Incompetencia asegurada

Si se impide la competencia, lo que se obtiene es incompetencia.


En el debate sobre la nueva Ley de Seguros, que supuestamente será aprobada la semana entrante, el nudo gordiano es la competencia. Algunos aseguradores y reguladores locales se empecinan en querer prohibir la competencia extranjera, casi llegándola a igualar con el narcotráfico. Utilizando los mejores argumentos mercantilistas, que algunos creíamos ya superados, quieren evitar la competencia y obligar a los consumidores locales a depender exclusivamente de ellos para sus necesidades de seguros.

El único resultado que estas limitaciones pueden tener, como ya se ha comprobado hasta la saciedad tanto aquí como en casi todas partes, es la incompetencia de los proveedores locales y la insatisfacción de los consumidores.

Algunos me dicen que por qué no nos fijamos en las muchas bondades que tiene la nueva ley, que actualiza legislación, que viene de hace casi medio siglo y que va a “modernizar” el sistema, y no solo en esa pequeña piedra en el zapato de la competencia extranjera. De entrada, no soy muy partidario de la sobrerregulación que ahora está de moda, particularmente en los temas financieros, por lo que no me emociona mucho la nueva regulación, pero sí creo que algunas cosas hay que actualizarlas y que algo se avanza en ese sentido.

Con lo que no estoy de acuerdo es con considerar que el tema de la competencia es apenas un concepto marginal en esta legislación. De hecho, estoy convencido de que es el tema toral de la misma. De nada sirve que se establezcan todos los controles y regulaciones habidas y por haber, con el supuesto propósito de reducir al máximo el riesgo que corren los consumidores, si a la hora de la hora se les veda el acceso a más y mejores servicios.

El argumento subyacente siempre es el mismo: los consumidores son unos pobres tontos e ignorantes que no pueden tener tanta información ni sabiduría como los reguladores, así que, para evitarles que se puedan hacer daño ellos mismos, tomando malas decisiones, los reguladores, en su magnanimidad y casi omnisciencia, decidirán qué es lo que más les conviene a ellos.

Pero aunque este es el argumento blandido por los reguladores y legisladores, ellos, a su vez, aunque las mieles del poder les hacen creer que son casi dioses, son apenas marionetas (o más bien tontos útiles) en las manos de quienes verdaderamente se benefician de la legislación proteccionista: los productores locales.

Porque, no nos engañemos, el proyecto de ley de seguros, actualmente en discusión en el Congrueso, es una ley proteccionista. Y en todas las industrias sujetas a un marco regulatorio proteccionista, quien termina pagando siempre el pato son los consumidores. Lo pagan con precios más caros, con productos y servicios no tan buenos como los que podrían obtener, con menos variedad de productos y servicios para satisfacer sus necesidades, con peor trato de parte de los proveedores del que podrían tener.

Lo peor de todo es que hasta quienes se creen beneficiados con la protección muy pocas veces se percatan de que ellos también sufren las consecuencias, ya que la protección los hace dependientes de los políticos y los vuelve flojos y poco competitivos. No han entendido que el mejor acicate para mejorar es la competencia. El tener constantemente que ganarse el favor de los consumidores es, a la larga, una mucho mejor política que esclavizarlos con la complicidad de los políticos. Pero eso solo lo puede uno comprender con visión de largo plazo, y los mercantilistas rara vez la tienen.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 27 de mayo de 2,010.

La Segunda Caída

Estamos presenciando la segunda caída del socialismo, ahora en su versión del Estado Benefactor.

La supuesta maldición china —aunque a mi me parece más una bendición— “ojalá vivas en tiempos interesantes” no podía ser más atingente con la época que nos ha tocado vivir: estamos presenciando el inicio de la segunda caída del socialismo, en un lapso apenas mayor de 20 años, ahora en su versión de “estado benefactor”, “estado de bienestar”, “welfare state”, “social democracia” o como mejor deseen llamarlo.

La actual crisis europea es apenas el primer paso en ese proceso de desmoronamiento del sistema. El problema es que el gasto de los gobiernos de muchos países europeos ha excedido a sus ingresos durante ya mucho tiempo, lo que los ha llevado a endeudarse a niveles astronómicos. Y la causa detrás de ese gasto es, precisamente, esa utopía de querer que el gobierno le “resuelva” la vida a las personas; que les de salud, educación, vivienda, transporte y servicios básicos gratuitos o subsidiados y que adicionalmente les pague por no trabajar.

Lo que nunca les gusta reconocer es que “alguien” tiene que trabajar, crear, producir la riqueza que luego ellos se encargan, muy ineficientemente por cierto, de “redistribuir”. Y ese “alguien” son los tributarios, que cada vez se ven más abrumados con la carga impositiva que deben sufragar para pagar todos esos servicios supuestamente gratuitos.

Pero ni la pesada carga fiscal que le imponen a la fuerza a los tributarios es suficiente para pagar la utopía. Ningún ingreso fiscal es suficiente para los políticos que siempre encontrarán una forma de despilfarrar el dinero de otros, en el mejor de los casos, y de robárselo, en el peor. La mayoría de gobiernos europeos ha vivido por lo menos la última década, y en algunos casos, varias, mucho más allá de sus ingresos, lo que los ha llevado en algunos casos a tener déficits fiscales de más del 10 por ciento del Producto Interno Bruto.

Por supuesto que los políticos y burócratas siempre lo van a negar y van a echarle la culpa de sus desmanes a alguien más. Por ejemplo, este mismo lunes, Prensa Libre publicó una nota en la que el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, se lamentaba de que Europa está en su peor crisis desde 1914. Dice Trichet que la crisis empezó con la caída del banco estadounidense Lehman Brothers y hasta llegó al extremo de sostener que “los mercados ya no funcionan”. Puras mentiras.

La crisis viene de mucho atrás. Para no ir más lejos, el tratado constitutivo del euro establecía que los países no deberían tener déficits fiscales mayores al 3 por ciento de su PIB, y resulta que en la década que lleva el euro, el promedio del déficit fiscal de todos los países que forman la zona euro ha sido del 6 por ciento. Algunos gobernantes, como los griegos, han llegado incluso al grado de utilizar mecanismos financieros para ocultar esos déficits.

Para lo que ya no funcionan los mercados es precisamente para ocultar los desmanes de los gobernantes y los burócratas. Lo que sí probablemente es cierto es que de no haberse dado la crisis financiera, que tampoco empezó con la caída de Lehman Brothers, el sistema de welfare state podría haber continuado ocultando sus pecados por algunos años más. Esta crisis lo único que hizo es evidenciar que el rey se paseaba desnudo.

¿Y el “Socialismo del siglo XXI”? Ese también ya está echando agua, y muy pronto veremos la tercera caída del socialismo. ¿Serán suficientes? No lo creo, porque siempre habrá quienes quieren vivir a expensas de los demás, pero espero que algo aprendamos.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 20 de mayo de 2,010.

El fin de Petén

La mejor estrategia de conservación es la propiedad privada.



En estos días que se discute la renovación de un contrato de explotación petrolera en Petén, el tema de la conservación ecológica en ese departamento ha vuelto a estar en el centro del debate. Creo que el problema de la “conservación” en Petén va por el camino equivocado. El principal problema actual no es la explotación petrolera, es el hecho de que la mayor parte del departamento ha sido “invadida” para usos principalmente agrícolas, pero también para el narcotráfico. Y la razón es sencilla: no tiene “dueño”.

Hasta la fecha parece no entenderse muy bien que la mejor manera de “conservar” algo es a través de la propiedad privada, la que le da un valor económico a los bienes. Y eso que hasta forma parte de la sabiduría popular, como lo vemos en dichos tales como: “lo que es de todos, no es de nadie”. Ese es el principal problema con los bienes “gubernamentales”: supuestamente son de todos, pero a la hora de la hora, no son de nadie. No debemos ir muy lejos, ni en tiempo ni en espacio, para encontrar ejemplos. De hecho, el mejor que tenemos es precisamente Petén. Aunque también tenemos otros ejemplos claros locales como el caso del pinabete.

¿Por qué no hay peligro de que se extingan los pollos y las vacas? Simplemente porque se puede ejercer propiedad sobre ellos y tienen un valor económico. Exactamente lo mismo ha pasado con los pinabetes. Mientras sólo crecían silvestres en tierras “comunales” y gubernamentales se estaban extinguiendo, a pesar de que su “explotación” era prohibida. Cuando se permitió que personas pudieran sembrarlos con fines “comerciales”, varias personas se dedicaron a sembrar plantaciones completas de pinabetes y ahora está muy lejos de la “extinción”. La familia de un amigo mío tiene una de estas plantaciones, y el lugar no sólo es precioso, sino que es uno de los que garantiza la preservación de esa especie para muchas generaciones.

En Petén ha sucedido todo lo contrario. La mayoría del territorio es supuestamente “estatal”, lo que en teoría quiere decir que nos pertenece a todos, pero la realidad es que lo utilizan y aprovechan quienes lo han invadido para la agricultura desde hace años. Como realmente no es de ellos y son muy conscientes de la inexistencia de su “propiedad”, pues le extraen lo más que pueden en el menor tiempo posible, y cuando ya no queda más que sacarle, se pasan al siguiente potrero. Lo contrario sucede cuando alguien es dueño de su propiedad, en la que tiene el mayor interés de preservarla y mejorarla. Esa es la triste realidad de Petén, la cual ha sido aprovechada también por algunos narcotraficantes para su beneficio.

Eso de que se le llame un “área protegida” y “parque nacional” es casi una broma de mal gusto, ya que, como la mayoría de cosas que hacen las instituciones gubernamentales en nuestro país, su “protección” ha sido un completo fracaso. Y ahora viene el tema del petróleo.

Me llamó la atención una entrevista que publicaron en un matutino la semana pasada, en la cual un personero de la petrolera que está trabajando en esa área expresó: “Es evidente que nosotros somos la única actividad legal en este lugar. Es irónico que se quiera sacar del parque la única actividad legal que hay allí”.

Sí, es irónico. Son los únicos que están haciendo algo legal y que tienen el mayor interés de que el área donde están operando se mantenga bien. ¿Tan difícil es entender eso? ¿O será que lo que les interesa a quienes no quieren que continúe es precisamente eso: que se termine de convertir en un territorio de nadie?

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 13 de mayo de 2,010.

Electrocutados

Aquí mismo podemos ver el resultado, una década después, de dos caminos distintos...


Muchas personas están cuestionando el aumento en los precios de la energía eléctrica. Como suele suceder, las quejas se enfocan en los efectos y no en las causas. Y ese suele también ser el problema siempre con las políticas públicas. El problema en las tarifas de energía eléctrica no es que las suban cada trimestre; el problema viene desde el hecho de que no están sujetas a la competencia, sino a la decisión de un pequeño grupo de personas. Si queremos realmente progresar, algo para lo cual la energía eléctrica es vital, lo que debemos hacer es abrir la distribución de la electricidad a la competencia.

Como un caso muy especial y quizáúnico en el mundo, Guatemala se convirtió en la última docena de años en un experimento interesantísimo entre dos caminos distintos tomados en políticas públicas: las telecomunicaciones y la electricidad. A finales de la década de 1990, se aprobó el marco regulatorio que rige actualmente cada una de esas actividades. Ambos fueron propuestos por la misma administración (la de Álvaro Arzú) y ambos fueron aprobados por el mismo Congreso; sin embargo, las dos difieren casi diametralmente en su visión de cómo se deben resolver los problemas.

La de telecomunicaciones establece un marco abierto completamente a la competencia, en la que los precios, los productos y los servicios los determina, en última instancia, la competencia entre los distintos proveedores, quienes se ven obligados a competir para ganarse el favor de los consumidores y no andar buscando prebendas a través del tráfico de influencia con los “reguladores”. El resultado está a la vista de cualquiera. De ser un país en el que por esas épocas llegábamos a los cinco teléfonos por cada cien habitantes, hoy en día existen muchos más teléfonos que personas en Guatemala. En telefonía móvil tenemos tarifas de las más bajas del mundo y, lo más importante, el celular se ha convertido en una herramienta importantísima de trabajo hasta para los más pobres.

¿Y la electricidad? Allí se tomó un camino distinto. Se abrió la posibilidad para que cualquiera pudiera entrar a producir energía eléctrica, lo cual es bueno. Se permitió que los “grandes consumidores” pudieran negociar libremente con los generadores las condiciones en las que les comprarían la energía, lo cual también es bueno. Pero a los consumidores finales se les confinó en tarifas fijas, algunas de las cuales son subsidiadas por otros de los usuarios. Se argumentó que la distribución de la electricidad es “muy especial”, y que no se podía tener varios proveedores y que, por tanto, no se podía abrir a la competencia. En su defecto, se instauró un “ente regulador” (la CNEE) responsable de establecer los precios, y supuestamente de velar porque no se abuse de los consumidores.

El resultado también está a la vista. Se han establecido varias plantas de generación de energía en el país. Existirían varias más, de no ser por la absurda oposición de los “ambientalistas” a las hidroeléctricas. Pero el usuario final sigue estando amarrado a un solo proveedor (aunque distinto, dependiendo de la región) y a tarifas decididas por el “ente regulador”.

La solución pasa por abrir también la distribución de la energía eléctrica a la competencia, y no por la “estatización” de la electricidad, como lo pedían algunos manifestantes ayer. Si la historia reciente de Guatemala en esos dos campos no es suficiente evidencia para convencer a alguien, simplemente no lo quiere ver.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 6 de mayo de 2,010.