Empresaurios vividores

El "negocio" del transporte urbano es perfecto: sin costos ni riesgos, cortesía de los tributarios.

Los bloqueos de este lunes y los subsiguientes reclamos, denuncias y contradenuncias en el Congreso alrededor del transporte público no hacen más que desenmascarar un poco uno de los negocios más corrompidos por la intervención gubernamental. La solución al problema no es más intervención y subsidios que siempre terminan pagando los tributarios, sino más libertad para todos, tanto para los usuarios como para los empresarios.

El punto culminante en esta lucha por conseguir privilegios es la petición de los transportistas de las rutas “cortas”, cuyo argumento es que si se les da subsidios y exoneraciones fiscales a los transportistas de las rutas urbanas, ¿por qué a ellos no? Si bien es cierto lo que están pidiendo es trato similar para ellos, lo que realmente deberían pedir es que ninguno tenga privilegios ni prebendas. Es decir, la petición debería ser que a los otros se les quiten los privilegios y las exenciones y no que a ellos también les den. Pero por supuesto, lo más fácil es lograr que, a través de presiones y extorsiones, los gobernantes aprueben el que uno pueda tener su negocio subvencionado con los impuestos de los tributarios.

La guinda del pastel la puso la diputada Rosa María de Frade al informarnos que los empresaurios del Transurbano no solo quieren que se les exonere del pago de impuestos, sino que adicionalmente ¡los tributarios les regalamos los buses! Así quien no quiere ser empresaurio del transporte urbano, si es el negocio perfecto: los tributarios les regalamos los buses, las computadoras y todo el equipo que necesitan para trabajar, luego los mismos tributarios les damos un subsidio para que su negocio funcione bien y adicionalmente, no tienen que preocuparse porque alguien les ponga competencia, porque tienen el monopolio de su servicio asegurado por las autoridades, tanto las nacionales como las municipales.

Ante un sistema de incentivos como estos, no nos debe extrañar que tengamos el servicio de transporte urbano que tenemos. ¿Tan difícil será entender esto? ¿O es simplemente que a los gobernantes no les interesa entenderlo porque así como está“todos” ganan? Que conste que ese “todos” se refiere a todos los involucrados en el negocio, es decir, a los del Ejecutivo, a los de la municipalidad, a los diputados y a los empresaurios del transporte, porque los que no ganan por ningún lado son los tributarios que tienen que correr con los costos de este sistema emblemáticamente mercantilista ni tampoco los usuarios del transporte urbano, que se tienen que conformar con un pésimo e inseguro servicio, sin muchas esperanzas de que mejore ya que los incentivos son otros.

No nos engañemos, los del transporte urbano no son empresarios, son empresaurios mercantilistas que viven y florecen a expensas de los tributarios. Lo que están discutiendo ahorita en el Congreso es ampliar los privilegios para estos empresaurios, no mejorar sus servicios. La forma de mejorar los servicios pasa porque exista competencia y para ello hay que eliminar las trabas monopolistas que impone la Municipalidad al asignar rutas y darlas en "concesión".

Mientras no se cambie este sistema, seguiremos encontrándonos con sorpresas como la de que a los del Transurbano los tributarios les regalamos US$35 millones de dólares para que compren sus buses y equipos. Lo que se necesita es menos intervención gubernamental y más libertad, no más subsidios y exoneraciones.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 25 de marzo de 2,010.

Irresponsables

Los accidentes de tránsito en general y los del transporte colectivo en particular siempre se han dado y jamás se podrán erradicar por completo; sin embargo, el problema actual, manifestado a raíz del bus que se accidentó en la Curva del Chilero y le costó la vida a más de medio centenar de guatemaltecos, el pasado viernes, tiene otras raíces. Esa raíz es la irresponsabilidad, pero no solo la del piloto que manejaba a excesiva velocidad, ni la del empresario que lo contrató sin licencia y nunca controló su desempeño, sino principalmente de los funcionarios que supuestamente deben velar porque estos percances se minimicen, y no lo han hecho.

Lo triste del caso es que esos funcionarios saldrán tan campantes como siempre, sin dar cuentas a nadie de su irresponsabilidad.

Los funcionarios siempre han tratado de vender la idea de que el mercado no tiene controles y, si se deja libre a las personas para actuar, el caos reinará. Como alternativa, se presentan ellos, que saben a ciencia cierta y con toda exactitud lo que puede y va a suceder y que por tanto están perfectamente capacitados para solucionar los problemas, antes incluso de que se presenten, siempre y cuando se les dé carta blanca para meter su mano peluda a través de una miríada de regulaciones.

Así, se arrogan el derecho de decidir quiénes pueden o no prestar el servicio de transporte y les establecen una serie de regulaciones con el supuesto propósito de velar por el bienestar de los usuarios. Nos venden la idea de que bajo sus controles y sanciones el transporte será más seguro, pero la realidad es muy distinta.

Los funcionarios no cumplen la tarea que ellos mismos se han arrogado y, como consecuencia de ello, suceden accidentes como el mencionado, pero a la hora de la verdad resulta que nadie es “responsable”. Nadie sabía que el piloto no tenía licencia, que el bus estaba defectuoso, que el bus iba sobrecargado, que ya tenía varias multas por exceso de velocidad.

Y entonces uno se pregunta: ¿para qué tanta alharaca con querer “reducir” las imperfecciones del mercado cuando con sus actos demuestran hasta la saciedad que ellos son mucho más imperfectos?

Hoy las mismas autoridades que se supone vigilan el cumplimiento de la reglamentación que ellos mismos imponen no están seguras de quién es el dueño y a quiénes se perseguirá penalmente por el siniestro. Pero tampoco se deducirán responsabilidades a esas autoridades que no cumplieron su labor.

Creo que debemos seguir una ruta distinta. La asignación exclusiva y coercitiva de rutas por parte del Gobierno no permite que los usuarios del transporte puedan escoger entre una gama más amplia de servicios.

La limitación de éstos hace que los dueños de las unidades se acomoden a que no se les puede sacar del negocio y, por consiguiente, la seguridad y el buen servicio les tienen sin cuidado. Eso sucedería menos si tuvieran que competir libremente.

Accidentes habrá siempre, pero muchos pueden evitarse con simples acciones, como liberar las rutas de transporte para que las preferencias de los usuarios se encarguen de mantener a los buenos servicios y sacar del mercado a los irresponsables y mediocres.

Si seguimos haciendo lo mismo, obtendremos los mismos resultados (ayer mismo hubo otro accidente) que hemos tenido desde que tengo memoria.

Artículo pulblicado en Prensa Libre el jueves 6 de marzo de 2,008.

Pico-placa-no

La propuesta, aparte de absurda, es inconstitucional.

El gobierno presentó una propuesta denominada pico-placa para prohibir la circulación de vehículos en algunas arterias del área metropolitana, durante algunas horas,dependiendo del número de placa. A mi parecer, la medida es absurda, abusiva e inconstitucional.

El argumento básico detrás de la propuesta es que el precio del petróleo ha subido mucho y que de esa forma se logrará economizar un poco de combustible y "aliviar la factura petrolera del país". La idea, pienso yo, será que al reducir los vehículos circulando en las horas pico, el tráfico será más fluido, lo que redundaría en ahorros de gasolina para los usuarios. Hasta allí, la teoría parece bonita. El problema es que para que esto suceda se tiene que pasar sobre el derecho de libre circulación de las personas, el que, por si los gobernantes no saben, es un derecho que defiende nuestra Constitución.

Alguien podrá argumentar que no seamos tan extremistas, que todos tenemos que "sacrificar un poco" por "el bien común". Este argumento es el peor ya que justifica la violación de los derechos de todos, o de algunos, y pasa por encima de nuestra Constitución, en aras de un supuesto "bien común". En ese sentido sí me considero extremista: creo que los derechos individuales deben respetarse sobre todas las cosas, si queremos llegar algún día a vivir bajo un verdadero Estado de Derecho.

Esta "idea" no es más que un nuevo brote de esa fatal arrogancia de funcionarios que consideran saber lo que más le conviene a las personas, incluso más que las mismas personas. Por si no están enterados, todos y cada uno de los individuos que se conducen en su vehículo están conscientes de su propio gasto de gasolina. Lo que cada persona evalúa, consciente o inconscientemente, son las alternativas que tiene. ¿Está dispuesto a gastar tanto en gasolina, o estaría anuente a algunos días utilizar el transporte público para ahorrar un poco? Si no se arriesga a utilizar los buses pero necesita ahorrar un poco para llegar a fin de mes, ¿estaría dispuesto a levantarse más temprano para pasar antes de la hora pico, o quedarse en su trabajo y esperar que pase la hora pico antes de regresar a su casa?

Finalmente, el gobierno no debería siquiera atreverse a hacer una propuesta tan absurda, si no existen alternativas para los afectados. Algunos se quejan de que existen muchos vehículos en la ciudad, pero el problema es que no hay alternativas. Le puedo garantizar que el sueño del 99% de personas que ahorita se trasladan en transporte público es algún día comprarse aunque sea un pichirilo, con tal de liberarse del riesgo y la incomodidad que ahora padece. Y yo creo que no sólo tienen razón, sino tienen todo el derecho de hacerlo, sin que algún funcionario se crea con el derecho a sacrificarlo por "el bien común".

Publicado el 25 de mayo de 2006.