El ministro de Gobernación, Salvador Gándara, dijo el domingo, al salir de la Megafráter: “Estamos pidiéndole a Dios porque podamos pasar cuanto antes la ley de armas, ya que debemos erradicar la violencia con leyes concretas”.
Al parecer, el ministro comparte la idea que tienen muchas personas de que con solo que se prohíba la portación de armas, automáticamente, como por obra y gracia del Espíritu Santo, la violencia y la criminalidad desaparecerán.
Según esta creencia, el problema real no son las personas, sino las herramientas que tienen a su disposición, por lo que, si se les quita el acceso a las armas, automáticamente los criminales se convertirán en almas de Dios. ¿Le hace a usted sentido esa lógica? A mí no.
No me hace sentido la lógica de ese argumento, porque las armas que se registran bajo un sistema como el que tenemos actualmente, que es similar al que existe en muchos países del mundo, son las que utilizan las personas que, en su mayoría, no son criminales.
Y no lo generalizo porque no puedo descartar las excepciones. Pero aún con ellas, la gran mayoría de quienes registran sus armas lo hacen porque son personas respetuosas de la ley, que generalmente van a utilizar las armas de manera responsable, más específicamente, en defensa propia.
Estas personas consideran que tienen necesidad de armarse para poder defenderse adecuadamente de los criminales, generalmente porque están en alguna situación de alto riesgo, aunque actualmente en Guatemala ese razonamiento ya no es válido porque todas las personas vivimos en situación de alto riesgo, debido a la ineficiencia del sistema para proveer seguridad y justicia.
Por definición y, además, por conveniencia, los criminales no van a registrar sus armas.
Si van a utilizar una, aún si es de los calibres aceptados, no les va a interesar para nada registrarla, ya que de esa manera, en teoría, les sería más fácil a las autoridades atraparlos.
Es por eso que, aun cuando hoy existe una ley que les permite a las personas registrar y portar armas legales, los criminales andan con armas de calibres prohibidos, no registradas, cometiendo fechorías. Por supuesto, son criminales y, por definición, no respetan la ley.
Entonces la pregunta es: ¿si se prohíben completamente las armas, se eliminará la criminalidad? La respuesta es un no categórico.
Lo que hay que entender es que a quienes se les va a prohibir utilizar armas es a las personas responsables y respetuosas de la ley, no a los criminales.
A éstos no les puede interesar menos si las armas que utilizan para cometer sus fechorías están “autorizadas” o prohibidas.
Créame que eso los tiene sin el más mínimo cuidado.
Y no solo creo que es tonto considerar que prohibiendo las armas se eliminará la criminalidad, sino que, además, es una ingrata irresponsabilidad de parte de las autoridades el querer dejar todavía más indefensos a los ciudadanos que, debido a la ineficiencia de los mismos gobernantes, día a día tienen que jugarse la vida por el solo hecho de vivir en un país carente de seguridad y justicia.
Mientras los gobernantes no cumplan sus funciones primordiales, que son las de proveer seguridad y velar por la justicia, es inmoral que quieran quitarles a los ciudadanos las pocas posibilidades que tienen de defender su vida y la de los suyos de los delincuentes.
Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 26 de febrero de 2,009.
