De cortes y consultas

La Corte de Constitucionalidad declaró no vinculante la consulta de Sipacapa.

Uno de los temas candentes actualmente en Guatemala (aparte de las alegres elecciones, por supuesto) es el de las trabas a la inversión que grupos ambientalistas han impulsado en un incomprensible afán de mantener el statu quo, aun si ello implica condenar a la eterna pobreza a los guatemaltecos menos favorecidos.

Se ha dado en el caso de las explotaciones mineras, petroleras e incluso, aunque pareciera contradictorio, en el caso de la instalación de hidroeléctricas. La consigna pareciera ser evitar cualquier inversión -con la salvedad, quizás, de la turística- aunque ello implique (o quizá precisamente por esa implicación) que los más pobres de los guatemaltecos vean limitadas cada vez más sus opciones de aspirar a un mejor futuro.

Como recurso de presión, se han hecho “consultas de buena fe” en algunos municipios, aunque lo de “buena fe” pareciera ser únicamente una cínica manera de enmascarar los verdaderos propósitos. No hace falta más que ver el “instrumento” utilizado, por ejemplo, en la consulta de Sipacapa, para percatarse de que más sesgada no podría estar la referida consulta.

En el artículo 27 del reglamento que la Municipalidad de Sipacapa elaboró para la consulta se establecía que el resultado de la misma es vinculante en todo el municipio de Sipacapa.

Fue este artículo, precisamente, el que la Corte de Constitucionalidad (CC) declaró inconstitucional la semana pasada. El argumento utilizado por la CC fue que el tema de la minería escapa de la competencia de las municipalidades, ya que, según la Constitución, el subsuelo es un bien del Estado, y en la Ley del Organismo Ejecutivo se le asigna al Ministerio de Energía y Minas la competencia para normar lo relativo a la minería.

Así que, por lo menos en el caso de la minería y lo relativo al subsuelo, la CC dejó claro que las consultas populares promovidas por las municipalidades no pueden ser vinculantes. Creo yo que esto es un gran avance que da certeza jurídica a todas las empresas interesadas en invertir en Guatemala en esta industria, que en su mayoría estaban a la espera, precisamente, de ver cómo se desenvolvía esta situación.


Sin embargo, creo que el tema hay que llevarlo a sus raíces. Estamos en la situación actual como consecuencia del robo del subsuelo a los habitantes del país que los gobiernos, desde tiempos de la Colonia, han legalizado. El subsuelo simplemente no debería ser “propiedad del Estado”, sino propiedad de los legítimos dueños del suelo. Sin este robo, la situación sería muy distinta. En lugar de estar peleando cómo le hacen para mantenerse paupérrimos en medio de un paradisíaco paisaje, engañados por los cantos de sirena de un ambientalismo radical, Sipacapa sería ahorita un pueblo de millonarios.

Publicado en Prensa Libre el jueves 17 de mayo de 2007.

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