Excepción de muerte

Para variar: hay que tratar bien a los criminales, y los ciudadanos que se jodan.







En nuestra Guatemala surrealista, a pesar de que la violencia está literalmente a la vuelta de la esquina para casi todos, los funcionarios públicos se empecinan en darle la espalda a la ciudadanía. Ahora resulta que la gran propuesta es establecer estados de Excepción, con los cuales quienes más pierden son los ciudadanos y no los criminales, pero se oponen a capa y espada, por ejemplo, a aplicar la pena de muerte. Para terminar de ajustar las cosas, reducen el presupuesto de seguridad y nos dicen a los ciudadanos que “hay que aguantar”. La conclusión: de palabra están “preocupados” por la inseguridad, pero sus acciones dicen todo lo contrario.

Para ponernos en contexto, creo muy importante recalcar las declaraciones del presidente Álvaro Colom hace menos de dos años, cuando se discutía la aprobación del presupuesto: “Si quieren seguridad, paguen más impuestos, porque los que ya pagan se utilizarán para mis programas sociales”. Y para complementar, algo así como un año después, indicó que los programas sociales de su gobierno, como Cohesión Social y Mi Familia Progresa, eran la plataforma sobre la cual se lograría la reelección del partido oficial. En pocas palabras, su objetivo principal es la permanencia en el poder a expensas de los recursos de los tributarios; la seguridad no es su problema.

Y por aquello de las dudas que ahora ya no se “recuerde” de estas declaraciones, su punto de vista no ha cambiado un ápice. Hace unos días volvió a declarar que no había recursos suficientes para la seguridad y que se necesitaba subir los impuestos para poder combatir la violencia. Lo que contrasta con que hace un tiempo el ministro de Gobernación Gándara “cedió” Q275 millones del presupuesto de seguridad para Cohesión Social, con la excusa de que no se necesitaban en ese ministerio. Y ahora, nuevamente, nos enteramos de que Q200 millones del presupuesto de seguridad se van a utilizar para otras cosas, y el actual ministro Menocal lo justifica diciendo que es dinero que de todas maneras no pueden gastar. Y entonces, ¿por qué dice Colom que necesitan más dinero? ¿Quién miente?

Ahora salen con que para combatir la violencia se necesita establecer un estado de Excepción. Esta aseveración lleva implícita la aceptación del fracaso en controlar la violencia y la inseguridad por parte de los funcionarios, pero además es una nueva amenaza contra la ciudadanía. A los criminales no les afecta mayor cosa que sus derechos sean reducidos con el estado de Excepción, pero a los ciudadanos honrados sí. ¿El que las autoridades no tengan que respetar nuestros derechos básicos —porque los criminales no nos los respetan— hará que éstas funcionen mejor? Lo dudo. Me da mucha más sospecha que esa limitación de nuestros derechos pueda ser utilizada por los funcionarios para abusar todavía más de nosotros y para tratar de acallar a la opinión pública, a la oposición, que para combatir la criminalidad.

Y para terminar de amolar las cosas, los funcionarios tienen el descaro de decir que lo que definitivamente no van a hacer es aplicar la pena de muerte. ¿Y por qué no? Si los criminales se la aplican diariamente al menos a 15 guatemaltecos, sin ningún juicio, evidencia, acusación, defensa ni nada que parezca un debido proceso, garantías y derechos, de los que sí han gozado los sentenciados a muerte. ¿Hasta cuándo tendremos que seguir sufriendo por la cobardía de los políticos?

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 22 de julio de 2,010.

Foto: La foto, que es una demostración del proceso de inyección penal, la encontré en el blog "Historias del Regatecha".

¿Evidencias contundentes?

Conforme me entero de más detalles, más dudas me entran...


La información de la que nos hemos enterado en las últimas semanas alrededor del caso Rosenberg levanta más sospechas que las que aclara con relación a las acusaciones de la Cicig. Creo que este proceso es muy importante porque deja muy claro que no se puede ser tan categórico para afirmar algo de lo cual no se tienen todos los pelos de la burra en la mano. Y si eso ha pasado en este caso, ¿qué podemos esperar en los demás?

Hace unas semanas comenté que una declaración de Castresana, en la cual se sustentaba buena parte de sus conclusiones, era falsa. La Cicig y Castresana simplemente se hicieron los desentendidos.

Ahora, conforme se publican las declaraciones en el juicio contra los sicarios que mataron a Rosenberg y los otros casos conexos, salen a la luz nuevos datos que aumentan las dudas razonables que tenía desde que se presentó la “verdad interina”. Y eso, solo con la información que se presenta en los medios como resumen de lo que sucede en los tribunales. No puedo imaginar la cantidad de inconsistencias adicionales que han de salir a lo largo de todas las declaraciones.

Una de las revelaciones principales es la declaración de Lucas Santiago, quien inicialmente confesó haber disparado el arma contra Rosenberg; sin embargo, ahora argumenta que él no disparó, sino que lo hizo Mario Paz, pero que este, junto con Carlos Aragón Cardona, le amenazaron de muerte a él y a su familia si no se inculpaba. Esto es muy importante porque Paz y Aragón son los dos beneficiados con la figura de “colaborador eficaz”, sobre cuyos testimonios se armó la hipótesis. Así que ahora queda al aire la pregunta: si ellos mintieron sobre esto para quedar libres, ¿sobre qué otras cosas de su testimonio mintieron? ¿Van a hacer algo el MP, la Cicig y el tribunal para aclarar esto o se harán de la vista gorda también aquí?

Luego está el tema de los Valdés Paiz, a quienes la Cicig tan categóricamente acusaba de “autores intelectuales” del asesinato, pero la jueza Galicia, que casi siempre ha apoyado todo lo propuesto por la Cicig, dice que a lo sumo se les puede acusar de cómplices de un homicidio. Aquí también habrá mucha tela que cortar, ya que para conformarse a la hipótesis, los Valdés Paiz deberán contradecir sus declaraciones previas en la entrevista que Haroldo Sánchez le hizo a uno de ellos mientras estaban fugados.

Y por último está el caso de Diego Moreno, quien fuera acusado por Castresana de armar una campaña de desprestigio en su contra, de ser obstructor de la justicia y de ser parte de la red del crimen organizado que puso a Conrado Reyes en el MP. Resulta que la misma jueza Galicia dice ahora que, con las evidencias que le presentaron, a lo sumo se le puede acusar de colusión.

Más importante aún es que en la declaración de Moreno salió a luz que una de las famosas llamadas que publicó Castresana en la conferencia y que utilizó para acusar públicamente al magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Roderico Pineda, no era con este que hablaba, sino con su hijo (Prensa Libre, 14/07/10, pág. 10). ¿Y entonces? Castresana acusó a un magistrado de la CC con pruebas falsas. No defiendo al magistrado, a quien ni conozco y parece ser bastante controversial, pero el hecho es que Castresana lo acusó muy categóricamente de algo que no había hecho.

¿Van a disculparse Castresana y la Cicig por los errores y acusaciones falsas que han hecho? Lo dudo. Al fin y al cabo, están por encima de la ley.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 15 de julio de 2,010.

Cortina de humo

Colom se subió al carro que le puso a su disposición Castresana: convertir a todos en potenciales conspiradores.

Los arrebatos de Colom contra la libertad de expresión son solo una forma de desviar la atención de los verdaderos problemas que enfrentamos. Es la misma táctica que han utilizado muchos gobernantes, él incluido, cada vez que tienen crisis: echarle la culpa a alguien más de las consecuencias de sus propios errores. Y hay que recalcar que es la misma estrategia que utilizó Carlos Castresana hace apenas unas semanas, convirtiendo a todos en potenciales conspiradores.

La libertad de expresión, que no es un derecho de “los periodistas”, como algunos quisieran hacer creer, sino que es uno de los derechos básicos de todos los humanos, siempre es temida y menospreciada por quienes temporalmente detentan el poder. Les disgusta porque no quisieran escuchar críticas a su gestión; quisieran que, al igual que su rosca aduladora, todas las personas se dieran cuenta del “sacrificio” que hacen por los demás y que los alabaran y les agradecieran cada paso que dan. Le temen a la libertad de expresión porque no quisieran que la gente se enterara de todos los desmanes que hacen, ellos y sus allegados, abusando del poder y, especialmente, de los recursos de los tributarios para beneficio propio.

No es de extrañar que todos los gobiernos autoritarios una de las primeras cosas que hacen es acallar a cualquiera que se atreva a hablar contra ellos. Eso ha pasado a lo largo de la historia, pero no tenemos que remontarnos mucho, ya que muy cerca tenemos el ejemplo actual de Cuba, que ha tenido presos políticos durante todo el más de medio siglo de la “revolución” y ahora también el régimen cada vez más autoritario de Chávez que se ha dedicado sistemáticamente a tratar de anular cualquier oposición, especialmente en los medios de comunicación. En ese sentido, Colom no está haciendo más que seguir el “manual chavista” para la toma permanente del poder.

Así que no nos debe extrañar la actitud de Colom. Recordemos que desde su discurso del primer año, aun antes del caso Musa-Rosenberg, Colom ya se quejaba de que había un “complot en los medios de comunicación para desestabilizarlo”.

Algunos ven con buenos ojos las declaraciones de Espada, pero también en ese caso debemos recordar que el vice, desde el 2008, ha solicitado que se vuelva a establecer el delito de “desacato”, en abierta afrenta a la libertad de expresión, sin contar el juicio penal que le sigue a la columnista Marta Yolanda Díaz-Durán por un artículo. Además, recordemos que Colom dijo hace apenas unas semanas que Espada no decide nada si él no se lo dice.

Y yo recalco que Carlos Castresana utilizó la misma estrategia de la “conspiración en medios de comunicación” para acallar a cualquiera que no esté de acuerdo con la forma en que la Cicig ha actuado. Así como todos tenemos el derecho a expresar nuestra opinión sobre la actuación de los funcionarios públicos sin temor a ser perseguidos o tildados de conspiradores, también tenemos el mismo derecho a expresar nuestro desacuerdo con algunas de las actuaciones de la Cicig sin el temor a ser tildados de “conspiradores” o que formamos parte del “crimen organizado”. Lástima que muchos que ahora se rasgan las vestiduras no sean lo suficientemente consistentes para también ver esa otra amenaza.

Una última consideración. Mi hipótesis es que el berrinche de Colom no es para consumo interno, sino que lo hizo para advertir a Dall'Anese que no se junte con los “malos y conspiradores”, sino con ellos, que son los “buenos”.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 8 de Julio de 2,010.

Culebrón

Casi cada semana nos encontramos con nuevas sorpresas en este caso. ¿Algún día sabremos la verdad? Lo dudo...

Esta semana nos trajo nuevas sorpresas en el caso Rosenberg. Lamentablemente parece ser que a estas alturas la mayoría de personas lo que quiere es llegar ya al último capítulo y olvidarse del culebrón (en el sentido televisivo, pero también en el mitológico), darlo por muerto, enterrarlo y esperar a que nadie se atreva a desafiar a la serpiente peluda que protege el entierro.

¿Y por qué seguir hablando de este caso? Pues porque pudiendo haber sido paradigmático para desentrañar algo de los “grupos paralelos” del crimen organizado, cuyos tentáculos llegan bastante alto, lo que hemos visto es cómo la mayoría, incluida la Cicig, han preferido contentarse con la salida fácil que les permite, a unos voltear la cara y tratar de vivir el resto de su vida como si nada hubiese pasado, y a los otros, seguir su camino en la “escalera corporativa” de los organismos internacionales, sin importarles llevarse entre las piernas la poca institucionalidad que quedaba en Guatemala.

La primera sorpresa fue que los hermanos Valdés Paiz se entregaron el lunes. Yo creo que hicieron lo correcto. No porque la “justicia” guatemalteca sea alguna garantía, ya que ahora la nueva norma inconstitucional es que cualquiera es culpable hasta que logre probar su inocencia, sino porque creo que la opción de pasar toda la vida de “prófugo” puede ser mucho peor que pasarla de reo (con la salvedad que las cárceles de Guatemala son tan inseguras como sus calles).

Con su entrega se cierra un capítulo, pero inicia otro nuevo en esta serie. Aunque algunos crean que con esto se cierra el caso, esto es falso. Aún si se llegara a probar que la hipótesis de la Cicig con relación a la muerte de Rosenberg es verdadera, lo único que se probaría es que Rodrigo, en efecto, se mandó a matar. Pero eso no resuelve para nada el asesinato de los Musa ni las acusaciones que hizo Rodrigo sobre la muerte de ellos, que son el quid del asunto y en lo que no se ha querido profundizar. Al contrario, el hecho de que decidiera inmolarse con tal de que se supieran les da más fuerza.

La otra sorpresa es que en el juicio contra los sicarios que mataron a Rodrigo, el abogado Mario Fuentes Destarac confirmó que este le pidió que le comentara a Rafael Espada acerca de las investigaciones que hacía sobre el asesinato de los Musa, lo que Fuentes afirma que hizo en una reunión que tuvo con el vicepresidente, antes de la muerte de Rodrigo. Espada, para variar, negó haberse reunido con Fuentes (Siglo Veintiuno, 30/6/10, p. 4).

Este punto es muy importante, porque es lo que dijo Marta Yolanda Díaz-Durán en su ya célebre artículo “El beso de Espada” y por el cual el vicepresidente la demandó penalmente. Esa demanda no ha prosperado en varias instancias, pero Espada sigue empecinado en apelarla, por lo cual todavía no se ha resuelto. Lo interesante es que ahora es la palabra de un abogado y periodista, en declaración bajo juramento ante un tribunal, contra la de Espada. ¿A quién le creería usted?

Las preguntas importantes siguen en el tintero. Quizá ahora que viene un nuevo comisionado, Francisco DallAnese Ruiz, se atrevan a entrarle a lo verdaderamente importante. En este caso particular, creo que es: ¿Quién mandó a matar a Musa y por qué? (Y que no nos vengan con el cuento de que también Rosenberg lo hizo). Lamentablemente, en este juicio, el que ni se puede defender ni tiene abogado que lo haga es Rodrigo Rosenberg, así que no nos extrañe que lo más fácil sea echarle todos los muertos al muerto y que lo proteja el culebrón.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 1 de Julio de 2,010.