Para mi, es cuestión de principios.
Los recientes artículos que publiqué sobre la legalización de las drogas han motivado la discusión entre mis lectores. He recibido todo tipo de comentarios, desde unos muy respetuosos y bien intencionados hasta otros no tanto, lo cual es bueno, porque considero que es un tema que debemos debatir y discutir públicamente, y no cerrarnos simplemente por prejuicios. El argumento principal presentado a favor de continuar con la penalización de las drogas es que estas crean adicción, arruinan la salud y la vida de sus adictos y ocasionan problemas que llevan a la desintegración de la familia y de la sociedad.
Estas consecuencias son suficientes para que muchas personas justifiquen la penalización de su consumo y la consecuente guerra contra el narcotráfico.
Argumentos parecidos fueron los que motivaron la “prohibition” o ley seca en EE. UU., en las décadas de 1920 y 1930. De hecho, el senador Michael Volstead, impulsor de la nueva norma, declaró con optimismo: “El demonio de la bebida hace testamento. Se inicia una era de ideas claras y limpios modales.
Los barrios bajos serán pronto cosa del pasado. Las cárceles y correccionales quedarán vacías; los transformaremos en graneros y fábricas. Todos los hombres volverán a caminar erguidos, sonreirán todas las mujeres y reirán todos los niños. Se cerraron para siempre las puertas del infierno.”
Pero lo que la historia nos muestra es que pasó todo lo contrario y no fue sino hasta después de varios años, millones de dólares en gastos para el Gobierno y una mafia poderosa y violenta, que los gobernados y gobernantes entendieron que el camino no era mantener la prohibición, sino levantarla y dejar que nuevamente los ciudadanos decidieran en forma responsable sobre sus actos y la forma en que deberían llevar sus vidas.
Yo sé que las drogas pueden arruinar las vidas de las personas que las consumen. Sé también que pueden tener efectos dañinos en su salud. Pero creo que esas no son razones suficientes para que los gobernantes se inmiscuyan en las decisiones privadas de cada persona. Creo que todas las personas tenemos el derecho de tomar nuestras propias decisiones sobre lo que queremos y podemos hacer, una vez estas decisiones no afecten el igual derecho que tienen todos los demás —con algunas calificaciones, como, por ejemplo, la minoría de edad—.
Amplío. Si alguien desea consumir drogas, licor o cigarros, a sabiendas de que pueden producirle un daño, está en todo su derecho. Ahora bien, si, bajo el efecto de alguna sustancia, comete una infracción o delito, debe pagar las consecuencias —con agravantes— de esa infracción o delito que cometa.
Esa creo que es la forma correcta de enfrentar los “vicios”. Prohibirlos por ley, por muy bienintencionadas y moralistas que puedan parecer las motivaciones de quienes así lo propongan, ya está comprobado hasta la saciedad, a lo largo de miles de años de historia, que no funciona. Y no se necesita siquiera conocer esa historia; en la actualidad podemos ver que a pesar de la guerra contra las drogas, cualquier persona, especialmente menores de edad, en cualquier parte del mundo, puede conseguir estupefacientes en el momento que así lo desee.
Pero las consecuencias funestas del tráfico ilegal de drogas como consecuencia de esa prohibición las sufrimos y pagamos millones de personas que no tenemos nada que ver en el asunto. ¿Es eso correcto? No.
Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 21 de julio de 2,011.
