Caro petróleo

Todo recurso en este mundo es limitado y, por tanto, en algún punto escaso. Esa es la razón principal por la que los bienes y servicios cambian de precio, dependiendo de su relativa escasez a cada momento. El petróleo, base principal de mucha de la energía que se utiliza en el mundo, no escapa de esta realidad. Por supuesto, los políticos, aquí y en la China, siempre logran distorsionar los precios, metiendo su mano peluda.

Como es un producto no renovable, algún día se terminará toda la reserva de petróleo que hay en el mundo, por lo que no nos debe extrañar que la tendencia de su precio, en el largo plazo, sea al alza, al reflejar su cada vez mayor escasez. Sin embargo, cuándo se dará ese momento, es un enigma que escapa de nuestro conocimiento; que hay muchas reservas, las hay, simplemente no se ha hecho rentable encontrar más a los precios de hasta hace poco. Ahora que ha subido, le garantizo que se encontrarán otras reservas, como la reciente de Brasil.

Mientras tanto, el petróleo sigue ahí y seguirá por muchos años.

La subida de precios reciente tiene otros componentes, como lo son la pérdida de poder adquisitivo real del dólar, la demanda mundial de energía que ha crecido a un ritmo mucho mayor que la oferta, la saturación de la capacidad de refinación mundial (problema que no tiene visos de resolverse ni siquiera a mediano plazo), las guerras e inestabilidad en regiones productoras del mismo (Irak y Nigeria, por ejemplo), entre otros.

La otra razón, más de tinte político que económico, es que la mayor parte de la producción del mundo es controlada, precisamente, por políticos. Con contadas excepciones, el petróleo del mundo depende de políticos, dictadores o “familias reales”. Para más señas, solo hay que ver al cartel del petróleo, mundialmente conocido como la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), que no es una organización o conglomerado de entidades privadas, sino de “países” (realmente, de sus gobernantes) que exportan petróleo.

Son los gobernantes de esos países quienes ejercen el control del crudo. ¿O no ha visto usted que en sus reuniones acuerdan cuál es la cantidad de petróleo que debe extraerse para mantener determinado precio? Si su retentiva es buena, recordará algunas declaraciones que refuerzan esta teoría, como por ejemplo las de un dictadorcillo del sur que dijo hace poco que el precio “justo” del petróleo era por lo menos de US$150.

Es una mezcla de todas esas causas la que tiene al mundo en esta “crisis” energética y de la cual los guatemaltecos tampoco somos ajenos. Una salida momentánea a esta crisis está muy a la mano. El Impuesto a la Distribución de Derivados del Petróleo debe ser eliminado inmediatamente. No solo porque encarece el precio del combustible y los derivados del petróleo, sino porque ya desde hace varios años la Corte de Constitucionalidad lo declaró inconstitucional. A los diputados de ese entonces la Constitución les vino del norte, y lo volvieron a poner, pero los legisladores actuales tienen la oportunidad de reivindicarse un poco.

Mientras el mundo continúe con sus ideas socialistoides y colectivistas, no tenemos más remedio que soportar las torcidas decisiones de la OPEP. Mientras tanto, podemos, con esta sencilla y acertada decisión, mejorar nuestros niveles de vida y paliar la crisis. Exijamos a los funcionarios públicos la eliminación inmediata de este inconstitucional impuesto.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 27 de marzo de 2,008

Secuestrar o no

El secuestro de cuatro turistas belgas y los dos guatemaltecos que los acompañaban, el viernes pasado, es una más de las “acciones de hecho” que grupos de presión han realizado para imponer su punto de vista sobre los gobernantes y que poco a poco nos acercan más al borde del precipicio y la ingobernabilidad. Esta es una ocasión crucial para que la administración de Colom establezca de una vez por todas si está dispuesta a hacer valer la ley o, por el contrario, demostrar que reverencia a cualquiera que le haga la menor presión (como sus primeros meses al frente del gobierno parecen indicar).

Lo primero que se debe hacer es dejar de apañar los crímenes con el manto eufemístico de las “acciones de hecho”. No nos engañemos, las famosas “acciones de hecho” generalmente son violaciones de la ley por parte de personas que se escudan en las “reivindicaciones” para cometer cualquier delito. A las cosas hay que llamarlas por lo que son, y lo que hicieron los integrantes del grupo que secuestraron a los turistas es eso: un secuestro, un delito penado con cárcel. De hecho, el secuestro es uno de los crímenes más horrendos que puede dejar marcadas de por vida a las víctimas y a sus familiares, indistintamente de las excusas que utilicen los secuestradores para justificar su delito.

Cuando los gobernantes, que están obligados a hacer valer la ley, dejan pasar impunemente un crimen por motivos políticos, no solo están violando la Constitución y muchas leyes menores, sino que adicionalmente dan el mensaje de que la ley los tiene sin cuidado y que no les importa violarla con tal de lograr sus fines. Como consecuencia, las demás personas, particularmente los de los grupos de presión amantes de las “medidas de hecho” se ven reivindicados en su propio desprecio por la ley y tienen los mejores incentivos para presionar cada vez un poco más, con tal de lograr sus fines.

Este caso es el mejor ejemplo de ello, ya que quienes secuestraron a los turistas son los mismos que anteriormente secuestraron a 29 policías y que salieron bien librados, es decir, con toda impunidad, de semejante delito. No se les persiguió, mucho menos se les capturó, y todo ello a pesar de que a todas luces cometieron un delito flagrante a la vista de todo el mundo.

Ah, pero como supuestamente era por “reivindicaciones”, entonces los gobernantes no los trataron como criminales, sino que negociaron con ellos y los dejaron en total impunidad. ¿El resultado? Se envalentonaron y volvieron a las andadas, solo que ahora con repercusiones mucho más serias al secuestrar a turistas.

Las repercusiones ya se empezaron a ver. Durante esta misma Semana Santa, ya muchos turistas cancelaron sus reservaciones para Izabal. Y a mediano plazo las perspectivas para el turismo no serán mucho mejores.

Pero las peores repercusiones no tienen que ver con el turismo, sino con el mensaje que los gobernantes den si dejan que este delito se quede en la impunidad. Les estarán indicando a todos que la ley les viene del norte, y que cualquiera puede cometer delitos y crímenes impunemente, siempre y cuando lo haga excusándose en las “reivindicaciones”, ya que para los gobernantes éstas son mucho más importantes que la ley y además tiemblan ante cualquiera que los presione, sean los euroburócratas, los maestros o un grupo de secuestradores disfrazados de campesinos.

¿Tomarán la decisión correcta los gobernantes?

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 20 de marzo de 2,008.

Todavía peor

No han pasado ni dos semanas desde el accidente del bus en la Curva del Chilero y ya la mayoría parece haberse olvidado del asunto. Lo que es peor, los funcionarios a cargo del “transporte pesado”, en un súbito arranque dizque de conciencia, han decidido que ahora sí van a hacer algo; sin embargo, las decisiones que empiezan a tomar son tan absurdas que no nos debería extrañar que pronto enfrentemos nuevos casos similares al del Chilero.

La principal decisión que tomaron es prohibir los buses “expresos” durante la Semana Santa. Según ellos, así se evitarán accidentes, ya que esos automotores no están “supervisados” por ellos para efectuar tal faena en las carreteras, y entonces no pueden “responder” por ellos. ¡Como que lo hicieran por los que sí están bajo su supervisión!

Esta decisión denota la mentalidad de los funcionarios, que es la verdadera raíz de los problemas actuales: el mercado es “imperfecto” y, por tanto, requiere la “supervisión” de los burócratas para “perfeccionarlo”.

El resultado de esa intromisión de la mano peluda de los burócratas en el servicio de transporte de pasajeros en particular, pero que se replica en toda actividad económica que se meten a regular, es un sistema más imperfecto que el que el mercado proporcionaría, a precios generalmente mayores, con menor oferta de la necesaria y con el problema adicional que a la hora de que hay problemas todos los “responsables” se lavan las manos, como lo expliqué en mi artículo de la semana pasada.

Pues bien, en el caso de esta nueva prohibición, ¿cuál cree usted que será el resultado? En ese momento en el cual la demanda por transporte extraurbano para movilizarse a los departamentos llega a su pico máximo del año, la oferta será todavía más insuficiente de lo que ha sido en los años anteriores, cuando alguna de esa demanda era satisfecha a través de los buses “expresos”. En otras palabras, habrá muchas más personas buscando un medio de transporte para llegar a su lugar de origen o destino de descanso de lo que ha habido en otros años, y una oferta de transporte que no ha crecido al mismo ritmo.

Esos factores, aunados, redundarán, como mínimo, en bastante frustración para muchas personas que ven en este feriado largo su única oportunidad para salir de la ciudad, y, más seguramente, en sobrecarga mayor de la usual en los buses que forman parte del cartel autorizado por la Dirección General de Transportes.

¿Tan difícil será entender que lo que se necesita es eliminar las restricciones de rutas establecidas por los funcionarios? ¿Tanto les costará comprender que el resultado natural de esas restricciones es la formación de un cartel cuyos miembros se vuelven ineficientes, inseguros y poco competitivos, precisamente por la falta de competencia?

¿Alguna vez se les habrá ocurrido a los funcionarios preguntarse por qué nunca es suficiente la cantidad de buses que hay para la demanda que existe (si no, no habría sobrecarga de las camionetas)? Por lo visto, no.

Sólo espero que esta decisión no pare ocasionando más accidentes que los que pretende evitar. Y si lo hace, no hay que buscarle tres pies al gato, la culpa es de los funcionarios que no entienden lo que hacen, pero se creen capaces de controlarlo.

Le aconsejo mucha precaución en esta Semana Santa, y si tiene que utilizar un bus y no está tranquilo con el chofer, es mejor que no se suba y pierda su “descanso” a perder la vida.

Artículo pulblicado en Prensa Libre el jueves 13 de marzo de 2,008.

Irresponsables

Los accidentes de tránsito en general y los del transporte colectivo en particular siempre se han dado y jamás se podrán erradicar por completo; sin embargo, el problema actual, manifestado a raíz del bus que se accidentó en la Curva del Chilero y le costó la vida a más de medio centenar de guatemaltecos, el pasado viernes, tiene otras raíces. Esa raíz es la irresponsabilidad, pero no solo la del piloto que manejaba a excesiva velocidad, ni la del empresario que lo contrató sin licencia y nunca controló su desempeño, sino principalmente de los funcionarios que supuestamente deben velar porque estos percances se minimicen, y no lo han hecho.

Lo triste del caso es que esos funcionarios saldrán tan campantes como siempre, sin dar cuentas a nadie de su irresponsabilidad.

Los funcionarios siempre han tratado de vender la idea de que el mercado no tiene controles y, si se deja libre a las personas para actuar, el caos reinará. Como alternativa, se presentan ellos, que saben a ciencia cierta y con toda exactitud lo que puede y va a suceder y que por tanto están perfectamente capacitados para solucionar los problemas, antes incluso de que se presenten, siempre y cuando se les dé carta blanca para meter su mano peluda a través de una miríada de regulaciones.

Así, se arrogan el derecho de decidir quiénes pueden o no prestar el servicio de transporte y les establecen una serie de regulaciones con el supuesto propósito de velar por el bienestar de los usuarios. Nos venden la idea de que bajo sus controles y sanciones el transporte será más seguro, pero la realidad es muy distinta.

Los funcionarios no cumplen la tarea que ellos mismos se han arrogado y, como consecuencia de ello, suceden accidentes como el mencionado, pero a la hora de la verdad resulta que nadie es “responsable”. Nadie sabía que el piloto no tenía licencia, que el bus estaba defectuoso, que el bus iba sobrecargado, que ya tenía varias multas por exceso de velocidad.

Y entonces uno se pregunta: ¿para qué tanta alharaca con querer “reducir” las imperfecciones del mercado cuando con sus actos demuestran hasta la saciedad que ellos son mucho más imperfectos?

Hoy las mismas autoridades que se supone vigilan el cumplimiento de la reglamentación que ellos mismos imponen no están seguras de quién es el dueño y a quiénes se perseguirá penalmente por el siniestro. Pero tampoco se deducirán responsabilidades a esas autoridades que no cumplieron su labor.

Creo que debemos seguir una ruta distinta. La asignación exclusiva y coercitiva de rutas por parte del Gobierno no permite que los usuarios del transporte puedan escoger entre una gama más amplia de servicios.

La limitación de éstos hace que los dueños de las unidades se acomoden a que no se les puede sacar del negocio y, por consiguiente, la seguridad y el buen servicio les tienen sin cuidado. Eso sucedería menos si tuvieran que competir libremente.

Accidentes habrá siempre, pero muchos pueden evitarse con simples acciones, como liberar las rutas de transporte para que las preferencias de los usuarios se encarguen de mantener a los buenos servicios y sacar del mercado a los irresponsables y mediocres.

Si seguimos haciendo lo mismo, obtendremos los mismos resultados (ayer mismo hubo otro accidente) que hemos tenido desde que tengo memoria.

Artículo pulblicado en Prensa Libre el jueves 6 de marzo de 2,008.