ProReforma Democrática

Lo más democrático que se puede pedir es que sea la población la que decida...

La solicitud de reformas a la Constitución que presentó la asociación ProReforma al Congreso, con la participación de más de 73 mil ciudadanos guatemaltecos debe ser puesta a consideración de toda la población, para que sea esta la que decida si la aprueba o no. Si supuestamente “toda” la gente se opone, ¿cuál es el miedo de realizar una Consulta Popular?

ProReforma es el mejor ejemplo que tenemos en Guatemala de un grupo de personas que se unen porque quieren vivir y dejar a la posteridad un mejor país que el que encontraron, y lo pretenden hacer a través de los mecanismos pacíficos y de derecho que nuestro marco constitucional actual establece.

A diferencia de muchos otros, no utilizamos la violencia, ni la coerción, ni las amenazas, ni el asesinato, ni los secuestros, ni siquiera las “medidas de hecho” con las que pretenden o han pretendido en el pasado imponer por la fuerza su visión del mundo a los demás.

Somos un grupo de personas pacíficas, preocupadas por la terrible realidad actual de Guatemala y convencidas de que el problema principal no es necesariamente las personas que nos han gobernado —lo que no los exculpa de sus errores y pecados—, sino el sistema actual de incentivos perversos que nos ha llevado a los resultados que tenemos hoy.

Estamos convencidos de que para resolver los problemas hay que ir a las raíces, a las causas, y no contentarnos con “podar” las ramas. Por ello es que proponemos estas reformas a la Constitución, con el fin de acercarnos a un verdadero estado de Derecho a través de fortalecer los derechos de todos los habitantes de Guatemala, que todos vivamos bajo las mismas reglas, y establecer los incentivos correctos para que, en el mediano plazo, las instituciones encargadas de velar por la seguridad y porque se imparta justicia funcionen mejor de lo que lo hacen en la actualidad. ¿Es eso mucho pedir?

Sin embargo la propuesta ha encontrado oposición, principalmente de grupos y personas interesados en mantener el status quo, quizá porque son muy conscientes de que si pasa ProReforma se les reducirán considerablemente las posibilidades de maximizar la frase de Frederic Bastiat: “El Estado es esa ficción por medio de la cual, todos buscan vivir a expensas de todos los demás”. Pero también hay gente que se opone porque sinceramente cree que los cambios propuestos no van a mejorar la situación.

A quienes se oponen les pregunto: ¿No es mejor dejar que sea la ciudadanía quien decida? ¿No es una de las partes medulares de la “democracia” el que los ciudadanos puedan participar y decidir lo que mejor les conviene como sociedad? ¿O acaso no creen en ese método de hacer gobierno? ¿Cuál es el problema de preguntarle al pueblo?

Los diputados tienen en sus manos una gran responsabilidad. Si en esta ocasión que se están siguiendo todos los pasos que establece la Constitución, que no se viola ninguna de las normas que la misma establece, que no se intenta cambiar ningún artículo que la Constitución lo impida y todo se hace de manera correcta, legal, pacíficamente, sin recurrir a la fuerza ni a las amenazas, ellos se oponen e impiden que esta propuesta sea puesta a disposición de la ciudadanía y que sea esta quien decida, el mensaje que estarán dando es que en Guatemala, en efecto, lo que vale son las “medidas de hecho” y que lo que hay que hacer son bochinches, paralizar el tránsito y que entonces así sí lo oirán los diputados. ¿Es eso lo que queremos?

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 4 de febrero de 2,010.

Foto: Luis Soto, elPeriodico

Bolas y balas

La jornada de violencia del martes último, una más de las que ya estamos acostumbrados a vivir, dejó varias situaciones que vale la pena analizar detenidamente.

La primera es que la muerte está a la vuelta de la esquina y con mayores probabilidades de que ocurra al utilizar el transporte colectivo. Una vez más el transporte de personas acaparó la atención de los noticieros, y esta vez una persona de la tercera edad fue asesinada en un ataque armado perpetrado por sicarios, que también dejó a un piloto herido. La violencia continuó por tres horas más, y también el número de víctimas, entre quienes se incluyó a un agente de la PNC.

En un país como Guatemala, donde ocurre un promedio de 17 asesinatos por día, no es extraño que este tipo de cosas sucedan; sin embargo, la noticia se empezó a sobredimensionar a tal grado que se generó paranoia colectiva. Luego vino el rumor de que el Gobierno decretaría un estado de Excepción, como si no lo hubieran implantado ya los delincuentes, que nos tienen de rodillas y al borde de la histeria colectiva. Sin querer ser pesimista, puedo asegurar que no será la última jornada violenta que viviremos porque, pese a las declaraciones de los gobernantes, la situación continúa igual, y ayer mismo se comenzó el día con nuevos ataques a pilotos.

Lo diferente del martes fueron las bolas y rumores. Y así como los gobernantes dicen que podría haber gato encerrado en esta serie de ataques para desestabilizar al Estado, creo que también es válido de parte de los ciudadanos de a pie pensar que podría haber gato encerrado de parte de los gobernantes, que quieren que los diputados a toda costa aprueben el mamarracho llamado Ley de Armas y Municiones, que a quienes paradójicamente beneficiará será a los delincuentes.

Podría ser que esta “ola” de violencia infle de valor patriótico el pecho de los diputados y aprueben hoy de urgencia nacional dicha ley, para que los delincuentes, contritos, arrepentidos y obedientes, ya no busquen agenciarse de armas en el mercado negro, sino “formalizarse”. Claro que una vez aprobada tan importante legislación, las colas de delincuentes frente al Departamento de Control de Armas y Municiones serán interminables y todos, sin excepción, registrarán sus armas para que cuando asesinen y hieran a sus víctimas sean localizados de inmediato y sobre ellos caiga todo el peso de la ley.

Los que se roban (como siempre) el espectáculo son los diputados hipócritas, que por un lado se golpean el pecho y rasgan las vestiduras diciendo que van a “salvar a los guatemaltecos” de la maldición de las armas, pero por el otro se reservan el privilegio de que todos los diputados, funcionarios y hasta los ex funcionarios (aló, Portillo) pueden andar armados como y cuando se les dé la gana sin siquiera tener que registrar sus armas. ¡Qué de al pelo! Esto simplemente es inaceptable. Es el colmo del descaro de los “dipucacos”. ¿Será que ellos causaron lo del martes para aprobar más rápido la ley?

Yo no sé, usted, pero recuerdo varios reportajes donde más de algún funcionario pasado de copas ha desenfundado su arma y disparado a diestra y siniestra, y ya no digamos aquellos que hasta orgullosos se sienten de afirmar que han asesinado.

Así es que hay que tener cuidado con tanto gato en los tejados y desconfiar de las intenciones de los diputados.

Aartículo publicado en Prensa Libre el jueves 26 de marzo de 2009.

Sin esperanza

La escena no es nueva para los guatemaltecos. Un cuerpo en una bolsa negra, bomberos, policías, fiscales del MP, los curiosos que nunca faltan y, por supuesto, el brillo por ausencia de los delincuentes. Ahora fue en la zona 15, pero también se puede dar en cualquier zona de la capital, en la provincia, en aldeas, caseríos y ni siquiera talanqueras o seguridad perimetral la puede detener.

Son la violencia y la inseguridad que azotan a nuestro país desde hace muchos años, durante varios gobiernos; y aunque ministros y funcionarios nacionales y extranjeros vienen y van, estos males persisten. Y al paso que vamos, todo apunta a que seguiremos igual o peor en tanto el Gobierno persista en seguir dilapidando recursos y tiempo en funciones que no le corresponden.

Se ha repetido hasta la saciedad y el hartazgo que las funciones básicas del Gobierno son brindar seguridad e impartir justicia. Las excusas usuales de las que se agarran los funcionarios pueden ser cubiertas por los propios ciudadanos, sin necesidad de que los impuestos sean desviados a actividades que nada tienen que ver con estas funciones primarias. El mísero 14 por ciento del presupuesto que el gobierno asigna a la seguridad y la justicia es una burla a los guatemaltecos, quienes cada día, con la misma escena repetida en diferentes lugares, ven cómo la violencia pasa rozando sus vidas tan cerca.

La escena de las fuerzas de seguridad se queda en eso, en un montaje, y quisiera creer que no es solo por mala fe o falta de competencia, sino también porque los recursos que se asignan después del despilfarro no alcanzan para mantener fuerzas policiales capacitadas y bien entrenadas, sabedoras y cumplidoras de su deber, ni mucho menos un sistema judicial eficiente.

La escena era la del asesinato del venezolano Víctor Rivera, experto en seguridad que colaboró en el esclarecimiento de secuestros y casos de alto impacto en gobiernos anteriores. Y aunque repitan la misma cantaleta y nieguen lo obvio, el Gobierno tiene doble responsabilidad en este hecho sangriento.

En primer lugar, porque es responsabilidad de las autoridades brindar seguridad a todos los que habitan el país, sin importar si es guatemalteco, blanco, morenito, delgado, si vende chicles en la esquina o si es experto en seguridad. En segundo lugar, el asesinato de Víctor Rivera pone en serios aprietos al Gobierno por la forma intempestiva en que lo sacaron del Ministerio de Gobernación y lo dejaron en descampado, especialmente tomando en cuenta que a quienes persiguió no eran caritativos y virtuosos ciudadanos.

Pero indistintamente de quién o quiénes asesinaron a este ser humano, nuevamente, es responsabilidad del Gobierno no dilapidar los recursos que obtiene de los contribuyentes, sino canalizarlos a brindar seguridad y justicia, que tanta falta nos hacen. Puede haber muchas especulaciones acerca de dónde provino el asesinato, pero todas ellas solo refuerzan los temores de la población, en el sentido de que si ni siquiera un experto en seguridad como Rivera está seguro. ¿Qué esperanza podemos tener los demás?

P.S.: no pude continuar hoy con el tema del empresario, pero lo invito a usted a seguir escuchando el programa radial + negocios, que conduzco junto con María Dolores Arias, hoy jueves, de 19 a 20 horas, por la 100.9 FM y www.radiopolis.info.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 10 de abril de 2,008.

¡Libre!

José Natividad Trejo fue absuelto de los cargos de asesinato y homicidio. Los jueces que llevaron a cabo el juicio decidieron por unanimidad absolverlo de los cargos bajo la premisa que actuó en defensa propia. Este es un caso que sienta un precedente importantísimo en Guatemala, ante la ola de violencia a la que estamos expuestos los guatemaltecos (hoy mismo, en la mañana, fueron asesinados otro piloto de bus y su ayudante).

Felicito al señor Trejo y su esposa por haberse enfrentado tanto a los criminales, como al sistema judicial que lo mantuvo tras las rejas por 9 meses. En sus declaraciones a Todo a Pulmón de hoy en la mañana, antes de terminarse el juicio, el manifestó su confianza en que se le haría justicia. Afortunadamente, en este caso, eso sucedió y ahora fue absuelto.