¿Es un caso aislado o simplemente el que cayó en desgracia?
La semana pasada el revuelo en el mundillo político giró alrededor
de la captura del alcalde de Antigua Guatemala, Adolfo Vivar Marroquín,
y varios de sus compinches. La pregunta del millón es si esta captura
es un “caso aislado” debido a algún tipo de presiones o si podemos
esperar que, a partir de ahora, veamos a más funcionarios investigados
y, si fuere el caso, acusados y atrapados.
Para cualquiera que conozca a
alguien que tiene algún tipo de negocios como “contratista” del
Estado, no es un secreto que desde hace mucho tiempo, por no decir
“toda la vida”,
la corrupción ha campeado en muchas de las contrataciones que se
hacen con fondos públicos. Y esto solo con las obras contratadas por el
Ejecutivo. Lo mismo se puede decir de los “pagos” a diputados a través
de la contratación de obras en sus jurisdicciones.
Si nos vamos a las municipalidades, hemos escuchado tantísimas
historias de alcaldes que llegaron al cargo debiendo la campaña y que
salieron con casas, carros, cuentas y cuentas. Las historias abundan a
lo largo y ancho del país y he sabido de muchos exalcaldes que mejor se
han ido, en algunos casos del pueblo, en otros hasta del país, para
evitar las “habladas”, que no la persecución, ya que esta ha sido, hasta
la fecha, virtualmente inexistente.
No puedo decir que todas las contrataciones ni que todos los
funcionarios participen de la corrupción, pero de que mucho dinero de
los tributarios se lo roban, se lo roban.
La estrategia no es muy distinta, en la mayoría de los casos, de
la que acusan a Vivar y su “pandilla”. Utilizar empresas registradas por
sus familiares y amigos que son contratadas para realizar proyectos
sobrevalorados que muchas veces ni siquiera se ejecutan, pero sí se
pagan. La otra forma de corrupción de la que se le acusa es a través de
plazas fantasma, las cuales no son las únicas de las que se tiene
conocimiento, pues nada más tomar posesión los diputados (incluso antes)
ya se ve a los familiares, amigos y “colaboradores” haciendo cola en
los pasillos del Congreso para cobrar las “colaboraciones” y degustar de
los huesos prometidos durante la campaña.
El problema aquí no es si los funcionarios “caen” después de una
larga “investigación” que se realiza porque cayó en desgracia con las
autoridades de turno. Si se siguen dando los negocios entre empresas
fantasmas o familiares de los funcionarios. O si llegará el ciudadano
honrado, honesto y recto que terminará con estas prácticas de robo
descarado. El problema es y seguirá siendo el sistema, hasta que
decidamos cambiarlo por uno en el que los gobernantes se vean realmente
supeditados a la voluntad de los mandantes y circunscritos estrictamente
a su labor de representatividad y a algunas pocas funciones básicas.
Y si el gobierno central y el municipal continúan haciendo
“obras”, está garantizado que este no será el último caso en que veremos
la captura y posible proceso penal contra un funcionario. Lo que quizás
sí suceda es que los practicantes del robo de nuestros impuestos pongan
sus barbas en remojo y busquen nuevos mecanismos para jugarle la vuelta
al sistema. Y se repite la máxima: gobierno grande, pueblo pobre.
¿Cuándo entenderemos?
Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 20 de septiembre de 2,012.
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