Si algunos creen que se justifican los abusos con tal de lograr un “buen fin”, yo no.
El
caso de los rusos Bitkov abre nuevamente la puerta para el que debería ser el
punto principal de la discusión alrededor de la CICIG y su operación en
Guatemala: ¿Cómo se puede evitar que el amplio poder que detenta se preste para
abusos? La solución se debió buscar hace 15 años y no hasta ahora, pero a los
pocos que lo hemos venido recalcando desde esa época se nos ha menospreciado tachándonos
de “reaccionarios”, “antisistema” y una serie de epítetos, propios de quienes
quieren desviar la discusión para no enfrentar la realidad. Bueno, ahora que no
somos solo unos pocos parias que desconfiamos del poder los que argumentamos
esto, sino que ya se han subido al argumento hasta congresistas gringos, ¿seguirán
muchos tratando de tapar el sol con un dedo?
El
caso de los rusos Bitkov se internacionalizó recientemente gracias a varios
artículos sobre el caso publicados por Mary O’Grady en el diario estadounidense
Wall Street Journal. Los artículos de Mary causaron revuelo y fueron seguidos
por otros artículos en importantes medios como The Economist y National Review.
Una consecuencia de este renovado interés por el caso fue que se convocara a
una audiencia en la Comisión sobre Seguridad y Cooperación en Europa, más
conocida como la Comisión Helsinki, conformada por miembros del Congreso y del
Ejecutivo de Estados Unidos.
Lo
que más me llamó la atención de la audiencia fue lo incomprensible que es para
personas que han vivido bajo un régimen republicano que le da tanta importancia
al sistema de pesos y contrapesos –checks and balances- que una institución
gubernamental pueda tener tanto poder sin ninguna estructura de control que evite,
en alguna medida, el que se pueda abusar de ese poder.
“Todas las organizaciones, aún aquellas creadas con la mejor de las intenciones, deben de tener una supervisión apropiada”
Quien
mejor estableció ese punto fue Bill Browder –autor del libro Red Notice e
impulsor de la “Ley Magnitsky”- cuando en una de sus intervenciones finales
expresó: “El concepto de la CICIG es bueno. El tema no es la organización sino
si se ha abusado de esa organización. Deberíamos establecer pesos, contrapesos
y revisiones para asegurarnos que esos abusos no sucedan”. Lo dijo también el
Congresista Chris Smith, quien presidió la audiencia: “Ha habido poca
vigilancia del Congreso sobre la CICIG –es claro que es tiempo de que eso
cambie-.” El que se voló la barda a este respecto fue el Senador Michael Lee,
quien indicó por escrito: “La CICIG es una bestia difícil de manejar. Todas las
organizaciones, aún aquellas creadas con la mejor de las intenciones, deben de
tener una supervisión apropiada y contar con mecanismos de rendición de
cuentas”. Y por aquello de que alguien
salga con que es un tema “ideológico”, es el mismo tema que también preocupó a
la Congresista Jackson Lee en la audiencia.
Es
un buen paso que el Congreso de Estados Unidos quiera establecer un mecanismo
de control para evitar los abusos que se puedan cometer por parte de la CICIG.
Lamentablemente, es “muy poco, muy
tarde”, ya que el meollo del asunto, que les da un poder casi absoluto, está
imbuido en la misma concepción de la institución: la impunidad de por vida que
gozan sus funcionarios en su actuar como parte de la organización.
Es el tipo de
impunidad que permite que un funcionario pueda ser acusado por un testigo en su
lecho de muerte de haberle pagado para mentir acusando falsamente a inocentes y
que el funcionario, aparte de ruborizarse ante las cámaras, no pagara ninguna
consecuencia y adicionalmente siguiera trabajando como uno de los principales funcionarios
de la organización por mucho tiempo –no sé si todavía-. Y así como ese, muchos
más. Y si algunos creen que se justifican los abusos con tal de lograr un “buen
fin”, yo no.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario