¿Ganar más o fastidiar más?

A veces me pregunto si la intención de los expertos tecnócratas que se mantienen diseñando nuevos esquemas tributarios es recaudar ingresos mayores para el erario o simplemente justificar su puesto ante los “superiores”, para lo cual creen que, mientras más fastidien a los tributarios, mejor imagen tendrán ante sus jefes.

Esta pregunta me llega con recurrencia, especialmente cada vez que se publica una nueva propuesta que se cocina en el perol de los tecnócratas, como la que se presentó ayer en este mismo matutino.

A pesar de que no hay político ni tecnócrata en el mundo (bueno, esa podría ser una exageración y tal vez sí exista algún despistado) que no sepa que la mejor manera de lograr que crezca una economía es quitándole impuestos, difícilmente encontrará usted uno solo que lo acepte en público, mucho menos que esté dispuesto a actuar en consecuencia. Se dan algunas excepciones, lamentablemente solo cuando ya la cosa está tocando fondo, como por ejemplo lo que está sucediendo en la actualidad en Estados Unidos.

Pues bien, ahora nos salen con que quieren hacer una nueva baraja de cambios en la legislación con el supuesto propósito de obtener más ingresos. El problema es que simplemente proponen parches al sistema para exprimir más a los que ya pagan (que es lo más fácil), y no le entran de raíz al problema.

Lo que necesitamos, en especial, frente a un futuro tan incierto, es quitar los obstáculos para que haya más inversión en el país y que se generen más y mejores empleos (la generación de riqueza es la mejor cura contra la pobreza). Para ello, creo que debemos encaminarnos hacia una reducción y simplificación de los impuestos y no a complicarlos más y volver más caro su cumplimiento.

Yo sigo sosteniendo que lo que hay que hacer es eliminar el Impuesto sobre la Renta y concentrar los esfuerzos de la Superintendencia de Administración Tributaria en la recaudación del Impuesto al Valor Agregado y de las personas y empresas en producir más, y no en estar viendo cómo hace para cumplir y evadir. Ya hace un par de años hice una propuesta muy específica de cómo hacer ese cambio de sistema.

Si eso es pedir demasiado para sus sensibles e ideológicamente dogmáticos oídos, por lo menos que hagan un cambio en esa dirección. Por ejemplo, ¿por qué no cambiar la tasa del régimen del 5 al 2 por ciento, incluidas las personas en “dependencia”? Les aseguro que la mayoría, si es que no todas las empresas que están en el régimen optativo, se cambiarían corriendo y se olvidarían ya de mantener todo un departamento de contabilidad con el único propósito nada productivo de cumplir con los requisitos fiscales. Este solo cambio tendría adicionalmente la ventaja que reduciría considerablemente (aunque no lo elimina) el costo de pasarse a la formalidad.

¿Tan difícil será entender esto?

Artículo publicado en Prensa Libre el 31 de enero de 2,008.

De cortes y consultas

La Corte de Constitucionalidad declaró no vinculante la consulta de Sipacapa.

Uno de los temas candentes actualmente en Guatemala (aparte de las alegres elecciones, por supuesto) es el de las trabas a la inversión que grupos ambientalistas han impulsado en un incomprensible afán de mantener el statu quo, aun si ello implica condenar a la eterna pobreza a los guatemaltecos menos favorecidos.

Se ha dado en el caso de las explotaciones mineras, petroleras e incluso, aunque pareciera contradictorio, en el caso de la instalación de hidroeléctricas. La consigna pareciera ser evitar cualquier inversión -con la salvedad, quizás, de la turística- aunque ello implique (o quizá precisamente por esa implicación) que los más pobres de los guatemaltecos vean limitadas cada vez más sus opciones de aspirar a un mejor futuro.

Como recurso de presión, se han hecho “consultas de buena fe” en algunos municipios, aunque lo de “buena fe” pareciera ser únicamente una cínica manera de enmascarar los verdaderos propósitos. No hace falta más que ver el “instrumento” utilizado, por ejemplo, en la consulta de Sipacapa, para percatarse de que más sesgada no podría estar la referida consulta.

En el artículo 27 del reglamento que la Municipalidad de Sipacapa elaboró para la consulta se establecía que el resultado de la misma es vinculante en todo el municipio de Sipacapa.

Fue este artículo, precisamente, el que la Corte de Constitucionalidad (CC) declaró inconstitucional la semana pasada. El argumento utilizado por la CC fue que el tema de la minería escapa de la competencia de las municipalidades, ya que, según la Constitución, el subsuelo es un bien del Estado, y en la Ley del Organismo Ejecutivo se le asigna al Ministerio de Energía y Minas la competencia para normar lo relativo a la minería.

Así que, por lo menos en el caso de la minería y lo relativo al subsuelo, la CC dejó claro que las consultas populares promovidas por las municipalidades no pueden ser vinculantes. Creo yo que esto es un gran avance que da certeza jurídica a todas las empresas interesadas en invertir en Guatemala en esta industria, que en su mayoría estaban a la espera, precisamente, de ver cómo se desenvolvía esta situación.


Sin embargo, creo que el tema hay que llevarlo a sus raíces. Estamos en la situación actual como consecuencia del robo del subsuelo a los habitantes del país que los gobiernos, desde tiempos de la Colonia, han legalizado. El subsuelo simplemente no debería ser “propiedad del Estado”, sino propiedad de los legítimos dueños del suelo. Sin este robo, la situación sería muy distinta. En lugar de estar peleando cómo le hacen para mantenerse paupérrimos en medio de un paradisíaco paisaje, engañados por los cantos de sirena de un ambientalismo radical, Sipacapa sería ahorita un pueblo de millonarios.

Publicado en Prensa Libre el jueves 17 de mayo de 2007.

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Una mejor opción

La única forma de evitar que se vayan es la inversión.

Algunos califican la visita del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, como trascendental, otros como una visita "técnica". Lo que sí es cierto, es que de los temas que trató en Guatemala vale la pena comentar algunos desde una óptica especial.

Se habló por ejemplo del tema del narcotráfico, en donde el presidente estadounidense ofreció más apoyo a la famosa "guerra contra las drogas" pero reconoció que deben desincentivar a sus ciudadanos para que dejen de consumirla y comprarla. Como ya expresé mi postura sobre este tema, me limitaré aquí a decir que esa "guerra" es imposible ganarla y que mejor se debe tomar otra vía, como por ejemplo, un proceso de legalización del uso de las drogas.

Lo que sí llama la atención es un comentario hecho por el presidente Berger a su homólogo estadounidense. ¡No, no fue el de las tortillas con guacamol! En una de sus intervenciones el presidente arañó un atisbo de lucidez al expresar que en Santa Cruz Balanyá el éxodo de migrantes se ha detenido debido a la inversión y al trabajo que realiza la cooperativa Labradores Mayas (dato que por cierto era inexacto, ya que sí ha habido migración hacia el norte desde esa población). Y no fue sólo Berger; también el mandatario mexicano, Felipe Calderón, le explicó a Bush que “la emigración no se detiene por decreto”.

Y es que la verdadera razón por la que los guatemaltecos, y cualquier otro ciudadano del mundo, deciden dejarlo todo, abandonar sus raíces y arriesgar incluso la vida para llegar a Estados Unidos u otros países desarrollados es que en su lugar de origen no encuentran opciones de trabajo que les permitan satisfacer sus necesidades de manera decorosa, mientras que allá encontrarán muchas oportunidades de trabajo, las que, por lo visto, sobrepasan los riesgos de vivir en un mundo "informal".

Y ¿cuál es la diferencia? En pocas palabras: el nivel de inversión. Lo que se necesita para que la gente no se vaya de mojado es muchísima inversión. No poner un muro, ni incrementar las redadas y las deportaciones, ni criminalizar todavía más el simple hecho de cruzar una frontera sin el permiso adecuado; aún así la gente se seguirá marchando.

Mientras aquí no haya la suficiente inversión que permita elevar el nivel de productividad de los guatemaltecos y generar más y mejores empleos, la inmigración seguirá. Lo que hay que cambiar es el sistema que actualmente desincentiva la inversión en nuestro país. Hay que reducir y eliminar impuestos, quitar los obstáculos así como la animadversión a la inversión. La inmigración podrá ser ilegal, pero seguirá existiendo mientras no haya una mejor opción.

Al parecer en esta estadía de los doctores norteamericanos hizo falta llevar al oftalmólogo a pacientes importantes para ser curados de la miopía: a los gobernantes que viendo no ven.

Publicado en Prensa Libre el 15 de marzo de 2007. Foto Prensa Libre: Erlie Castillo.

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