El que a hierro mata

Hasta las dictaduras más despiadadas y largas, tarde o temprano terminan.


La semana pasada las noticias internacionales estuvieron centradas en el Magrev africano, con la muerte de Muamar el Gadafi y el consiguiente final de la guerra civil en Libia y las elecciones en Túnez. El final de toda una era no pudo pasar desapercibido a nivel mundial. Gadafi terminó como era de esperarse que terminara, vapuleado por algunos de aquellos a quienes durante más de 40 años aterrorizó.

Si bien es cierto quizá nunca sepamos a ciencia cierta los detalles de los últimos minutos de vida del exdictador, lo cierto es que muy probablemente murió linchado por una turba de los “rebeldes” que pelearon durante ocho meses para sacarlo del poder, con la ayuda de la Otán. En uno de los videos que circularon por internet aparentemente se le ve pidiendo clemencia ante sus captores. Sin embargo, aunque no se justifica, es comprensible que la turba sacara 42 años de resentimientos contra quien los gobernó con mano dura e implacable.

En Gadafi tenemos una nueva lección, de las que lamentablemente la gente rápidamente olvida, de que el poder se acaba tarde o temprano, y quienes abusan de él, muy probablemente lo pararán pagando caro. Al final, siempre se cumple el dicho de la sabiduría popular: “no hay mal que dure cien años ni enfermo que lo aguante”. En este caso, el pueblo libio lo aguantó 42 años, pero al final se reveló.

Lo irónico del asunto es que, según cuentan algunos de sus allegados, hasta los últimos momentos Gadafi no se explicaba por qué los libios lo odiaban y luchaban contra su gobierno. Obviamente, 42 años de poder absoluto no solo lo corrompieron absolutamente, sino que, además, lo cegaron.

Solo para que se den una idea de lo que realmente representa el ejercicio del poder a los dictadores, según algunas notas investigativas publicadas esta semana, la fortuna “personal” de Gadafi y su familia en el extranjero podría llegar a los US$200 millardos. Para efectos de comparación, las personas más “ricas” del mundo —por medios lícitos, por lo menos— han acumulado fortunas cercanas a los US$50 millardos. Es decir, Gadafi, durante su dictadura, se robó más de cuatro veces lo que los mejores empresarios e inversionistas del mundo han podido producir. Y todo eso mientras los libios pasaban miserias.

Y de allí todavía se extrañaba Gadafi que no lo quisieran. ¿A qué nivel de megalomanía puede llegar una persona para creer que después de pasearse en la vida de varios millones de personas, estos todavía le deberían estar infinitamente agradecidos?

Al final, ni Gadafi ni sus hijos se quedaron con el botín, aunque sí lo usufructuaron varias décadas. Luego de tanto año de supuestas glorias, tuvieron un final sangriento y pasarán a la historia como un mal recuerdo de un pueblo oprimido.

¿De qué tamaño serán las fortunas robadas por los dictadores que todavía quedan por estos lares?

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 27 de octubre de 2,011.

Carreteras de Cartón

Un temporal desnuda la cruda realidad de la corrupción en las obras públicas en Guatemala.

El reciente temporal que finalmente parece estar cediendo tuvo como consecuencia trágica, varias decenas de muertos e incontables pérdidas materiales para muchísimos guatemaltecos. Como corolario, terminó de desnudar la triste y cruda realidad de la inmensa corrupción que ha existido en Guatemala en la construcción de las obras públicas. Esto debe quedar muy claro: el desastroso estado de la infraestructura guatemalteca no es culpa de las lluvias, no es culpa de la depresión tropical 12-E, es culpa de la corrupción e ineptitud de los gobernantes.

No deje que le den atol con el dedo. Si bien es cierto el temporal fue largo y la lluvia cuantiosa, los problemas en la infraestructura vial de Guatemala vienen de mucho atrás. De hecho, vienen desde cuando se planifica y se construye. Y no es solo de esta administración, aunque en esta se haya exponenciado la ineptitud y la corrupción, es solo que en esta llegó la gota que rebalsó el vaso en la forma de una depresión tropical.

Durante mucho tiempo, lo que se “sabía” era que los funcionarios cobraban una “comisión” del 10% sobre todas las obras que le asignaban a alguna empresa. Durante la administración de Portillo, el robo llegó a tal nivel que la famosa “comisión” llegó, en algunos casos, al 40% de la obra. De ahí que toda la obra pública en Guatemala tenga sobreprecios que nadie en su sano juicio —si el dinero fuera de él— pagaría. Pero esa solo es una parte de la historia. La otra es que debido a los “costos” de la corrupción, lo que se construye para siendo mucho menos —tanto en cantidad como en calidad— de lo que se paga.

El resultado es que en Guatemala pagamos carreteras AAA, pero recibimos carreteras XXX. Y no es exageración, al precio que se paga el kilómetro de carretera en nuestro país, en otros construirían autobahns. No es de extrañar que los funcionarios corruptos siempre salgan con la cantaleta de que no alcanza el dinero. ¡Por supuesto que no alcanza con semejantes niveles de latrocinio!

Aquí hay que aclarar que la culpa y responsabilidad del desastre de infraestructura que tenemos y de las vidas perdidas como consecuencia no es exclusivamente de los funcionarios corruptos, sino de las empresas contratistas del Gobierno, que toda la vida han consentido y hecho fortunas a través de esa misma corrupción. Sí, ustedes, los constructores también son responsables de la destrucción y las muertes como consecuencia de la mal diseñada y peor construida infraestructura.

Y después de despilfarrar —y robarse— miles de millones de quetzales en la construcción y mantenimiento de la infraestructura vial, todavía tienen el descaro los actuales gobernantes de salir con lo mismo de siempre: “se necesita más dinero”. ¡A otros tontos con ese cuento!

Como dice María Dolores Arias, parafraseando la canción de protesta: “Qué triste se escucha la lluvia en las carreteras de cartón”.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 20 de octubre de 2,011.

Foto: Prensa Libre, Angel Julajuj.

Inmaculada Corrupción

La Corte de Constitucionalidad debe evitar que se legitime la corrupción.

Como en Guatemala siempre la realidad supera con creces la más increíble ficción que algún escritor se pueda imaginar, ahora resulta que los corruptos se pueden salir con la suya, sin temor a que les cuenten las costillas y vayan a tener que pagar sus robos, gracias a una sentencia de un tribunal que dice que ningún ciudadano, ni siquiera los diputados, pueden pedirles cuentas de sus fechorías, sino solo el Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

Aunque usted no lo crea, este es un caso verídico del cual, de hecho, ayer se llevó a cabo una vista pública en la Corte de Constitucionalidad para dilucidar si los ciudadanos tenemos el “privilegio” de poder perseguir legalmente a los funcionarios corruptos que se roban el dinero de los tributarios.

El caso en cuestión es un amparo presentado por la diputada Nineth Montenegro, ante el desvío ilegal de más de Q100 millones del Ministerio de Educación hacia los programas de Mi Familia Progresa. A la diputada se le concedió el amparo provisional, luego se emitió la sentencia de culpabilidad contra los funcionarios responsables de las transferencias ilegales, pero luego otro juzgado detuvo el amparo argumentando que la diputada no puede presentarlo, porque no es “parte interesada”.

Indistintamente de los vericuetos legalistas que están siendo discutidos actualmente en este caso, a mí me preocupa sobremanera que funcionarios corruptos se escuden en esos vericuetos para escapar de las garras de la justicia. Me preocupa, angustia y molesta todavía más que un tribunal no solo preste atención, sino que dictamine a favor de los corruptos utilizando esos argumentos.

Y lo que más me encoleriza es que no solo es tan difícil que en Guatemala alguien se tome la molestia de seguirle las huellas a los corruptos, sino que ahora resulta que nadie pueda iniciar acciones legales en su contra, ni siquiera un diputado que constitucionalmente tiene la obligación de contarles las costillas a los funcionarios públicos sobre cómo se gastan el dinero de los tributarios.

Eso simplemente es inadmisible. Si a los funcionarios corruptos solo los puede enjuiciar el Ministerio Público y la PDH, demos por sentado que en Guatemala nunca se va a perseguir a los corruptos, y los tributarios tendremos que resignarnos a contemplar impotentemente cómo los criminales que por el momento detentan el poder se apropian impunemente de nuestros recursos.

Tenemos todavía alguna esperanza de que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no vayan a legitimar esta atrocidad, ya que hacerlo sería darle el tiro de gracia al ínfimo estado de Derecho que todavía queda en nuestro país. Si lo hacen, Guatemala se convertirá, oficialmente, en la primera dictadura de la corrupción —todas las dictaduras son corruptas, pero esta lo sería “legalmente”—.

Le recomiendo que le siga la pista a este caso, el cual la Corte de Constitucionalidad debe resolver en las próximas semanas o meses. Su futuro está en la balanza.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 13 de Octubre de 2,011.

Presión social

La presión social de muchas personas puede contribuir a la justicia.

Aún en la impune Guatemala, cuando la ciudadanía ejerce la suficiente presión, se pueden encontrar visos de justicia. Así lo demuestra el caso del asesinato de la niña de 8 años, Jennifer Castañaza, y su abuela Argentina de Castañaza. Ambas fueron asesinadas por el ahora confeso Jefrey Castañaza, primo de la niña y nieto de señora. Pero el caso probablemente hubiese sido uno más de los 17 asesinatos diarios que quedan sin resolver en Guatemala, de no ser porque saltó a la opinión pública, y de allí a las redes sociales.

Todo empezó hace poco más de un mes, cuando un viernes en la noche, Jefrey, quien vivía en la misma casa que ellas, las asesinó cruelmente a golpes, y se le acusa también de haber violado a la niña. Él huyó esa noche de la casa, en el vehículo de la abuela, luego de haber intentado borrar la evidencia que lo incriminaba. El carro apareció abandonado una semana después. Jefrey estaba desaparecido.

La mamá de la niña, Ana Lorena —quien también había sufrido la muerte violenta de su esposo, cinco años atrás—, se armó de valor y empezó a buscar justicia para su hija y su suegra. Tocó muchas puertas, pero los funcionarios le decían que su caso lo verían después de las elecciones —en noviembre—, aunque sí logró que un tribunal emitiese orden de captura contra el sospechoso.

La semana pasada, Estuardo Zapeta, del programa Contravía en Libertópolis, se enteró del caso y conversó con ella en la radio. La entrevista fue conmovedora e impactó a muchísimas personas. Luego subimos al Internet la orden de captura, así como fotos del prófugo y de la niña y la abuela asesinadas. Casi inmediatamente las mismas se empezaron a propagar por las redes sociales, ya que muchas personas se encargaron de trasladárselas a sus amigos y conocidos. Luego tomaron la historia algunos de los medios impresos, radiales y televisivos, lo que hizo que la noticia se difundiera todavía más lejos y más rápido.

La cobertura que se le dio al tema, en los medios tradicionales, pero especialmente en las redes sociales, creo que fue el factor clave para que Jefrey, este martes, decidiera entregarse a las autoridades.

Ahora empieza todo el proceso en los tribunales, el que esperamos que concluya con una severa condena al acusado, quien ya reconoció ser el autor material de los asesinatos. Si bien es cierto esto no le regresará a la destrozada mamá su niña, es lo mínimo que esperamos para que se haga justicia.

De este caso debemos sacar varias enseñanzas: 1. La presión social puede dar resultados —no están garantizados—. 2. Esta tecnología no es más que una herramienta, algunos la pueden usar para mal, pero otros podemos usarla para el bien. 3. Los vínculos familiares no son suficiente barrera para evitar crímenes.

Le deseo mucha suerte y fortaleza a Ana Lorena, para sostenerse hasta que se llegue a la condena y que se haga justicia.

P.S.: Si quiere escuchar la entrevista original con Ana Lorena, la encuentra en www.libertopolis.com.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 6 de octubre de 2,011.