Fracasos

El castillo de naipes de la CICIG se sigue desmoronando.

Era el caso emblemático. El que ponían como su principal logro. El que supuestamente justificaba todos los gastos en que se había incurrido. En pocas palabras, era el caso que podían utilizar para justificar su existencia. Sin embargo, el caso que aparentaba ser el más seguro, el de Portillo, se les cayó. Como si eso no fuera suficiente, al otro día se les cayó también el de Giammattei. Un par de cartas más que se caen del castillo de la Cicig.

En ambos casos las juezas argumentaron que las pruebas presentadas por el Ministerio Público (MP) y la Cicig no eran concluyentes. En el caso de Giammattei, la jueza ni siquiera dejó que pasara a juicio oral y hasta reclamó que el MP cometió varios errores que la Cicig debió corregir, pero no lo hizo. Y eso que supuestamente estos eran dos de sus principales acusaciones. No lo digo yo, sino ellos mismos. Basta recordar cómo Carlos Castresana se ufanaba de la captura de Portillo.

Estas resoluciones todavía deben pasar un largo recorrido para quedar en firme; sin embargo, desde ya se pintan como un nuevo fracaso para la Cicig. Por supuesto que la salida fácil es acusar de corruptas a las juezas y declararse el David de la justicia peleando contra el Goliat de la corrupción, pero no todo es tan sencillo como parece.

Con todo y que yo mismo considero, y así lo he dicho, que este es apenas uno de los muchísimos casos de corrupción que de seguro se dieron durante la administración Portillo —al igual que en todas las demás administraciones, hago la salvedad— y el único del cual lograron conseguir algunas pruebas, es lamentable que el Ministerio Público y la Cicig ni siquiera esto que tenían en bandeja de plata, que era más fácil de probar que otros casos de corrupción, lograron blindar su acusación de tal manera que las juezas, correctas o no, no encontraran la forma de salirse por la tangente y absolver a los responsables. El mismo Portillo no argumentó su inocencia sino que no lograron probar su culpabilidad.

La argumentación de las juezas en el caso del ex presidente trae a luz nuevamente el problema, que también he criticado mucho, de las acusaciones basadas en los “colaboradores eficaces”, ya que estos tienen todos los incentivos del mundo para ajustar su acusación de la manera en que ellos mismos salgan mejor librados, y los demás, con toda la carga de la acusación. No olvidemos que varias dudosas sentencias impulsadas por la Cicig han estado basadas precisamente en ese tipo de declaración.

En resumen, no descarto la posibilidad de que haya corrupción, presiones, amenazas y coacciones de por medio; sin embargo, lo cierto es que las deficientes acusaciones del MP y la Cicig permitieron que las juezas dejaran libres a personas que deberían pagar por sus delitos.

En el caso Portillo, el único consuelo que queda es que quizá—porque ya hasta eso pongo en tela de duda— sea extraditado a Estados Unidos, y allí la situación se le complica, ya que para quitarse la acusación de lavado de dinero tendría él mismo que comprobar lo que aquí no se le ha podido probar: de dónde salieron los US$70 millones. Lo que sí le puedo garantizar es que no fue de su sueldo como presidente.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 12 de mayo de 2,011.
Foto: CNN/EFE

¿Justicia o venganza?

Los gobernantes creen que es por venganza, los ciudadanos queremos justicia y seguridad.

La acusación que hiciera Rodrigo Rosenberg antes de morir asesinado originó, según las mismas palabras de uno de los acusados (Alvaro Colom), la "crisis más compleja que hemos tenido en los años de la democracia". En efecto, estoy seguro de que es un momento histórico, un punto de inflexión en el futuro de todos los guatemaltecos y lo que suceda, de aquí en adelante, depende de todos y cada uno de nosotros.

Cuando decidimos con Marta Yolanda Díaz-Durán transmitir al aire el audio de la acusación en nuestro programa radial, "Todo a Pulmón", a las 12:50 del lunes, no teníamos idea del torbellino que se venía, sin embargo, estábamos claros que nuestro deber, como periodistas, era darlo a conocer.

Lo que más me sorprendió y enorgulleció fue la reacción de muchísimos guatemaltecos que decidieron dejar la pasividad, dejar su zona de confort y salir a reclamar justicia. El asesinato y la acusación de Rodrigo fueron la gota que rebalsó el vaso que finalmente los movió a elevar la voz, a pedir justicia, a reclamar a los gobernantes cumplir con su obligación principal: brindar seguridad e impartir justicia.

La reacción del Presidente y los demás acusados no ha hecho más que echarle más leña al fuego. Ante la indignación de muchos guatemaltecos pidiendo justicia y que se separen de sus cargos para permitir una investigación transparente y sin presiones, se han empecinado en mantenerse en el poder y no renunciar al antejuicio. Pero no se conformaron con eso. Organizaron sus propias manifestaciones para contrarrestar las expresiones libres de los ciudadanos. Y fueron más allá. Encarcelaron a un "twittero" con el ánimo de acallar a los que se comunican a través de las redes sociales en Internet. Incluso arrestaron a una persona que repartía copias del video de Rodrigo, acusándolo de "incitador en contra del Estado". Afortunadamente, en este último caso, un juez tuvo la suficiente gallardía para desestimar tan absurda acusación.

Pero siguieron cometiendo más imprudencias. El Procurador General de la Nación, en el más autoritario espíritu que le nació, tuvo el cinismo de amenazarnos a los ciudadanos que quien se atreviera a hablar sobre las acusaciones vertidas por Rodrigo Rosenberg podría estar cayendo en "apología del delito" y que podría sufrir las consecuencias. Luego el Presidente también amenazó con meter a la cárcel a quienes lo han "acusado de asesino". Habría que recordar que quien lo acusó de asesino fue Rodrigo Rosenberg, y todos sabemos qué le pasó.

No han entendido que lo que sucede es que la población ya está harta de no poder salir de su casa, indistintamente de si es en la Cañada o en un asentamiento, sin la incertidumbre de saber si regresará vivo. No han entendido que la gente no busca venganza, quiere justicia.

Lo que mucha gente está pidiendo (más de 35,000 firmaron una petición así al Congreso) es que se investigue este caso sin las presiones que puede ejercer el acusado al frente del Ejecutivo. Ellos dicen que no ejercerán presiones, pero todas sus actuaciones de la semana pasada, como las mencionadas arriba, denotan lo contrario.

Habría que recordarles que en una situación similar, 30 años atrás, en la que se acusaba a los gobernantes de haber asesinado a una persona, su familia, la familia Colom, dijo que no podían esperar que se hiciera justicia cuando los acusados detentaban el poder. ¿Por qué habría de ser distinto ahora?

Yo estaré en la Plaza Italia el domingo, pidiendo justicia.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 21 de mayo de 2,009.

Armas malditas

El ministro de Gobernación, Salvador Gándara, dijo el domingo, al salir de la Megafráter: “Estamos pidiéndole a Dios porque podamos pasar cuanto antes la ley de armas, ya que debemos erradicar la violencia con leyes concretas”.

Al parecer, el ministro comparte la idea que tienen muchas personas de que con solo que se prohíba la portación de armas, automáticamente, como por obra y gracia del Espíritu Santo, la violencia y la criminalidad desaparecerán.

Según esta creencia, el problema real no son las personas, sino las herramientas que tienen a su disposición, por lo que, si se les quita el acceso a las armas, automáticamente los criminales se convertirán en almas de Dios. ¿Le hace a usted sentido esa lógica? A mí no.

No me hace sentido la lógica de ese argumento, porque las armas que se registran bajo un sistema como el que tenemos actualmente, que es similar al que existe en muchos países del mundo, son las que utilizan las personas que, en su mayoría, no son criminales.

Y no lo generalizo porque no puedo descartar las excepciones. Pero aún con ellas, la gran mayoría de quienes registran sus armas lo hacen porque son personas respetuosas de la ley, que generalmente van a utilizar las armas de manera responsable, más específicamente, en defensa propia.

Estas personas consideran que tienen necesidad de armarse para poder defenderse adecuadamente de los criminales, generalmente porque están en alguna situación de alto riesgo, aunque actualmente en Guatemala ese razonamiento ya no es válido porque todas las personas vivimos en situación de alto riesgo, debido a la ineficiencia del sistema para proveer seguridad y justicia.

Por definición y, además, por conveniencia, los criminales no van a registrar sus armas.

Si van a utilizar una, aún si es de los calibres aceptados, no les va a interesar para nada registrarla, ya que de esa manera, en teoría, les sería más fácil a las autoridades atraparlos.

Es por eso que, aun cuando hoy existe una ley que les permite a las personas registrar y portar armas legales, los criminales andan con armas de calibres prohibidos, no registradas, cometiendo fechorías. Por supuesto, son criminales y, por definición, no respetan la ley.

Entonces la pregunta es: ¿si se prohíben completamente las armas, se eliminará la criminalidad? La respuesta es un no categórico.

Lo que hay que entender es que a quienes se les va a prohibir utilizar armas es a las personas responsables y respetuosas de la ley, no a los criminales.

A éstos no les puede interesar menos si las armas que utilizan para cometer sus fechorías están “autorizadas” o prohibidas.

Créame que eso los tiene sin el más mínimo cuidado.

Y no solo creo que es tonto considerar que prohibiendo las armas se eliminará la criminalidad, sino que, además, es una ingrata irresponsabilidad de parte de las autoridades el querer dejar todavía más indefensos a los ciudadanos que, debido a la ineficiencia de los mismos gobernantes, día a día tienen que jugarse la vida por el solo hecho de vivir en un país carente de seguridad y justicia.

Mientras los gobernantes no cumplan sus funciones primordiales, que son las de proveer seguridad y velar por la justicia, es inmoral que quieran quitarles a los ciudadanos las pocas posibilidades que tienen de defender su vida y la de los suyos de los delincuentes.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 26 de febrero de 2,009.

La Carabina

El problema se resuelve encarándolo, no haciendo amagues.

Si no fuera por lo serio y preocupante de las implicaciones sobre la vida de todos los habitantes de Guatemala, sería hasta divertido presenciar los acontecimientos recientes en relación con la famosa Cicig.

Aun sin tomar en cuenta las serias lagunas constitucionales en que cae la Cicig –indistintamente de lo que diga la gran corte, ahora lamentablemente políticamente correcta–, lo cierto es que la han tratado de vender como la gran panacea que vendrá a resolver los problemas de inseguridad en Guatemala, cuando las probabilidades de que eso se llegue a concretar son, a lo sumo, exiguas.

No nos engañemos, el problema de seguridad ciudadana no se resolverá en tanto los políticos de turno y la ciudadanía no entiendan que el Gobierno se debe dedicar a sus funciones básicas de proveer seguridad y justicia, y dejar de estar desperdiciando tiempo y recursos tratando infructuosamente de ser todo para todos.

El problema no se va a resolver con que vengan unos superburócratas de las “vacaciones unidas”, así como no se ha resuelto la famosa “guerra contra el narcotráfico” con que le inyecten millones y millones de dólares. Algún paliativo podrá aparentar ser, pero lo más probable es que simplemente sea una agencia de empleo para muy bien pagados burócratas internacionales (y algunos nacionales, que son los que más la pelean).

De nada sirve –asumiendo que realmente lo fueran a hacer los de la Cicig– “detectar” a las mafias, si después resulta que la Policía no logra atraparlos, el sistema penitenciario no puede retenerlos, el Ministerio Público no logra acusarlos y el sistema de justicia no llega a condenarlos.

Todas estas carencias continuarán mientras no entendamos todos que en estos puntos es donde se encuentra una de las principales raíces de nuestros problemas.

Casi todos estamos de acuerdo en que el principal problema de los guatemaltecos es la inseguridad. Incluso uno podría llegar a pensar que los candidatos presidenciales y los candidatos a diputados también lo creen así.

El problema es que, en la mayoría de los casos, no pasa de ser algo del diente al labio. ¿De qué otra manera se puede usted explicar que, si ese es el principal problema, los “esfuerzos” de los gobernantes se enfocan en otras cosas? ¿Quiere pruebas? Sólo hay que ver el presupuesto general de la Nación.

La Cicig sólo es un placebo. Mientras no exista decisión de entrarle al problema de la inseguridad con todos los recursos que se requieran, hasta Superman quedaría en trapos de cucaracha tratando de meter a los criminales a la cárcel en Guatemala.

Publicado en Prensa Libre el 26 de julio de 2007.

¡Ladrón de niños!

Hay que tener mucho cuidado con la información de dudosa comprobación.

Nuevamente vemos turbas linchando, alimentadas por la sed de justicia ante supuestos “robos de niños”. Creo que se debe reaccionar con cuidado ante cualquier información, porque lo más seguro es que, en lugar de “hacer justicia”, la turba cometa injusticias peores que las que dice vengar.

En uno de los casos recientes, por ejemplo, algún criminal secuestró, violó y asesinó a una niña en el oriente del país. Cuando encontraron el cadáver, había sido también atacado por aves de rapiña y alguien corrió la bola que la habían robado para vender sus órganos. Ese señalamiento bastó para que agarraran a las primeras personas que encontraron, un par de señoras, a una de las cuales asesinó la turba (linchó, le dicen, pero realmente es un asesinato), y a otra la dejaron al borde de la muerte.

Más recientemente se han dado por lo menos un par de casos en los cuales turbas, en distintos lugares del país, han intentado linchar a algunas personas sólo porque alguien dijo que eran ladrones de niños.

El problema es tan serio que creo que se debe tener mucho cuidado con dar crédito irresponsablemente a mitos y “leyendas urbanas”. Por ejemplo, yo he consultado con doctores expertos en trasplantes, y me indican que en nuestro país no existen las condiciones necesarias para siquiera pensar en que tan fácilmente puedan quitarle los órganos a un niño robado para trasplantarlos.

En el caso de robos de niños para darlos en adopción a estadounidenses, se ha levantado también el mito de que se utiliza el procedimiento de “abandono” para evadir las pruebas de ADN.

Consultamos a la Procuraduría General de la Nación (PGN), y nos indicaron que en los primeros seis meses de este año se han autorizado mil 24 adopciones a ciudadanos estadounidenses, de las cuales un cinco por ciento (unos 51 casos) fue tramitado bajo ese sistema.

Estos datos me llevan a la conclusión de que, aun si fuera cierto que se están robando niños para “exportarlos” a través de este procedimiento, por un lado no hay que sobredimensionar la cosa, y por el otro, la solución no es eliminar las adopciones, sino combatir a los criminales dedicados a esta actividad.

Pero me parece sumamente irresponsable que se estén soliviantando los ánimos de la gente al levantar mitos sobre los robos de niños, que a la postre redundarán en muchas personas inocentes muertas, acusadas falsa e injustamente de ¡ladrones de niños! ¿Y si lo acusaran a usted?

Teletón 2007: la semana entrante se llevará a cabo la Teletón. Quizá se podrá cuestionar algunas cosas de la institución, pero le garantizo que hacen una labor de ayuda mucho más grande que la que hacemos muchos de nosotros.

Lo que también le puedo garantizar es que, en manos de los políticos (en el Gobierno, pues), con ese dinero no se haría ni la cuarta parte de lo que esta institución privada hace. Así que no le dé muchas vueltas, y aporte su granito de arena.

Publicado en Prensa Libre el jueves 5 de Julio de 2007.

Legítima defensa

La liberación de Trejo sienta un precedente importante para todos.

Tras nueve largos meses de reclusión en el Preventivo de la zona 18, y después de audiencias con largos días de ínterin entre una y otra, este martes José Natividad Trejo fue declarado inocente del cargo de homicidio por el Juzgado Cuarto de Sentencia.

Esta sentencia sienta un precedente importante para todos los guatemaltecos, no sólo para los pilotos de bus.

Esta sentencia deja claro que sí se puede en Guatemala hacer uso del derecho a la legítima defensa. Antes de la misma, ese derecho inalienable de todas las personas a defenderse de los ataques de otros, no pasaba de existir sólo en la teoría, pero en la práctica, quienes se han tratado de defender de los criminales, o paran muertos o presos.

A este respecto, fue interesante ver y escuchar al fiscal a cargo del caso, quien en sus conclusiones dijo que no se debería sentar el precedente de que cualquiera puede tomar la justicia por sus manos.

Yo creo que una cosa es tomar la justicia por mano propia y otra muy distinta es defenderse cuando a uno lo atacan. En el caso particular de Trejo, lo atacaron en su lugar de trabajo, eran tres los criminales quienes actuaron con toda la premeditación y alevosía del caso para asaltar, no sólo a Trejo y su familia, que casualmente lo acompañaba, sino a los demás pasajeros del bus.

Que él se haya defendido y matado a uno de los asaltantes, aun si le hubiera metido los siete u ocho balazos que el fiscal argumentaba (y que el perito forense no pudo comprobar) creo que no se puede calificar, desde ningún parámetro, como “tomar la justicia por mano propia”.

Por si no fuera suficiente la argumentación anterior, hay que añadir que ya hay un grandísimo precedente de criminales armados asaltando buses (sucede casi cualquier día en Guatemala, y sólo en lo que va del año más de 30 pilotos han sido asesinados en su puesto de trabajo) y el asaltante mismo tenía su propio historial (10 ingresos en la cárcel).

Creo que el Ministerio Público debería estar mucho más interesado en sentar el precedente de que en Guatemala sí se hace justicia y se castiga a los criminales, que en estar tratando de amedrentar a la ciudadanía a no defenderse ante los embates de la violencia y de un sistema de seguridad y justicia que ha sido completamente incapaz de asegurarles esos derechos a los ciudadanos.

Felicito al señor Trejo y su esposa, por haberse enfrentado tanto a los criminales, como al sistema judicial, que lo mantuvo tras las rejas durante nueve meses.

En sus declaraciones en Todo a pulmón del martes, antes de haberse conocido la sentencia, él manifestó su confianza en que se le haría justicia. Afortunadamente, en este caso, sí se hizo justicia.

Publicado en Prensa Libre el jueves 14 de junio de 2007. Foto Prensa Libre: Erlie Castillo.