El fin justifica los medios

El divorcio confirma la farsa negada y los muestra tal como el propio presidente lo calificó: inmorales.

El descubrimiento de la solicitud de divorcio planteada bajo el secreto de la noche por la “pareja presidencial” confirma la farsa preparada por los Colom y sus cercanos para entronizarse en el poder y establecer una dictadura a lo Chávez en Guatemala. No sólo el fondo sino hasta la forma de hacerlo los pintan de cuerpo entero como personas inmorales, dispuestas a cualquier cosa con tal de aferrarse al poder, pero especialmente al chorro de Q50 mil millones anuales de los tributarios.

Esta trama de seguro les valdrá pasar a los libros de texto como un perfecto ejemplo de los politiqueros que consideran que el fin justifica los medios.

Y no lo digo yo, lo dijo uno de sus principales colaboradores, Orlando Blanco, al justificar el divorcio, cuando dijo que “la moral en la política hay que apartarla”. El cinismo de tal declaración demuestra el desprecio que los uneístas tienen hacia la verdad, al respeto de la ley, a la Constitución, pero especialmente a la población, a quien ven simplemente como un medio para alcanzar sus nefastos fines.

Tan poco les importa lo que diga la ley y la Constitución que realizan un fraude de ley y luego lo cacarean descaradamente a los cuatro vientos. El divorcio es un fraude de ley porque, a través de él, pretenden pasar sobre la expresa prohibición constitucional a los parientes cercanos del presidente. En el campo pagado que publicó la UNE dicen que el divorcio es un “sacrificio por servir al país”. Luego la misma candidata expresó en un campo pagado que “nuestro amor es más sólido que nunca”, pero que aún así se divorcia “por los más necesitados”. En pocas palabras, confiesan que le juegan fraudulentamente la vuelta a la Constitución con tal de seguir aferrados al Guacamolón.

Pero si el fondo no fuese suficientemente malo, la forma fue peor. Por ejemplo, una periodista de CNN le preguntó cinco veces si consideraría divorciarse como opción para optar a la Presidencia, y ella la evadió. Como no le respondió directamente, la astuta entrevistadora le preguntó sobre su relación matrimonial, a lo que contestó que “... estamos en una excelente relación, ... muy bien”. Eso a pesar de que apenas unas pocas horas después (a las 3 de la mañana) presentaron su solicitud de divorcio. Se añaden las declaraciones del presidente Colom de que “divorciarse con fines políticos sería totalmente inmoral”.

Considero que este es un punto de no retorno para las aspiraciones de Sandra de Colom. Aparte de molestar considerablemente a muchísimas personas por el engaño y la desfachatez, creo que sus asesores no le previnieron sobre las consecuencias de una a todas luces frívola decisión de divorcio por la pura ambición del poder y del dinero. Esto no creo que haya caído muy bien en la mayoría de guatemaltecos que todavía valoran la importancia de la familia.

Por si eso no fuera suficiente, tampoco previeron que la figura de “fraude de ley” en Guatemala está muy vinculada precisamente con casos de divorcio en los que el marido, antes de que lo demanden, pasa sus propiedades e ingresos a otras personas para que la mujer no le pueda “quitar” nada. Por lo que este tema es todavía más sensible entre la mayoría de mujeres. Y adivine de qué lado se puso Sandra de Colom: del lado del marido que deja en la calle a la mujer y a los hijos. Su mensaje es claro: no importa hacer fraude de ley, con tal de que uno alcance sus objetivos.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 24 de marzo de 2,011.

Su pasado los alcanzó

Uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras.

“Ellos cuentan con la complicidad del Ejecutivo, y con los atropellos vividos la semana pasada, un fraude es evidente”, fueron las palabras del candidato Álvaro Colom el 31 de julio del 2003, cuando se oponía a la inscripción de Efraín Ríos Montt como candidato presidencial, argumentando que era una “flagrante violación de la Constitución” y que por lo tanto harían todo lo posible para impedirla.

Pero no fue solo el candidato Colom quien se opuso fervientemente a dicha candidatura; también lo hizo su esposa, Sandra Torres de Colom. Ella participó en la Alianza contra la Impunidad (ACI), haciendo campaña en contra de la inscripción del susodicho general.

Las declaraciones de los integrantes de esta organización fueron categóricas: “Lamentamos profundamente la existencia de magistrados, sin mayúscula y sin honorabilidad, que han acertado un duro golpe al estado de Derecho y se han convertido en la vergüenza del pueblo, haciendo de su profesión un sucio negocio político y transformando a una institución como la Corte de Constitucionalidad en un circo”.

Continúa la nota: “La ACI dice que fomentar la impunidad debe ser penalizado, máxime cuando se trata de ‘profesionales’ que fueron comprados para emitir un voto inconstitucional y quienes debieran ser ejemplo de defensa del orden constitucional”.

De seguro a los Colom nunca les pasó por la mente que, ocho años después, iban a estar del otro lado de la cerca, siendo ahora ellos los acusados de “violar la Constitución”.

Eso le suele suceder a la gente que es categórica e implacable para criticar a otros sin siquiera percatarse de su propio techo de vidrio ni mucho menos reflexionar que las acusaciones emitidas pueden regresar a perseguirles con el andar del tiempo.

Por eso la sabiduría popular dice que uno es dueño de su silencio, pero esclavo de sus palabras. Especialmente si las palabras que uno emite quedan registradas, como suele ser en el caso de los personajes públicos (y de quienes escribimos).

Y eso es exactamente lo que le sucede ahora a la pareja presidencial. Sus palabras han vuelto para perseguirles. Y aunque el artículo que se les aplica a ellos es uno distinto al del general, la controversia es la misma, lo más probable es que se deba dirimir de la misma manera y, por si eso no fuera suficiente coincidencia, deberá también ser solucionado por magistrados de la Corte de Constitucionalidad sobre los cuales podrían recaer exactamente las mismas acusaciones que ellos hicieran en su momento, es decir que su nombramiento se debió a su disposición para violar la Constitución con tal de agradar a sus “jefes”. Irónica la vida, ¿no?

Pero no cante usted victoria, porque la sabiduría popular tiene sus excepciones, entre las que destacan los politiqueros (algunos dirán que también los abogados). Para este grupo no importa lo que hayan dicho sus anteriores palabras, estas siempre se pueden cambiar, ampliar, explicar, justificar y, en última instancia, negar y atribuirlo todo a una conspiración de mala fe en su contra.

Dentro de poco veremos un ejemplo de esta incongruencia y desfachatez en vivo y a todo color.

El candidato Colom decía en aquel entonces: “Pareciera que ahora los zanates les disparan a las escopetas”. En efecto, presidente Colom, “pareciera que ahora los zanates les disparan a las escopetas”.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 17 de marzo de 2,011.
Foto: La Hora.

¿El destape?

No es ninguna sorpresa: ya se viene cocinando desde hace por lo menos tres años.

El martes, Sandra Torres de Colom finalmente hizo pública su candidatura a la Presidencia de Guatemala. Durante tres años lo han negado con todas sus fuerzas, pero era más que obvio desde el inicio de la actual administración que su objetivo principal era continuar usufructuando el poder la mayor cantidad de tiempo posible a través de la reelección, siguiendo el ejemplo de sus amigos del sur.

Creo que hay que analizar la candidatura de Torres de Colom desde varios puntos de vista. Primero, el constitucional. A mi mejor entender su candidatura es inconstitucional, debido a la prohibición existente en el artículo 186. Entiendo que el debate actual se centra en que los constituyentes no fueron lo suficientemente categóricos en la redacción del mismo y debieran haber incluido expresamente el término “cónyuge”, pero como no lo incluyeron, entonces los uneistas dicen que la prohibición “rodea” a la primera dama, pero no la incluye a ella, y se respaldan en toda una argumentación en relación con la “formación de grado”.

Esa argumentación desprecia completamente el principio sobre el cual se basa dicha prohibición y el “espíritu” por el cual se incluyó en la Constitución, como es el hecho de que los parientes cercanos a los mandatarios tienen la posibilidad, mucho más que cualquier otro candidato, de aprovechar los recursos de los tributarios para hacerse imagen y campaña. Y para comprobar la razón que tenían los constituyentes, solo hay que ver la cantidad de recursos de los tributarios que se utilizaron los últimos tres años en promocionar la imagen de la primera dama.

En resumen, yo considero que la candidatura de Sandra Torres es inconstitucional; sin embargo, soy consciente de que han estado haciendo todo lo posible para que la nueva Corte de Constitucionalidad esté conformada por personas afines a la actual administración, con el objetivo principal de aplanar el camino hacia su inscripción. Por lo que considero que lo que diga la Constitución será irrelevante, ya que la inscribirán contra viento y marea.

Luego está el punto de negar la campaña de Sandra Torres hasta esta semana, estrategia utilizada para debilitar el argumento contra los tres años de campaña ilegal financiada con los recursos de los tributarios.

Lo negaron por mucho tiempo, pero ahora queda claro que todo era una mentira. El pez por su boca muere y en este caso han sido los mismos dirigentes de la UNE quienes lo han confesado. Por ejemplo, la semana antes de que empezaran las “manifestaciones espontáneas”, uno de los miembros del comité ejecutivo de la UNE indicó en declaraciones a Prensalibre.com que Sandra Torres había estado “trabajando por tres años” para su candidatura. También dijo que antes de anunciar la candidatura se haría una campaña masiva para dar la impresión de que era “la gente” la que le pedía que fuera candidata. A esto se añaden denuncias investigadas en medios de comunicación sobre que forzaron a muchas personas a firmar dicha “petición”, bajo la amenaza de ya no darles la bolsa solidaria si no lo hacían.

Por si eso no fuera suficiente, otros dirigentes de la UNE explicaron en una entrevista radial la semana recién pasada que su partido no tenía Plan B; era Sandra o Sandra.

De que va a participar en las elecciones, me quedan pocas dudas, por lo arriba expuesto. De lo que no me queda duda es que falsearon la realidad y utilizaron fraudulentamente muchísimos millones de quetzales de los tributarios para impulsar la imagen de su candidata. Lástima tantas oportunidades perdidas.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 10 de marzo de 2,011.

Foto: Prensa Libre.

Nuevos Confidenciales

“Quien no sigue consejos no llega a viejo”, reza un refrán popular en alusión a aquellas sugerencias que pueden hacer nuestra vida un poco menos trabajosa. Pero dicho refrán no aplica para el Consejo de Cohesión Social, presidido por la no electa primera dama de la Nación, Sandra Torres de Colom.

Esta nueva institución parasitaria es una réplica aumentada, pero con un nombre más políticamente correcto, de los famosos “gastos confidenciales” que manejaban los presidentes en el pasado reciente.

La comparación de la razón de ser de ambos es sencilla: es casi imposible supervisar los gastos que se hacen de dichos recursos que salen del presupuesto de malgasto de los políticos y socavan los bienes que podrían utilizarse en dar seguridad y velar para que haya justicia.

Antaño, los políticos argumentaban que los confidenciales eran para aquellos gastos “emergentes” que no podían esperar a pasar por todo el proceso normal de compras. Algún presidente más cuerudo de lo normal llegó al extremo de decir que eran parte de su salario y que, por tanto, el quedárselos no era un robo ni corrupción.

Cuando en enero de este año fue “instalado” el famoso consejo, el presidente afirmó que su función principal sería fortalecer programas sociales de ministerios ya existentes. El caballito de batalla de “erradicar la pobreza y la extrema pobreza” salió a relucir para justificar su existencia y acallar la oposición al mismo.

Lo que si es cierto es que tendrá ingerencia directa sobre el gasto de casi Q2 mil millones anuales, además de la capacidad de aprovechar los “estados de calamidad” para gastar cualquier cantidad de recursos, saltándose la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, uno de los pocos mecanismos que existen para restringir, aunque sea un poco, la creatividad de los corruptos.

Pero la cosa no termina allí. No solo hay duplicación de funciones entre el famoso Consejo y algunos ministerios, no hay transparencia alguna en la utilización de los fondos al grado que ni los mismos funcionarios que trabajan en él pueden explicar a cabalidad cuánto se ha gastado en qué, sino que, además, quien preside dicho Consejo ¡o sorpresa!, es nada más y nada menos que un personaje que no tiene cargo público. Sandra de Colom no es una funcionaria pública electa por sufragio universal, y el que sea esposa del presidente aparenta ser la única razón para que dirija dicha institución. Esto no sería problema si a ella se le nombrara como una funcionaria pública (así como se nombra a cualquier ministro) con todas las obligaciones y responsabilidades que tal cargo implica.

Pero como no tiene un verdadero cargo en la administración pública, la cosa está un poco peor que los gastos confidenciales, puesto que al no ser una funcionaria, a doña Sandra no se le puede hacer responsable ni pedir cuentas por los fondos desperdiciados en la inútil lucha contra la pobreza, que tratan de vender como la razón de ser del Consejo.

Ella argumenta que el problema no es que no se puedan fiscalizar los fondos, sino que los de la oposición no saben cómo hacerlo, pero aún, si ese fuera el caso y en algún remoto momento “aprendieran” cómo fiscalizarla correctamente, igual no la podrían responsabilizar de nada ya que, para efectos legales, ella no tiene ninguna culpa en el entuerto.

Así que si seguimos con este consejo, lo más seguro es que llegaremos a viejos, pero mucho más pobres y esquilmados de lo que ya estamos.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 6 de Noviembre de 2,008.