Terremoto

Todavía le quedan casi 2 años y la actual administración echa agua por todos lados...

La noticia del terremoto en Chile, durante el fin de semana, quedó en segundo plano en Guatemala a la vista del terremoto que se está dando en la administración pública: El cambio de tres ministros, la captura del ex jefe de la Policía y la ex jefa de la SAIA, los dimes y diretes sobre el sicariato dentro de la Policía, las acusaciones contra los funcionarios recién separados de su cargo y los señalamientos de estos contra los gobernantes; todo envuelto en una maraña de corrupción. El terremoto en la administración pública, de seguro, ya pasó de los nueve grados y quién sabe si tendrá muchas “réplicas”.

El mandatario ha salido al paso de la crisis utilizando el argumento de Espada: Los ciudadanos debemos estarles eternamente agradecidos porque ellos son quienes están tomando la iniciativa en contra de la corrupción y se han convertido en un ejemplo de transparencia. Este es un argumento falaz.

Para principiar, el Ministro de Educación fue removido del cargo por la Corte de Constitucionalidad, precisamente por negarse a entregar información del programa Mi Familia Progresa. En este caso, la oposición a “transparentar” la información ha venido directamente desde la Presidencia y han recurrido a cuanto ardid y subterfugio legal han podido con tal de que no se conozca. De hecho, llegaron hasta el colmo de que el Superintendente de Bancos —y ¿a cuenta de qué él?, nos preguntamos— anunció la semana recién pasada que para evitar que se conozca esa información recurrirían a utilizar cuentas bancarias en el cuestionado Banrural para así poder aprovecharse del secreto bancario. Lo más ridículo de la situación es que ese mismo día, el Superintendente de Bancos dijo que presentaría una iniciativa al Congreso para eliminar el secreto bancario para temas fiscales. ¡Al grado de incongruencia que caen con tal de tapar el Sol con un dedo!

Luego dijeron que al Ministro de Gobernación se le pidió la renuncia por sospechas de corrupción en el caso de la gasolina para las autopatrullas. Sin embargo, este hecho se conoció en los medios desde hace varias semanas y, cuando se supo públicamente, el presidente argumentó que no había nada de malo en esa compra. Luego de la destitución vinieron las denuncias de parte de los destituidos sobre el sicariato dentro de la Policía, e incluso que tuvieron que llevar la denuncia a la Cicig porque no les hicieron caso dentro del gobierno. La Cicig ya confirmó que sí recibió esa denuncia y que la está investigando. ¿Qué réplicas irá a tener todo este affaire?

El Ministro de Agricultura también fue destituido supuestamente por dudas de malos manejos en el programa de fertilizantes, caso que también ya se conocía desde hace tiempo y sobre el cual la destitución del ministro deja más dudas que respuestas.

Por si fuera poco, ahora los productores e importadores de medicinas genéricas le están pidiendo al presidente que ya que anda en su mood de transparencia, ¿por qué no les hace caso en la denuncia que han hecho desde hace meses de sobrefacturación en los contratos abiertos de compra de medicina por más de Q400 millones que ellos han denunciado desde hace tiempo? ¿Será que también van a resolver el asunto destituyendo al Ministro de Salud?

Quedan muchas preguntas en el aire: ¿Será que la corrupción se elimina con solo cambiar a los ministros? ¿Será que los gobernantes no estaban ni enterados de lo que pasaba? ¿A cuántos funcionarios y ex funcionarios veremos en la cárcel a raíz de todos estos escándalos?

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 4 de marzo de 2,010.

Sin esperanza

La escena no es nueva para los guatemaltecos. Un cuerpo en una bolsa negra, bomberos, policías, fiscales del MP, los curiosos que nunca faltan y, por supuesto, el brillo por ausencia de los delincuentes. Ahora fue en la zona 15, pero también se puede dar en cualquier zona de la capital, en la provincia, en aldeas, caseríos y ni siquiera talanqueras o seguridad perimetral la puede detener.

Son la violencia y la inseguridad que azotan a nuestro país desde hace muchos años, durante varios gobiernos; y aunque ministros y funcionarios nacionales y extranjeros vienen y van, estos males persisten. Y al paso que vamos, todo apunta a que seguiremos igual o peor en tanto el Gobierno persista en seguir dilapidando recursos y tiempo en funciones que no le corresponden.

Se ha repetido hasta la saciedad y el hartazgo que las funciones básicas del Gobierno son brindar seguridad e impartir justicia. Las excusas usuales de las que se agarran los funcionarios pueden ser cubiertas por los propios ciudadanos, sin necesidad de que los impuestos sean desviados a actividades que nada tienen que ver con estas funciones primarias. El mísero 14 por ciento del presupuesto que el gobierno asigna a la seguridad y la justicia es una burla a los guatemaltecos, quienes cada día, con la misma escena repetida en diferentes lugares, ven cómo la violencia pasa rozando sus vidas tan cerca.

La escena de las fuerzas de seguridad se queda en eso, en un montaje, y quisiera creer que no es solo por mala fe o falta de competencia, sino también porque los recursos que se asignan después del despilfarro no alcanzan para mantener fuerzas policiales capacitadas y bien entrenadas, sabedoras y cumplidoras de su deber, ni mucho menos un sistema judicial eficiente.

La escena era la del asesinato del venezolano Víctor Rivera, experto en seguridad que colaboró en el esclarecimiento de secuestros y casos de alto impacto en gobiernos anteriores. Y aunque repitan la misma cantaleta y nieguen lo obvio, el Gobierno tiene doble responsabilidad en este hecho sangriento.

En primer lugar, porque es responsabilidad de las autoridades brindar seguridad a todos los que habitan el país, sin importar si es guatemalteco, blanco, morenito, delgado, si vende chicles en la esquina o si es experto en seguridad. En segundo lugar, el asesinato de Víctor Rivera pone en serios aprietos al Gobierno por la forma intempestiva en que lo sacaron del Ministerio de Gobernación y lo dejaron en descampado, especialmente tomando en cuenta que a quienes persiguió no eran caritativos y virtuosos ciudadanos.

Pero indistintamente de quién o quiénes asesinaron a este ser humano, nuevamente, es responsabilidad del Gobierno no dilapidar los recursos que obtiene de los contribuyentes, sino canalizarlos a brindar seguridad y justicia, que tanta falta nos hacen. Puede haber muchas especulaciones acerca de dónde provino el asesinato, pero todas ellas solo refuerzan los temores de la población, en el sentido de que si ni siquiera un experto en seguridad como Rivera está seguro. ¿Qué esperanza podemos tener los demás?

P.S.: no pude continuar hoy con el tema del empresario, pero lo invito a usted a seguir escuchando el programa radial + negocios, que conduzco junto con María Dolores Arias, hoy jueves, de 19 a 20 horas, por la 100.9 FM y www.radiopolis.info.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 10 de abril de 2,008.

Ahora, la realidad

Empieza una nueva etapa.

Se acabaron las alegres elecciones (aunque esta vez fueron más negras y ponzoñosas que alegres) y debemos ahora, especialmente los políticos ganadores, despertar a la realidad. Ya no sirven de nada los ofrecimientos, las promesas, los compromisos, los apretones de manos, el cargar y besar niños, las banderitas y toda la demás parafernalia que envuelve un proceso electoral. Ahora hay que enfrentar los problemas que aquejan a toda la población.

Y es que durante esos tan emotivos y viscerales discursos los políticos oferentes olvidan que quienes vivimos en la cruda realidad, los ciudadanos de a pie, quienes no tenemos guardaespaldas ni andamos en vehículos blindados, (mucho menos en helicópteros o jets) necesitamos medidas inmediatas para salir de tanta podredumbre.

Es muy fácil ofrecer despliegues increíbles de fuerzas combinadas para brindar seguridad a la población, pero eso no servirá de mucho si la Policía Nacional Civil continúa en desventaja en relación al armamento y logística que usan los mareros, y ya no digamos el crimen organizado y sus muy bien estructuradas organizaciones, quienes incluso le pagan mejor a sus bizarros que a los agentes (aunque en muchos casos también les pagan, y muy bien, a ellos). Sería como aumentar la cantidad de ovejas que intentan cazar a una manada de lobos.

Y si en caso llegaran a ser copados y capturados estos seres mezquinos y parias, más titánico será propiciarles un castigo rápido, certero y ejemplar, pues la actual burocracia judicial y su tortuguismo, también derivado de un limitado presupuesto para funcionar, no aprestan un rápido y ejemplar castigo.

"Es que no alcanzan los recursos", es el primer grito que se escucha como excusa. "Cuarenta millardos no son suficientes para cubrir las necesidades sociales de la nación, bla, bla, y bla". Esa canción desafinada y altisonante la venimos escuchando hace más de veinte años y por más que se suben impuestos directos, indirectos, temporales (nuevo disfraz para las palabras "inconstitucional" y "arbitrario"), las sobras del presupuesto después de cubrir esas "necesidades sociales" no alcanzarán para hacer funcionar, y menos mejorar, esas funciones primigenias del gobierno que beneficiarán a toda la población: Seguridad, justicia y reglas del juego claras y limpias.

Así es que allí están las dos recetas. Una que durante muchísimos años de inventar y elevar impuestos (sí, leyó bien, inventar), dedicarse a necesidades sociales que no le competen, nos ha llevado a la eterna crisis y rezago. Y la otra probada exitosamente en la historia, con leyes generales, conocidas, cargas tributarias bajas, gobiernos pequeños y dedicados a sus funciones de seguridad y justicia, que llevó a la prosperidad a muchos países alrededor del mundo.

La elección es simple. Espero y lo entiendan de esta forma porque dibujos y trocitos de madera no puedo usar aquí.

Sin derecho a defensa

No tenemos derecho a que nos proteja el “Estado” y tampoco a hacerlo nosotros mismos.

Por si no fuera suficientemente angustiante la terrible inseguridad en la que vivimos los guatemaltecos, al hecho de no tener el consuelo de que las autoridades hagan justicia y persigan a los criminales tenemos que añadir que, si algún ciudadano se trata de defender de la agresión de los criminales, a él si le cae todo el peso de “la ley” y es tratado con muchísima más severidad de la que se trata a los “angelitos” que tienen historiales criminales más largos que colas bancarias en día de pago.

El perfecto ejemplo es el de José Natividad Trejo Cruz, un chofer de camioneta que, ante las altas posibilidades de ser víctima de la violencia, decidió un día hacer algo por su propia seguridad. Trejo se compró un arma, no de las que utilizan los criminales, sino una con todas las de ley, registrada en el Decam. Tomó la decisión de armarse, luego de haber sido asaltado varias veces y de que un compañero suyo, chofer también, fuese asesinado cuando intentó evitar que violaran a una mujer dentro del bus que conducía.

En un día como cualquier otro, tres delincuentes con escopetas hechizas (no registradas en el Decam, por supuesto) se subieron al bus que Trejo conducía y asaltaron a los pasajeros. Cuando llegaron con Trejo, le exigieron dinero, lo registraron y le encontraron la pistola. Al verla, lo iban a atacar, pero él usó la pistola y le disparó a uno de los asaltantes, a quien mató.

Como un ciudadano creído de que “la ley” lo protegía, se quedó en el lugar esperando 20 minutos a que se apareciera la Policía, a cuyos agentes explicó cómo se había defendido de los asaltantes. A los policías no les importó su explicación y lo apresaron, acusándolo de homicidio. El muerto era una joyita que ya tenía 10 ingresos en prisión.

Desde entonces, Trejo está en la cárcel. Las autoridades ni siquiera le quisieron dar libertad bajo fianza para que pudiera continuar trabajando, mientras que, según me cuentan abogados amigos, los criminales que atrapa la Policía muchas veces salen libres en un par de días, con sólo pagar una pequeña fianza.

Un fiscal que lleva el caso declaró a Prensa Libre que “la inseguridad no justifica el ataque”. Ahora resulta que cuando los ciudadanos utilizan su derecho a la legítima defensa es un “ataque”. ¿Qué esperan las autoridades, entonces? No nos defienden, y cuando nos defendemos, resultamos ser los atacantes y no los atacados, los victimarios y no las víctimas. Ante autoridades así, no es de extrañar que la ciudadanía esté recurriendo a la “justicia por propia mano”. Las mismas autoridades están arrinconando a las personas a convertirse en criminales para defenderse de la criminalidad.

Trejo espera su sentencia para la próxima semana. Su esposa estará hoy con nosotros en el programa radial Todo a pulmón, por el 100.9 y por www.radiopolis.info, a las 12 del mediodía para contarnos su historia. ¡No se lo pierda!

Publicado en Prensa Libre el 7 de junio de 2007. Foto Prensa Libre.

Technorati Tags: Legítima defensa, inseguridad, José Natividad Trejo Cruz, Decam, Policía, Todo a Pulmón, www.radiopolis.info

Poli visto, ¿poli conocido?

Ahora es cuando hacer los verdaderos cambios.

Creo que debemos aprovechar la oportunidad que ahora se presenta con el cambio de autoridades en el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil, así como el hecho de que las mismas muy probablemente van a tener una estadía bastante corta (no más de 10 meses), aunado a que estamos en un año electoral, para realizar cambios que nos permitan por lo menos acercarnos a un mejor sistema de seguridad ciudadana.

Estoy convencido que la razón de ser de un gobierno es precisamente proveer de seguridad y justicia a los habitantes de un país, así que considero que ésta debe ser la prioridad de los gobernantes y no estar dilapidando tiempo y recursos en otro montón de cosas que ni hacen bien, ni creo que les corresponda hacerlas.

Ahora bien, ¿cómo entrarle a este problema tan complejo? Primero que nada, creo que debemos entender que no es sólo la PNC el problema, sino que debemos verlo como un todo integral: la PNC, el MP, el Organismo Judicial, el sistema penitenciario. Todos son parte de ese sistema necesario para proteger la vida, la libertad y la propiedad de los habitantes del país.

En el caso particular de la policía, creo que la mejor ruta que podemos seguir es la de acercarla a los ciudadanos. Creo que se debe cuestionar incluso la existencia de una policía nacional y mejor pensar en dividirla como mínimo a nivel departamental y de preferencia a nivel municipal.

Podrá creer que eso es un anatema, pero al final de cuentas, ¿qué sabe un oficial de la policía "nacional", sentado en su escritorio allá cerca de la línea de las estrellas, acerca de los criminales y delincuentes que acechan a los habitantes de un pequeño poblado a 300 kilómetros (o, peor aún, a más de 12 horas) de distancia?

Como contraposición, ¿cómo hacen los habitantes de ese remoto poblado para contactar a las "autoridades" que, nuevamente, están sentadas en un escritorio a 300 kilómetros de distancia?

La mejor forma en que se me ocurre que puede funcionar la policía es que sus miembros vivan, tengan sus familias, sus hijos, sus amigos, sus vecinos en la misma población a la que sirven. Por un lado, les dará mayor sentido de pertenencia así como mayores incentivos para "cuidar de los suyos" y, por el otro, la población tendrá más confianza en ellos pero también más conocimiento para poder fiscalizar sus actuaciones.

Como hemos visto ya en variados ejemplos de comunidades, barrios y colonias que se han organizado, la población es la más interesada en que haya seguridad en su vecindad, es la que tiene la mejor información (saben bien quién es honrado y quién no lo es), es la que sabe cuando llega alguien "de fuera". ¿Por qué, entonces, no aplicamos ese mismo principio a la policía?

Quizá más adelante se pueda llegar incluso a elegir en votación al jefe de la policía local, pero ya que eso conlleva otras reformas, por el momento concentrémonos en lo que se puede hacer rápidamente: acerquemos la policía a la población.

PUblicado en Prensa Libre el jueves 29 de marzo de 2,007

Technorati Tags: Policía, Gobernación, MP, Organismo Judicial

El que a hierro mata a hierro muere

El asesinato de los policías criminales que a su vez mataron a tres diputados salvadoreños y su piloto (y quien sabe cuántas almas más pesaban sobre sus cabezas) es un recordatorio para todos que, en efecto, el que a hierro mata, a hierro muere.

Creo que debemos analizar el affair de los diputados al Parlacen desde varios puntos de vista.

Primero, la corrupción dentro de la Policía Nacional Civil, o como Estuardo Zapeta los llamó hoy, la Policía Nacional Corrupta. Siempre se ha rumorado que la PNC está llena de corrupción, ahora ya no es rumor, es un hecho comprobado. Resulta que el jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado, trabaja como sicario para el crimen organizado. Ante esta aplastante verdad (confesada incluso por ellos mismos antes de ser asesinados), ¿qué confianza puede tener la ciudadanía acerca de sus autoridades? Las autoridades podrán argumentar todo lo que quieran, pero el hecho es que ahora queda al descubierto que la policía es más criminal que los mismos criminales. Y podrán dedir que no hay que generalizar, pero ¿cómo sabemos los ciudadanos quiénes son los buenos y quiénes son los malos policías? No hay de otra. Mientras no se aclare la situación, para los guatemaltecos, todos los policías serán corruptos hasta que no prueben lo contrario. La única opción aceptable es hacer una reforma completa; en este sentido, apoyo la propuesta de Estuardo de de-centrar la policía y que haya policías locales.

Otra de las historias que ha surgido es que tanto en la policía como en otras divisiones del Ministerio de Gobernación han organizado grupos de limpieza social y que tanto los policías capturados como los que los llegaron a silenciar forman parte de ellos. No sé si esta versión es cierta, pero igual doy mi opinión al respecto, en caso de ser cierta. El que las autoridades tengan que recurrir a una instancia fuera de la ley para hacer que se cumpla la ley (según ellos) es una muestra más del fracaso del actual sistema. No se puede hacer cumplir la ley violándola. Nadie debe estar por encima de la ley, ni siquiera (y especialmente) las autoridades encargadas de velar por que se cumpla. Por último, asumiendo que han estado haciendo esto, no debemos nunca olvidar a Lord Acton: el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Se imagina usted el poder que puede llegar a tener (o por lo menos sentir) una persona que puede asesinar impunemente a quien se le ponga enfrente, sin temor a repercuciones, sin temor a tener que enfrentar la justicia (por lo menos la terrenal) a sabiendas que hasta sus propios jefes los avalan y, por qué no decirlo, una buena parte de la población? Definitivamente, el nivel de poder que manejan es muy grande, lo que como consiguiente acarrea que el nivel de corrupción al que están expuestos también es muy grande, por lo que es de esperar que se corrompan y paren convirtiéndose en parte de lo mismo que supuestamente combaten. En este escenario, lo peor de todo es que las autoridades que lo conscienten, aunque no se manchen las manos paran estando en la misma barca que los ejecutores y tarde o temprano, se ven envueltos en lo mismo para cubrir sus pasos. En este escenario, los sucesos recientes se acoplan muy bien.

Como este tema da para bastante, espero seguirlo tratando en el blog. Mi recomendación: si mira a un policía, ¡huya!.

Technorati Tags: policía, corrupción, asesinos, asesinato, diputados, Parlacen, salvadoreños, Boquerón, Estuardo Zapeta, Gobernación