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jueves, 15 de julio de 2010

¿Evidencias contundentes?

Conforme me entero de más detalles, más dudas me entran...


La información de la que nos hemos enterado en las últimas semanas alrededor del caso Rosenberg levanta más sospechas que las que aclara con relación a las acusaciones de la Cicig. Creo que este proceso es muy importante porque deja muy claro que no se puede ser tan categórico para afirmar algo de lo cual no se tienen todos los pelos de la burra en la mano. Y si eso ha pasado en este caso, ¿qué podemos esperar en los demás?

Hace unas semanas comenté que una declaración de Castresana, en la cual se sustentaba buena parte de sus conclusiones, era falsa. La Cicig y Castresana simplemente se hicieron los desentendidos.

Ahora, conforme se publican las declaraciones en el juicio contra los sicarios que mataron a Rosenberg y los otros casos conexos, salen a la luz nuevos datos que aumentan las dudas razonables que tenía desde que se presentó la “verdad interina”. Y eso, solo con la información que se presenta en los medios como resumen de lo que sucede en los tribunales. No puedo imaginar la cantidad de inconsistencias adicionales que han de salir a lo largo de todas las declaraciones.

Una de las revelaciones principales es la declaración de Lucas Santiago, quien inicialmente confesó haber disparado el arma contra Rosenberg; sin embargo, ahora argumenta que él no disparó, sino que lo hizo Mario Paz, pero que este, junto con Carlos Aragón Cardona, le amenazaron de muerte a él y a su familia si no se inculpaba. Esto es muy importante porque Paz y Aragón son los dos beneficiados con la figura de “colaborador eficaz”, sobre cuyos testimonios se armó la hipótesis. Así que ahora queda al aire la pregunta: si ellos mintieron sobre esto para quedar libres, ¿sobre qué otras cosas de su testimonio mintieron? ¿Van a hacer algo el MP, la Cicig y el tribunal para aclarar esto o se harán de la vista gorda también aquí?

Luego está el tema de los Valdés Paiz, a quienes la Cicig tan categóricamente acusaba de “autores intelectuales” del asesinato, pero la jueza Galicia, que casi siempre ha apoyado todo lo propuesto por la Cicig, dice que a lo sumo se les puede acusar de cómplices de un homicidio. Aquí también habrá mucha tela que cortar, ya que para conformarse a la hipótesis, los Valdés Paiz deberán contradecir sus declaraciones previas en la entrevista que Haroldo Sánchez le hizo a uno de ellos mientras estaban fugados.

Y por último está el caso de Diego Moreno, quien fuera acusado por Castresana de armar una campaña de desprestigio en su contra, de ser obstructor de la justicia y de ser parte de la red del crimen organizado que puso a Conrado Reyes en el MP. Resulta que la misma jueza Galicia dice ahora que, con las evidencias que le presentaron, a lo sumo se le puede acusar de colusión.

Más importante aún es que en la declaración de Moreno salió a luz que una de las famosas llamadas que publicó Castresana en la conferencia y que utilizó para acusar públicamente al magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Roderico Pineda, no era con este que hablaba, sino con su hijo (Prensa Libre, 14/07/10, pág. 10). ¿Y entonces? Castresana acusó a un magistrado de la CC con pruebas falsas. No defiendo al magistrado, a quien ni conozco y parece ser bastante controversial, pero el hecho es que Castresana lo acusó muy categóricamente de algo que no había hecho.

¿Van a disculparse Castresana y la Cicig por los errores y acusaciones falsas que han hecho? Lo dudo. Al fin y al cabo, están por encima de la ley.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 15 de julio de 2,010.

jueves, 17 de mayo de 2007

De cortes y consultas

La Corte de Constitucionalidad declaró no vinculante la consulta de Sipacapa.

Uno de los temas candentes actualmente en Guatemala (aparte de las alegres elecciones, por supuesto) es el de las trabas a la inversión que grupos ambientalistas han impulsado en un incomprensible afán de mantener el statu quo, aun si ello implica condenar a la eterna pobreza a los guatemaltecos menos favorecidos.


Se ha dado en el caso de las explotaciones mineras, petroleras e incluso, aunque pareciera contradictorio, en el caso de la instalación de hidroeléctricas. La consigna pareciera ser evitar cualquier inversión -con la salvedad, quizás, de la turística- aunque ello implique (o quizá precisamente por esa implicación) que los más pobres de los guatemaltecos vean limitadas cada vez más sus opciones de aspirar a un mejor futuro.

Como recurso de presión, se han hecho “consultas de buena fe” en algunos municipios, aunque lo de “buena fe” pareciera ser únicamente una cínica manera de enmascarar los verdaderos propósitos. No hace falta más que ver el “instrumento” utilizado, por ejemplo, en la consulta de Sipacapa, para percatarse de que más sesgada no podría estar la referida consulta.


En el artículo 27 del reglamento que la Municipalidad de Sipacapa elaboró para la consulta se establecía que el resultado de la misma es vinculante en todo el municipio de Sipacapa.

Fue este artículo, precisamente, el que la Corte de Constitucionalidad (CC) declaró inconstitucional la semana pasada. El argumento utilizado por la CC fue que el tema de la minería escapa de la competencia de las municipalidades, ya que, según la Constitución, el subsuelo es un bien del Estado, y en la Ley del Organismo Ejecutivo se le asigna al Ministerio de Energía y Minas la competencia para normar lo relativo a la minería.


Así que, por lo menos en el caso de la minería y lo relativo al subsuelo, la CC dejó claro que las consultas populares promovidas por las municipalidades no pueden ser vinculantes. Creo yo que esto es un gran avance que da certeza jurídica a todas las empresas interesadas en invertir en Guatemala en esta industria, que en su mayoría estaban a la espera, precisamente, de ver cómo se desenvolvía esta situación.


Sin embargo, creo que el tema hay que llevarlo a sus raíces. Estamos en la situación actual como consecuencia del robo del subsuelo a los habitantes del país que los gobiernos, desde tiempos de la Colonia, han legalizado. El subsuelo simplemente no debería ser “propiedad del Estado”, sino propiedad de los legítimos dueños del suelo. Sin este robo, la situación sería muy distinta. En lugar de estar peleando cómo le hacen para mantenerse paupérrimos en medio de un paradisíaco paisaje, engañados por los cantos de sirena de un ambientalismo radical, Sipacapa sería ahorita un pueblo de millonarios.

Publicado en Prensa Libre el jueves 17 de mayo de 2007.

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