Dictamen ideológico

Un nuevo embate contra la libertad de expresión.

La trama iniciada con el asesinato de los Musa continúa y sigue siendo usada como una excusa para acallar la libertad de expresión y que todos dobleguemos la cerviz ante los gobernantes y ante aquellos que, cobijados bajo un manto de inmunidad, creen tener la verdad absoluta y no aceptan que alguien ose cuestionar sus acciones. Afortunadamente, todavía habemos muchos que no nos amedrentamos.

¿A qué viene esto? Pues resulta que los fiscales del MP y la Cicig quieren a como dé lugar “probar” que existió una campaña orquestada por los asesores de los hermanos Valdez Paiz para desprestigiar a Carlos Castresana, a la Cicig, a una jueza y a un “colaborador eficaz”, utilizando a medios de comunicación y columnistas de opinión.

Para ello consiguieron un par de “dictámenes periciales” elaborados por el director de la TGW (y hasta presentado en papel membretado del “Gobierno de Álvaro Colom”) y del director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos. A ambos se les pidió que dictaminaran si una entrevista realizada por Haroldo Sánchez, de Guatevisión; varias columnas de prensa y un par de reportajes de otros medios de comunicación constituían una campaña de desprestigio contra los arriba mencionados.

El primero no lo afirma categóricamente, pero dice: “Creo encontrar suficientes indicios para pensar que existen fundamentos para suponer que se trata de desprestigiar a estas instituciones y personas”. Más adelante también afirma: “Aunque no hay datos probatorios para hablar de un complot (confabulación de dos o más personas contra otra u otras, según la Real Academia de la Lengua Española), sí hay elementos que podrían hacer pensar que existe la posibilidad de que haya existido”. Juzgue usted si se le puede dar crédito a ese dictamen.

El segundo no puede ocultar su sesgo ideológico a través de todo el dictamen. De hecho, ese sesgo lo traiciona y para contradiciendo sus mismas conclusiones. Dice, por ejemplo: “De hecho no solo en ese caso, sino que desde que se fundó la institución varios se opusieron y siguieron oponiéndose a la misma Cicig; lo podemos leer en las columnas constantemente y obviamente también afectaba porque no era solo contra la persona de Castresana, sino contra la institución, y no les convenía a ellos que la institución siguiera, entonces como hacer que fuera diezmada pues desprestigiándola.” (sic)

Más adelante, los fiscales le preguntan: “Es factible que cierto bloque de columnistas en forma acordada escriban en cierto sentido”. Y él responde: “Es factible por estar encadenados ideológicamente, si es posible sobre todo por el punto de vista ideológico, esto existe en varios medios con algunas excepciones, se denominan los libertarios, no lo sé. Otra forma sería que les pudieran pagar también, a veces coinciden en lo mismo y pareciera que corrió dinero”. Y eso que él mismo había dicho antes: “En realidad la libre emisión del pensamiento se circunscribe a mis ideas ideologías, pero no me da el derecho de ofender a otras personas ni denigrarla” (sic).

En pocas palabras, reconoce que si ha habido oposición a la Cicig, esta viene desde mucho antes y no solo a raíz del caso Valdez Paiz, lo que desbarata la hipótesis de los fiscales. Por si no fuera poco, aunque él mismo indica que la libertad de expresión es para expresar las ideas e ideologías, después ataca a los “libertarios” por estar “encadenados ideológicamente”. ¿Quién lo entiende?

Si quiere usted mismo leer los dictámenes, los encuentra en: www.libertopolis.com/libertopolis/dictamen

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 20 de enero de 2,011.

¿Evidencias contundentes?

Conforme me entero de más detalles, más dudas me entran...


La información de la que nos hemos enterado en las últimas semanas alrededor del caso Rosenberg levanta más sospechas que las que aclara con relación a las acusaciones de la Cicig. Creo que este proceso es muy importante porque deja muy claro que no se puede ser tan categórico para afirmar algo de lo cual no se tienen todos los pelos de la burra en la mano. Y si eso ha pasado en este caso, ¿qué podemos esperar en los demás?

Hace unas semanas comenté que una declaración de Castresana, en la cual se sustentaba buena parte de sus conclusiones, era falsa. La Cicig y Castresana simplemente se hicieron los desentendidos.

Ahora, conforme se publican las declaraciones en el juicio contra los sicarios que mataron a Rosenberg y los otros casos conexos, salen a la luz nuevos datos que aumentan las dudas razonables que tenía desde que se presentó la “verdad interina”. Y eso, solo con la información que se presenta en los medios como resumen de lo que sucede en los tribunales. No puedo imaginar la cantidad de inconsistencias adicionales que han de salir a lo largo de todas las declaraciones.

Una de las revelaciones principales es la declaración de Lucas Santiago, quien inicialmente confesó haber disparado el arma contra Rosenberg; sin embargo, ahora argumenta que él no disparó, sino que lo hizo Mario Paz, pero que este, junto con Carlos Aragón Cardona, le amenazaron de muerte a él y a su familia si no se inculpaba. Esto es muy importante porque Paz y Aragón son los dos beneficiados con la figura de “colaborador eficaz”, sobre cuyos testimonios se armó la hipótesis. Así que ahora queda al aire la pregunta: si ellos mintieron sobre esto para quedar libres, ¿sobre qué otras cosas de su testimonio mintieron? ¿Van a hacer algo el MP, la Cicig y el tribunal para aclarar esto o se harán de la vista gorda también aquí?

Luego está el tema de los Valdés Paiz, a quienes la Cicig tan categóricamente acusaba de “autores intelectuales” del asesinato, pero la jueza Galicia, que casi siempre ha apoyado todo lo propuesto por la Cicig, dice que a lo sumo se les puede acusar de cómplices de un homicidio. Aquí también habrá mucha tela que cortar, ya que para conformarse a la hipótesis, los Valdés Paiz deberán contradecir sus declaraciones previas en la entrevista que Haroldo Sánchez le hizo a uno de ellos mientras estaban fugados.

Y por último está el caso de Diego Moreno, quien fuera acusado por Castresana de armar una campaña de desprestigio en su contra, de ser obstructor de la justicia y de ser parte de la red del crimen organizado que puso a Conrado Reyes en el MP. Resulta que la misma jueza Galicia dice ahora que, con las evidencias que le presentaron, a lo sumo se le puede acusar de colusión.

Más importante aún es que en la declaración de Moreno salió a luz que una de las famosas llamadas que publicó Castresana en la conferencia y que utilizó para acusar públicamente al magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Roderico Pineda, no era con este que hablaba, sino con su hijo (Prensa Libre, 14/07/10, pág. 10). ¿Y entonces? Castresana acusó a un magistrado de la CC con pruebas falsas. No defiendo al magistrado, a quien ni conozco y parece ser bastante controversial, pero el hecho es que Castresana lo acusó muy categóricamente de algo que no había hecho.

¿Van a disculparse Castresana y la Cicig por los errores y acusaciones falsas que han hecho? Lo dudo. Al fin y al cabo, están por encima de la ley.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 15 de julio de 2,010.

Culebrón

Casi cada semana nos encontramos con nuevas sorpresas en este caso. ¿Algún día sabremos la verdad? Lo dudo...

Esta semana nos trajo nuevas sorpresas en el caso Rosenberg. Lamentablemente parece ser que a estas alturas la mayoría de personas lo que quiere es llegar ya al último capítulo y olvidarse del culebrón (en el sentido televisivo, pero también en el mitológico), darlo por muerto, enterrarlo y esperar a que nadie se atreva a desafiar a la serpiente peluda que protege el entierro.

¿Y por qué seguir hablando de este caso? Pues porque pudiendo haber sido paradigmático para desentrañar algo de los “grupos paralelos” del crimen organizado, cuyos tentáculos llegan bastante alto, lo que hemos visto es cómo la mayoría, incluida la Cicig, han preferido contentarse con la salida fácil que les permite, a unos voltear la cara y tratar de vivir el resto de su vida como si nada hubiese pasado, y a los otros, seguir su camino en la “escalera corporativa” de los organismos internacionales, sin importarles llevarse entre las piernas la poca institucionalidad que quedaba en Guatemala.

La primera sorpresa fue que los hermanos Valdés Paiz se entregaron el lunes. Yo creo que hicieron lo correcto. No porque la “justicia” guatemalteca sea alguna garantía, ya que ahora la nueva norma inconstitucional es que cualquiera es culpable hasta que logre probar su inocencia, sino porque creo que la opción de pasar toda la vida de “prófugo” puede ser mucho peor que pasarla de reo (con la salvedad que las cárceles de Guatemala son tan inseguras como sus calles).

Con su entrega se cierra un capítulo, pero inicia otro nuevo en esta serie. Aunque algunos crean que con esto se cierra el caso, esto es falso. Aún si se llegara a probar que la hipótesis de la Cicig con relación a la muerte de Rosenberg es verdadera, lo único que se probaría es que Rodrigo, en efecto, se mandó a matar. Pero eso no resuelve para nada el asesinato de los Musa ni las acusaciones que hizo Rodrigo sobre la muerte de ellos, que son el quid del asunto y en lo que no se ha querido profundizar. Al contrario, el hecho de que decidiera inmolarse con tal de que se supieran les da más fuerza.

La otra sorpresa es que en el juicio contra los sicarios que mataron a Rodrigo, el abogado Mario Fuentes Destarac confirmó que este le pidió que le comentara a Rafael Espada acerca de las investigaciones que hacía sobre el asesinato de los Musa, lo que Fuentes afirma que hizo en una reunión que tuvo con el vicepresidente, antes de la muerte de Rodrigo. Espada, para variar, negó haberse reunido con Fuentes (Siglo Veintiuno, 30/6/10, p. 4).

Este punto es muy importante, porque es lo que dijo Marta Yolanda Díaz-Durán en su ya célebre artículo “El beso de Espada” y por el cual el vicepresidente la demandó penalmente. Esa demanda no ha prosperado en varias instancias, pero Espada sigue empecinado en apelarla, por lo cual todavía no se ha resuelto. Lo interesante es que ahora es la palabra de un abogado y periodista, en declaración bajo juramento ante un tribunal, contra la de Espada. ¿A quién le creería usted?

Las preguntas importantes siguen en el tintero. Quizá ahora que viene un nuevo comisionado, Francisco DallAnese Ruiz, se atrevan a entrarle a lo verdaderamente importante. En este caso particular, creo que es: ¿Quién mandó a matar a Musa y por qué? (Y que no nos vengan con el cuento de que también Rosenberg lo hizo). Lamentablemente, en este juicio, el que ni se puede defender ni tiene abogado que lo haga es Rodrigo Rosenberg, así que no nos extrañe que lo más fácil sea echarle todos los muertos al muerto y que lo proteja el culebrón.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 1 de Julio de 2,010.

¿Evidencias?

Una vez más, nos quedamos con la sensación de que nos dijeron sólo lo que conviene a sus fines...

La reciente conferencia de prensa, como es usual en la Cicig, dejó más dudas que las que resolvió, siendo la principal: ¿por qué tanto énfasis en un caso que, en última instancia, no tiene que ver con el objetivo primordial por el cual fue creada y, por otro lado, qué pasó con todo lo que supuestamente sí debería estar haciendo?

Quienes vendieron la Cicig dijeron que era la única forma de combatir el crimen organizado enraizado en las “estructuras del poder público”. Si este es el propósito principal de la Cicig y es cierta la hipótesis que ellos mismos plantearon sobre el caso Rosenberg, no veo por qué han volcado tantos de sus recursos a seguir con este caso, a menos que la acusación de Rosenberg en su video sí sea cierta. Porque en la hipótesis de la Cicig, de lo que se acusa a los Valdés Paiz es de mandar a matar a un supuesto extorsionador —que resultó ser Rosenberg—, lo que es un crimen, pero difícilmente los eleva a la calidad de “crimen organizado”.

Entiendo que el propósito principal de la conferencia de prensa era exponer las “evidencias” en contra de Conrado Reyes que justificaban la solicitud de quitarlo del MP. Supuestamente la Cicig tenía pruebas de su vinculación con el crimen organizado y por eso pidió al presidente que no lo designara. Este martes, Colom mismo dijo que cuando escogió a Reyes la Cicig no tenía pruebas en su contra (elPeriódico, 22/06/10, p. 3).

Castresana dijo que a raíz de las investigaciones contra los Valdés habían descubierto una vinculación de Reyes. Y entonces se dedica a exponer conversaciones telefónicas entre allegados a los Valdés, que según él desenmascaran dicha vinculación.

Las conversaciones que presentó en la conferencia indican que probablemente sí existía la intención de realizar tráfico de influencias con Reyes para el caso Valdés. Pero sólo eso: la intención. No presenta, por ejemplo, una llamada en la que Reyes les haya dicho que iba a engavetar el caso, o algo por el estilo.

Luego hace una relación en la que indica que Diego Moreno es hermano de José Manuel Moreno, “quien fue gerente del aeropuerto” y quien supuestamente estaba relacionado con Carlos Quintanilla porque el encargado de seguridad aeroportuaria era Juan Roberto Garrido —que fue quien llegó al MP con Reyes—. Lo que Castresana no dijo fue que Garrido ya estaba en ese puesto cuando llegó Moreno, y que este, a los pocos días de tomar posesión, prescindió de sus servicios. ¿Por qué no lo dijo Castresana? Sólo se me ocurren dos posibilidades: a) no lo sabía, lo que es preocupante porque deja muy mal parada la supuesta “profesionalidad” de la Cicig y denotaría cómo Castresana hace acusaciones “contundentes” sin tener los pelos de la burra en la mano; y b) sí lo sabía, lo que es todavía más preocupante, ya que implicaría que mintió para amoldar las supuestas evidencias a favor de su hipótesis.

Luego hay otras inconsistencias —por no decir falsedades— en sus acusaciones, como por ejemplo que Reyes recontrató a una señora Barco, que supuestamente había sido despedida del MP por anomalías en un caso de narcotráfico. Esta señora declaró luego a Prensa Libre (16/6/10, p. 3) que nunca fue despedida y que además estuvo laborando en la unidad de escuchas telefónicas. Y eso durante la administración de Velásquez Zárate, el ungido de la Cicig. ¿Y entonces?

Nuevamente, me quedé sin espacio, pero siempre dejo la principal pregunta: ¿acaso nadie en la Cicig se ha percatado a dónde van a dar casi todos los cabos sueltos? ¿O en ese caso prefieren voltear a ver para otro lado?

Artículo publicado en Prensa Libre, el jueves 24 de junio de 2,010.