Sin esperanza

La escena no es nueva para los guatemaltecos. Un cuerpo en una bolsa negra, bomberos, policías, fiscales del MP, los curiosos que nunca faltan y, por supuesto, el brillo por ausencia de los delincuentes. Ahora fue en la zona 15, pero también se puede dar en cualquier zona de la capital, en la provincia, en aldeas, caseríos y ni siquiera talanqueras o seguridad perimetral la puede detener.

Son la violencia y la inseguridad que azotan a nuestro país desde hace muchos años, durante varios gobiernos; y aunque ministros y funcionarios nacionales y extranjeros vienen y van, estos males persisten. Y al paso que vamos, todo apunta a que seguiremos igual o peor en tanto el Gobierno persista en seguir dilapidando recursos y tiempo en funciones que no le corresponden.

Se ha repetido hasta la saciedad y el hartazgo que las funciones básicas del Gobierno son brindar seguridad e impartir justicia. Las excusas usuales de las que se agarran los funcionarios pueden ser cubiertas por los propios ciudadanos, sin necesidad de que los impuestos sean desviados a actividades que nada tienen que ver con estas funciones primarias. El mísero 14 por ciento del presupuesto que el gobierno asigna a la seguridad y la justicia es una burla a los guatemaltecos, quienes cada día, con la misma escena repetida en diferentes lugares, ven cómo la violencia pasa rozando sus vidas tan cerca.

La escena de las fuerzas de seguridad se queda en eso, en un montaje, y quisiera creer que no es solo por mala fe o falta de competencia, sino también porque los recursos que se asignan después del despilfarro no alcanzan para mantener fuerzas policiales capacitadas y bien entrenadas, sabedoras y cumplidoras de su deber, ni mucho menos un sistema judicial eficiente.

La escena era la del asesinato del venezolano Víctor Rivera, experto en seguridad que colaboró en el esclarecimiento de secuestros y casos de alto impacto en gobiernos anteriores. Y aunque repitan la misma cantaleta y nieguen lo obvio, el Gobierno tiene doble responsabilidad en este hecho sangriento.

En primer lugar, porque es responsabilidad de las autoridades brindar seguridad a todos los que habitan el país, sin importar si es guatemalteco, blanco, morenito, delgado, si vende chicles en la esquina o si es experto en seguridad. En segundo lugar, el asesinato de Víctor Rivera pone en serios aprietos al Gobierno por la forma intempestiva en que lo sacaron del Ministerio de Gobernación y lo dejaron en descampado, especialmente tomando en cuenta que a quienes persiguió no eran caritativos y virtuosos ciudadanos.

Pero indistintamente de quién o quiénes asesinaron a este ser humano, nuevamente, es responsabilidad del Gobierno no dilapidar los recursos que obtiene de los contribuyentes, sino canalizarlos a brindar seguridad y justicia, que tanta falta nos hacen. Puede haber muchas especulaciones acerca de dónde provino el asesinato, pero todas ellas solo refuerzan los temores de la población, en el sentido de que si ni siquiera un experto en seguridad como Rivera está seguro. ¿Qué esperanza podemos tener los demás?

P.S.: no pude continuar hoy con el tema del empresario, pero lo invito a usted a seguir escuchando el programa radial + negocios, que conduzco junto con María Dolores Arias, hoy jueves, de 19 a 20 horas, por la 100.9 FM y www.radiopolis.info.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 10 de abril de 2,008.

La Carabina

El problema se resuelve encarándolo, no haciendo amagues.

Si no fuera por lo serio y preocupante de las implicaciones sobre la vida de todos los habitantes de Guatemala, sería hasta divertido presenciar los acontecimientos recientes en relación con la famosa Cicig.

Aun sin tomar en cuenta las serias lagunas constitucionales en que cae la Cicig –indistintamente de lo que diga la gran corte, ahora lamentablemente políticamente correcta–, lo cierto es que la han tratado de vender como la gran panacea que vendrá a resolver los problemas de inseguridad en Guatemala, cuando las probabilidades de que eso se llegue a concretar son, a lo sumo, exiguas.

No nos engañemos, el problema de seguridad ciudadana no se resolverá en tanto los políticos de turno y la ciudadanía no entiendan que el Gobierno se debe dedicar a sus funciones básicas de proveer seguridad y justicia, y dejar de estar desperdiciando tiempo y recursos tratando infructuosamente de ser todo para todos.

El problema no se va a resolver con que vengan unos superburócratas de las “vacaciones unidas”, así como no se ha resuelto la famosa “guerra contra el narcotráfico” con que le inyecten millones y millones de dólares. Algún paliativo podrá aparentar ser, pero lo más probable es que simplemente sea una agencia de empleo para muy bien pagados burócratas internacionales (y algunos nacionales, que son los que más la pelean).

De nada sirve –asumiendo que realmente lo fueran a hacer los de la Cicig– “detectar” a las mafias, si después resulta que la Policía no logra atraparlos, el sistema penitenciario no puede retenerlos, el Ministerio Público no logra acusarlos y el sistema de justicia no llega a condenarlos.

Todas estas carencias continuarán mientras no entendamos todos que en estos puntos es donde se encuentra una de las principales raíces de nuestros problemas.

Casi todos estamos de acuerdo en que el principal problema de los guatemaltecos es la inseguridad. Incluso uno podría llegar a pensar que los candidatos presidenciales y los candidatos a diputados también lo creen así.

El problema es que, en la mayoría de los casos, no pasa de ser algo del diente al labio. ¿De qué otra manera se puede usted explicar que, si ese es el principal problema, los “esfuerzos” de los gobernantes se enfocan en otras cosas? ¿Quiere pruebas? Sólo hay que ver el presupuesto general de la Nación.

La Cicig sólo es un placebo. Mientras no exista decisión de entrarle al problema de la inseguridad con todos los recursos que se requieran, hasta Superman quedaría en trapos de cucaracha tratando de meter a los criminales a la cárcel en Guatemala.

Publicado en Prensa Libre el 26 de julio de 2007.

Sin derecho a defensa

No tenemos derecho a que nos proteja el “Estado” y tampoco a hacerlo nosotros mismos.

Por si no fuera suficientemente angustiante la terrible inseguridad en la que vivimos los guatemaltecos, al hecho de no tener el consuelo de que las autoridades hagan justicia y persigan a los criminales tenemos que añadir que, si algún ciudadano se trata de defender de la agresión de los criminales, a él si le cae todo el peso de “la ley” y es tratado con muchísima más severidad de la que se trata a los “angelitos” que tienen historiales criminales más largos que colas bancarias en día de pago.

El perfecto ejemplo es el de José Natividad Trejo Cruz, un chofer de camioneta que, ante las altas posibilidades de ser víctima de la violencia, decidió un día hacer algo por su propia seguridad. Trejo se compró un arma, no de las que utilizan los criminales, sino una con todas las de ley, registrada en el Decam. Tomó la decisión de armarse, luego de haber sido asaltado varias veces y de que un compañero suyo, chofer también, fuese asesinado cuando intentó evitar que violaran a una mujer dentro del bus que conducía.

En un día como cualquier otro, tres delincuentes con escopetas hechizas (no registradas en el Decam, por supuesto) se subieron al bus que Trejo conducía y asaltaron a los pasajeros. Cuando llegaron con Trejo, le exigieron dinero, lo registraron y le encontraron la pistola. Al verla, lo iban a atacar, pero él usó la pistola y le disparó a uno de los asaltantes, a quien mató.

Como un ciudadano creído de que “la ley” lo protegía, se quedó en el lugar esperando 20 minutos a que se apareciera la Policía, a cuyos agentes explicó cómo se había defendido de los asaltantes. A los policías no les importó su explicación y lo apresaron, acusándolo de homicidio. El muerto era una joyita que ya tenía 10 ingresos en prisión.

Desde entonces, Trejo está en la cárcel. Las autoridades ni siquiera le quisieron dar libertad bajo fianza para que pudiera continuar trabajando, mientras que, según me cuentan abogados amigos, los criminales que atrapa la Policía muchas veces salen libres en un par de días, con sólo pagar una pequeña fianza.

Un fiscal que lleva el caso declaró a Prensa Libre que “la inseguridad no justifica el ataque”. Ahora resulta que cuando los ciudadanos utilizan su derecho a la legítima defensa es un “ataque”. ¿Qué esperan las autoridades, entonces? No nos defienden, y cuando nos defendemos, resultamos ser los atacantes y no los atacados, los victimarios y no las víctimas. Ante autoridades así, no es de extrañar que la ciudadanía esté recurriendo a la “justicia por propia mano”. Las mismas autoridades están arrinconando a las personas a convertirse en criminales para defenderse de la criminalidad.

Trejo espera su sentencia para la próxima semana. Su esposa estará hoy con nosotros en el programa radial Todo a pulmón, por el 100.9 y por www.radiopolis.info, a las 12 del mediodía para contarnos su historia. ¡No se lo pierda!

Publicado en Prensa Libre el 7 de junio de 2007. Foto Prensa Libre.

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