Electrocutados

Aquí mismo podemos ver el resultado, una década después, de dos caminos distintos...


Muchas personas están cuestionando el aumento en los precios de la energía eléctrica. Como suele suceder, las quejas se enfocan en los efectos y no en las causas. Y ese suele también ser el problema siempre con las políticas públicas. El problema en las tarifas de energía eléctrica no es que las suban cada trimestre; el problema viene desde el hecho de que no están sujetas a la competencia, sino a la decisión de un pequeño grupo de personas. Si queremos realmente progresar, algo para lo cual la energía eléctrica es vital, lo que debemos hacer es abrir la distribución de la electricidad a la competencia.

Como un caso muy especial y quizáúnico en el mundo, Guatemala se convirtió en la última docena de años en un experimento interesantísimo entre dos caminos distintos tomados en políticas públicas: las telecomunicaciones y la electricidad. A finales de la década de 1990, se aprobó el marco regulatorio que rige actualmente cada una de esas actividades. Ambos fueron propuestos por la misma administración (la de Álvaro Arzú) y ambos fueron aprobados por el mismo Congreso; sin embargo, las dos difieren casi diametralmente en su visión de cómo se deben resolver los problemas.

La de telecomunicaciones establece un marco abierto completamente a la competencia, en la que los precios, los productos y los servicios los determina, en última instancia, la competencia entre los distintos proveedores, quienes se ven obligados a competir para ganarse el favor de los consumidores y no andar buscando prebendas a través del tráfico de influencia con los “reguladores”. El resultado está a la vista de cualquiera. De ser un país en el que por esas épocas llegábamos a los cinco teléfonos por cada cien habitantes, hoy en día existen muchos más teléfonos que personas en Guatemala. En telefonía móvil tenemos tarifas de las más bajas del mundo y, lo más importante, el celular se ha convertido en una herramienta importantísima de trabajo hasta para los más pobres.

¿Y la electricidad? Allí se tomó un camino distinto. Se abrió la posibilidad para que cualquiera pudiera entrar a producir energía eléctrica, lo cual es bueno. Se permitió que los “grandes consumidores” pudieran negociar libremente con los generadores las condiciones en las que les comprarían la energía, lo cual también es bueno. Pero a los consumidores finales se les confinó en tarifas fijas, algunas de las cuales son subsidiadas por otros de los usuarios. Se argumentó que la distribución de la electricidad es “muy especial”, y que no se podía tener varios proveedores y que, por tanto, no se podía abrir a la competencia. En su defecto, se instauró un “ente regulador” (la CNEE) responsable de establecer los precios, y supuestamente de velar porque no se abuse de los consumidores.

El resultado también está a la vista. Se han establecido varias plantas de generación de energía en el país. Existirían varias más, de no ser por la absurda oposición de los “ambientalistas” a las hidroeléctricas. Pero el usuario final sigue estando amarrado a un solo proveedor (aunque distinto, dependiendo de la región) y a tarifas decididas por el “ente regulador”.

La solución pasa por abrir también la distribución de la energía eléctrica a la competencia, y no por la “estatización” de la electricidad, como lo pedían algunos manifestantes ayer. Si la historia reciente de Guatemala en esos dos campos no es suficiente evidencia para convencer a alguien, simplemente no lo quiere ver.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 6 de mayo de 2,010.