Inmaculada Corrupción

La Corte de Constitucionalidad debe evitar que se legitime la corrupción.

Como en Guatemala siempre la realidad supera con creces la más increíble ficción que algún escritor se pueda imaginar, ahora resulta que los corruptos se pueden salir con la suya, sin temor a que les cuenten las costillas y vayan a tener que pagar sus robos, gracias a una sentencia de un tribunal que dice que ningún ciudadano, ni siquiera los diputados, pueden pedirles cuentas de sus fechorías, sino solo el Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

Aunque usted no lo crea, este es un caso verídico del cual, de hecho, ayer se llevó a cabo una vista pública en la Corte de Constitucionalidad para dilucidar si los ciudadanos tenemos el “privilegio” de poder perseguir legalmente a los funcionarios corruptos que se roban el dinero de los tributarios.

El caso en cuestión es un amparo presentado por la diputada Nineth Montenegro, ante el desvío ilegal de más de Q100 millones del Ministerio de Educación hacia los programas de Mi Familia Progresa. A la diputada se le concedió el amparo provisional, luego se emitió la sentencia de culpabilidad contra los funcionarios responsables de las transferencias ilegales, pero luego otro juzgado detuvo el amparo argumentando que la diputada no puede presentarlo, porque no es “parte interesada”.

Indistintamente de los vericuetos legalistas que están siendo discutidos actualmente en este caso, a mí me preocupa sobremanera que funcionarios corruptos se escuden en esos vericuetos para escapar de las garras de la justicia. Me preocupa, angustia y molesta todavía más que un tribunal no solo preste atención, sino que dictamine a favor de los corruptos utilizando esos argumentos.

Y lo que más me encoleriza es que no solo es tan difícil que en Guatemala alguien se tome la molestia de seguirle las huellas a los corruptos, sino que ahora resulta que nadie pueda iniciar acciones legales en su contra, ni siquiera un diputado que constitucionalmente tiene la obligación de contarles las costillas a los funcionarios públicos sobre cómo se gastan el dinero de los tributarios.

Eso simplemente es inadmisible. Si a los funcionarios corruptos solo los puede enjuiciar el Ministerio Público y la PDH, demos por sentado que en Guatemala nunca se va a perseguir a los corruptos, y los tributarios tendremos que resignarnos a contemplar impotentemente cómo los criminales que por el momento detentan el poder se apropian impunemente de nuestros recursos.

Tenemos todavía alguna esperanza de que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no vayan a legitimar esta atrocidad, ya que hacerlo sería darle el tiro de gracia al ínfimo estado de Derecho que todavía queda en nuestro país. Si lo hacen, Guatemala se convertirá, oficialmente, en la primera dictadura de la corrupción —todas las dictaduras son corruptas, pero esta lo sería “legalmente”—.

Le recomiendo que le siga la pista a este caso, el cual la Corte de Constitucionalidad debe resolver en las próximas semanas o meses. Su futuro está en la balanza.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 13 de Octubre de 2,011.

Excepción de muerte

Para variar: hay que tratar bien a los criminales, y los ciudadanos que se jodan.







En nuestra Guatemala surrealista, a pesar de que la violencia está literalmente a la vuelta de la esquina para casi todos, los funcionarios públicos se empecinan en darle la espalda a la ciudadanía. Ahora resulta que la gran propuesta es establecer estados de Excepción, con los cuales quienes más pierden son los ciudadanos y no los criminales, pero se oponen a capa y espada, por ejemplo, a aplicar la pena de muerte. Para terminar de ajustar las cosas, reducen el presupuesto de seguridad y nos dicen a los ciudadanos que “hay que aguantar”. La conclusión: de palabra están “preocupados” por la inseguridad, pero sus acciones dicen todo lo contrario.

Para ponernos en contexto, creo muy importante recalcar las declaraciones del presidente Álvaro Colom hace menos de dos años, cuando se discutía la aprobación del presupuesto: “Si quieren seguridad, paguen más impuestos, porque los que ya pagan se utilizarán para mis programas sociales”. Y para complementar, algo así como un año después, indicó que los programas sociales de su gobierno, como Cohesión Social y Mi Familia Progresa, eran la plataforma sobre la cual se lograría la reelección del partido oficial. En pocas palabras, su objetivo principal es la permanencia en el poder a expensas de los recursos de los tributarios; la seguridad no es su problema.

Y por aquello de las dudas que ahora ya no se “recuerde” de estas declaraciones, su punto de vista no ha cambiado un ápice. Hace unos días volvió a declarar que no había recursos suficientes para la seguridad y que se necesitaba subir los impuestos para poder combatir la violencia. Lo que contrasta con que hace un tiempo el ministro de Gobernación Gándara “cedió” Q275 millones del presupuesto de seguridad para Cohesión Social, con la excusa de que no se necesitaban en ese ministerio. Y ahora, nuevamente, nos enteramos de que Q200 millones del presupuesto de seguridad se van a utilizar para otras cosas, y el actual ministro Menocal lo justifica diciendo que es dinero que de todas maneras no pueden gastar. Y entonces, ¿por qué dice Colom que necesitan más dinero? ¿Quién miente?

Ahora salen con que para combatir la violencia se necesita establecer un estado de Excepción. Esta aseveración lleva implícita la aceptación del fracaso en controlar la violencia y la inseguridad por parte de los funcionarios, pero además es una nueva amenaza contra la ciudadanía. A los criminales no les afecta mayor cosa que sus derechos sean reducidos con el estado de Excepción, pero a los ciudadanos honrados sí. ¿El que las autoridades no tengan que respetar nuestros derechos básicos —porque los criminales no nos los respetan— hará que éstas funcionen mejor? Lo dudo. Me da mucha más sospecha que esa limitación de nuestros derechos pueda ser utilizada por los funcionarios para abusar todavía más de nosotros y para tratar de acallar a la opinión pública, a la oposición, que para combatir la criminalidad.

Y para terminar de amolar las cosas, los funcionarios tienen el descaro de decir que lo que definitivamente no van a hacer es aplicar la pena de muerte. ¿Y por qué no? Si los criminales se la aplican diariamente al menos a 15 guatemaltecos, sin ningún juicio, evidencia, acusación, defensa ni nada que parezca un debido proceso, garantías y derechos, de los que sí han gozado los sentenciados a muerte. ¿Hasta cuándo tendremos que seguir sufriendo por la cobardía de los políticos?

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 22 de julio de 2,010.

Foto: La foto, que es una demostración del proceso de inyección penal, la encontré en el blog "Historias del Regatecha".

Castravelo

En Guatemala, la realidad siempre supera con creces a la ficción.

La denuncia de un plan para asesinar a la diputada Nineth Montenegro, particularmente con la poca información que se dio al respecto, deja pie para que se elucubren muchas hipótesis y algunas conclusiones que reafirman categóricamente lo mal que estamos en Guatemala.

La información conocida es que la CICIG y el Ministerio de Gobernación se enteraron de un plan para eliminar a la diputada con el supuesto propósito de ocasionarle problemas al gobierno.

Partiendo de esa premisa, y dándole credibilidad, hay que buscar a los probables beneficiarios de esos problemas del gobierno. El Presidente se adelantó a decir que el problema viene de "mafias que están siendo golpeadas por investigaciones". Ante esas declaraciones, podríamos descartar a otros que se pudieran beneficiar, como por ejemplo la oposición política, y concluir que esta amenaza viene de algún grupo del "crimen organizado" o del narcotráfico, y allí se acabó la cosa y lo que hay que hacer es proteger bien a la diputada.

Sin embargo, cualquier investigador sabría que hay que revisar todas las posibilidades y todos los posibles beneficiarios. Y si seguimos esa línea, a mí me surgen muchas dudas, las que quiero plantear.

Esta situación me parece en extremo conveniente para el gobierno ya que le quita de encima varios pesos de un solo manotazo. Primero, se desvía la atención de la opinión pública sobre los más recientes escándalos, como los cambios de los ministros, empecinamiento al no revelar información sobre sus programas, las capturas de altos exfuncionarios de seguridad y las graves denuncias de exfuncionarios contra el Presidente y otros funcionarios.

Segundo, de ser exitosa la advertencia y lograr que la diputada Montenegro se fuera del país, se quitarían esa piedra en el zapato que tantos disgustos les ha ocasionado.

Y tercero, si no se va la diputada (que no se fue), continúa su labor fiscalizadora (que de hecho ya anunció que no sólo continuará, sino que agudizará), y le llega a suceder algo (Dios no lo permita), ellos tendrían la coartada perfecta.

¿Muy maquiavélico? Probablemente, pero recordemos que ellos mismos apoyaron la "verdad interina" de que alguien en Guatemala podía planear y ejecutar casi a la perfección un plan a lo "Gran Torino" para "desestabilizar" al gobierno.

El Presidente también afirmó que la amenaza "no tiene nada que ver" con la fiscalización que la diputada Montenegro hace de Mi Familia Progresa. Este argumento es falaz, ya que, indistintamente de si la amenaza viene de las "mafias" o del gobierno, la causa es el protagonismo que ha tomado la diputada en la fiscalización. Esa es la única razón por la cual podrían "ocasionarle" problemas al gobierno.

Lo que me lleva a las conclusiones. Recomendarle que se vaya del país es un gran reconocimiento de la incapacidad de las autoridades para velar porque en el país haya seguridad y se imparta justicia, que son sus responsabilidades principales. La situación actual es un corolario del discurso de lucha de clases que han sostenido las autoridades. Oponerse a la fiscalización hace responsables a los gobernantes de lo que le pueda suceder a la diputada, venga de donde venga. Y para poner en contexto la situación actual, debemos recordar que hace unos meses el presidente indicó que si queríamos seguridad, había que pagar más impuestos, porque lo que ya pagamos lo iban a usar en sus proyectos sociales. ¿Sobre quién recae entonces la responsabilidad?

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 11 de marzo de 2,010.