jueves, 26 de enero de 2012

La Reforma

Si no pensamos en el largo plazo, nunca lo alcanzaremos. 

La administración de Otto Pérez Molina al parecer se ha propuesto como uno de sus objetivos principales que a como dé lugar se apruebe su reforma fiscal. Creo importante hacerle un llamado al presidente y su equipo a que piense bien los pasos por seguir, ya que cualquier decisión que tomen tendrá repercusiones por mucho tiempo. Si realmente están interesados en el futuro de Guatemala, creo que deben considerar no solo lo que les “conviene” al Gobierno y a los gobernantes, sino lo mejor para todos.

Porque el argumento utilizado siempre, incluyendo en esta ocasión, para justificar los paquetazos fiscales es que el dinero no alcanza. Pero creo que es más importante pensar en hacer lo necesario para que la mayoría esté mejor y no solo que los gobernantes tengan más recursos.

Desde hace mucho tiempo he propuesto acciones que considero, en el largo plazo, son las que mejor contribuirían a que todos estemos mejor, tanto los ciudadanos como los gobernantes. Lamentablemente, me he encontrado con muchas personas, incluso políticos, que están de acuerdo con que eso es lo que se debería hacer, pero el problema es que “de seguro va a tomar mucho tiempo para que se vean los resultados, y los gobernantes no cuentan con ese tiempo”.

En efecto, creo que toma tiempo para que se vean los resultados de las soluciones correctas, pero esa no es excusa para no tomarlas, ya que entonces estamos condenados a que siempre se tomarán malas decisiones, a sabiendas de sus consecuencias, ya que el largo plazo es muy largo para los gobernantes de turno.

Si este es el caso, por lo menos deberían ser sinceros y reconocer que no están tomando “decisiones de Estado” preocupados por el bien de la mayoría, sino que lo que les interesa es poner sus manos en la mayor cantidad de dinero de los tributarios —y eso sin considerar que pueda utilizarse para la corrupción, sino aún considerando que lo van a utilizar de manera correcta—, y hacerlo ya, porque su tiempo es muy corto.

Y ¿cuáles son esas decisiones que creo que se deberían tomar? Pues si realmente quieren que todos los guatemaltecos prosperemos, lo que debemos buscar es incentivar la inversión, que es la única manera a través de la cual se puede generar riqueza. La mejor política contra la pobreza es crear riqueza. No hay de otra. Toda acción que hagan los gobernantes para “combatir la pobreza” no es más que un placebo, si no se está generando más riqueza.

Lo ideal sería eliminar el ISR, cuyo efecto directo es desincentivar las inversiones y, por tanto, a quienes más afecta es a los pobres que no encuentran empleo porque no hay suficiente inversión, pero como sé que eso nunca lo aceptarán, por lo menos se debería tratar de que obstaculice lo menos posible las inversiones. De los regímenes que tienen actualmente, considero que al que deberían bajarle la tasa es al general, el del 5%, ya que eso incentivaría a más personas y empresas a pasarse a ese régimen, a la vez que podría conducir a reducir la informalidad. El efecto: se desperdiciarían mucho menos recursos, tanto del lado privado como del de la SAT en estar jugando al gato y al ratón en el régimen optativo y se sentarían las bases para ampliar la base tributaria.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 26 de enero de 2,012.

jueves, 19 de enero de 2012

Ni PIPA ni SOPA

Como bien lo dice Google: terminen con la piratería, no con la libertad.

En estos últimos días y con más fuerza durante esta semana se ha estado regando por la red una iniciativa en contra de SOPA y PIPA. Para quienes desconocen qué significan estos términos, la primera no es la deliciosa preparación contra las gripes que nuestra abuelita nos hacía cuando enfermábamos, y la segunda no es la pipa de Popeye, el Marino.

SOPA, que traducido sería Ley del Cese a la Piratería en Línea, y PIPA, Ley de Protección a la Propiedad Intelectual, son leyes impulsadas por algunos congresistas gringos, con el supuesto fin de combatir la piratería y defender la “propiedad intelectual”. Son apoyado$ principalmente por las industrias del cine y las casas disqueras, quienes aducen estar perdiendo su negocio por causa de la piratería.

Sin embargo, el efecto de esta ley es establecer mecanismos de censura e intromisión en internet, muy parecidos a los que el Gobierno de Estados Unidos ha criticado en China, Irán, Siria y durante la Primavera Árabe.

Pero si eso pasa en Estados Unidos, ¿por qué me afectaría a mí en Guatemala?, podría usted preguntarse. La respuesta es que no solo le afectará a usted, sino también a millones de personas alrededor del mundo, tal como la prohibición de la producción, venta y consumo de drogas. Sucede que en EE. UU. se encuentra concentrada la mayor parte de la infraestructura de internet, así como casi todos los servicios y sitios que utilizamos diariamente, los cuales se verán afectados por esta censura. Allá también se alojan los registros de los dominios genéricos —.com, .org, .net, etc.—, que si bien son utilizados en todas partes, debido a estas leyes podrán ser inhabilitados en caso de ser denunciados o tener relación con un sitio que “infrinja” las famosas leyes.

Y ¿qué es lo que penalizan estas leyes? El proyecto de ley originalmente propuesto permite que tanto el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como los propietarios de derechos intelectuales, puedan denunciar aquellos sitios de internet que permitan o faciliten la violación de los derechos de autor. Hasta allí todo parecería inocuo y “legítimo”. El problema es que a partir de allí establecen requerimientos para que todos los sitios en internet bloqueen el acceso y los vínculos a esos servidores, so pena de volverse cómplices y corresponsables de la violación.

De tal suerte que muchos servicios y servidores se verían obligados constantemente a estar bloqueando vínculos, servicios de pago, servicios de anuncios, etcétera, a cualquier servidor al que se le califique de sospechoso, aun sin orden judicial, y en cualquier parte del mundo, no solo dentro de la jurisdicción de la “ley” —Estados Unidos—.

El efecto práctico, como bien lo han previsto muchos, es que las empresas empezarán a autocensurarse y a revisar todo el material que los usuarios suban, no vaya a ser que los acusen de “violadores”. Esa libertad que ha permitido no solo el desarrollo de muchas nuevas tecnologías sino también una interacción y participación mayores de la población se perderá. En pocas palabras, es la nueva manifestación del big brother que se resiste a morir.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 19 de enero de 2,012.

Imágen original de www.derechoaleer.org

jueves, 12 de enero de 2012

La calificación

Alvaro Colom cree que salió bien calificado: vivirá y morirá engañado.


En los postreros días del gobierno de Álvaro Colom, ante la ausencia de reconocimiento alguno, él mismo se ha calificado con un 8 sobre 10 y hecho que le otorguen absurdamente “condecoraciones” oficiales como un tributo a su supuesta labor. Indigno, aunque adecuado, final para un desastroso gobierno al que casi todos los demás queremos sepultar en el hoyo más profundo de la historia.

No me atrevería a calificarlo como el peor de la historia de nuestro país, ya que no viví bajo muchos de ellos, pero sí lo puedo calificar como el peor entre los que he vivido ya con un poco de conciencia de lo que pasaba alrededor mío.

Y más cuando uno recuerda cosas como que la campaña la ganó engañando a muchos con que “la violencia se combate con inteligencia”, y ya montado en el Guacamolón sacó las uñas, se rió de todos los ingenuos que le creyeron y dijo: “si quieren seguridad, paguen más impuestos, porque los que ya pagan los voy a usar para mis proyectos sociales”.

Dicho y hecho, la inseguridad siguió siendo el principal problema de todos los habitantes de Guatemala y unas 25 mil personas murieron debido, en parte, a la ineptitud de los funcionarios públicos, pero principalmente a su mala fe de desentenderse de esa que es la principal razón de ser de cualquier gobierno. Mucha de esa sangre recaerá sobre sus cabezas.

Colom también tiene el descaro de decir que en su gobierno no hubo corrupción, cuando es palpable para cualquiera con dos dedos de frente que se gastaron casi 50 mil millones de quetzales en infraestructura, y esta no se ve por ningún lado. ¿A dónde fueron a parar esos miles de millones de quetzales? Le puedo garantizar que no están en las carreteras.

La excusa, lamento y quejido de Colom estos cuatro años fue que no tenía dinero. Esa es una mentira. Su gobierno es el que más dinero ha recaudado en la historia, además de ser el que más nos ha endeudado. En todo caso, por lo menos en la infraestructura no puede argumentar que no se hizo porque no había dinero, ya que el dinero sí lo “ejecutaron”. Que no se vea dónde está es otra cosa muy diferente.

Colom se puede jactar, eso sí, de haber hecho la campaña política perdedora más cara de la historia, ya que despilfarró casi tres mil millones de quetzales para tratar de asegurar la continuidad del progreso de su familia, pero ni eso le funcionó, y al final fue un fracaso desde cualquier punto de vista: no logró que su partido siguiera en el poder, ni mucho menos el supuesto propósito bajo el cual escondía sus ansias de continuismo, a saber, sacar de la pobreza a la gente. Según las estadísticas más recientes, durante su gobierno el número de pobres, tanto porcentual como absolutamente, se incrementó.

A todo esto hay que sumar muchísimos escándalos más, que el espacio no permite enumerar. Gracias a Dios, ya se van. Lo único que queremos ahora es que les cuenten las costillas y que paguen los desmanes que cometieron.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 12 de enero de 2,012.

jueves, 5 de enero de 2012

Diputados mal medidos

Es un error medir a los diputados por cuántas leyes aprueban.


Con el fin de año se suele encontraren los medios de comunicación evaluaciones de la labor de los diputados en el Legislativo. Yo considero que esas evaluaciones en general son erróneas ya que miden al Congreso por la cantidad de “leyes” aprobadas y a los diputados por la cantidad de iniciativas propuestas. Esa es una malísima medición e incentiva a los diputados a presentar cualquier mamarrachada que se les ocurra con tal de no aparecer mal calificados.

Por ello no nos debe extrañar que la mayoría de las “leyes” aprobadas tengan serios defectos —por decir lo menos— cuando no ocasionan graves perjuicios a los derechos de los ciudadanos.

Y alguien dirá que “esa” es la labor del Congreso y los diputados: aprobar leyes. Lo cual también es erróneo, ya que esa es una parte de las atribuciones de los diputados, pero no toda. Otro deber que tienen, el cual considero mucho más importante ante la triste realidad de Guatemala, es el de fiscalizar el uso que los funcionarios públicos hacen del dinero de los tributarios. Esa parte la mayoría de la gente parece ignorarla.

En el caso de los diputados, no nos debe extrañar que se hagan los completos locos ante la obligación de fiscalizar, ya que muchos tienen la cola machucada, y si empiezan a hurgar, de seguro se encontrarán con colas de otros sus colegas. En la legislatura que está terminando quedó más que claro que una buena parte del interés —y la inversión— por llegar al Congreso se centra en poder echar mano a muchos millones del presupuesto a través de la ejecución de obras por parte de empresas y ONG vinculadas con los diputados, sus familiares o amigos.

En esta misma legislatura, solo tuvimos unos cuantos ejemplos dignos de admirar de diputadas que intentaron fiscalizar algo de los desmadres que cometió la administración de los Colom. El resto de diputados, bien gracias, prefirieron pasar lo más desapercibido posible, no fuese a ser que se supieran las tranzas en las que estaban metidos.

Ante esa triste realidad, hago un llamado a los medios de comunicación para que se olviden de esa absurda manera de medir a los diputados y les propongo una nueva: que se les juzgue por la cantidad de dinero que encuentren que los funcionarios públicos están robando o malgastando.

Esta creo que es la única forma de alinear los incentivos de la labor de los diputados con algún beneficio real que podamos tener los ciudadanos. De nada nos sirve que aprueben cientos o miles de leyes, si la mayoría solo sirve para fregarnos más. Pero de mucho servirá si encuentran algo de los cientos de millones de quetzales que se pierden anualmente en la gestión poco transparente de los gobernantes.

Y si le quieren dar el “beneficio” de la duda al gobierno que empieza este año, antes de contarle las costillas que se las cuenten al que se va. En los próximos meses tienen que aprobar la ejecución del presupuesto del año pasado, donde de seguro encontrarán muchas cosas anómalas que pueden fiscalizar. Y nosotros los ciudadanos debemos presionarlos para que lo hagan. Y los nuevos gobernantes, que tanto se precian de la transparencia, también debieran presionarlos para que cumplan su trabajo.

Artículo publicado en Prensa Libre el  jueves 5 de enero de 2,012.