¿Es usted demócrata?

¿Tiene derecho la población a elegir lo que más le conviene?

Mi artículo de la semana pasada, sobre la importancia de que sea la población quien decida si acepta o no las reformas a la Constitución propuestas por ProReforma, generó muchos comentarios. De los mismos deduzco que muchos defienden la "democracia" del diente al labio, pero a la hora de la hora preferirían la tiranía.

Debo aclarar que no defiendo la democracia como un fin en sí misma, sino simplemente como un sistema de toma de decisiones públicas que debe estar enmarcado dentro de un estado de Derecho en donde se respeten los derechos individuales de todas las personas. Esto tiene como corolario que ni aún la "mayoría" pueda utilizar el poder ni la "democracia" para violar los derechos de ninguno de los habitantes de un país, por muy minoría que sean.

Dicho esto, estoy convencido de que la propuesta de ProReforma, a mi mejor juicio y entender, lo que busca es precisamente que vivamos en un estado de Derecho en donde se respeten los derechos individuales de todos los habitantes de Guatemala. Y como siempre hay quienes dicen que uno solo habla y critica pero no propone soluciones, pues esta es la solución que proponemos.

Ahora bien, quienes no creen que este sea el camino a seguir, sino otro, yo los invito a que también hagan uso de las herramientas de la democracia para proponer sus soluciones. Si no está de acuerdo con la propuesta de ProReforma porque no cree que sirva o cree que es perjudicial, no menoscabe la "democracia" oponiéndose a que se lleve a Consulta Popular, sino haga una campaña planteando sus argumentos para convencer a la gente que vote en contra de ProReforma. ¿O es que no cree en realidad en la democracia?

Si usted cree que las reformas que hay que hacer son otras y no estas, lo invito a que siga el procedimiento que establece nuestra Constitución, como ya lo hicimos en ProReforma. Plantee su propuesta, consiga por lo menos a cinco mil personas que la apoyen —en ProReforma conseguimos más de 73 mil— y preséntela al Congreso para que luego vaya a Consulta Popular. Ese es el procedimiento a seguir y en ProReforma ya lo hicimos. ¿Por qué no lo hace usted?

Hay otros dos argumentos que surgen en muchos comentarios. Uno es que el "pueblo" guatemalteco es muy ignorante y analfabeta y por lo tanto no tiene criterio para tomar decisiones tan importantes. A ese argumento respondo: primero, que no hay que despreciar el sentido común de las personas, por muy "ignorantes" o analfabetas que sean. Segundo, este realmente es un argumento en contra de la democracia, ya que lo mismo se podría decir de la elección de presidentes y diputados. Tercero, si usted realmente cree eso, entonces lo que debería hacer es proponer una reforma constitucional que establezca requisitos mínimos para los votantes, como por ejemplo, que hayan cursado la primaria. Si eso es lo que realmente cree, sea consecuente y pida esos cambios, pero no se oponga a la consulta de ProReforma menospreciando a los guatemaltecos que no son tan inteligentes como usted.

Por último, hay otro argumento que indica que Guatemala "no está preparada para la igualdad ante la ley", aduciendo que hay muchas desigualdades. Yo creo que ese argumento está equivocado. Lo que se quiere es que todos nos desarrollemos y todos prosperemos, y para ello se necesita un sistema en el que se respeten igualmente los derechos de todos, de pobres y ricos, analfabetas y letrados, indígenas y ladinos, hombres y mujeres. ¿Usted qué opina?

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 11 de febrero de 2,010.

Foto: proreforma.org.gt

ProReforma Democrática

Lo más democrático que se puede pedir es que sea la población la que decida...

La solicitud de reformas a la Constitución que presentó la asociación ProReforma al Congreso, con la participación de más de 73 mil ciudadanos guatemaltecos debe ser puesta a consideración de toda la población, para que sea esta la que decida si la aprueba o no. Si supuestamente “toda” la gente se opone, ¿cuál es el miedo de realizar una Consulta Popular?

ProReforma es el mejor ejemplo que tenemos en Guatemala de un grupo de personas que se unen porque quieren vivir y dejar a la posteridad un mejor país que el que encontraron, y lo pretenden hacer a través de los mecanismos pacíficos y de derecho que nuestro marco constitucional actual establece.

A diferencia de muchos otros, no utilizamos la violencia, ni la coerción, ni las amenazas, ni el asesinato, ni los secuestros, ni siquiera las “medidas de hecho” con las que pretenden o han pretendido en el pasado imponer por la fuerza su visión del mundo a los demás.

Somos un grupo de personas pacíficas, preocupadas por la terrible realidad actual de Guatemala y convencidas de que el problema principal no es necesariamente las personas que nos han gobernado —lo que no los exculpa de sus errores y pecados—, sino el sistema actual de incentivos perversos que nos ha llevado a los resultados que tenemos hoy.

Estamos convencidos de que para resolver los problemas hay que ir a las raíces, a las causas, y no contentarnos con “podar” las ramas. Por ello es que proponemos estas reformas a la Constitución, con el fin de acercarnos a un verdadero estado de Derecho a través de fortalecer los derechos de todos los habitantes de Guatemala, que todos vivamos bajo las mismas reglas, y establecer los incentivos correctos para que, en el mediano plazo, las instituciones encargadas de velar por la seguridad y porque se imparta justicia funcionen mejor de lo que lo hacen en la actualidad. ¿Es eso mucho pedir?

Sin embargo la propuesta ha encontrado oposición, principalmente de grupos y personas interesados en mantener el status quo, quizá porque son muy conscientes de que si pasa ProReforma se les reducirán considerablemente las posibilidades de maximizar la frase de Frederic Bastiat: “El Estado es esa ficción por medio de la cual, todos buscan vivir a expensas de todos los demás”. Pero también hay gente que se opone porque sinceramente cree que los cambios propuestos no van a mejorar la situación.

A quienes se oponen les pregunto: ¿No es mejor dejar que sea la ciudadanía quien decida? ¿No es una de las partes medulares de la “democracia” el que los ciudadanos puedan participar y decidir lo que mejor les conviene como sociedad? ¿O acaso no creen en ese método de hacer gobierno? ¿Cuál es el problema de preguntarle al pueblo?

Los diputados tienen en sus manos una gran responsabilidad. Si en esta ocasión que se están siguiendo todos los pasos que establece la Constitución, que no se viola ninguna de las normas que la misma establece, que no se intenta cambiar ningún artículo que la Constitución lo impida y todo se hace de manera correcta, legal, pacíficamente, sin recurrir a la fuerza ni a las amenazas, ellos se oponen e impiden que esta propuesta sea puesta a disposición de la ciudadanía y que sea esta quien decida, el mensaje que estarán dando es que en Guatemala, en efecto, lo que vale son las “medidas de hecho” y que lo que hay que hacer son bochinches, paralizar el tránsito y que entonces así sí lo oirán los diputados. ¿Es eso lo que queremos?

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 4 de febrero de 2,010.

Foto: Luis Soto, elPeriodico

De cortes y consultas

La Corte de Constitucionalidad declaró no vinculante la consulta de Sipacapa.

Uno de los temas candentes actualmente en Guatemala (aparte de las alegres elecciones, por supuesto) es el de las trabas a la inversión que grupos ambientalistas han impulsado en un incomprensible afán de mantener el statu quo, aun si ello implica condenar a la eterna pobreza a los guatemaltecos menos favorecidos.

Se ha dado en el caso de las explotaciones mineras, petroleras e incluso, aunque pareciera contradictorio, en el caso de la instalación de hidroeléctricas. La consigna pareciera ser evitar cualquier inversión -con la salvedad, quizás, de la turística- aunque ello implique (o quizá precisamente por esa implicación) que los más pobres de los guatemaltecos vean limitadas cada vez más sus opciones de aspirar a un mejor futuro.

Como recurso de presión, se han hecho “consultas de buena fe” en algunos municipios, aunque lo de “buena fe” pareciera ser únicamente una cínica manera de enmascarar los verdaderos propósitos. No hace falta más que ver el “instrumento” utilizado, por ejemplo, en la consulta de Sipacapa, para percatarse de que más sesgada no podría estar la referida consulta.

En el artículo 27 del reglamento que la Municipalidad de Sipacapa elaboró para la consulta se establecía que el resultado de la misma es vinculante en todo el municipio de Sipacapa.

Fue este artículo, precisamente, el que la Corte de Constitucionalidad (CC) declaró inconstitucional la semana pasada. El argumento utilizado por la CC fue que el tema de la minería escapa de la competencia de las municipalidades, ya que, según la Constitución, el subsuelo es un bien del Estado, y en la Ley del Organismo Ejecutivo se le asigna al Ministerio de Energía y Minas la competencia para normar lo relativo a la minería.

Así que, por lo menos en el caso de la minería y lo relativo al subsuelo, la CC dejó claro que las consultas populares promovidas por las municipalidades no pueden ser vinculantes. Creo yo que esto es un gran avance que da certeza jurídica a todas las empresas interesadas en invertir en Guatemala en esta industria, que en su mayoría estaban a la espera, precisamente, de ver cómo se desenvolvía esta situación.


Sin embargo, creo que el tema hay que llevarlo a sus raíces. Estamos en la situación actual como consecuencia del robo del subsuelo a los habitantes del país que los gobiernos, desde tiempos de la Colonia, han legalizado. El subsuelo simplemente no debería ser “propiedad del Estado”, sino propiedad de los legítimos dueños del suelo. Sin este robo, la situación sería muy distinta. En lugar de estar peleando cómo le hacen para mantenerse paupérrimos en medio de un paradisíaco paisaje, engañados por los cantos de sirena de un ambientalismo radical, Sipacapa sería ahorita un pueblo de millonarios.

Publicado en Prensa Libre el jueves 17 de mayo de 2007.

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