Nuevos Confidenciales

“Quien no sigue consejos no llega a viejo”, reza un refrán popular en alusión a aquellas sugerencias que pueden hacer nuestra vida un poco menos trabajosa. Pero dicho refrán no aplica para el Consejo de Cohesión Social, presidido por la no electa primera dama de la Nación, Sandra Torres de Colom.

Esta nueva institución parasitaria es una réplica aumentada, pero con un nombre más políticamente correcto, de los famosos “gastos confidenciales” que manejaban los presidentes en el pasado reciente.

La comparación de la razón de ser de ambos es sencilla: es casi imposible supervisar los gastos que se hacen de dichos recursos que salen del presupuesto de malgasto de los políticos y socavan los bienes que podrían utilizarse en dar seguridad y velar para que haya justicia.

Antaño, los políticos argumentaban que los confidenciales eran para aquellos gastos “emergentes” que no podían esperar a pasar por todo el proceso normal de compras. Algún presidente más cuerudo de lo normal llegó al extremo de decir que eran parte de su salario y que, por tanto, el quedárselos no era un robo ni corrupción.

Cuando en enero de este año fue “instalado” el famoso consejo, el presidente afirmó que su función principal sería fortalecer programas sociales de ministerios ya existentes. El caballito de batalla de “erradicar la pobreza y la extrema pobreza” salió a relucir para justificar su existencia y acallar la oposición al mismo.

Lo que si es cierto es que tendrá ingerencia directa sobre el gasto de casi Q2 mil millones anuales, además de la capacidad de aprovechar los “estados de calamidad” para gastar cualquier cantidad de recursos, saltándose la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, uno de los pocos mecanismos que existen para restringir, aunque sea un poco, la creatividad de los corruptos.

Pero la cosa no termina allí. No solo hay duplicación de funciones entre el famoso Consejo y algunos ministerios, no hay transparencia alguna en la utilización de los fondos al grado que ni los mismos funcionarios que trabajan en él pueden explicar a cabalidad cuánto se ha gastado en qué, sino que, además, quien preside dicho Consejo ¡o sorpresa!, es nada más y nada menos que un personaje que no tiene cargo público. Sandra de Colom no es una funcionaria pública electa por sufragio universal, y el que sea esposa del presidente aparenta ser la única razón para que dirija dicha institución. Esto no sería problema si a ella se le nombrara como una funcionaria pública (así como se nombra a cualquier ministro) con todas las obligaciones y responsabilidades que tal cargo implica.

Pero como no tiene un verdadero cargo en la administración pública, la cosa está un poco peor que los gastos confidenciales, puesto que al no ser una funcionaria, a doña Sandra no se le puede hacer responsable ni pedir cuentas por los fondos desperdiciados en la inútil lucha contra la pobreza, que tratan de vender como la razón de ser del Consejo.

Ella argumenta que el problema no es que no se puedan fiscalizar los fondos, sino que los de la oposición no saben cómo hacerlo, pero aún, si ese fuera el caso y en algún remoto momento “aprendieran” cómo fiscalizarla correctamente, igual no la podrían responsabilizar de nada ya que, para efectos legales, ella no tiene ninguna culpa en el entuerto.

Así que si seguimos con este consejo, lo más seguro es que llegaremos a viejos, pero mucho más pobres y esquilmados de lo que ya estamos.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 6 de Noviembre de 2,008.