ANC: Aquí no cuentan

Los politiqueros quieren debilitar la camisa de fuerza que les impide enseñorearse de los demás...

Que no lo engañen. No es por la “modernización” del Estado, ni por el beneficio de las “mayorías”, ni por ayudar a los más pobres, ni por las amenazas del crimen organizado, ni porque los guatemaltecos estemos mejor. No es por ninguna de esas razones por las cuales los politiqueros quieren que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente, (ANC). La verdadera razón es porque no les gusta que la Constitución le ponga límites a su actuar y quieren quitarle todos los candados posibles para enseñorearse de los guatemaltecos, pero especialmente de su dinero. Esa es la triste realidad.

Hay que entender que el concepto detrás de las constituciones es limitar el poder de los gobernantes para que no pasen por encima de los derechos de los habitantes de un país. En pocas palabras, es una camisa de fuerza que limita lo que los políticos pueden hacer para que no se enseñoreen de un país. Es la principal garantía que tenemos los habitantes de un país de que los políticos no se aprovecharán del uso de nuestros recursos para convertirnos en súbditos y esclavos.

Y estas garantías están establecidas principalmente en la primera parte de la Constitución, la parte “dogmática”, la cual no puede ser modificada sino por una Asamblea Nacional Constituyente. De ahí que no nos debe extrañar que los politiqueros quieran aprovechar esta oportunidad para hacer cambios aquí, que es donde pueden librarse de algunos de esos candados que tanto les pesan.

Hay que hacer notar que la ANC solo es necesaria para cambiar el capítulo de los “Derechos Individuales”, por lo que la pregunta del millón es: ¿por qué les interesa a los políticos que se puedan cambiar los derechos individuales consignados en la Constitución?

Yo creo que ninguna consideración actual es lo suficientemente grande como para arriesgar que nuestros derechos individuales sean manoseados por los políticos de turno. Si al tema de seguridad se refiere, ya tenemos el ejemplo que ni a los políticos ni siquiera a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad les ha importado violar los derechos individuales consignados en la Constitución, al aprobar y sostener violaciones a los mismos, como por ejemplo la intercepción de llamadas telefónicas. Si no les ha importado pasarse la Constitución por el arco del triunfo en aras de la “seguridad”, ¿qué podemos esperar que no hagan cuando tengan a su disposición poder eliminar cualquier derecho de los ciudadanos que a los políticos les estorbe?

¿Se necesitan cambios a la Constitución? Definitivamente. Pero no cualquier cambio y especialmente no aquellos que puedan reducir nuestros derechos individuales. El convocar a una Asamblea Nacional Constituyente es completamente inaceptable desde todo punto de vista. No se necesita para reformar lo que los políticos dicen que quieren reformar. No deje que los politiqueros lo engañen con ese cuento y al final le digan lo que para ellos representa una ANC: los ciudadanos y sus derechos Aquí No Cuentan.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 7 de junio de 2,012.

Su pasado los alcanzó

Uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras.

“Ellos cuentan con la complicidad del Ejecutivo, y con los atropellos vividos la semana pasada, un fraude es evidente”, fueron las palabras del candidato Álvaro Colom el 31 de julio del 2003, cuando se oponía a la inscripción de Efraín Ríos Montt como candidato presidencial, argumentando que era una “flagrante violación de la Constitución” y que por lo tanto harían todo lo posible para impedirla.

Pero no fue solo el candidato Colom quien se opuso fervientemente a dicha candidatura; también lo hizo su esposa, Sandra Torres de Colom. Ella participó en la Alianza contra la Impunidad (ACI), haciendo campaña en contra de la inscripción del susodicho general.

Las declaraciones de los integrantes de esta organización fueron categóricas: “Lamentamos profundamente la existencia de magistrados, sin mayúscula y sin honorabilidad, que han acertado un duro golpe al estado de Derecho y se han convertido en la vergüenza del pueblo, haciendo de su profesión un sucio negocio político y transformando a una institución como la Corte de Constitucionalidad en un circo”.

Continúa la nota: “La ACI dice que fomentar la impunidad debe ser penalizado, máxime cuando se trata de ‘profesionales’ que fueron comprados para emitir un voto inconstitucional y quienes debieran ser ejemplo de defensa del orden constitucional”.

De seguro a los Colom nunca les pasó por la mente que, ocho años después, iban a estar del otro lado de la cerca, siendo ahora ellos los acusados de “violar la Constitución”.

Eso le suele suceder a la gente que es categórica e implacable para criticar a otros sin siquiera percatarse de su propio techo de vidrio ni mucho menos reflexionar que las acusaciones emitidas pueden regresar a perseguirles con el andar del tiempo.

Por eso la sabiduría popular dice que uno es dueño de su silencio, pero esclavo de sus palabras. Especialmente si las palabras que uno emite quedan registradas, como suele ser en el caso de los personajes públicos (y de quienes escribimos).

Y eso es exactamente lo que le sucede ahora a la pareja presidencial. Sus palabras han vuelto para perseguirles. Y aunque el artículo que se les aplica a ellos es uno distinto al del general, la controversia es la misma, lo más probable es que se deba dirimir de la misma manera y, por si eso no fuera suficiente coincidencia, deberá también ser solucionado por magistrados de la Corte de Constitucionalidad sobre los cuales podrían recaer exactamente las mismas acusaciones que ellos hicieran en su momento, es decir que su nombramiento se debió a su disposición para violar la Constitución con tal de agradar a sus “jefes”. Irónica la vida, ¿no?

Pero no cante usted victoria, porque la sabiduría popular tiene sus excepciones, entre las que destacan los politiqueros (algunos dirán que también los abogados). Para este grupo no importa lo que hayan dicho sus anteriores palabras, estas siempre se pueden cambiar, ampliar, explicar, justificar y, en última instancia, negar y atribuirlo todo a una conspiración de mala fe en su contra.

Dentro de poco veremos un ejemplo de esta incongruencia y desfachatez en vivo y a todo color.

El candidato Colom decía en aquel entonces: “Pareciera que ahora los zanates les disparan a las escopetas”. En efecto, presidente Colom, “pareciera que ahora los zanates les disparan a las escopetas”.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 17 de marzo de 2,011.
Foto: La Hora.

ProReforma Democrática

Lo más democrático que se puede pedir es que sea la población la que decida...

La solicitud de reformas a la Constitución que presentó la asociación ProReforma al Congreso, con la participación de más de 73 mil ciudadanos guatemaltecos debe ser puesta a consideración de toda la población, para que sea esta la que decida si la aprueba o no. Si supuestamente “toda” la gente se opone, ¿cuál es el miedo de realizar una Consulta Popular?

ProReforma es el mejor ejemplo que tenemos en Guatemala de un grupo de personas que se unen porque quieren vivir y dejar a la posteridad un mejor país que el que encontraron, y lo pretenden hacer a través de los mecanismos pacíficos y de derecho que nuestro marco constitucional actual establece.

A diferencia de muchos otros, no utilizamos la violencia, ni la coerción, ni las amenazas, ni el asesinato, ni los secuestros, ni siquiera las “medidas de hecho” con las que pretenden o han pretendido en el pasado imponer por la fuerza su visión del mundo a los demás.

Somos un grupo de personas pacíficas, preocupadas por la terrible realidad actual de Guatemala y convencidas de que el problema principal no es necesariamente las personas que nos han gobernado —lo que no los exculpa de sus errores y pecados—, sino el sistema actual de incentivos perversos que nos ha llevado a los resultados que tenemos hoy.

Estamos convencidos de que para resolver los problemas hay que ir a las raíces, a las causas, y no contentarnos con “podar” las ramas. Por ello es que proponemos estas reformas a la Constitución, con el fin de acercarnos a un verdadero estado de Derecho a través de fortalecer los derechos de todos los habitantes de Guatemala, que todos vivamos bajo las mismas reglas, y establecer los incentivos correctos para que, en el mediano plazo, las instituciones encargadas de velar por la seguridad y porque se imparta justicia funcionen mejor de lo que lo hacen en la actualidad. ¿Es eso mucho pedir?

Sin embargo la propuesta ha encontrado oposición, principalmente de grupos y personas interesados en mantener el status quo, quizá porque son muy conscientes de que si pasa ProReforma se les reducirán considerablemente las posibilidades de maximizar la frase de Frederic Bastiat: “El Estado es esa ficción por medio de la cual, todos buscan vivir a expensas de todos los demás”. Pero también hay gente que se opone porque sinceramente cree que los cambios propuestos no van a mejorar la situación.

A quienes se oponen les pregunto: ¿No es mejor dejar que sea la ciudadanía quien decida? ¿No es una de las partes medulares de la “democracia” el que los ciudadanos puedan participar y decidir lo que mejor les conviene como sociedad? ¿O acaso no creen en ese método de hacer gobierno? ¿Cuál es el problema de preguntarle al pueblo?

Los diputados tienen en sus manos una gran responsabilidad. Si en esta ocasión que se están siguiendo todos los pasos que establece la Constitución, que no se viola ninguna de las normas que la misma establece, que no se intenta cambiar ningún artículo que la Constitución lo impida y todo se hace de manera correcta, legal, pacíficamente, sin recurrir a la fuerza ni a las amenazas, ellos se oponen e impiden que esta propuesta sea puesta a disposición de la ciudadanía y que sea esta quien decida, el mensaje que estarán dando es que en Guatemala, en efecto, lo que vale son las “medidas de hecho” y que lo que hay que hacer son bochinches, paralizar el tránsito y que entonces así sí lo oirán los diputados. ¿Es eso lo que queremos?

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 4 de febrero de 2,010.

Foto: Luis Soto, elPeriodico

El enemigo perfecto

Lo perfecto es enemigo de lo bueno.

Los argumentos para oponerse a ProReforma van desde los muy bien pensados e intencionados hasta los verdaderamente absurdos y malintencionados. Uno de los primeros compara la propuesta de ProReforma con una Constitución ideal y perfecta, para luego descalificarla porque no llega a ese ideal y no es perfecta. Creo que ese tipo de comparación es un error; si se quiere comparar con algo, debe comparársele con la realidad actual.

¿Y cuándo se ha hecho esa comparación contra el ideal?, preguntará alguien. Pues se hace siempre que alguien utiliza el argumento de que la propuesta está bien pero debería también incluir esto o aquello, que se debería aprovechar para modificar también esto otro, y así sucesivamente. Y como ProReforma no propone esas cosas adicionales que la convertirían en una propuesta “perfecta” para la persona en cuestión, entonces la descalifica porque no es lo “suficientemente” buena como podría ser.

Y hay que ser muy claros al afirmar que la reforma que se propone no es perfecta, y nunca lo será; a lo más que podemos aspirar es a dar pasos que nos permitan ir mejorando en la dirección correcta.

Pero, ¿por qué no buscar de una vez ese ideal? podría preguntarse más de alguien. Le voy a explicar por qué.

Voy a basar mis argumentos en un proverbio de uso conocido que reza: Lo perfecto es enemigo de lo bueno.

No existe tal cosa como la perfección ni lo ideal. Estos conceptos varían de persona a persona y nunca, pero nunca, se puede llegar a un consenso de que algo es perfecto para todos. Trataré de explicarlo de la siguiente manera:

Como parte de la campaña de difusión de ProReforma se presentaba un anuncio que incluía la fotografía de una chatarra como analogía a nuestro actual sistema de gobierno, y la comparación no podría ser más acertada porque, efectivamente y gracias a un sistema de privilegios e incentivos perversos, nuestro país actualmente es una carcacha oxidada, sin llantas y corroída —y deje eso, agréguele “tirada” y nos entenderemos mejor—. Las instituciones de seguridad y justicia son, en lugar de insecticida, un abono fecundo para que delincuentes nos tengan de rodillas y viviendo en una constante paranoia.

Si usted fuera dueño de una de estas chatarras y quisiera hacer uso de ellas, pensaría primeramente en hacer los cambios necesarios para que el vehículo tenga llantas, que funcione el motor y se apreste a encender, y no pensaría en ponerle aros de aluminio, pintura de la era espacial o instalar un equipo de sonido como el del estadio Santiago Bernabeu.

Hoy los guatemaltecos tenemos en la propuesta de ProReforma la mejor opción para hacer caminar a un país que está totalmente estancado, corroído y desmantelado. Es la oportunidad para empezar a movernos hacia ese futuro mejor que soñamos para nosotros y para nuestros hijos. Seguramente cuando nuestro país haya arrancado y se mueva en una mejor senda que la actual, otros cambios que sean oportunos podrían hacerse, pero lo primero es lo primero y quiero reiterar que lo perfecto es enemigo de lo bueno, y lo único que los argumentos del perfeccionismo ocasionan es el estancamiento y continuidad de ese proceso de podredumbre que nos acerca más y más hacia la debacle del país.

No sé usted, pero yo creo que ya no tenemos tiempo de estar pensando en ponerle alas o un cohete de propulsión a chorro a Guatemala. La decisión está entre la inanición o el movimiento.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 1 de Octubre de 2,009.

¿Y la Constitución?

Foto: El Heraldo de Honduras.

Mientras no se hagan respetar las Constituciones, los politiqueros siempre harán de las suyas.

La principal lección que nos deja la crisis actual en Honduras es que las Constituciones de los países deben respetarse, y que a los politiqueros del mundo, lo que digan de las mismas, les viene del norte; mientras las puedan violar impunemente.

Creería que casi a nadie le queda la duda de que Mel violó flagrante y repetidamente la Constitución hondureña, si hasta él mismo lo reconoció tímidamente en su discurso en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La violó desde el 2008, al no enviar el presupuesto de este año y utilizar las cuentas del Gobierno a su discreción y sin control. La violó con todo el proceso de la “cuarta urna” y, en este caso, adicionalmente desobedeció sentencias judiciales. Estas violaciones eran suficientes para quitarle el antejuicio, entablarle juicio y separarlo del cargo.

Sin embargo, también creo que aunque Mel logró lo que pocas personas en la historia han conseguido, como es unificar a todas las instituciones gubernamentales, a casi todos los partidos políticos, el suyo incluido, a muchas organizaciones y a la mayoría de la población en su contra, no se siguió el debido proceso para hacerlo pagar sus repetidas violaciones a la Constitución. Y esto fue un grave error que cometieron quienes lo removieron. Error que ahora están pagando por medio de la “condena” internacional.

Lo correcto debió ser que el Congreso le quitara el antejuicio, luego de que se le entablara un proceso y que por ello se le separara del cargo. Si era necesario encarcelarlo, pues se le debió apresar en una cárcel hondureña y no echarlo del país. Si Mel regresa, habrá que seguir el debido proceso para enjuiciarlo.

Y aquí es donde entra la doble moral de los politiqueros de la región. Ahora todos se rasgan las vestiduras e invocan la Carta Democrática Interamericana de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para restaurar a Mel como presidente de Honduras, cuando hace no muchas semanas hasta él mismo la calificó de “babosada”, ya que obstaculizaba el ingreso de Cuba a la OEA. En comparación, me llama la atención la declaración de la Human Rights Foundation, la cual solicita a la OEA activar la Carta Democrática contra el nuevo Gobierno de Honduras, pero, a la vez, critica a Insulza por no activarla contra los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador porque, a su criterio, estos gobiernos también violan la Carta Democrática.

Es interesante que ni en la OEA ni en la ONU se le haya dado importancia a las violaciones constitucionales de Mel. ¿Será que para ellos las violaciones constitucionales solo son importantes cuando se hacen contra uno de “ellos” (y no me refiero a los “países”, sino a los políticos), pero si es uno de “ellos” quien las comete, no tiene importancia? Esa parece ser la “moral” de los politiqueros miembros de la OEA y la ONU. Y eso sin mencionar el caso de Irán.

Pero más cercano a nosotros, los presidentes de Nicaragua, El Salvador y Guatemala decidieron “cerrar” las fronteras con Honduras para todo el tránsito comercial. Y yo me pregunto ¿en qué parte de la Constitución de Guatemala se basó el presidente Colom para arrogarse tal autoridad? ¿Será que la excusa de la “prioridad de recuperar el orden institucional en Honduras” es suficiente para que en Guatemala el presidente haga un rollito de papel toilet con la Constitución?

Insisto, mientras no hagamos respetar nuestras constituciones, los politiqueros locales las violarán impunemente, de una u otra forma. ¡Urge ProReforma!

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 2 de julio de 2,009.

ProReforma al Congreso

La reforma a la Constitución de la República de Guatemala, que promueve la Asociación ProReforma, fue presentada al Congreso el viernes pasado, con el respaldo de más de 73 mil firmas de ciudadanos debidamente empadronados. Ahora empieza el proceso de aprobación.

Según lo establece nuestra Constitución en el artículo 277: “Tiene iniciativa para proponer reformas a la Constitución: ... El pueblo, mediante petición dirigida al Congreso de la República, por no menos de cinco mil ciudadanos debidamente empadronados por el Registro de Ciudadanos”.

Llegar a este primer paso que establece la Constitución ha sido un proceso largo, que ha llevado mucho trabajo de un grupo de profesionales muy calificados, que durante varios años discutieron y elaboraron la propuesta de reformas a la Constitución, que permitieran modificar el sistema lo suficiente para empezar a encaminarnos hacia un verdadero estado de Derecho.

Ya con la propuesta lista, un grupo de ciudadanos preocupados por el futuro de Guatemala fundamos hace casi cuatro años la Asociación Cívica ProReforma. Los siguientes años se dedicaron a dar a conocer la propuesta y recaudar firmas de ciudadanos que entendieran la propuesta y la apoyaran. Fue así como, gracias al trabajo de muchos voluntarios, se logró conseguir las firmas de más de 73 mil personas, debidamente empadronadas, que respaldan esta solicitud de cambios a la Constitución.

El artículo 277 termina así: “…el Congreso de la República debe ocuparse sin demora alguna del asunto planteado”. Así que ahora toca a los diputados cumplir con su obligación y tratar la solicitud de los más de 73 mil ciudadanos.

El proceso siguiente es que la reforma debe ser aprobada por las dos terceras partes del total de diputados (según yo, 106 diputados) y luego debe ser enviada al Tribunal Supremo Electoral para que éste convoque a una Consulta, en la que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de decidir si ratifican o no las reformas.

La etapa que toca ahora, entonces, es la aprobación de la reforma por parte de los diputados. Alguien podría creer que esto es lo más difícil porque podrían creer que toca sus intereses, pero yo creo que no será tan así.

Los diputados deben entender que ya suficientes problemas, acusaciones y desprestigios tienen en el Congreso como para echarse un peso más sobre sus espaldas y que lo más sano para ellos en este momento es lavarse las manos y dejar que sea la ciudadanía quien decida.

Por otra parte, tampoco creo que los diputados quieran echarse en contra a más de 73 mil votantes (más de los afiliados que tiene cualquier partido político actual), con la suficiente iniciativa como para firmar una petición de reforma a la Constitución.

Y esos son solo los que tuvieron esa iniciativa de firmar la solicitud, pero de seguro hay muchos más que apoyan esos cambios y que todavía no han tenido la oportunidad de firmar la solicitud.

La situación actual en Guatemala también abona a la necesidad de cambios en el sistema, y así lo percibe una buena parte de la población, que vive constantemente ante la desesperación de que el sistema no funciona.

¿Se irán a echar encima los diputados la responsabilidad de rechazar la propuesta, o preferirán que sea la ciudadanía quien decida?

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 2 de abril de 2,009.

Legalización de las drogas: ¿una blasfemia?

Mi artículo de ayer generó bastante controversia, principalmente porque la mayor parte de gente considera que utilizar drogas es malo, daña a la persona que la usa, y por tanto hay que evitar que la use. Yo no niego que utilizar droga sea dañino para la persona que lo hace, lo que es más, yo nunca he utilizado drogas, ni creo que sea bueno hacerlo, ni le recomendaría a nadie hacerlo y hasta trataría de convencerlo de que no lo haga. Pero de eso a querer imponerle esa convicción personal a la fuerza a los demás, hay mucha diferencia. De hecho, creo tanto en la libertad, que considero que cada persona tiene el derecho de hacer con su vida lo que quiera (incluso acabarla), siempre y cuando no viole el mismo derecho que tienen todos los demás. Eso para mi, resume la verdadera libertad.

Lo que yo digo, y creo que hay abundante evidencia, es que prohibir que alguien utilice drogas porque lo puede dañar a él, es incorrecto. El argumento que utilizan algunos para justificar esto es que bajo el efecto de las drogas podría cometer actos violentos o criminales en contra de los demás, y que por tanto, no hay que permitirle esa oportunidad. El problema es que este es un caso perfecto de la medicina que sale más costosa que la enfermedad, ya que por tratar de evitar que esta persona se haga daño a sí misma, o que pueda dañar a otros, se hace un daño mucho más grande a todos los miembros de la sociedad, del que se haría si algunos de los que consumieran la droga actuaran criminalmente.

Hacer ilícito el consumo de drogas hace que sea un negocio apetecible y muy enriquecedor para las mafias, quienes no escatimarán esfuerzos para asegurar su negocio, lo que genera una gran violencia, criminalidad, corrupción y, en general, un costo demasiado alto que debemos pagar todos los miembros de la sociedad, aunque ni consumamos, ni negociemos con los dichosos estupefacientes.

La gráfica que adjunto en este post es un reflejo precisamente de cómo la criminalidad ha aumentado cuando han habido negocios "prohibidos"; el primer pico data de la época de la prohibición del licor en Estados Unidos, y el segundo coincide con el período de la "guerra de las drogas". La tomé de un excelente artículo que revisa el caso de la prohibición del licor en la década de 1920 y la compara con la prohibición de las drogas en el último cuarto del siglo pasado. En el artículo se analizan varios aspectos incluído uno muy importante sobre el derecho constitucional en EStados Unidos, donde analiza que para hacer valer la "ley seca" se debió hacer un cambio constitucional, mientras que para implementar la "prohibición de las drogas" se pasó por encima de los preceptos constitucionales de aquel país.

Otro punto que el artículo recalca es que, si lo que se quiere es evitar que algunas personas se dañen a sí mismas por medio de las drogas, la "guerra contra las drogas" ha sido un completo fracaso ya que lo único que ha logrado es encarcelar y arruinarle la vida a muchísimos de esos que supuestamente dice querer "proteger". Y eso sin contar la innumerable cantidad de personas inocentes, a lo largo y ancho del mundo, que han sido afectados por los "efectos secundarios", tanto del narcotráfico como de quienes dicen combatirlo.

El artículo realmente es muy bueno y yo le recomiendo muy especialmente leerlo, ya que es muy ilustrativo. Lamentablemente sólo lo encontré en inglés y ahorita no lo puedo traducir. Si quiere leer algo en español, le recomiendo el libro de Alberto Benegas Lynch (H) que recomendé en mi artículo de ayer.

El tema da para mucho, por lo que los invito a seguir estudiándolo y a discutirlo.

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