La gran mayoría de los
guatemaltecos, pero especialmente los que están a punto de perder sus empleos o
sus empresas, estamos conteniendo el aliento a la espera del mensaje del
presidente de este domingo, en donde se informará cómo funcionará el sistema de
semáforos y alertas, de ahora en adelante. Casi puedo imaginar a la plebe en el
coliseo, tensa, a la espera de que el emperador decida con el pulgar la vida o
la muerte de los esclavos. Así de bajo hemos caído. Así, de un tajo, eliminamos
2,000 años de historia, 2,000 años de desarrollo, que tantos millones de vidas
costaron.
La decisión crucial -que nunca debió legítimamente estar en las manos de un presidente- es si se les respetarán sus derechos a todos los habitantes del país o si se les seguirán violando. Continuar con restricciones a la movilidad de las personas, a que los trabajadores puedan trabajar y a que las empresas puedan operar, condenará a cientos de miles de guatemaltecos a un destino mucho peor del que les tocaría si enfermaran del COVID-19. ¡Ya basta de tantos sinsentidos!
El sistema propuesto por el gobierno necesariamente llevará -aunque no se percaten de ello ni sea su intención- a acabar con la economía del país, incluyendo la del mismo gobierno. Como la inmensa mayoría no se morirá de coronavirus, pero se quedará sin empleo y con pocos medios de subsistencia, no les quedará otra que emigrar -a pesar de que ahora es mucho más difícil y peligroso que hace unos meses-.
El semáforo propuesto es tan tonto, que apenas un par de días después de proponerlo tuvieron que cambiar la cantidad de días que se tomarían en cuenta para los indicadores. En la conferencia de prensa donde lo anunciaron, ilustraron el semáforo con los casos acumulados de 21 días, lo que era un absurdo tal que a los pocos días tuvieron que bajar el indicador al acumulado de 14 días. Aun así, el indicador sigue siendo imposible de cumplir. Para su referencia, con ese indicador, en el departamento de Guatemala se tiene una incidencia de 205 casos por cada 100,000 habitantes, y el municipio de Guatemala tiene una incidencia de 406 casos por cada 100,000 habitantes. El departamento está 8 veces por encima del límite para la alerta roja, y el municipio está 16 veces por encima del límite. Aun con la tendencia ya a la baja, llegar al límite planteado del semáforo tomaría por lo menos varios meses.
Lo peor de todo es que, como está planteado el sistema, aquí en la capital no debería haber mayor actividad económica hasta después de esos meses. O lo que es lo mismo, nunca, porque para ese momento Guatemala sería casi una ciudad fantasma -literalmente-.
El presidente puede -y debe- implementar un semáforo más inteligente. Uno que no determine si las empresas, el transporte colectivo, los centros comerciales, los restaurantes y cualquier otra actividad, pueden operar o no, sino que determine el nivel de “aforo” que puede tener. Bajo ese concepto, si está en “alerta roja” el aforo sería bajo, y conforme van cambiando las alertas, el aforo subiría. Y luego, el indicador a seguir debieran ser las defunciones y no los contagios. Al fin y al cabo, lo que se quiere -y puede- evitar son la mayoría de las muertes. Como los mismos epidemiólogos lo reconocen, tarde o temprano, la mayoría nos vamos a contagiar.
Con solo esos cambios que se hagan al semáforo, el panorama cambia completamente. La gente va a poder trabajar y ganarse su sustento, y el sistema se va a enfocar en evitar que los contagiados de COVID-19 se mueran. ¿No es eso lo que se busca?
Yo estoy en desacuerdo con la implementación del sistema de semáforos, pero si de todos modos lo van a hacer, por lo menos que sea uno inteligente.
Artículo publicado originalmente en Prensa Libre, el viernes 24 de julio de 2020.
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