedicaron a dar a conocer la propuesta y recaudar firmas de ciudadanos que entendieran la propuesta y la apoyaran. Fue así como, gracias al trabajo de muchos voluntarios, se logró conseguir las firmas de más de 73 mil personas, debidamente empadronadas, que respaldan esta solicitud de cambios a la Constitución.
El artículo 277 termina así: “…el Congreso de la República debe ocuparse sin demora alguna del asunto planteado”. Así que ahora toca a los diputados cumplir con su obligación y tratar la solicitud de los más de 73 mil ciudadanos.
El proceso siguiente es que la reforma debe ser aprobada por las dos terceras partes del total de diputados (según yo, 106 diputados) y luego debe ser enviada al Tribunal Supremo Electoral para que éste convoque a una Consulta, en la que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de decidir si ratifican o no las reformas.
La etapa que toca ahora, entonces, es la aprobación de la reforma por parte de los diputados. Alguien podría creer que esto es lo más difícil porque podrían creer que toca sus intereses, pero yo creo que no será tan así.
Los diputados deben entender que ya suficientes problemas, acusaciones y desprestigios tienen en el Congreso como para echarse un peso más sobre sus espaldas y que lo más sano para ellos en este momento es lavarse las manos y dejar que sea la ciudadanía quien decida.
Por otra parte, tampoco creo que los diputados quieran echarse en contra a más de 73 mil votantes (más de los afiliados que tiene cualquier partido político actual), con la suficiente iniciativa como para firmar una petición de reforma a la Constitución.
Y esos son solo los que tuvieron esa iniciativa de firmar la solicitud, pero de seguro hay muchos más que apoyan esos cambios y que todavía no han tenido la oportunidad de firmar la solicitud.
La situación actual en Guatemala también abona a la necesidad de cambios en el sistema, y así lo percibe una buena parte de la población, que vive constantemente ante la desesperación de que el sistema no funciona.
¿Se irán a echar encima los diputados la responsabilidad de rechazar la propuesta, o preferirán que sea la ciudadanía quien decida?
Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 2 de abril de 2,009.
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jueves, 2 de abril de 2009
jueves, 6 de julio de 2006
¿Qué debemos cambiar?
¿Cuáles son los cambios propuestos?
He hablado sobre la necesidad de una reforma del sistema y de la propuesta de reforma constitucional de principios que ha hecho la Asociación Proreforma; ahora bien, ¿en qué consisten los cambios propuestos? La propuesta es bastante completa pero me gustaría resumir los cambios principales.
La reforma constitucional de principios establece un sistema bicameral, con funciones distintas para cada cámara: un Senado para promulgar la ley y una Cámara de Diputados para conformar la legislación.
El Senado se encargará principalmente de decretar la Ley, es decir, las normas generales, permanentes y abstractas de conducta justa, que definen los derechos de las personas y, por lo tanto, será esencialmente apolítico. Estará integrado por cuarenta y cinco senadores, de edades entre 50 y 65 años, que durarán en su cargo 15 años y no podrán ser reelectos.
La Cámara de Diputados se encargará de emitir los decretos legislativos necesarios para la operación del gobierno. Será esencialmente política, responsable ante sus electores, y estará integrada por diputados electos para períodos de cuatro años. Esta Cámara se renovará por mitad cada dos años, siendo su número fijo e independiente del aumento de la población, fijándose para tal efecto 23 distritos electorales y dos diputados por distrito, para un total de 46 representantes.
La propuesta establece la forma democrática de remover de su cargo al Presidente de la República, por demostrada incompetencia, extralimitación en el ejercicio de sus funciones, intromisión grave en otros organismos y corrupción. Para tal destitución se necesitan tres cuartas partes del Congreso de la República. Contempla la revocatoria del mandato por un mecanismo de consulta popular.
Se establece también una alternancia en la elección de los Poderes Legislativo y Ejecutivo a través de la elección de la mitad de la Cámara de Diputados cada dos años.
Se impide la legislación casuística o discriminatoria, así como la que concede privilegios a grupos o personas en particular. Así también se establece que, con excepción de los códigos, que serán competencia del Senado y tendrán vigencia indefinida, la legislación ordinaria tendrá una vigencia de 10 años.
Se eleva a dos terceras partes el número de votos necesarios para la aprobación de impuestos y deuda pública. También se prohíbe que los impuestos recaudados se utilicen en obras o partidas presupuestarias diferentes a las de su asignación.
En general, se suprimen muchas disposiciones y relaciones presupuestarias que no corresponden a una Constitución de principios, por ser puramente reglamentarias.
Si quiere conocer mejor el proyecto, lo invito a estudiarlo en el sitio www.proreforma.org.gt donde están detalladas todas las reformas. Y si se convence que es lo que necesitamos, apóyelo.
Publicado en Prensa Libre el 6 de julio de 2006.
He hablado sobre la necesidad de una reforma del sistema y de la propuesta de reforma constitucional de principios que ha hecho la Asociación Proreforma; ahora bien, ¿en qué consisten los cambios propuestos? La propuesta es bastante completa pero me gustaría resumir los cambios principales.
La reforma constitucional de principios establece un sistema bicameral, con funciones distintas para cada cámara: un Senado para promulgar la ley y una Cámara de Diputados para conformar la legislación.
El Senado se encargará principalmente de decretar la Ley, es decir, las normas generales, permanentes y abstractas de conducta justa, que definen los derechos de las personas y, por lo tanto, será esencialmente apolítico. Estará integrado por cuarenta y cinco senadores, de edades entre 50 y 65 años, que durarán en su cargo 15 años y no podrán ser reelectos.
La Cámara de Diputados se encargará de emitir los decretos legislativos necesarios para la operación del gobierno. Será esencialmente política, responsable ante sus electores, y estará integrada por diputados electos para períodos de cuatro años. Esta Cámara se renovará por mitad cada dos años, siendo su número fijo e independiente del aumento de la población, fijándose para tal efecto 23 distritos electorales y dos diputados por distrito, para un total de 46 representantes.
La propuesta establece la forma democrática de remover de su cargo al Presidente de la República, por demostrada incompetencia, extralimitación en el ejercicio de sus funciones, intromisión grave en otros organismos y corrupción. Para tal destitución se necesitan tres cuartas partes del Congreso de la República. Contempla la revocatoria del mandato por un mecanismo de consulta popular.
Se establece también una alternancia en la elección de los Poderes Legislativo y Ejecutivo a través de la elección de la mitad de la Cámara de Diputados cada dos años.
Se impide la legislación casuística o discriminatoria, así como la que concede privilegios a grupos o personas en particular. Así también se establece que, con excepción de los códigos, que serán competencia del Senado y tendrán vigencia indefinida, la legislación ordinaria tendrá una vigencia de 10 años.
Se eleva a dos terceras partes el número de votos necesarios para la aprobación de impuestos y deuda pública. También se prohíbe que los impuestos recaudados se utilicen en obras o partidas presupuestarias diferentes a las de su asignación.
En general, se suprimen muchas disposiciones y relaciones presupuestarias que no corresponden a una Constitución de principios, por ser puramente reglamentarias.
Si quiere conocer mejor el proyecto, lo invito a estudiarlo en el sitio www.proreforma.org.gt donde están detalladas todas las reformas. Y si se convence que es lo que necesitamos, apóyelo.
Publicado en Prensa Libre el 6 de julio de 2006.
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