jueves, 2 de agosto de 2012

¿IVEstigados?

¿Será que algún día nos enteraremos de lo que realmente pasó?


La renuncia del superintendente de Bancos y de la intendente de Verificación Especial la semana pasada es uno más de los incidentes que levantan sospechas sobre la estrategia nada lenta -y por lo visto muy segura- de toma del control del poder en las diferentes instituciones de la administración pública. Muchos rumores y denuncias han corrido desde que Víctor Mancilla presentó su renuncia a la SIB por “razones personales” y Susan Rojas renunció a la IVE, argumentando solidaridad con el superintendente.

¿Existieron o no presiones para que renunciaran? Difícilmente alguna vez lo sabremos a ciencia cierta. Es usual que funcionarios públicos renuncien a sus cargos y argumenten razones “personales” para hacerlo como una manera fácil de evadir la verdadera razón de las renuncias.

Sus razones tendrán, desde temer por su futuro laboral hasta, en algunos casos, temer las consecuencias que sobre ellos o sus familias podría tener decir lo que realmente sucedió. Por supuesto, tampoco se les puede obligar a que lo digan.

Lo importante es que nos percatemos de lo frágil y hasta inservible que en algunos momentos puede ser el sistema en el que vivimos. En este caso particular, más que incluso la SIB es la IVE la que se presenta como un botín político nada despreciable. Es la IVE la que primero tiene acceso a información de los movimientos “inusuales” en las cuentas bancarias, información que puede ser utilizada para fines ajenos a aquellos para los cuales supuestamente existe. Alternativamente, el control de la IVE puede aprovecharse para ocultar información que podría meter en problemas a más de algún funcionario y exfuncionario. Como suele suceder en mucha de la regulación absurda en nuestras latitudes, quienes actúan correctamente son quienes más se ven afectados por la misma, incurriendo en costos y retrasos innecesarios y a veces por sumas ridículas. Mientras que por el otro lado, es muy raro que nos lleguemos a enterar de algún hallazgo que relacione a funcionarios o “contratistas del Gobierno” en donde las transacciones son millonarias y no pasa nada.

También sucede que los gobernantes buscan la manera de poner en esos puestos clave a funcionarios “amigos” que sirvan, por un lado, para perseguir a los enemigos y, por otro, para tapar a los propios.
¿Qué va a pasar en las actuales circunstancias? Lo desconozco pero la experiencia me indica que hay que desconfiar de los políticos, especialmente cuando están gobernando. Lamentablemente, solo con el tiempo podremos saber si a quienes escojan servirán para lo anteriormente mencionado, o harán correctamente su trabajo.

Simplemente es muy improbable, por no decir imposible, que los movimientos realizados por los cercanos al poder no levanten sospechas. Aún si creyéramos que solo el 1% de todo el presupuesto se pierde en corrupción, ello representa unos Q600 millones. Recordemos que la misma vicepresidenta en sus tiempos de llanura se refirió a porcentajes mucho más altos que ese. Y entonces, ¿se pueden desaparecer Q600, Q6 mil o Q12 mil millones sin que nadie se percate de ello, pero cuando alguien alejado del poder quiere depositar US$5 mil casi lo hacen pasar por el detector de mentiras? No es computable…

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 2 de agosto de 2,012.

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