Incompetencia asegurada

Si se impide la competencia, lo que se obtiene es incompetencia.


En el debate sobre la nueva Ley de Seguros, que supuestamente será aprobada la semana entrante, el nudo gordiano es la competencia. Algunos aseguradores y reguladores locales se empecinan en querer prohibir la competencia extranjera, casi llegándola a igualar con el narcotráfico. Utilizando los mejores argumentos mercantilistas, que algunos creíamos ya superados, quieren evitar la competencia y obligar a los consumidores locales a depender exclusivamente de ellos para sus necesidades de seguros.

El único resultado que estas limitaciones pueden tener, como ya se ha comprobado hasta la saciedad tanto aquí como en casi todas partes, es la incompetencia de los proveedores locales y la insatisfacción de los consumidores.

Algunos me dicen que por qué no nos fijamos en las muchas bondades que tiene la nueva ley, que actualiza legislación, que viene de hace casi medio siglo y que va a “modernizar” el sistema, y no solo en esa pequeña piedra en el zapato de la competencia extranjera. De entrada, no soy muy partidario de la sobrerregulación que ahora está de moda, particularmente en los temas financieros, por lo que no me emociona mucho la nueva regulación, pero sí creo que algunas cosas hay que actualizarlas y que algo se avanza en ese sentido.

Con lo que no estoy de acuerdo es con considerar que el tema de la competencia es apenas un concepto marginal en esta legislación. De hecho, estoy convencido de que es el tema toral de la misma. De nada sirve que se establezcan todos los controles y regulaciones habidas y por haber, con el supuesto propósito de reducir al máximo el riesgo que corren los consumidores, si a la hora de la hora se les veda el acceso a más y mejores servicios.

El argumento subyacente siempre es el mismo: los consumidores son unos pobres tontos e ignorantes que no pueden tener tanta información ni sabiduría como los reguladores, así que, para evitarles que se puedan hacer daño ellos mismos, tomando malas decisiones, los reguladores, en su magnanimidad y casi omnisciencia, decidirán qué es lo que más les conviene a ellos.

Pero aunque este es el argumento blandido por los reguladores y legisladores, ellos, a su vez, aunque las mieles del poder les hacen creer que son casi dioses, son apenas marionetas (o más bien tontos útiles) en las manos de quienes verdaderamente se benefician de la legislación proteccionista: los productores locales.

Porque, no nos engañemos, el proyecto de ley de seguros, actualmente en discusión en el Congrueso, es una ley proteccionista. Y en todas las industrias sujetas a un marco regulatorio proteccionista, quien termina pagando siempre el pato son los consumidores. Lo pagan con precios más caros, con productos y servicios no tan buenos como los que podrían obtener, con menos variedad de productos y servicios para satisfacer sus necesidades, con peor trato de parte de los proveedores del que podrían tener.

Lo peor de todo es que hasta quienes se creen beneficiados con la protección muy pocas veces se percatan de que ellos también sufren las consecuencias, ya que la protección los hace dependientes de los políticos y los vuelve flojos y poco competitivos. No han entendido que el mejor acicate para mejorar es la competencia. El tener constantemente que ganarse el favor de los consumidores es, a la larga, una mucho mejor política que esclavizarlos con la complicidad de los políticos. Pero eso solo lo puede uno comprender con visión de largo plazo, y los mercantilistas rara vez la tienen.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 27 de mayo de 2,010.

Inseguros

Con la excusa de "protegernos" los diputados nos dejarán más desamparados.

En el Congreso se discute una nueva “ley de la actividad aseguradora”, con el supuesto fin de “modernizar” el sistema y velar porque los consumidores guatemaltecos estén “protegidos”. La realidad es muy distinta de las “buenas intenciones” de los diputados.

Utilizando la excusa de que cuando las cosas truenan los guatemaltecos vamos llorando a que papá Gobierno mire cómo hace para devolvernos a nosotros lo que supuestamente nos corresponde y vea a quiénes (los tributarios, por supuesto) les cobra los elotes que alguien más se comió y nos defraudó (como ha sido en el caso de los bancos fallidos), los diputados pretenden ahora aprobar esta nueva ley que, en su punto controversial, prohíbe la venta en Guatemala de seguros de empresas que están domiciliadas en otro país y que no pasen por el proceso de abrir una sucursal aquí.

Ellos pueden utilizar cuanto rebuscado argumento se les ocurra, pero lo cierto es que la propuesta tiene los elementos para considerarse una ley proteccionista para “apoyar” a las empresas nacionales. Y como dice el dicho de mi papá, “no sólo hay que serlo, sino también aparentarlo”. Y esa sospecha se acrecienta cuando uno ve que la ley eleva el “crimen” de vender seguros extranjeros al nivel de secuestros y asesinatos. No digamos la ridiculez de que si en los oferentes locales no encuentro lo que necesito, tengo que ir a pedirles permiso a la autoridades para irlo a buscar fuera. ¡Por Dios!

Si realmente quieren proteger a los ciudadanos, se deben abrir más las puertas a la competencia, en lugar de cerrarlas. Permitir que uno pueda comprar el seguro que quiera, domiciliado en donde mejor le plazca y bajo las condiciones que el ciudadano y la empresa con quien lo contrata convengan voluntariamente.

Y si las autoridades lo que quieren es lavarse las manos y evadir cualquier responsabilidad de los fraudes a los que puede estar sujeto un ciudadano (que de todos modos siempre zafan bulto), lo que podrían hacer es simplemente pedir que en las oficinas de las empresas donde se venden estos seguros “extranjeros” pongan un rótulo en el que se aclare que el Gobierno guatemalteco no es responsable de lo que le pueda pasar al ciudadano que se “arriesgue” a contratar un seguro con una empresa extranjera.

Al final, creo que el problema siempre es de raíz, basado en esa arrogante creencia de que el ciudadano es tan tonto y desinformado que de seguro se lo van a babosear y que, ante tal tamaña injusticia, qué mejor que el “Estado” esté pronto a protegerlo de esos infames abusadores. ¿Tan difícil es creer que las personas son lo suficientemente inteligentes y con sentido común como para saber qué es lo que mejor les conviene?

Que puede haber abusos, los puede haber, pero eso no justifica que entonces, para evitar la posibilidad de que “abusen” de ellos, mejor de una vez los amarramos y los fregamos nosotros. Eso es lo que quieren hacer los diputados.

Aun si fuéramos a creer las supuestas buenas intenciones de los diputados, de todos modos quedamos amolados los ciudadanos, ya que, como precisamente lo demuestran las crisis bancarias recientes, la supuesta “supervisión” de la Superintendencia de Bancos más parece la carabina de Ambrosio, ya que éstas se han dado con todo y el acompañamiento de la “Súper”. De ser aprobada esta ley, así como va, los guatemaltecos quedaremos más inseguros de lo que ya estamos.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 28 de febrero de 2008.