Como en Guatemala siempre la realidad supera con creces la más increíble ficción que algún escritor se pueda imaginar, ahora resulta que los corruptos se pueden salir con la suya, sin temor a que les cuenten las costillas y vayan a tener que pagar sus robos, gracias a una sentencia de un tribunal que dice que ningún ciudadano, ni siquiera los diputados, pueden pedirles cuentas de sus fechorías, sino solo el Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
Aunque usted no lo crea, este es un caso verídico del cual, de hecho, ayer se llevó a cabo una vista pública en la Corte de Constitucionalidad para dilucidar si los ciudadanos tenemos el “privilegio” de poder perseguir legalmente a los funcionarios corruptos que se roban el dinero de los tributarios.
El caso en cuestión es un amparo presentado por la diputada Nineth Montenegro, ante el desvío ilegal de más de Q100 millones del Ministerio de Educación hacia los programas de Mi Familia Progresa. A la diputada se le concedió el amparo provisional, luego se emitió la sentencia de culpabilidad contra los funcionarios responsables de las transferencias ilegales, pero luego otro juzgado detuvo el amparo argumentando que la diputada no puede presentarlo, porque no es “parte interesada”.
Indistintamente de los vericuetos legalistas que están siendo discutidos actualmente en este caso, a mí me preocupa sobremanera que funcionarios corruptos se escuden en esos vericuetos para escapar de las garras de la justicia. Me preocupa, angustia y molesta todavía más que un tribunal no solo preste atención, sino que dictamine a favor de los corruptos utilizando esos argumentos.
Y lo que más me encoleriza es que no solo es tan difícil que en Guatemala alguien se tome la molestia de seguirle las huellas a los corruptos, sino que ahora resulta que nadie pueda iniciar acciones legales en su contra, ni siquiera un diputado que constitucionalmente tiene la obligación de contarles las costillas a los funcionarios públicos sobre cómo se gastan el dinero de los tributarios.
Eso simplemente es inadmisible. Si a los funcionarios corruptos solo los puede enjuiciar el Ministerio Público y la PDH, demos por sentado que en Guatemala nunca se va a perseguir a los corruptos, y los tributarios tendremos que resignarnos a contemplar impotentemente cómo los criminales que por el momento detentan el poder se apropian impunemente de nuestros recursos.
Tenemos todavía alguna esperanza de que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no vayan a legitimar esta atrocidad, ya que hacerlo sería darle el tiro de gracia al ínfimo estado de Derecho que todavía queda en nuestro país. Si lo hacen, Guatemala se convertirá, oficialmente, en la primera dictadura de la corrupción —todas las dictaduras son corruptas, pero esta lo sería “legalmente”—.
Le recomiendo que le siga la pista a este caso, el cual la Corte de Constitucionalidad debe resolver en las próximas semanas o meses. Su futuro está en la balanza.
Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 13 de Octubre de 2,011.
1 comentario:
"Cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de quienes no producen nada; cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican no bienes, sino favores; cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y
por influencias mas que por el trabajo, y que las leyes no lo protegen contra ellos, sino, por el contrario son ellos los que están protegidos contra usted; cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrá afirmar, sin temor a equivocarse, que su sociedad está condenada." - Ayn Rand -
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