¿Quién mata?

¿Se reducirá la violencia prohibiendo las armas de fuego?

Cada cierto tiempo resurge en la palestra pública el tema de la prohibición de armas de fuego como método para reducir la criminalidad. Suele suceder luego de que algún asesinato conmueve a las personas. Sin embargo, no creo que sea esa la forma de solucionar el problema de la criminalidad. Es entendible que la primera reacción emocional de las personas ante un crimen impactante -todos lo debieran ser, pero la recurrencia de los mismos tiende a volvernos indiferentes- sea el condenar las armas con las que se cometen y, como corolario, creer que si se eliminan estas, se resolverá el problema.

Por ello no me extraña que en una consulta electrónica hecha por Prensa Libre, el 84% de las personas responda que sí a la pregunta: “¿Cree que debería prohibirse la tenencia y portación legal de armas de fuego en Guatemala?”.

Lamentablemente, esa no es la solución. Las armas simplemente son una herramienta, tan así que de hecho puede ser utilizada tanto para el bien —las personas defendiéndose de los criminales y las autoridades combatiendo el crimen— como para el mal —como las usan los criminales—. Aún si no existieran las armas de fuego, algunos seres humanos siempre encontrarían alguna otra herramienta con la cual dañar e incluso asesinar a otros humanos. No hay que escarbar mucho para probar ese punto: tres mil años de historia previa a las armas de fuego lo comprueban ampliamente.

Adicionalmente, como bien lo dice la pregunta de la encuesta de Prensa Libre, lo que se puede prohibir es la “tenencia y portación legal” de las armas de fuego, no su existencia. Lo que implica que, al igual que como sucede ahora, los criminales seguirán armados, mientras que los ciudadanos honrados que utilizarían las armas legales para defenderse de los criminales se quedarían indefensos.

Por definición, los criminales, delincuentes, ladrones, asesinos, actúan fuera de la ley, de otra manera sus acciones no serían ilegales. Por lo tanto, es tremendamente ingenuo creer que los que ya de por sí actúan fuera de la ley van a dejar de utilizar armas de fuego solo porque la ley se los prohíba. De hecho, la “tenencia y portación” de las armas de fuego de los criminales actualmente ya está prohibida por la ley, porque en su mayoría son armas “ilegales” las que ellos utilizan para cometer fechorías.

Y yo me pregunto: si las armas de fuego que actualmente utilizan los criminales son ilegales, ¿en qué los afectaría una ley que prohíba la tenencia y portación “legal” de las mismas? La respuesta es sencilla: En nada. De hecho, los beneficia, porque van a incrementarse las posibilidades de encontrar víctimas sin capacidad de defenderse.

El problema de la criminalidad no son las armas, especialmente las legales. El problema de la criminalidad se debe a una completa falta de certeza de castigo. Mientras los criminales sepan que pueden actuar impunemente, a plena luz del día, y que las posibilidades de que los persigan, capturen, enjuicien y condenen son ínfimas, seguirán cometiendo fechorías.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 30 de agosto de 2,012.

Nuevamente el radar

El cambio: mismo negocio, diferentes negociadores… ¿o serán los mismos?

Como si “el cambio” no fuera suficientemente parecido a lo que teníamos antes, ahora resulta que quieren embarcarse en la compra de radares y aviones sobrevalorados que intentaron hacer dos veces en el gobierno anterior. ¿No ha entendido Otto Pérez que le conviene separarse de lo que hacía el gobierno anterior, especialmente de las negociaciones cuestionadas?

Para ponerlo en contexto, en el 2009 el gobierno intentó que le aprobaran un préstamo por US$100 millones para la compra de radares, aviones y equipo brasileños, supuestamente para “controlar el espacio aéreo” y de esa manera combatir el narcotráfico. Desde esa ocasión argumentamos lo absurdo que era esa compra, no digamos lo sobrevalorada que estaba. Al final, no lograron que les aprobaran el préstamo y la cosa no pasó a más.

Dos años después, como indemnización al salir del gobierno, intentaron otra vez que les autorizaran el préstamo, solo que en esa ocasión le incrementaron el “precio” al equipo y ya iba por los US$170 millones. Tampoco en esta ocasión lograron su objetivo.

La sorpresa hace dos días es que Otto Pérez Molina sacó a relucir nuevamente la “necesidad” de obtener este préstamo para “fortalecer el control aéreo”. En esta nueva iteración del préstamo, lo bajaron a US$140 millones y por lo menos ya le hicieron algunos cambios, pero sigue siendo una compra cuestionable.

Ahora ya mencionan que los radares se los comprarían a la empresa española que produce los que ya están instalados en la región, que era uno de los cuestionamientos principales en la anterior propuesta ya que los radares brasileños no son compatibles con estos.

Pero los argumentos de fondo en contra de esta negociación siguen siendo los mismos de hace dos años: “Si lo que se quiere hacer es tener ‘controlado’ todo el espacio aéreo guatemalteco, esto se puede lograr añadiendo cinco radares primarios en lugares estratégicos, conectados al sistema ya existente. A ojo de buen cubero, cada radar podría costar unos US$5 millones, con lo que la compra no debería ser mayor a los US$25 millones. Aviones de alcance, que son los que se necesitaría aquí si lo que quieren es ‘combatir el narcotráfico’, se pueden conseguir en poco más de US$1 millón cada uno. Si van a comprar seis aviones, ya vamos por unos US$33 millones. La pregunta es: ¿En qué se van a gastar los otros US$67 millones?” —2012: ahora US$107 millones—.

“Todavía más, la pregunta debería ser: ¿Para qué gastarse ese dinero en un sistema ‘contra el narcotráfico’, cuando para principiar, ni es nuestra guerra y, además, ya los gringos tienen controlado el espacio aéreo de la región con sus Hawkeyes? Si no hacen más contra los aviones de los narcos, no es exactamente porque carezcan de información…”.

“Si lo que quisieran es resolver los problemas de violencia y criminalidad, sería una mucho mejor inversión la compra de helicópteros policiales, que con una inversión menor de los US$5 millones podrían tener el suficiente equipo para tener las 24 horas, los 365 días del año, un helicóptero siempre sobrevolando la ciudad y listo para llegar a cualquier escena del crimen en pocos segundos. Pero pareciera ser que esa no es la motivación...”.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 23 de agosto de 2,012.

Artículos anteriores:

¿El último robo?  Septiembre 2,011.

¿Bossa-Roba? Junio 2,009.

Colados

Las reformas propuestas por el ejecutivo deben esperar su turno en la cola… 

Hace unos días, un grupo de ciudadanos planteó en la Corte de Constitucionalidad un amparo contra el Congreso, para que -como le ordena la Constitución- se ocupe sin demora de conocer y discutir las propuestas de reformas constitucionales que le han sido presentadas desde hace años, antes de conocer las nuevas que se le pretenden presentar. En otras palabras, ni siquiera el presidente se puede colar.

Lo que está pidiendo este grupo de ciudadanos es nada más que el Congreso cumpla con la Constitución.En ella se establece que cuando se le presentan propuestas de reformas constitucionales de acuerdo con los parámetros establecidos, este debe conocer sin demora las mismas. Esto no ha sucedido con ninguna de las siete propuestas que le han sido presentadas desde el año 2007. Es decir, para los diputados, “sin demora” significa por lo menos cinco años. ¡Hasta para una tortuga ese sentido de urgencia sería desesperante!

Pero el problema no solo es de tiempo sino las implicaciones de falta de respeto y desprecio que los diputados han manifestado hacia aquellos que dicen representar. No les importa que en un caso sean más de seis mil ciudadanos los que solicitan una reforma. En otro caso son más de 73 mil ciudadanos.
Como excusa, los diputados dicen que ya se les ha dado trámite y se han enviado las propuestas a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Pero los interponentes del amparo también argumentan que esa no es la vía que establece la Constitución, sino que las propuestas de reformas constitucionales, a diferencia de las iniciativas de ley ordinaria, deben ser conocidas por el pleno del Congreso y no por una comisión.

Lo que nos lleva al punto medular del amparo. Los interponentes solicitan que la CC haga valer el principio de primero en tiempo, primero en derecho. Que el pleno del Congreso conozca, analice y decida sobre las propuestas que les han sido planteadas en el orden en que fueron presentadas.
La importancia de esto radica en que se ha mencionado que las reformas que pretende presentar el presidente van a ser tratadas “con premura” por los diputados. ¿Por qué deberían darle a esta propuesta un tratamiento distinto al que le han dado a todas las demás? ¿Solo porque es presentada por el presidente?

El punto no es que esta propuesta también sea puesta a hibernar en el Congreso, sino que a todas las propuestas presentadas se les debe dar prioridad. No porque una propuesta sea presentada por el presidente entonces se le debe dar trato preferencial y ponerla por delante de las demás.

Es exactamente lo mismo que si usted estuviera haciendo cola por largas horas para hacer algún trámite burocrático y de repente llega alguien dándose aires de importante y lo pasan al frente de la cola solo porque “es hijo de un funcionario”. ¿Le ha pasado esto a usted alguna vez? ¿Cree que es correcto?

En otras palabras, lo único que estos ciudadanos están pidiendo es que se respete el orden y que tanto o más valor tienen la firma de más de 70 mil ciudadanos como las del presidente y sus ministros. ¿Será eso mucho pedir?

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 16 de agosto de 2,012.

Esfuerzo y Recompensa

El éxito es de los deportistas, no de los guatemaltecos ni mucho menos de los politiqueros.

El sábado, Érick Barrondo coronó el esfuerzo de varios años con una medalla de plata olímpica. La mayoría de guatemaltecos nos alegramos -muchos hasta las lágrimas- al observar el triunfo muy bien ganado de este compatriota, hazaña que ningún otro guatemalteco en 50 años de participación olímpica había logrado. Ahora bien, ¿es este un triunfo de los guatemaltecos? Como bien lo dijo John F. Kennedy, “el éxito tiene muchos padres, pero el fracaso es huérfano”. Ahora resulta que este éxito de Érick Barrondo, su entrenador Rigoberto Medina y el equipo de marcha es un triunfo de “los guatemaltecos”, de la dirigencia deportiva, de los medios y hasta de los politiqueros guatemaltecos.

Pues no, no es un triunfo de los guatemaltecos ni de la dirigencia deportiva ni mucho menos de los politiqueros guatemaltecos. Es un triunfo de Érick Barrondo.

Los demás podemos alegrarnos de su triunfo y desearle muchos más éxitos. Sentirnos orgullosos de que un compatriota haya logrado tal propósito. Emocionarnos de ver la bandera de Guatemala ondear por primera vez en la historia en una premiación olímpica. Sentirnos motivados a alcanzar metas más grandes, siguiendo el ejemplo de Barrondo. Pero hasta allí.

No fuimos “los guatemaltecos” quienes sufrimos las largas, monótonas y agotadoras horas de entrenos. No fuimos nosotros quienes padecimos las limitaciones que generalmente pasan la mayoría de deportistas en nuestro país. No fuimos nosotros los que limitamos nuestra vida familiar, sentimental, social y hasta educativa por enfocarnos en el propósito de llegar a alcanzar una medalla olímpica.

No sé usted, pero yo lo más que podría argumentar es que una infinitesimal parte del 3% de los impuestos que me ha quitado la SAT se utilizó en el entrenamiento de Barrondo y de los otros 18 deportistas guatemaltecos que tan buenos resultados han obtenido en esta Olimpiada. O que este año intenté entrevistar al entrenador Medina y a sus muchachos antes de que partieran para Londres pero no se pudo, por la disciplina de los entrenos. Nada de eso me da ninguna justificación moral para apropiarme de un éxito que no me corresponde.

Por eso es que me parece tan chocante —sin quitarle lo ridículo— que ahora el éxito de Barrondo tenga tantos “padres”, especialmente entre la dirigencia deportiva y entre los politiqueros de turno, para variar, saludando con sombrero ajeno. Si a esas vamos, cualquier premio o recompensa que se les dé a los deportistas con dinero de los tributarios es eso, dinero de los tributarios, no del presidente, no de los diputados, no de los dirigentes deportivos, y como tal se debe ver.

Me entristece, por otro lado, ver que hay personas que ni siquiera pueden alegrarse por el éxito ajeno y siempre van a encontrar algo de que agarrar su mezquindad para criticar las victorias de los otros. En esas ocasiones siempre recuerdo ese rótulo pintado en la pared de una empresa de Amatitlán: “Sin envidias, alegrémonos del bien ajeno”.

Yo, al menos, me he alegrado y me alegraré mucho con los éxitos de los deportistas guatemaltecos. Así que felicito a todos los que ya participaron y espero con ansias ver las competencias de los que todavía faltan.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 9 de agosto de 2,012.

¿IVEstigados?

¿Será que algún día nos enteraremos de lo que realmente pasó?


La renuncia del superintendente de Bancos y de la intendente de Verificación Especial la semana pasada es uno más de los incidentes que levantan sospechas sobre la estrategia nada lenta -y por lo visto muy segura- de toma del control del poder en las diferentes instituciones de la administración pública. Muchos rumores y denuncias han corrido desde que Víctor Mancilla presentó su renuncia a la SIB por “razones personales” y Susan Rojas renunció a la IVE, argumentando solidaridad con el superintendente.

¿Existieron o no presiones para que renunciaran? Difícilmente alguna vez lo sabremos a ciencia cierta. Es usual que funcionarios públicos renuncien a sus cargos y argumenten razones “personales” para hacerlo como una manera fácil de evadir la verdadera razón de las renuncias.

Sus razones tendrán, desde temer por su futuro laboral hasta, en algunos casos, temer las consecuencias que sobre ellos o sus familias podría tener decir lo que realmente sucedió. Por supuesto, tampoco se les puede obligar a que lo digan.

Lo importante es que nos percatemos de lo frágil y hasta inservible que en algunos momentos puede ser el sistema en el que vivimos. En este caso particular, más que incluso la SIB es la IVE la que se presenta como un botín político nada despreciable. Es la IVE la que primero tiene acceso a información de los movimientos “inusuales” en las cuentas bancarias, información que puede ser utilizada para fines ajenos a aquellos para los cuales supuestamente existe. Alternativamente, el control de la IVE puede aprovecharse para ocultar información que podría meter en problemas a más de algún funcionario y exfuncionario. Como suele suceder en mucha de la regulación absurda en nuestras latitudes, quienes actúan correctamente son quienes más se ven afectados por la misma, incurriendo en costos y retrasos innecesarios y a veces por sumas ridículas. Mientras que por el otro lado, es muy raro que nos lleguemos a enterar de algún hallazgo que relacione a funcionarios o “contratistas del Gobierno” en donde las transacciones son millonarias y no pasa nada.

También sucede que los gobernantes buscan la manera de poner en esos puestos clave a funcionarios “amigos” que sirvan, por un lado, para perseguir a los enemigos y, por otro, para tapar a los propios.
¿Qué va a pasar en las actuales circunstancias? Lo desconozco pero la experiencia me indica que hay que desconfiar de los políticos, especialmente cuando están gobernando. Lamentablemente, solo con el tiempo podremos saber si a quienes escojan servirán para lo anteriormente mencionado, o harán correctamente su trabajo.

Simplemente es muy improbable, por no decir imposible, que los movimientos realizados por los cercanos al poder no levanten sospechas. Aún si creyéramos que solo el 1% de todo el presupuesto se pierde en corrupción, ello representa unos Q600 millones. Recordemos que la misma vicepresidenta en sus tiempos de llanura se refirió a porcentajes mucho más altos que ese. Y entonces, ¿se pueden desaparecer Q600, Q6 mil o Q12 mil millones sin que nadie se percate de ello, pero cuando alguien alejado del poder quiere depositar US$5 mil casi lo hacen pasar por el detector de mentiras? No es computable…

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 2 de agosto de 2,012.