Según un reportaje publicado recientemente, las “comunidades” cercanas a la mina de oro en San Marcos no están muy contentas con los resultados que hasta la fecha han percibido de la explotación minera.
No me extraña su disconformidad, planteada en los términos en los que lo hace el reportaje. El problema es que ésta se podría solucionar no siguiendo las ideas que ellos y el reportaje plasman, sino todo lo contrario.
Así como está planteado actualmente el sistema, el Gobierno es el supuesto dueño del subsuelo, por lo que éste se reserva el derecho de darle permiso para utilizarlo a quien le venga en gracia.
Y lo que es todavía peor, en las condiciones en que la ley regula arbitrariamente los dividendos y la repartición de los mismos, resulta que parte de los fondos expropiados... perdón, aportados por la mina, se van al fondo común para alimentar al insaciable presupuesto general de la Nación.
La otra parte, que se supone va a beneficiar a la comunidad, es dispuesta como mejor le viene en gana al concejo municipal de la zona, quienes en lugar de rendir cuentas de la supuesta inversión, sólo afirman que se invierte en “obras de beneficio social”, pero no especifican para quién.
Por ende, con tanto dinero que se sabe que se está aportando, pero no se sabe en qué se está gastando, la población percibe solamente los beneficios que traen las inversiones de capital, como lo son los empleos directos e indirectos, y se hace la pregunta del millón: ¿a dónde va a parar todo ese dinero?
Y cualquier reglamento o ley que no sea la restitución de la legítima propiedad privada de los propietarios del subsuelo, que son los propietarios del suelo, seguirá haciendo de los auténticos dueños del subsuelo simples observadores de cómo en manos gubernamentales, y a discreción de los políticos de turno, los ingresos por minería se diluyen en un presupuesto que no los beneficia y en “obras sociales” que nadie ve por ningún lado.
Quien decida qué hacer en el subsuelo no deben ser el Gobierno ni las municipalidades, sino los legítimos dueños. Se debe restituir a los verdaderos dueños el legítimo derecho de propiedad del subsuelo, y se verán resultados diferentes en el tema de la minería.
Mientras no se haga eso, seguirán las mismas percepciones, ya que cualquier dinero que llegue a las arcas públicas se pierde en ese barril sin fondo que es el “fondo común”, y sólo sirve para mantener una burocracia inútil.
Pero el problema no es la minería, es la intervención de los políticos en transacciones que debieran ser completamente privadas. Ese es el verdadero quid del asunto. Ojalá los próximos legisladores entiendan esto y devuelvan el usufructo del subsuelo a sus legítimos propietarios, y no esa ficción llamada Estado.
Publicado en Prensa Libre el 30 de agosto de 2007.
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