¿La guerra o la paz?

¿Qué posición tomar?

Luego de mi artículo de la semana pasada, en el que comentaba el análisis que la empresa Stratfor publica sobre la guerra en el Líbano, un lector en Estados Unidos de la versión electrónica de Prensa Libre me preguntó cuál era mi opinión sobre el conflicto. He aquí mi respuesta.

Como muchos temas en la vida, este en particular está lleno de grises y matices. Como ferviente creyente en una sociedad abierta basada en el respeto a los derechos individuales a la vida, la libertad y la propiedad de las personas, creo que el método para alcanzar el progreso es la cooperación. Por lo mismo, no soy partidario de las guerras y considero que éstas son una de las peores desgracias que le pueden ocurrir a una sociedad.

Por otra parte, entiendo muy bien que las ambiciones de poder, y en algunos casos otros intereses, entre los que el religioso puntea muy alto, han llevado a la humanidad a vivir en un constante pie de guerra durante la mayor parte de la historia registrada, y de seguro antes también, al grado que, por lo menos en la civilización occidental, la "pax romana" es considerado el período más largo de la historia en la que no hubieron mayores guerras en el mundo conocido y a duras penas se acercó a los 200 años.

Con estos antecedentes, un conflicto como el actual en Líbano lo hace a uno chocar con mucho dilemas éticos. ¿Tienen derecho los israelíes a defenderse de Hizbulá, atacando sus posiciones en Líbano? ¿Tienen derecho los de Hizbulá a atacar Israel? ¿Qué hacen los libaneses que se encuentran en un fuego cruzado que probablemente no se habría dado si su gobierno hubiese honrado el compromiso que hizo con la comunidad internacional de desarmar a Hizbulá?

Son muchos dilemas, y lamentablemente, no tiene uno todos los pelos de la burra, sin embargo, como nunca los vamos a tener en casi ninguna situación y uno debe a veces tomar decisiones con la poca o mucha información a que tiene acceso, yo considero que los israelíes, por lo menos en este caso, tienen derecho a defenderse de la agresión de Hizbulá.

Que sufren las consecuencias muchos civiles en Líbano, es cierto, como también es cierto que muchos civiles en Israel también sufren las consecuencias de los ataques de Hizbulá. Lo peor de todo es que, por lo menos según la información y análisis a los que he tenido acceso, este conflicto tiene muchas posibilidades de prolongarse y, por lo mismo, volverse más violento y catastrófico.

Pero creo que Israel dio la pauta desde hace años al retirarse de Líbano y confiar en que, con el apoyo internacional, podrían por lo menos contener a Hizbulá. No lo hicieron, dejaron que se armara y preparara mejor para seguir atacando a Israel, y ahora todos están pagando las consecuencias. Esperemos que se encuentre una pronta salida a este lamentable conflicto.

Publicado en Prensa Libre el 27 de julio de 2006.

¿Es una industria?

La adopción es una institución que debe preservarse.

La adopción ha salido nuevamente al tapete, principalmente gracias a un reportaje publicado hace unos días en este matutino y a las presiones de "organizaciones sociales" y organismos internacionales para erradicarla de nuestro país. Considero que ceder a esas presiones equivale a condenar a muchos niños y niñas guatemaltecos a más pobreza, privaciones y miseria.

Primero que nada, creo que se trata de manipular los sentimientos de las personas a través del uso del lenguaje. Le llaman "industria" y "negocio" por ejemplo, a la adopción, con el ánimo de atribuirle a quienes la defienden el despectivo de "malditos capitalistas" y, a su vez, arrogarse, quienes se oponen a ella, una falsa superioridad moral dando a entender que ellos sí se preocupan por los pobres niños, mientras que "los otros" sólo se preocupan de venderle niños, cual si fueran tomates, a quien más dólares les dé por ellos.

A partir de esa premisa, se deduce que si se incrementa el número de adopciones es malo y si se reduce es bueno; si se cobra poco o nada por la adopción es bueno, si se cobra bastante por la misma es malo; si las adopciones las hacen los políticos y los burócratas (una entidad del estado, pues) es bueno, si lo hacen abogados y personas particulares no vinculadas a la estructura del gobierno o las instituciones de "derechos humanos" es malo.

La solución que proponen para "resolver" el problema es aprobar una ley que haga mucho más difícil adoptar a un niño, que no participen en el proceso los "avorazados" abogados sino que todo sea hecho por las almas de Dios que trabajarán (no ad honorem, por supuesto) en la entidad burocrática que para ese efecto se creará.

Lo que se logrará con ese cambio es reducir al mínimo las adopciones, si es que no erradicarlas completamente, lo que no me extrañaría que sea su verdadero propósito. ¿Por qué desean eso?, es algo que todavía no logro entender. ¿Por qué se empecinan en impedirle a muchísimos niños un mucho mejor futuro del que, sin lugar a dudas, tendrán en un hogar donde ni los quieren ni los pueden mantener, o en algún orfanato olvidado o, peor aún, abandonados en la calle donde seguramente pasarán a engrosar las filas de la primera mara que se aparezca. Porque, que yo sepa, quienes se desgarran las vestiduras por la "amenaza" de las adopciones, no andan por el mundo invirtiendo sus dineros en crear y mantener orfanatos.

Por supuesto que sería mejor que todos los niños nacieran y crecieran en hogares modelo, pero la cruda realidad es muy distinta, y la adopción les permite, por lo menos a algunos miles de guatemaltecos, aspirar a un muchísimo mejor futuro del que se le presenta a la gran mayoría de los otros 13 millones de guatemaltecos. No se deje influir por la tergiversación del lenguaje.

Publicado en Prensa Libre el 13 de julio de 2006.

¿Qué debemos cambiar?

¿Cuáles son los cambios propuestos?

He hablado sobre la necesidad de una reforma del sistema y de la propuesta de reforma constitucional de principios que ha hecho la Asociación Proreforma; ahora bien, ¿en qué consisten los cambios propuestos? La propuesta es bastante completa pero me gustaría resumir los cambios principales.

La reforma constitucional de principios establece un sistema bicameral, con funciones distintas para cada cámara: un Senado para promulgar la ley y una Cámara de Diputados para conformar la legislación.

El Senado se encargará principalmente de decretar la Ley, es decir, las normas generales, permanentes y abstractas de conducta justa, que definen los derechos de las personas y, por lo tanto, será esencialmente apolítico. Estará integrado por cuarenta y cinco senadores, de edades entre 50 y 65 años, que durarán en su cargo 15 años y no podrán ser reelectos.

La Cámara de Diputados se encargará de emitir los decretos legislativos necesarios para la operación del gobierno. Será esencialmente política, responsable ante sus electores, y estará integrada por diputados electos para períodos de cuatro años. Esta Cámara se renovará por mitad cada dos años, siendo su número fijo e independiente del aumento de la población, fijándose para tal efecto 23 distritos electorales y dos diputados por distrito, para un total de 46 representantes.

La propuesta establece la forma democrática de remover de su cargo al Presidente de la República, por demostrada incompetencia, extralimitación en el ejercicio de sus funciones, intromisión grave en otros organismos y corrupción. Para tal destitución se necesitan tres cuartas partes del Congreso de la República. Contempla la revocatoria del mandato por un mecanismo de consulta popular.

Se establece también una alternancia en la elección de los Poderes Legislativo y Ejecutivo a través de la elección de la mitad de la Cámara de Diputados cada dos años.

Se impide la legislación casuística o discriminatoria, así como la que concede privilegios a grupos o personas en particular. Así también se establece que, con excepción de los códigos, que serán competencia del Senado y tendrán vigencia indefinida, la legislación ordinaria tendrá una vigencia de 10 años.

Se eleva a dos terceras partes el número de votos necesarios para la aprobación de impuestos y deuda pública. También se prohíbe que los impuestos recaudados se utilicen en obras o partidas presupuestarias diferentes a las de su asignación.

En general, se suprimen muchas disposiciones y relaciones presupuestarias que no corresponden a una Constitución de principios, por ser puramente reglamentarias.

Si quiere conocer mejor el proyecto, lo invito a estudiarlo en el sitio www.proreforma.org.gt donde están detalladas todas las reformas. Y si se convence que es lo que necesitamos, apóyelo.

Publicado en Prensa Libre el 6 de julio de 2006.