El secuestro de cuatro turistas belgas y los dos guatemaltecos que los acompañaban, el viernes pasado, es una más de las “acciones de hecho” que grupos de presión han realizado para imponer su punto de vista sobre los gobernantes y que poco a poco nos acercan más al borde del precipicio y la ingobernabilidad. Esta es una ocasión crucial para que la administración de Colom establezca de una vez por todas si está dispuesta a hacer valer la ley o, por el contrario, demostrar que reverencia a cualquiera que le haga la menor presión (como sus primeros meses al frente del gobierno parecen indicar).
Lo primero que se debe hacer es dejar de apañar los crímenes con el manto eufemístico de las “acciones de hecho”. No nos engañemos, las famosas “acciones de hecho” generalmente son violaciones de la ley por parte de personas que se escudan en las “reivindicaciones” para cometer cualquier delito. A las cosas hay que llamarlas por lo que son, y lo que hicieron los integrantes del grupo que secuestraron a los turistas es eso: un secuestro, un delito penado con cárcel. De hecho, el secuestro es uno de los crímenes más horrendos que puede dejar marcadas de por vida a las víctimas y a sus familiares, indistintamente de las excusas que utilicen los secuestradores para justificar su delito.
Cuando los gobernantes, que están obligados a hacer valer la ley, dejan pasar impunemente un crimen por motivos políticos, no solo están violando la Constitución y muchas leyes menores, sino que adicionalmente dan el mensaje de que la ley los tiene sin cuidado y que no les importa violarla con tal de lograr sus fines. Como consecuencia, las demás personas, particularmente los de los grupos de presión amantes de las “medidas de hecho” se ven reivindicados en su propio desprecio por la ley y tienen los mejores incentivos para presionar cada vez un poco más, con tal de lograr sus fines.
Este caso es el mejor ejemplo de ello, ya que quienes secuestraron a los turistas son los mismos que anteriormente secuestraron a 29 policías y que salieron bien librados, es decir, con toda impunidad, de semejante delito. No se les persiguió, mucho menos se les capturó, y todo ello a pesar de que a todas luces cometieron un delito flagrante a la vista de todo el mundo.
Ah, pero como supuestamente era por “reivindicaciones”, entonces los gobernantes no los trataron como criminales, sino que negociaron con ellos y los dejaron en total impunidad. ¿El resultado? Se envalentonaron y volvieron a las andadas, solo que ahora con repercusiones mucho más serias al secuestrar a turistas.
Las repercusiones ya se empezaron a ver. Durante esta misma Semana Santa, ya muchos turistas cancelaron sus reservaciones para Izabal. Y a mediano plazo las perspectivas para el turismo no serán mucho mejores.
Pero las peores repercusiones no tienen que ver con el turismo, sino con el mensaje que los gobernantes den si dejan que este delito se quede en la impunidad. Les estarán indicando a todos que la ley les viene del norte, y que cualquiera puede cometer delitos y crímenes impunemente, siempre y cuando lo haga excusándose en las “reivindicaciones”, ya que para los gobernantes éstas son mucho más importantes que la ley y además tiemblan ante cualquiera que los presione, sean los euroburócratas, los maestros o un grupo de secuestradores disfrazados de campesinos.
¿Tomarán la decisión correcta los gobernantes?
Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 20 de marzo de 2,008.
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