Con las capturas de la semana pasada y la conferencia de prensa de este lunes, la Cicig inició una campaña para coartar la libertad de expresión de los guatemaltecos. A eso hay que añadirle el reconocimiento expreso de su fracaso en uno de sus supuestos principales objetivos, a saber, fortalecer la institucionalidad de la justicia en Guatemala, ya que lo que ha logrado es imponer la voluntad de sus funcionarios, a expensas de la poca institucionalidad que aún quedaba en nuestro país. Triste legado el que dejará el experimento de la burocracia internacional.
¿Por qué digo que es una campaña en contra de la libertad de expresión? Porque luego de las acusaciones sobre la “conspiración en la prensa contra la Cicig” que hizo el fiscal de esa entidad en la audiencia del miércoles y que los noticieros de los canales de televisión abierta se han encargado de repetir hasta la saciedad, incluso mostrando algunas columnas de opinión que se incluyeron en la acusación y que la jueza enseñó a los medios, ahora resulta que cualquiera que no está de acuerdo con la Cicig o no toma como palabra de Dios sus hipótesis, puede ser acusado de ser parte de esa “conspiración”.
Los de la Cicig tienen todo el derecho de creer que sus hipótesis son la única posibilidad de interpretación de los hechos que presentan, pero de eso a imponérnoslo y dejar la amenaza velada que quienes saquemos conclusiones distintas, de seguro es porque tenemos agenda escondida y estamos confabulados con el crimen “organizado”, hay una gran diferencia: atenta contra la libertad de expresión.
Y no solo la de los periodistas, sino la de todos los guatemaltecos. A partir del lunes me he encontrado con varias personas que me han externado su temor, incluso, a hablar por teléfono, no digamos a expresar su opinión, especialmente en lo que tenga que ver con la Cicig, porque los podrían involucrar en alguna “conspiración”. No puedo asegurar que esa haya sido su intención, pero sí puedo garantizar que ese es el resultado.
Es lo mismo que pasó con la absurda acusación que hicieron el año pasado contra el twittero Jeanfer. Como era de esperarse, la acusación fue desestimada en los tribunales por improcedente, pero el mensaje ya estaba dado: quien se atreva a hablar en contra de un banco será perseguido inmisericordemente. Y el resultado fue también el esperado: a partir de ese momento ya casi nadie se atrevió siquiera a mencionar nada en contra de Banrural —que era el banco en cuestión en ese momento—, no fuera a ser que lo metieran preso.
Es exactamente lo mismo ahora. Me he encontrado a personas muy respetables, honorables y valientes, que ahora por “precaución” prefieren no hacer comentarios ni expresar sus opiniones, especialmente en los temas de “alto impacto”, no vaya a ser que puedan ser perseguidos.
Pues digan lo que digan y lo planteen como lo planteen, yo considero que cualquier amenaza de persecución contra alguien por expresar su opinión sobre el tema que sea, debe ser considerada una amenaza contra la libertad de expresión. Y el día que los guatemaltecos nos callemos y no digamos lo que opinamos, por temor a ser llevados a prisión, creo que muy poco nos diferencia de una dictatura totalitaria.
Ya no tengo espacio para dar mi opinión sobre la conferencia de prensa del lunes, así que lo haré la semana entrante, solo destaco que el común denominador detrás de muchas de las acusaciones y logros a que hizo referencia Castresana es alguien que no mencionó: Álvaro Colom.
Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 17 de junio de 2,010.Foto de Jesús Alfonso, elPeriódico.
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