Excepción de muerte

Para variar: hay que tratar bien a los criminales, y los ciudadanos que se jodan.







En nuestra Guatemala surrealista, a pesar de que la violencia está literalmente a la vuelta de la esquina para casi todos, los funcionarios públicos se empecinan en darle la espalda a la ciudadanía. Ahora resulta que la gran propuesta es establecer estados de Excepción, con los cuales quienes más pierden son los ciudadanos y no los criminales, pero se oponen a capa y espada, por ejemplo, a aplicar la pena de muerte. Para terminar de ajustar las cosas, reducen el presupuesto de seguridad y nos dicen a los ciudadanos que “hay que aguantar”. La conclusión: de palabra están “preocupados” por la inseguridad, pero sus acciones dicen todo lo contrario.

Para ponernos en contexto, creo muy importante recalcar las declaraciones del presidente Álvaro Colom hace menos de dos años, cuando se discutía la aprobación del presupuesto: “Si quieren seguridad, paguen más impuestos, porque los que ya pagan se utilizarán para mis programas sociales”. Y para complementar, algo así como un año después, indicó que los programas sociales de su gobierno, como Cohesión Social y Mi Familia Progresa, eran la plataforma sobre la cual se lograría la reelección del partido oficial. En pocas palabras, su objetivo principal es la permanencia en el poder a expensas de los recursos de los tributarios; la seguridad no es su problema.

Y por aquello de las dudas que ahora ya no se “recuerde” de estas declaraciones, su punto de vista no ha cambiado un ápice. Hace unos días volvió a declarar que no había recursos suficientes para la seguridad y que se necesitaba subir los impuestos para poder combatir la violencia. Lo que contrasta con que hace un tiempo el ministro de Gobernación Gándara “cedió” Q275 millones del presupuesto de seguridad para Cohesión Social, con la excusa de que no se necesitaban en ese ministerio. Y ahora, nuevamente, nos enteramos de que Q200 millones del presupuesto de seguridad se van a utilizar para otras cosas, y el actual ministro Menocal lo justifica diciendo que es dinero que de todas maneras no pueden gastar. Y entonces, ¿por qué dice Colom que necesitan más dinero? ¿Quién miente?

Ahora salen con que para combatir la violencia se necesita establecer un estado de Excepción. Esta aseveración lleva implícita la aceptación del fracaso en controlar la violencia y la inseguridad por parte de los funcionarios, pero además es una nueva amenaza contra la ciudadanía. A los criminales no les afecta mayor cosa que sus derechos sean reducidos con el estado de Excepción, pero a los ciudadanos honrados sí. ¿El que las autoridades no tengan que respetar nuestros derechos básicos —porque los criminales no nos los respetan— hará que éstas funcionen mejor? Lo dudo. Me da mucha más sospecha que esa limitación de nuestros derechos pueda ser utilizada por los funcionarios para abusar todavía más de nosotros y para tratar de acallar a la opinión pública, a la oposición, que para combatir la criminalidad.

Y para terminar de amolar las cosas, los funcionarios tienen el descaro de decir que lo que definitivamente no van a hacer es aplicar la pena de muerte. ¿Y por qué no? Si los criminales se la aplican diariamente al menos a 15 guatemaltecos, sin ningún juicio, evidencia, acusación, defensa ni nada que parezca un debido proceso, garantías y derechos, de los que sí han gozado los sentenciados a muerte. ¿Hasta cuándo tendremos que seguir sufriendo por la cobardía de los políticos?

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 22 de julio de 2,010.

Foto: La foto, que es una demostración del proceso de inyección penal, la encontré en el blog "Historias del Regatecha".