¿Evidencias?

Una vez más, nos quedamos con la sensación de que nos dijeron sólo lo que conviene a sus fines...

La reciente conferencia de prensa, como es usual en la Cicig, dejó más dudas que las que resolvió, siendo la principal: ¿por qué tanto énfasis en un caso que, en última instancia, no tiene que ver con el objetivo primordial por el cual fue creada y, por otro lado, qué pasó con todo lo que supuestamente sí debería estar haciendo?

Quienes vendieron la Cicig dijeron que era la única forma de combatir el crimen organizado enraizado en las “estructuras del poder público”. Si este es el propósito principal de la Cicig y es cierta la hipótesis que ellos mismos plantearon sobre el caso Rosenberg, no veo por qué han volcado tantos de sus recursos a seguir con este caso, a menos que la acusación de Rosenberg en su video sí sea cierta. Porque en la hipótesis de la Cicig, de lo que se acusa a los Valdés Paiz es de mandar a matar a un supuesto extorsionador —que resultó ser Rosenberg—, lo que es un crimen, pero difícilmente los eleva a la calidad de “crimen organizado”.

Entiendo que el propósito principal de la conferencia de prensa era exponer las “evidencias” en contra de Conrado Reyes que justificaban la solicitud de quitarlo del MP. Supuestamente la Cicig tenía pruebas de su vinculación con el crimen organizado y por eso pidió al presidente que no lo designara. Este martes, Colom mismo dijo que cuando escogió a Reyes la Cicig no tenía pruebas en su contra (elPeriódico, 22/06/10, p. 3).

Castresana dijo que a raíz de las investigaciones contra los Valdés habían descubierto una vinculación de Reyes. Y entonces se dedica a exponer conversaciones telefónicas entre allegados a los Valdés, que según él desenmascaran dicha vinculación.

Las conversaciones que presentó en la conferencia indican que probablemente sí existía la intención de realizar tráfico de influencias con Reyes para el caso Valdés. Pero sólo eso: la intención. No presenta, por ejemplo, una llamada en la que Reyes les haya dicho que iba a engavetar el caso, o algo por el estilo.

Luego hace una relación en la que indica que Diego Moreno es hermano de José Manuel Moreno, “quien fue gerente del aeropuerto” y quien supuestamente estaba relacionado con Carlos Quintanilla porque el encargado de seguridad aeroportuaria era Juan Roberto Garrido —que fue quien llegó al MP con Reyes—. Lo que Castresana no dijo fue que Garrido ya estaba en ese puesto cuando llegó Moreno, y que este, a los pocos días de tomar posesión, prescindió de sus servicios. ¿Por qué no lo dijo Castresana? Sólo se me ocurren dos posibilidades: a) no lo sabía, lo que es preocupante porque deja muy mal parada la supuesta “profesionalidad” de la Cicig y denotaría cómo Castresana hace acusaciones “contundentes” sin tener los pelos de la burra en la mano; y b) sí lo sabía, lo que es todavía más preocupante, ya que implicaría que mintió para amoldar las supuestas evidencias a favor de su hipótesis.

Luego hay otras inconsistencias —por no decir falsedades— en sus acusaciones, como por ejemplo que Reyes recontrató a una señora Barco, que supuestamente había sido despedida del MP por anomalías en un caso de narcotráfico. Esta señora declaró luego a Prensa Libre (16/6/10, p. 3) que nunca fue despedida y que además estuvo laborando en la unidad de escuchas telefónicas. Y eso durante la administración de Velásquez Zárate, el ungido de la Cicig. ¿Y entonces?

Nuevamente, me quedé sin espacio, pero siempre dejo la principal pregunta: ¿acaso nadie en la Cicig se ha percatado a dónde van a dar casi todos los cabos sueltos? ¿O en ese caso prefieren voltear a ver para otro lado?

Artículo publicado en Prensa Libre, el jueves 24 de junio de 2,010.