Sin conocimiento

Los diputados ni discutieron la propuesta ni conocían lo que aprobaron.

Al paquetazo fiscal aprobado la semana pasada en el Congreso es imposible atribuirle el nombre de “pacto fiscal” con que el Gobierno quisiera justificarlo. ¿Cómo va a ser un “pacto”, si ni siquiera quienes lo aprobaron sabían qué era lo que estaban aprobando? Los diputados, a quienes nunca mejor les quedó el mote de diputíteres, simplemente siguieron las órdenes de aprobar lo que les mandaron y levantaron obedientemente la mano cuando se les requirió.

Por si queda alguna duda de que no hubo discusión, basta solo leer el reportaje publicado un par de días después por Jessica Gramajo, aquí mismo en Prensa Libre: “Luego de varias consultas se hizo evidente que los diputados que apoyaron el paquete fiscal desconocían su contenido y sus posibles efectos. Uno de ellos fue el presidente del Congreso, Gudy Rivera...”. ¿Qué tan patético puede ser el caso para que ni siquiera el mismo presidente del Congreso supiera bien lo que se aprobó? ¿Podemos creer algo distinto del centenar más de diputíteres que aprobaron el paquetazo? Lo dudo.

Y es que no podía ser distinto. ¿A qué hora iban a tener tiempo los diputados siquiera de leer, no digamos entender, el paquetazo fiscal, si este pasó a la velocidad de la luz por sus manos —si es que siquiera lo vieron pasar—? Se llevó apenas una semana desde que el paquetazo fue presentado al Congreso hasta que fue aprobado de “urgencia nacional”, y eso que en el ínterin recibió el dictamen favorable de la Comisión de Finanzas.

Que no lo engañen. No existió ni hubo tal “pacto fiscal”. Lo que hubo fue lo mismo de siempre, una negociación de intereses entre quienes tenían la sartén por el mango. Todos los demás no contamos y somos los mismos chivos expiatorios y paganos de siempre.

La negociación la hicieron quienes prefirieron que los dividendos quedaran gravados al 5% que al 10%, como les había amenazado el Gobierno. La hicieron quienes vieron que se les acababa la gallinita de los huevos de oro de más de Q2 mil millones anuales en contratos y que negociaron los votos de su grupo de diputíteres —que de seguro hasta la fecha ni han caído en la cuenta de cómo los negociaron—, a cambio de que les restablecieran el negocio, lo que el Gobierno diligentemente les cumplió hace un par de días.

Por eso es que siempre he recalcado la importancia del Congreso y de quienes llegan allí en un sistema tan nefasto como el que tenemos actualmente. Si no se tienen personas con principios allí, los pícaros harán y desharán a su sabor y antojo. Los malos diputados simplemente aprovecharán para subirse a la ola y sacar raja de las negociaciones. Los ingenuos ni cuenta se darán de cómo los negocian.

De ahí que todavía más importante sea cambiar el sistema, para acercarnos a una verdadera república en la que los pícaros no puedan hacer tanto daño pasando encima de los derechos de los habitantes del país. Todo ello refuerza mi convicción de que la única salida, en el largo plazo, es realizar los cambios al sistema que propusimos en ProReforma.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 23 de febrero de 2,012.
Caricatura original de Gary Varvel, caricaturista del Indianapolis Star.

Sin discusión

El excesivo interés porque se aprobara de inmediato demuestra lo autoritarios que pueden ser...

La excusa era que debían pasar el paquetazo antes de que se acabara la “luna de miel”, pero la verdad es que la actuación de los del PP alrededor de esta aprobación nos da una probadita de lo autoritarios que pueden llegar a ser. Hicieron hasta lo imposible por lograr que se aprobara su paquetazo sin que nadie tuviese tiempo de reaccionar, mucho menos de discutir la propuesta. Querían que pasara sin discusión, sin que ni los diputados, mucho menos los ciudadanos, pudiesen expresar su opinión al respecto. Justo como lo haría cualquier dictador.

No hay que investigar mucho para darse cuenta. Por ejemplo, el dichoso dictamen favorable de la Comisión de Finanzas del Congreso —dictamen que, por cierto, es ilegal, a raíz de la integración de la comisión— se nota a leguas que fue redactado por los mismos que redactaron la propuesta. A los diputíteres de la Comisión solo se las han de haber pasado con las órdenes expresas de que la firmaran, sin discusión.

El caso es tan patético que hasta uno de los diputados, Carlos Fión, del partido Creo y secretario de la Comisión, razonó su voto diciendo que debía haber más discusión. El diputado Fión no tuvo el carácter para votar en contra del dictamen, pero dejó en claro que de discusión, nada; simplemente se los dieron para que lo firmaran.

De dónde si no iban a sacar los diputados de la Comisión el falso argumento —que venía en la propuesta del Ejecutivo— de que el incremento de la deuda en el gobierno anterior se debió al gasto “contracíclico” para contrarrestar los efectos del cambio climático y la crisis mundial. ¡Patrañas! Ese argumento solo se lo creen los empleados del exministro de Finanzas que ahora manejan las riendas en ese ministerio. El gobierno de Colom nos dejó endeudados para robarse la plata y buscar la reelección. Punto.

Pero el dictamen “favorable” fue solo el principio. Después estuvo la negociación con las demás bancadas para aprobar de “urgencia nacional” el paquetazo. No hay ninguna explicación lógica que justifique calificar de “urgencia nacional” un incremento de impuestos. La única explicación es lograr que pase antes de que la gente pueda siquiera reaccionar, no digamos discutirla.

Y aunque la logren pasar —cuando mandé esta columna todavía no se sabía qué pasaría en el Congreso ayer en la tarde-noche—, Otto Pérez y los del PP deben estar claros en que esta que considerarán una victoria no lo es. Primero, difícilmente van a lograr incrementar la recaudación de esa manera, y quizá hasta logren que baje. Pero más importante aún es que habrán perdido la confianza de quienes votaron por ellos. No solo porque los cambios que propusieron, a quienes más afecta es a ellos, sino porque no les dieron chance siquiera de expresarse ni mucho menos de discutir el paquetazo.

Tengan por seguro que esa traición es mucho más que suficiente para minar considerablemente la confianza que habían depositado en ustedes. Y nada hay más fácil de perder ni más difícil de recuperar que eso: la confianza.

Lástima. Perdieron lo más por lo menos. Y lo peor es que ni se dieron cuenta de ello.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 16 de febrero de 2,012.

Foto: Prensa Libre

13 corruptos millardos

Que no lo engañen, las alternativas no son sólo impuestos o deuda.

La dicotomía presentada por los gobernantes de que los únicos caminos disponibles para solucionar “el problema” del gobierno son aumentar los impuestos o aumentar la deuda, es falsa. Hay por lo menos otras dos alternativas: reducir el gasto de los gobernantes y reducir la corrupción en el Gobierno. Pero esas ni siquiera fueron tomadas en cuenta como alternativa.

La vicepresidenta declaró esta semana en una entrevista radial con Mario David García que se pierden Q13 mil millones del Presupuesto en corrupción y que ellos están dispuestos a eliminar esas pérdidas. Mario David muy atinadamente le dijo que si ellos van a recuperar esos Q13 mil millones, ya no se necesitan aumentar los impuestos, a lo que la vicepresidenta dijo que siempre se necesita para hacer más obra.

La sola declaración de la vicepresidenta es impactante y reveladora. Lo que todos hemos “conocido” y de lo que casi todos hablamos sin tener los pelos de la burra en la mano, ahora se viene a corroborar en las declaraciones de la segunda de a bordo del Organismo Ejecutivo. Esos Q13 millardos representan casi la cuarta parte del Presupuesto y casi la tercera parte de los ingresos fiscales. Es decir, de cada Q3 que los guatemaltecos pagamos en impuestos, Q1 es para los corruptos.

No nos debe extrañar que no haya impuestos que alcancen. Siguiendo la lógica de Mario David, si se tapa el hoyo, ya no se necesitan subir los impuestos. O lo que es lo mismo, si se detiene esa hemorragia es el equivalente a que se incrementen en más del 30 por ciento los ingresos fiscales. Mucho más de lo que pretenden obtener con el paquetazo fiscal.

Por lo que la simple lógica indica que, si lo que quieren es tener más dinero para gastar en sus “proyectos”, debieran estar mucho más interesados en tapar este hoyo que en seguir echando dinero en saco roto. Pero no es eso lo que vemos. Están muy apurados en lograr que se apruebe su paquetazo fiscal para supuestamente aumentar los ingresos, pero se han tomado con mucha más calma la parte que tiene que ver con la corrupción. Dicen que van a presentar algo al respecto dentro de mes y medio, cuando podrían hacer cosas de manera inmediata para tratar de resolver este problema.

Si realmente están interesados en reducir la corrupción, podrían aprobar de inmediato la iniciativa 4410, que hace cambios en varias leyes para reducir la discrecionalidad que tienen los funcionarios públicos para gastarse el dinero de los tributarios. La misma ya cuenta con dictamen favorable, pero está durmiendo el sueño de los tontos en alguna gaveta del Congreso. La respuesta de la vicepresidenta también es reveladora. Aunque lograran eliminar la corrupción, de todos modos quieren más fondos. Lástima, siguen con la mentalidad de que es a través de la acción gubernamental que se dará el desarrollo.

El único consuelo de todo esto es que a fin de año los gobernantes nos tendrán que informar dónde están los Q13 millardos que recuperaron este año. Alternativamente, lo menos que deberán hacer es decirnos quién se los robó.

Sería bueno que empiecen por contarnos dónde están y quién se robo esos Q13 millardos el año pasado.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 9 de febrero del 2,012.

¿Engañados?

Quiero creer que al Presidente lo han engañado en su buena fe.


Durante varios días intenté comprender la lógica -si es que había alguna- detrás de los cambios propuestos al Impuesto Sobre la Renta (ISR), y debo confesar que no lo logré. Por más que lo intento no entiendo por qué ahora quieren incentivar que la gente y las empresas se regresen al problemático régimen optativo en lugar de pasarse al régimen general. ¿Será que hay gato encerrado?

Debo empezar reafirmando la postura que he sostenido durante ya muchos años en contra del ISR. No cabe aquí la explicación pero los remito a un excelente artículo que Manuel Ayau publicó aquí mismo en Prensa Libre hace algún tiempo.

Dicho esto, reconozco que si va a existir un ISR, el régimen general actual es muchísimo mejor que el optativo. No solo es más fácil de pagar sino también de fiscalizar y ni la iniciativa privada ni el Gobierno desperdician valiosos y escasos recursos jugando al gato y al ratón para tratar de establecer cuáles son los costos y las utilidades “reales” de una empresa.

Por si esas ventajas no fueran suficientes, está la que para mí es la más importante: la privacidad. Los funcionarios de la SAT no debieran tener que estar metiendo las narices en cómo se utilizan los fondos de las empresas, pero el régimen optativo los obliga a hacerlo para determinar cuál es, según ellos, la verdadera utilidad de la empresa. En el régimen general, no tienen esa necesidad, lo único que debe preocuparles es que se facture todo lo que vende la empresa —y ahora, con la Ley Anti-inversión II, tienen más formas de hacerlo—.

Por esas razones creo que va en el mejor interés de todos, tributarios y gobernantes, fomentar el que más personas y empresas se adhieran al régimen general. Y por eso es que no entiendo las reformas.

Actualmente, con la tasa del 31% del ISR optativo y del 5% del general, el punto donde convergen ambos sistemas es en el 16.1% de utilidades. Si le descontamos un 25% para tomar en consideración los problemas y costos adicionales que se evita uno al estar en el régimen general, este punto baja al 12.1% de utilidades. Eso significa que si mi empresa tiene utilidades arriba del 12.1%, voy a pagar menos ISR en el régimen general. Para poner esto en perspectiva, históricamente en Estados Unidos las empresas han tenido un promedio del 6% de utilidad. Es decir, esa tasa todavía está alta, pero se puede considerar para evitar todos los problemas y discrecionalidad del otro régimen.

Ahora bien, con los cambios que pretenden subir la tasa del régimen general un 40% (al 7%) y bajar al 25% el optativo, esta cifra donde convergen los regímenes brinca hasta el 28%, y si le bajamos el 25% que mencioné antes queda en 21%, es decir casi el doble que en la actualidad.

En pocas palabras, nadie en su sano juicio optaría por el régimen general, a no ser que tenga utilidades extraordinarias. O lo que es lo mismo, los incentivos están puestos para que todos nos pasemos al régimen optativo. ¿Por qué? No lo entiendo. A menos que sea cierto lo que dicen las “malas lenguas”, que es por puro prurito ideológico de algunos funcionarios para quienes el régimen general no es un “verdadero impuesto sobre la renta” y el otro sí.

¿Alguien le habrá explicado esto al presidente, o lo tienen engañado?

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 2 de febrero de 2,012.