Usted es la diferencia

Su voto es crucial para evitar los abusos de poder.

Aunque nuestra Constitución dice que Guatemala es una república, la realidad dista mucho de ese ideal; a lo más que podemos aspirar actualmente es a una democracia incipientemente decadente. La diferencia principal es que en la República nadie está por encima de la ley, y esta protege los derechos individuales de todos los habitantes. Parece un ideal tan sencillo pero es tan difícil de alcanzar que muy pocas veces en la historia algunas sociedades se le han acercado. Eso sí, cuando lo han hecho el progreso de la humanidad se ha acelerado considerablemente.

El problema de la democracia es que tarde o temprano degenera al punto donde los políticos que aprenden a manipular el sistema para vivir muy bien de él siempre paran abusando del poder en su propio beneficio y el de sus cercanos, en detrimento del resto de la población.

La solución de fondo es encaminarnos a una verdadera república, que es lo que pretende empezar a hacer la propuesta de ProReforma. Pero mientras llegamos a ese punto, hay otras cosas que los ciudadanos podemos hacer, siendo la principal evitar que algún político pueda hacerse de demasiado poder. En nuestro caso particular, la mejor forma de lograr eso es evitando que cualquier partido tenga mayoría en el Congreso.

¿Por qué? Porque debido a la forma en que muchas personas en Guatemala votan, generalmente los partidos que más posibilidades tienen de llegar a dirigir el Organismo Ejecutivo también serán quienes mayor número de diputados tendrán. En un caso extremo, como los que se daban antes en Guatemala y que esperamos no se repitan, el mismo partido que dirige el Ejecutivo tiene también la mayoría de diputados, y eso hace que se elimine la separación de poderes, convirtiendo al Congreso en una simple oficina de trámites para quien se transforma, prácticamente, en un dictador “democráticamente” electo.

Así que, indistintamente de cuáles sean sus preferencias presidenciales, yo le invito a que reflexione bien su voto para diputados, tanto los de la lista nacional como los de la lista distrital. Aún si su preferencia es por los candidatos que actualmente encabezan las encuestas, no vote a ciegas por los candidatos del mismo partido, sino analice también las otras posibilidades disponibles.

Si usted contribuye a que quienes lideran las encuestas —los primeros dos puestos, que son los que más probablemente pasen a la segunda vuelta— no tengan una mayoría en el Congreso, le hará un gran favor no solo a todos los guatemaltecos, sino a los mismos candidatos presidenciales, al evitarles ser envueltos por el manto corruptor del poder absoluto.

No tenga pena de que su candidato no obtenga suficientes diputados. La mayoría de votantes no hacen esta reflexión y votan “en línea” por el mismo partido, así que está en sus manos evitar que el sistema se siga degradando. ¡Vote cruzado!

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 25 de agosto de 2,011.

La seguridad que vale

Lo que atormenta a la mayoría de guatemaltecos es la criminalidad común y las extorsiones, no el narcotráfico.

A riesgo de ser incomprendido, desterrado y hasta linchado por las huestes políticamente correctas, me aventuro a publicar aquí lo que para mí debe ser la ocupación principal de quienquiera sea electo como nuestro mandatario —o sea, mandadero—: la seguridad. Obviamente, decir eso no tiene nada de controversial, lo que sí lo tiene es el cómo: cambie las prioridades, que la número uno sea combatir la criminalidad común y las últimas sean combatir al crimen organizado y al narcotráfico.

Aquí es donde muchos se rasgarán sus pulcras vestiduras, me hostigarán y me condenarán a pasar la eternidad en el quinto infierno.

Pero no hay nada de qué escandalizarse, es puro y simple sentido común. Los recursos siempre serán escasos y, por lo tanto, hay que invertirlos en aquello que pueda dar un mejor rendimiento, considerando siempre el corto, mediano y largo plazos. En el caso de la seguridad, cualquiera con un poco de observación podrá percatarse de que lo que tiene aterrada a la población no es el narco, ocupado en ver cómo lleva su droga a Estados Unidos, sino el asaltante, que lo puede matar en la esquina por un pinche celular, el ladrón que dos veces por semana le roba sus pertenencias en un bus urbano, el marero extorsionador del barrio que ha obligado a muchos a cerrar sus negocios y, en el peor de los casos, a abandonar sus viviendas. En el interior la cosa no es muy diferente, al grado de que en muchas comunidades se han organizado bajo la premisa de “ladrón visto, ladrón linchado”.

No hay que ser un “gran estadista” para entender que los pocos recursos que tenemos se deben invertir en aquello que más nos afecta a todos. Y es en garantizar la seguridad de todos los ciudadanos en lo que se deben invertir los recursos de los tributarios. Al fin y al cabo esa y la impartición de justicia son las razones primordiales por las cuales se organizan los Estados y pagamos impuestos.

¿Y qué pasa con el narcotráfico? Esa es una guerra que no solo no es nuestra sino que quienes, dizque están más interesados en combatirla, en la realidad no lo hacen. En Estados Unidos, el consumo de drogas se ha mantenido relativamente estable desde que se declaró oficialmente la “guerra contra las drogas”, hace 40 años.

Dicen que se acabó el narcotráfico en Colombia, pero no es cierto. Se redujo la violencia derivada del narcotráfico, sí. Se redujo un poco la producción de cocaína, sí. Pero en Colombia todavía se produce casi el 40% de toda la cocaína del mundo.

Otro ejemplo es Afganistán. Allí se produce casi el 70% del opio en el mundo. Cuando lo invadió el Ejército de Estados Unidos, de hecho se incrementó la producción y se ha mantenido estable durante los 10 años que ha estado ese ejército acampado allí. ¿Y entonces?

Uno de los candidatos con más posibilidades me argumentaba que algunos narcos han cometido delitos en nuestro territorio, a lo que le respondí que esos delitos sí hay que perseguirlos y evitarlos, pero combatir el trasiego de drogas es una causa perdida.

La única forma de acabar con el narcotráfico es legalizando las drogas, pero como para que eso pase todavía falta algún tiempo y muchas muertes, nosotros mejor ocupémonos en aquello que está a nuestro alcance y que se puede resolver con solo un poco de decisión y no muchos recursos. Y si eso no les parece suficiente, cuando hayan acabado con la criminalidad común, y solo en ese momento, entonces dedíquense a jugar su guerrita de las drogas.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 18 de julio de 2,011.

El día después

Si exigimos que hagan bien su trabajo, es también correcto reconocerles cuando lo hacen.

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad cumplieron lo que se esperaba de ellos: dictaminar de acuerdo con nuestra Constitución, no de acuerdo con sus posibles intereses políticos, y con ello se ganaron el respeto de los guatemaltecos que queremos vivir en paz en una república donde se respete el Estado de Derecho. Yo, que fui uno de los muchos que les exigimos públicamente que actuaran correctamente, quiero ahora reconocerles el mérito de un trabajo bien hecho.

Desconozco, pero puedo imaginar, las presiones que cada uno de ellos recibió para dictaminar en un sentido o en otro, lo que hace más respetable el que al final haya sido una decisión unánime, que no deja lugar a dudas. Atrás quedaron los meses de incertidumbre, y creo que este es un momento trascendental en la vida institucional de los guatemaltecos. Y como dije en mi artículo anterior, ahora creo que sus nombres: Alejandro Maldonado Aguirre, Mauro Chacón Corado, Héctor Pérez Aguilera, Roberto Molina Barreto, Gloria Patricia Escobar, Juan Carlos Medina Salas y Héctor Efraín Trujillo Aldana, serán recordados no solo en la red, sino en la historia, por esta decisión.

¿Y qué es lo trascendental de esta decisión? De lo que puedo entender en la sentencia, el argumento central es que la prohibición para los parientes del presidente empieza a funcionar a partir del momento en que este toma posesión, por lo que, aunque Sandra Torres se hubiese divorciado al día siguiente, la prohibición igual le aplicaría. Así también quedó sanjado el concepto de si esta prohibición aplicaba o no al cónyuge, por no formar grado. De esta suerte, esperamos nunca más pasar por otra etapa de incertidumbre similar.

Otro tema importante que quedó claro es que en materia electoral el Registro de Ciudadanos y el Tribunal Supremo Electoral tienen completa competencia y no dependen de otros tribunales para tomar decisiones. Hasta aquí todos los magistrados estuvieron de acuerdo y la decisión fue unánime, lo que abona a fortalecer la institucionalidad.

Donde hubo discrepancias fue en el tema del fraude de ley —en este caso, fraude constitucional—, y eso fue lo que motivó al magistrado Alejandro Maldonado Aguirre a emitir un voto “concurrente”, y a los magistrados Gloria Escobar y Héctor Trujillo, a secundarlo. Según los otros cuatro magistrados, el divorcio de los Colom se realizó con la intención de evitar que se le aplicara la prohibición constitucional y de esa manera defraudar la normativa constitucional. Ellos argumentaron que de no ser por la decisión del Registrador de no permitir la inscripción, el fraude se hubiese consumado en su totalidad.

Según los tres magistrados del voto concurrente, no se puede demostrar esa intencionalidad, y por tanto no se puede probar que existió un fraude constitucional. En todo caso, la mayoría aceptó que hubo un fraude constitucional.¿Por qué es importante esta diferenciación tan sutil? Porque tratar de alterar el orden constitucional tiene consecuencias penales, las que, en su momento, se le podrían imputar a los Colom, pero más importante aún, la consecuencia última podría ser una inhabilitación de por vida. ¿Será que eso fue lo que trataron de evitar?

Debo felicitar también a Adela de Torrebiarte, por ser la única entre los políticos que tuvo la gallardía de defender la Constitución, y a su abogado, Stuardo Ralón, por su clara defensa de los principios constitucionales.

Si quiere leer la resolución, la encuentra en el área de descargas de www.libertopolis.com.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 11 de agosto de 2,011.

Foto: Prensa Libre.

#YoNoSoyCobarde

Ahora es cuando nos debemos manifestar...

Hoy será la vista pública. Vendrán los “movilizados”. Harán mucha bulla. Pedirán, exigirán, que la inscriban. Y usted, ¿qué hará? ¿Se quedará de brazos cruzados esperando que pase “lo que tenga que pasar”? ¿Verá sin inmutarse cómo se violenta la Constitución frente a sus narices? ¿O se armará de valor y hará algo, como, por ejemplo, exigirles a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) que conocen el caso que decidan de acuerdo a la Constitución y no de acuerdo a sus intereses políticos y/o económicos?

Los magistrados de la CC que resolverán este caso: Alejandro Maldonado Aguirre, Mauro Chacón Corado, Héctor Pérez Aguilera, Roberto Molina Barreto, Gloria Patricia Escobar, Juan Carlos Medina Salas y Héctor Efraín Trujillo Aldana, deben saber que atrás se han quedado los tiempos cuando los funcionarios públicos podían actuar impunemente sin temor a que las consecuencias de sus acciones les fueran a alcanzar.

Ya no es así. Ahora mismo, a través de una campaña a través de las redes sociales, utilizando el hashtag #Yonosoycobarde, están circulando las fotos de cada uno de los magistrados, declarándoles “#yonosoycobarde y usted?” y exigiendo respeto a la Constitución.

Y no es la única: hay varios otros grupos e iniciativas formados en las redes sociales precisamente con el mismo propósito. Alguien podrá decir que eso solo lo ve un pequeño grupito de “privilegiados” en la capital, pero esto dista mucho de ser cierto. Solo en Facebook ya hay casi millón y medio de usuarios registrados en el país, y no solo en la capital, sino en casi todas las áreas urbanas. Muchos de ellos, jóvenes, que son el segmento más grande de la población, apenas despertando a la vida cívica; algunos de ellos con mucho empuje y ánimo.

Lo cierto es que, indistintamente del efecto que en este momento puedan tener las redes sociales, los nombres y las caras de los magistrados de la CC seguirán rebotando por mucho tiempo en la red, y muchísimas personas podrán verlas y juzgar el resultado de sus decisiones.

Por supuesto que hay gente a quien el escarnio público le tiene sin cuidado. El mejor ejemplo quizá sea el de los mismos dirigentes de la coalición UNE-Gana, que tienen el descaro de solicitar que el magistrado Roberto Molina Barreto se inhiba de conocer el caso, argumentando que ya en algún momento se expresó al respecto, pero no dicen nada de su propio magistrado, Héctor Trujillo, quien hasta fue abogado de Sandra Torres, lo que no es de extrañar, viniendo de personas que han manifestado públicamente que en la política no hay lugar para la “moral”.

Pero creería que la mayoría de magistrados no se van a dejar intimidar por las presiones o, como dicen las malas lenguas, por las negociaciones.

Los ciudadanos guatemaltecos esperamos que decidan conforme a derecho ante una violación flagrante de la Constitución y no conforme a sus intereses políticos y/o económicos. Lo que está en juego es mucho más que una simple candidatura y una elección. Está en juego la poca institucionalidad que queda en Guatemala y la esperanza de que algún día podamos encaminarnos hacia una verdadera república en donde se respeten los derechos individuales de todas las personas.

Nuevamente pregunto, ante un momento tan importante para todos nosotros, usted, ¿no va a hacer nada? ¿Se va a quedar callado? #Yonosoycobarde, ¿y usted?

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 4 de agosto de 2,011.